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Full text of "Historia diplomática latino-americana"

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flISTORU DIPLOMÁTICA LATINO -AMERICANA 



VICENTE G. QUESADA 

Nació en Buenos Aires el r> de Abiil de 1S30. Después do 
cursar los años preparatorios en el colegio de don Alberto 
Larrorjue, entró a la Universidad, donde siguió estudios hasta 
1S45; en 1855 los completó, doctorándose en derecho. 

Desde 1S52 intervino en política y actuó en el periodismo, 
defendiendo la causa de la Confederación. En 1S56 fué electo 
Diputado al Congreso Nacional, apartándose más tarde de Ja 
política. En 1871 fué nombrado Director de la Biblioteca l'ú- 
blica de Buenos Aires, y en 1873 el gobierno le comisionó es- 
pecialmente para adciuirir en España copias de manuscritos 
relativos a la historia colonial, lín 1877 fué nombrado Minis- 
tro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y en 1878 
fué electo Diputado al Congreso Nacional. En 1883 fué nom- 
brado Ministro diplomático, cargo que desempeñó ante varios 
gobiernos, hasta 1904. Fué presidente de la Academia de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

Ocupan un rango descollante, en su obra de escritor, tres 
revistas justamente estimadas: ~La Revista de Paraná", "La Tie- 
vista de Buenos Aires'' y "La Nueva Revista de Buenos Aires". 

Entre sus obras se destacan: "Recuerdos de España", "Cró- 
jiicas Potosinas", "Los indios en las provincias dei Río de la 
Plata'', "Memorias de un viejo" (Víctor Gálvez), "La sociedad 
hisiiano-americana l^ajo la dominación española", "Recuerdos 
de mi vida diplomática", "La vida intelectual de la América espa- 
ñola", etc., etc. — Deja numerosos libros inéditos, por él mismo re- 
unidos en tres series: "Mis memorias diplomáticas", "Mis me- 
morias políticas", "Mis obras de historia colonial". 

Falleció en Buenos Ai,res el 19 de Septiemlire de 1913. 



\-\S K^n 



"LA CULTURA ARGENTINA 



VICENTE GC^OUESADA 



BiSTORIA DIPLOMÁTICA LATINO = AMERICANA 
I 

DERECHO INTERNACIONAL 
LATINO=AMERICANO 

La Cnestiófl de límites con Chile 
Los verdaderos límites argentinos con Bolivia 



Con una advertencia de ERNESTO QUESADA 
y una introducción de CARLOS MARÍA RAMÍREZ 





BUENOS AIRES 
"I/S Cultura Argentina» — Avenida de Mayo 638 

19 18 



tÍBRARy 
Wi 1 7 1976 



^¿3 6 



ADVERTENCIA 

El presente libro se eucontraba listo para la impren- 
ta, entre los papeles de mi padre. Escrito antes de sei 
nombrada ministro argentino en el Brasil (1884), casi 
todo su contenido se publicó en la Nueva Revista de 
Buenos Aires, en forma de estudios independientes unos 
de otros: los que aparecieron antes de su ida a Río de 
Janeiro van firmados por él ; los que se publicaron des- 
pués, aparecieron anónimos. Queda ahora restablecido el 
libro mismo, tal cual lo escribió su autor. 

Deliberadamente he ¿'espetado el texto de aquella épo- 
ca, sin introducir modificación alguna com > resultado 
sea de polémicas históricas o de negociaciones uiplomá- 
ticas posteriores. Si tal hubiera hecho habría sido me- 
nester transformar de tal manera el texto qae éste ven- 
dría a perder todo el calor y color del original. 

Tal como ahora se publica, esto libro representa una 
valiosia contribución a los estudios históricos de la Amé- 
rica latina, y es de particular importancia para el co- 
nocimiento de sus cuestiones diplomáticas. La edición 
presente se compondrá de tres volúmenes. 

Por último se reproduce — como Introducción — el 
estudio dedicado en aquella época por el escritor uru- 
guayo doctor Carlos María Ramírez, en La Razón, de 
]\[ontevideo, al autor, nombrado a la sazón plenipoten- 
ciario en el Brasil ; así se precisa la fecha en que el pre- 
sente libro fué escrito y la importancia que se íe dio en 
su época. 

Ernesto Quesada. 

ISuenos Aiies, niiiyo de 1918. 



INTRODUCCIÓN 



\1 conocer telegráficamente el nombramiento ael 
doctor don Vicente G. Quesada como plenipotenciario 
argentino en la corte de Río Janeiro, manifestamos, 
en términos sumarios, las impresiones que ese nombra- 
miento determinaba en nuestro ánimo, de tiempo atra-^ 
preocupado y alarmado por el giro de las relaciones 
internacionales entre el Brasil y la República Ar- 
gentil! a. 

Dijimos entonces: 

"El doctor Quesada no ha figurado jaraás en el cuerpo diplomático 
ir<'entino pero tiene antecedentes políticos que lo hacen espectable en su 
""?! " °:^o a la vez un distinguido hombre de letras. Como director de 
fa .\Te a" EEVISTA deBuenoI aires", ha publicado en estos ulUmos 
Hernüos una serie de artículos sobre las cuestiones de ..:uites entie la 
ReSca L-gentina v el Brasil. De ellos dimos una idea en nuesnos 
estudio sobi^ La cuestión de Misiones. Recordarán nuestros lectores que 
edoc4r Quesada considera intactos los derechos argentinos, ^¡^ fio ^¿ 
territorio comprendido entre el Uruguay y el Paraná, según ;¿ d^m.ica 
rión esinñola de 1791, si que también a la vasta zona que declaro cas 
Uanre iSaSo de 1777 y que hoy forma parte poblada de la Provincia 
de Río Grande del Sur. Más aún: el doctor Quesada sostiene que el Bras. 
no ha podido reconocer a la República Oriental, como limite norte el 
río Cuareim, pues la zona comprendida entre este no y el Ar?pey tam^ 
bien pertenece a la República Argentina 1 Ignoramos absolutamente los 
Setos de la cancillería argentina, pero nos basta el antecedente men- 
cionado para insinuar, prvna iañc, que el nombramiento del doc<or Que- 
sada o responde a la iniciación de una política emprendedora y decidida 
enías cuXnes pendientes con el Brasil, o es un desgraciadísimo nom- 
bramiento." (1) 

Con motivo de esas apreciacioncis, a la ligera formu- 
ladaá, pero no fundadas en consideraciones ligeras, El 
Siglo', sin rebatir directamente nuestro juicio, nos dirige 
las siguientes observaciones: 

"Ha de permitirnos el ilustrado colega que llamemos su atención sobre 
e.tepunto.'^ ¡abemos que el doctor Quesada ha tratado a fondo la c^,es^ 
Hón de las Misiones Orientales: pero no estamos tan seguros de que 



(1) La Razón, Montevideo, enero 17 de 1883. 



10 INTRODUCCIÓN 

respecto de la cuestión que hoy se debate entre el Brasil y 1.a República 
Argentina haya tomado una actitud que dé a su nonibramiueto \ina sis 
nificación tan marcada. Además, se nos asegura que en los últi<.nos nú- 
meros de la REVISTA que dirifre, y que no hemos leído, ha expresado 
opiniones favorables a la paz." ' 

Siempre nos merecen respeto las observaciones del de- 
cano de la prensa política oriental, y le debemos una 
atención especial cnando versan sobre negocios diplomá- 
ticos, pues en ellos puede invocar el redactor de El Siglo 
la privilegiada posición de una larga experiencia. 

Sentimos, pues, la necesidad de analizar nuestras pri 
meras impresioues sobre el nombramiento del doctor 
Quesada, estudiando el personaje, sus antecedentes y sus 
ideas conocidas en tos cuestiones int emacíionales del 
Río de la Plata, y tomando en cuenta, con toda impar- 
cialidad, las indicaciones del estimable colega. 

Seremos algo extensos, muy extensos; pero nos servi- 
rá de excusa que por el momento no hay otra cuestión 
que ocupe y merezca ocupar la atención pública tanto 
como la de las negociaciones que van a abrirse en la corte 
de Río Janeiro. 

El doctor don Vicente G. Quesada es un hombre rela- 
tivamente joven, puesto que nació en 1830. Hizo sus es- 
tudios y se recibió de abogado en Buenos Aires, su ciu- 
dad natal, donde se encontraba a la caída de la tiranía 
de Rosas. 

Por sus antecedentes de familia, pertenecía al partido 
federal ; como la casi totalidad de este partido aceptó el 
triunfo de Caseros, y cuando se produjeron las profun- 
das disidencias entre el general Urquiza y los antiguos 
unitarios, apoyados estos últimos en el espíritu localis- 
ta de Buenos Aires, quedó afiliado a la causa del cau- 
dillo entrerriano. Era de los que entendían que ese gran 
prestigio personal, con todos sus inconvenientes, debía 
ser aceptado y utilizado para reatar los vínculos de la 
nacionalidad argentina, constituyéndola definitivamen- 
te sobre la base del sistema federativo, como en efecto 
se hizo, por la constitución de 1853, ciue todavía rige 
en la República Argentina con ligeras modificaciones. 

La revolución del 11 de septiembre de 1852 dio el 
triunfo a los unitarios y localistas de Buenos Aires, con- 
tra les cuales el general Urquiza había dado en junio 
un terrible golpe de estado, disolviendo la asamblea pro- 
vincial y entrando en el peligrosísimo camino de las per- 
secuciones políticas. Sobrevino entonces aquel período de 



INIRODUCCIÓN 11 

ocho años durante el cual la nación argentina estuvo di- 
vidida en dos grupos: de un lado Buenos Aires, en una 
posición anómala, y del otro trece provincias, organiza- 
das con el viejo título de Confederación Argentina. 

El doctor Quesada fué uno de los hombres de la Con- 
federación. En 1853 fué a Bolivia, como secretario do 
la misión Elía . Estábamos, pues, en error al afirmar 
que jamás ha figurado en el cuerpo diplomático argen- 
tino. A su regreso de Bolivia en 1854, fijó su residencia 
en Corrientes. Desempeñó allí el empleo de asesor de 
gobierno y fué más tarde elegido por esa provincia coano 
diputado íil congreso del Paraná, donde lo encontraron 
los sucesos de Cepeda y de Pavón. 

Esta última batalla dio el triunfo a Buenos Aires, La 
Confederación se dernimbó. El doctor Quesada quedó 
entre los vencidos, buscando el consuelo de sus contras- 
tes políticos, como es peculiar de los espíritus distingui- 
dos, en el estudio y en el cultivo de las letras, dedicán- 
dose con preferencia a las investigaciones históricas. 

Ya con auterioridad había publicado La Revista d'l 
Paraná (1860-1861). Ampliando el programa de ese pri- 
mer ensayo, y asociado al doctor don Miguel Navarro 
Viola, dio a luz La Revista de Buenos Aires que duró 
de 1863 a 1871, formando 25 volúmenes que siempre con- 
sultarán con gusto los estudiosos y literatos del Plata. 

Durante la guerra del Paraguay, el doctor Quesada 
militó entre los opositores del general Mitre y los ene 
migos del tratado de la triple alianza, sin envolverse en 
las tentativas revolucionarias de la época, por cuya cir- 
cunstancia siguió viviendo tranquilamente en Buenos 
Aires . 

En 1871, bastante calmadas ya las pasiones políticas 
y bien acentuada la división del antiguo partido ciue 
triunfara en Pavón, fué el doctor Quesada nombrado di- 
rector de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. 

En 1873 era oficialmente encargado de ir a estudiar 
los archivos españoles, en busca de documentos relativos 
a las diversas cuestiones de límites que por entonces sos- 
tenía el gobierno de la República Argentina (cuestiones 
con Chile, Bolivia y Paraguay). Kesultado de este via 
je a Europa, fué el volumen titulado La Patagonia, que 
el doctor Quesada publicó en 1875. Poco después dio 
a luz otro libro, fruto de sus obscn^aciones personales y 



12 INTRODUCCIÓN 

que encierra un minucioso estudio de las grandes bi- 
bliotecas europeas. 

Hacia ese mismo tiempo, 1877, el doctor Quesada era 
nombrado ministro de gobierno de la provincia de Bue- 
nos Aires, siendo gobernador don Carlos Casares. El 
antiguo partido federal había hecho amalgama con el 
círculo del doctor Alsina. y estando este círculo en el 
poder, los antiguos federales de la Confederación entra- 
ban a ocupar posiciones prominentes. 

Permaneció en el ministerio provincial hasta 1878, y 
de allí pasó al congreso como diputaoo de Buenos Ai 
res. Allí estaba en 1880, cuando se produjo aquella te- 
rrible crisis electoral que todos recuerdan todavía. 

No era tejeclorista el doctor Quesada; la mayor parto 
de sus antiguos amigos estaban al lado de Avellaneda y 
Roca; pero, encarando las cuestiones del día por una faz 
diferente de las candidaturas, creyó que le tocaba per- 
manecer en Buenos Aires, con la mayoría de los diputa- 
dos argentinos, y protestar, como protestó, contra los 
actos de la minoría reunida en Belgrano. 

Sabemos lo demás. Los de Belgrano declararon i-e- 
l)eldes a los de Buenos Aires y dieron por vacantes sus 
puestos en el congreso. Triunfaron aquéllos en las jorna- 
das de junio, y así, con un intervalo de 20 años, volvió 
a quedar privado el doctor Quesada de su diputación na- 
cional; pero esta vez, al menos, si era de los vencidos 
momentáneamente, tenía la rara satisfacción de ver que 
entre los vencedores estaban sus correligionarios polí- 
ticos. 

Los estudios absorbieron de nuevo al doctor Quesada. 

Bajo el título de Nueva Ecvista de Buenos Aires y 
auxiliado por don Ernesto Quesada, digno heredero de 
la inteligencia y de los hábitos laboriosas de su padre, 
reanudó en 1881 las tradiciones de la revista extinguida 
en 1871, y publicó un nuevo libro titulado El Virreinato 
del Río de la Plata, cuyas conclusiones tienen atingen- 
cia con la cuestión de la Patagonia, no transada aún en 
esa fecha. 

A fines de 1881 hizo un nuevo viaje a Europa con el 
objeto, se asegura, de buscar en los archivos españoles 
y portugueses nuevos documentos relativos a la cuestión 
de las Misiones, y regresó hace poco en oportunidad pro- 
picia para ser nombrado plenipotenciario argentino en 
las negociaciones definitivas de esa magna cuestión. 



iNniüuucciü.\ •'■"* 



Tal es la vida pública del nuevo negociador. 
No hay en ella elementos para pronunciarse sobic la 
iníluencia personal que lógicantente debe hacer sentir en 
la marcha de las negociaciones. 

Por sus afinidades con la tradición £^^^«^^^^1' P°^^^ 
creérsele inclinado a los principios de aquella pol t ca 
am ricana, que Rosas pregonaba con sus eo^^o^^^;);^ .^"^^^^^^ 
clones de engrandecimiento territorial y sus hostilida- 
des radicales contra el imperio del Brasil. 

Pero sin salir de esas mismas afinidades, y recoi-clan- 
do aue el doctor Quesada es uno de los hombres de la 
cU:deracS;r del Paraná, PoaHamo.s suponerlo mas bi^^^ 
favorable a la política de alianza y de concesiones ilimi- 
tadas que el general Urquiza desenvolvió como presi- 
dente y patrono de aquella Coníederaeion . . 
Ensaya^Klo ese criterio, quedaríamos, pues, pei^lejos^ 
Por otra parte, los rasgos que dejamos trazados, no 
nos líacen conoee^ al hombre. Es ^ur abogado, xm orad^ 
de parlamento, un publicista serio. Pero ^^ fesea un p> 
co de sicología en estos casos. Si el general Roca nom 
brase Xipotenciario al doctor Tejedor, ya sabríamos 
que entraba en escena un negociador arrogante imperio- 
so como convenía a Napoleón I al aia siguiente de una 
de' sus victorias decisivas, para arreglar las cosas, o rom- 
nei con poco gasto de palabras. Si hubiera nombrado 
al -eneral Í^Iitre o al doctor Irigoyen, sabriamosdel mis- 
mo^uodo que la estoica flema del uno y la sonrisa mun- 
dana del otro ponían las negociaciones a cubierto de toda 
píedpi?ación imprudente, de teda exageración intempe- 

'' En presencia del doctor Quesada, la curiosidad se 
ao-uza. Nos preguntamos instintivamente^ ¿ cua es el tem- 
peramento diplomático del nuevo negociador? 

Se-ún La Tribuna Popular, el doctor Quesada es dt 
un clrácter frió, poco propenso a dejarse d<^¡V;';j^ 
las pasiones y proverhiahnente concüiador.;En\wi^\me 
na' pero no todos formulan ese mismo omeio, - y en su 
abono por cierto que no podrían ser mvoeados los escri- 
tos más recientes del plenipotenciario argentino, pues en 
olios campean demasiado - aparentas rigorismos de 
íma lógica^«az discutible, y frecuentes estallidos de una 
pasión generosa, pero tal vez irreflexiva. 

Esos escritos recientes son los que dan f ^«onomia sig 
nificado al nombramiento del doctor Quesada. Al.i de- 



14 INTRODUCCIÓN 

ben encontrarse justificadas o desautorizadas nuestras 
primeras impresiones, y por eso vamos a dar una idea 
exacta acerca de ellos. 

En los 5 tomos ya publicados de la Nueva Revista d-c 
Buenos Aires, el doctor don Vicente G. Quesada se ha 
ocupado casi exclusivamente de las cuestiones que ahora 
le toca discutir y resolver como plenipotenciario ar- 
gentino. 

Sus primeros trabajos versaron sobre el tratado de lí- 
mites celebrado en 1851 entre el Brasil y la República 
Oriental. Examinando las estipulaciones de ese tratado, 
con relación a sus antecedentes históricos, desde los má^ 
remotos hasta los más cercanos, propínese el doctor Que- 
sada demostrar hasta dónde llegan los derechos de la 
República Argentina en sus cuestiones de límites con el 
imperio del Brasil. 

Los extremos y fundamentos de su tesis, que desarro- 
lla con inmenso acopio de erudición, aunque incurrien 
do a veces en inexplicables confusiones, pueden reasu- 
mirse en los siguientes términos: 1.", los títulos territo- 
riales del Brasil y de las repúblicas españolas están des- 
lindados por el tratado de 1777, confirmado y ampliado 
por el de 1778, cuya A-alidez y subsistencia no puede 
ponerse en duda; 2°, la República Argentina es herede- 
ra universal del virreinato de Buenos Aires ; 3.°, las pro- 
vincias desmembradas del antiguo virreinato no pueden 
alegar derechos a un territorio mayor que el que les es- 
taba asignado al tiempo de su desmembración ; -1.°, las 
misiones orientales no pueden pertenecer al Brasil, que 
es el heredero de Portugal, porque están fuera de los 
límites fijados al territorio portugués por el tratado de 
1777,' careciendo de todo valor jurídico la posesión vio- 
lenta y siempre controvertida que Portugal, primero, y 
el Brasil, después, han mantenido en aquellos territo- 
rios; 5.°, tampoco pueden pertenecer a la República 
Oriental, porque esas misiones nunca formaron parte de 
la provincia oriental y provincia cisplatina, cuyo terri- 
torio únicamente es el que la República Argentina y el 
Brasil constituyeron en estado independiente por el tra- 
tado de 1828 ; 6.°, las misiones orientales pertenecen, pues, 
a la República Argentina : el derecho que tiene a reivin- 
dicarlas como suyas no ha sido comprometido por ningún 
acto consciente y válido de los gobiernos argentinos, y 
en cuanto al tratado brasileño-oriental de 1851, siendo 



INTIÍODUCCIÓN 15 

res inlcr aVws acta, tampoco puede perjudicar ese de- 
recho. 

Tal es el resumen de los estudios que el doctor Que- 
sada ha consagrado a las estipulaciones territoriales vi- 
gentes entre el imperio del Brasil y la República Orien- 
tal, prescindiendo por ahora de lo que se refiere a la 
zona comprendida entre el Arapcy y el Cuareim. Tres 
cuartas partes de la provincia de Río Grande del Sur, 
poseídas por el Brasil sin más título que la conquista de 
1801 y sus avances subsiguientes, caen, pues, bajo el do* 
minio de las acciones reinvindicatorias de la República 
Argentina, según el pensamiento conocido del 'doi^tor 
Quesada. 

La defeiisa favorita del Brasil contra las acciones rei- 
vdndicatorias de sus vecinos ha sido el principio del uti 
possidctis. 

El doctor Quesada ha consagrado a esa cuestión un es- 
tudio especial que, a nuestro juicio, es lo más completo 
e importante de sus publicaeiones recientes. 

Reconoce el publicista argentino que el íiti possidetis es 
el principio regulador del derecíio territorial de la Amé- 
rica, y la única garantía solida de su paz internacional ; 
pero sostiene que por ^lti possidetis no debe entenderse 
la posesión material y actual, sino la posesión civil, jurí- 
dica, tal como existía o debía existir al tiempo de la eman- 
cipación de la América. 

Esa posesión civil debe regularse, según la teoría del 
doctor Quesada, por las demarcaciones jurisdiccionales 
del último período colonial, en lo que atañe a las nacio- 
nes de origen español, y por los tratados de 1777-1778, 
en lo que se refiere a estas naciones y el imperio del Bra- 
sil. En apoyo de su teoría, cita el doctor Quesada nume- 
rosos ejemplos de las repúblicas sudamericanas, desde los 
primeros tiempos de la revolución hasta nuestros días, 
y luego añade: ''El Brasil partiendo de la misma base 
la ha modificado profunda y esencialmente ; se aparta 
del uti possidetis de derecho, es decir, de la posesión fun- 
dada en títulos, y la ha sustituido i)or el uti possidetis 
actual, es decir, por el mero hecho, por la posesión sin 
título, por la usurpación y el fraude. Alfrunas repúbli- 
cas han celebrado con el imperio tratados bajo esa base : 
el Perú, Bolivia, el Paraguay, Venezuela, la república 
del Uruguay. Pero tal principio es inmoral y disolven- 



16 INIRODUCCIÓN 

te; es aceptar el fraude como medio permitido de ad- 
quirir " ( 1 ) . 

Refuerza, recapitula el doctor Quesada sus argumen- 
tos contra la doctrina brasileña, genuinaniente brasileña, 
como él dice, y concluye su estudio en estos términos : 
"Por los precedentes que he enumerado cuidadosamente, 
se demuestra que el principio del lUi possidetis juris de 
1810, es la base para señalar el territorio de la soberanía 
de las repúblicas hispanoamericanas; que ese principio 
tiene fuerza, por ser derecho público positivo, como re- 
üulta por los tratados internacionales que he mencionado, 
y que además es una regla o ley constitucional en los 
nuevos estados. De manera que sea bajo ese aspecto, sea 
bajo el de la faz constitucional, sirve hoy de garantía 
de paz, porque es el fundamento legal de la soberanía te- 
rritorial de las Ilaciones hispanoamericanas. Conservar 
vigente ese principio, robustecido por la historia y fun- 
dado en la equidad, es condición ineludible para el 
mantenimiento de la paz en los estados hispanoanieri- 
canos ' ' . 

El Siglo sabe "que el doctor Quesada ha tratado a 
fondo la cuestión de las misiones orientales ; pero no está 
tan seguro de que, respecto de la cuestión que hoy se de- 
bate entre el Brasil y la República Argentina, haya to- 
mado una actitud que dé a sri nombramiento una signi- 
ficación tan marcada". 

. Antes de esclarecer este punto, séanos permitido citar- 
nos a nosotros mismos. 

Decíamos en La Razón (2) : "Los que no ven en la 
cuestión misiones sino la disputa sobre un pedazo de tie- 
rra, allá, entre el Uruguay y el Paraná, cierran los 
ojos a todos los antecedentes y a todas las complicacio- 
nes de esa cuestión secular. Detrás de ese pequeño liti- 
gio, que tiene, sin embargo, su importancia propia y que 
oportunamente explicaremos, está el gran litigio, de las 
conquistas de 1801, resistidas y contradichas en numero- 
sos actos por las tradiciones de la política argentina". 

El doctor don Vicente G. Quesada no ha figurado en- 
tre los miopes a que aludíamos en agosto. 

Ha visto los dos litigios, y, como era natural, se ha 
preocupado del grande, desdeñando un tanto el peque- 



(1) Nueva Revista de Buenos Aires, V. 253; 

(2) Agosto 11 de 1882. 



INTRODUCCIÓN 



17 



ño ; poro no por eso deja de tener en el último una actitud 
que da a su nombramiento una significación marcada. 

Recojamos sus propias palabras: "El imperio del Bra- 
sil y la Confederación Argentina celebraron un tratado 
en 14 de diciembre de 1857, que no fué canjeado, feliz- 
mente. Ese tratado era la más evidente usurpación te- 
rritorial : pactaban que el río Umguay era el límite arci- 
finio, y el Brasil se quedaba así con las misiones orien- 
tales y demás territorios ocupados con violación del statu 
quo de 1804 y del tratado de Rademaker de 1812, espe- 
cialmente en sus cláusulas secretas, y de los anteriores 
de 1777, cuyos reclamos están pendientes para la evacua- 
ción de los territorios usurpados, antes y después del tra- 
tado de paz de Badajoz en 1801. Para que la monstruo- 
sidad de ese tratado fuese más cJwcante, pactaron que los 
ríos Peripí Guazú y San Antonio, como límites diviso- 
rios, serían los reconocidos en 1759, cuando los demarca- 
dores del tratado de 1777 hablan reconocido que no eran 
los verdaderos, pues tal designación había sido un ardid 
portugués para apropiarse territorios españoles. En ese 
tratado los plenipotenciarios argentinos dieron prueba de 
su incompetencia, y de la más completa ignorancia de 
la cuestión que debatían. El Brasil tomaba como punto 
de arranque de la negociación el uti possidetis actual, y 
los plenipotenciarios argentinos no comprendieron quo 
sacrificaban derechos incuestionables de la nación que 
tuvo la ligereza de confiarles la defensa de su dominio 
territorial" (1) . 

Se ve, pues, que el doctor Quesada lia manifestado 
opiniones radicales sobre el punto que daba lugar a las 
dudas del redactor de El Siglo. La designación que sos- 
tienen los brasileños, no fué otra cosa que ardid para 
apropiarse territorios españoles. Pero el doctor Quesada 
no se detiene en lo que El Siglo llama cuestión que hoy 
se debate entre la Bepública y el Brasil. Por eso a reli- 
gión seguido de los párrafos que acabamos de reproducir, 
dice el doetor Quesada: "Últimamente el barón de-Cote- 
gipe lia emprendido una .campaña parlamentaria sobre 
la cuestión de IMisiones, con motivo de la creación de un 
territorio federal argentino, y por más declaraciones que 
haya hecho el ministro de negocios extranjeros del impe- 
rio de que no consentirá en la oeupación de los territorioi3 

(1) Nueva Rcvüla cit., V. 262. 



18 INTRODUCCIÓN 

disputados, astutamente oculta qiie el imperio posee te- 
rritorws que son materia de litigio, y ahora se liace mu- 
cho ruido para hacer creer a los ignorantes que la cues- 
tión se concreta a la simple disputa de los demarcadores 
del tratado de 1777; pero esa no es sino una faz de la 
cuestión. Esta es muy compleja, y no es cuestión de 
guerra, sino cuestión de discusión, cuestión diplomática, 
etcétera ' ' . 

Eso decía el doctor Quesada en septiembre de 1882, y 
en noviembre formulaba con más claridad su pensamien- 
to. Habla de la actitud de Artigas en 1812, y dice: "El 
plan del general Artigas era previsor; su propósito era 
salvar las Misiones Orientales, ese territorio codiciado 
por los portugueses que al fin de una serie de intrigas 
retienen los brasileños sin título, y que ahora ha llegado 
el caso de estudiar tranquilamente a quién pertenece su 
dominio, porciue la íisurpación no es título liábil en de 
recho de gentes para adquirir la propiedad. Este es el 
punto serio de la cuestión de límites y no la cuestión se- 
cundaria de averiguar cuál es la situación geográfica de 
un río que es a lo que ciertos espíritus ligeros y mal in- 
formados reducen el litigio, diciendo con un dogmatismo 
deplorable que no puede haber cuestión de límites entre 
la República Argentina y el Brasil. Si hubieran podido 
darse cuenta de esta cuestión compleja y muy importan- 
te, se persuadirían que sólo concretan el debate a un solo 
punto y abandonan el dereclio al territorio de Misiones, 
a ese territorio que Artigas quería ocupar en 1812, y así 
lo pedía al gobierno de Buenos Aires. Es un error gra- 
vísimo creer que la defensa firme, leal y franca del de- 
recho sea ni pueda ser jamás causa ni pretexto de una 
guerra. Lo que es vergonzoso, lo que no tiene disculpa, 
lo que humilla la dignidad de la nación, precisamente 
consiste en desconocer sus derechos, en mostrai'se pusi- 
lánime en su defensa, en temer, en una palabra, la luz dr- 
ía verdad" (1). 

Omitimos por el momento comentarios. Nos limitamos 
ahora a fijar antecedentes. Antes de deducir consecuen- 
cias, formulando un juicio definitivo, necesitamos toda- 
vía mencionar las opiniones del doctor Quesada sobre el 
actual territorio de la República Oriental, sobre la re- 
construcción del virreinato, sobre la escasa probabilidad 



(1) y lleva Revula cit., V. 525. 



INTRODUCCIÓN 19 

de una fierra entre el Brasil y la República Argentina, 
sobre la mejor manera de conducir las negociaciones di- 
plomáticas . 

Hemos explicado ya cómo y por qué el doctor Quesada 
entiende que el tratado oriental-brasileño de 1851, no 
perjudica el derecho argentino a las antiguas Misiones 
Orientales, en la parte poseída por el imperio del Brasil. 
Pero no se detienen ahí las conclusiones del docto»' 
Quesada. Ha encontrado también un derecho argentino 
a una importante zona territoriail que aquel tratado re- 
conoce a la República Oriental del Uruguay. 

A este respecto, son de im extraño radicalismo las opi- 
niones del nuevo plenipotenciario argentino. 

Según ellas, el estado oriental no tenía personería pa- 
ra fijar sus límites territoriales con el inxperio del Brasil. 
Esto correspondía exclusivamente al Brasil y a la Re- 
pública Argentina en el tratado definitivo de paz a que 
hace expresa referencia el tratado de 1828. 

Esas dos naciones crearon en la provincia de Montevi- 
deo un nuevo estado soberano, con los límites que tenia, 
o que ellos fijaran, y se reservó para el tratado definitivo 
de paz la demarcación, porque comprendía una dohU 
faz : la fijación de limites entre la república y el imperio, 
y la designación de los (¡ue conviniera fijar al nuevo es- 
tado, si acordaban modificar los de la provincia de Mon- 
tevideo (1) . 

Si en 1851 un plenipotenciario oriental asumió ¡jerso- 
nería indebida en la discusión de los límites del estado 
oriental, lo hizo prevalido de las asecJianzas brasileñas, 
y en. cumplimiento del compromiso de fijar límites, que 
fué la condición de la alianza contra Eosas. Y por este 
procedimiento irregular y abusivo por parte del imperio, 
se ha intentado sacrificar y se sacrificaron los derechos y 
dominio de la República Argentina (2) . 

Los derechos, el dominio de la República Argentina, 
así sacrificados, recaen sobre la zona comprendida entre 
el Arapey y el Cuareim. 

Los límites de la República Oriental no pueden ser 
otros que los de la provincia de Montevideo, elevada al 
rango de nación por el tratado argentino-brasileño de 
1828; la provincia de Montevideo, afirma decididamente 



(1) Nueva Revista cit., III, 52C. 

(2) Ihid., III, 527. 



20 INTRODUCCIÓN' 

el doctor Quesacla, no tiene derecJio al territorio entre el 
Arapey y el Cuareim (1) . 

Y como el tratado de 1851 nos reconoce la propiedad 
de ese territorio, que poseemos desde 1828, por una subli- 
me gauchada del general Rivera, el doctor Quesada ex- 
clama : 

"Pero lo original y extraordinario es que la provincia 
de Montevideo no tuvo más límites sobre el Uniguay 
que la línea del río Arapey, ¿en virtud de qué título se 
toma hasta el Cuareim? ¿Quién le ha dado derecho para 
anexarse esa pai-te de las Misiones Orientales?" (2) . 

Que la zona comprendida entre el Arapey y el Cua- 
reim formaba parte de las Misiones, y no de la provin- 
cia de Montevideo, lo justifica el doctor Quesada con ar- 
gumentos que ya hemos tenido ocasión de rebatir {Estu- 
dios sohre la- cuestión de Misiones) ; pero su convenci- 
miento a ese respecto es inconmovible, y está igualmente 
persuadido de que el Brasil y el estado oriental (¡pobre 
estado oriental!) se han confabulado para disponer del 
territorio argentino. Esa es otra de las reivindicaciones 
en ciernes, y así lo deja ver con su habitual franqueza el 
ilustrado publicista. 

Oigámosle: "La política argentina ha sido persistente 
en respetar la convención de 1828 ; en garantir la sobe- 
ranía e integridad de la República Oriental, ¿con qué 
límites? Evidentemente que con los que tenía la provin- 
cia de Montevideo, (¿ue fué el territorio que en 1828 se 
elevó al rango de estado .soberano, y como ese e.stado no 
puede anexar.se, ni ceder territorios a sus vecinos, ni a 
otra nación cualquiera, es de toda evidencia que al tra- 
tar la cuestión de limites entre el Brasil y la lirpúhlica 
Argentina, liahrá recién llegado la oportunidad de que 
las dos naciones que crearon el -nuevo estado estahlezcan 
si linda con nna o con anihas eyi toda la línea divisoria^ 
al norte" (3). 

Más adelante formula con decisión su pensamiento: 
"He demostrado — dice — cuál era el territorio de li 
provincia de ]\rontevideo, según el enviado diplomático 
doctor don Manuel de Sarratea y los publicistas orienta- 
les general Reyes y La Sota, por tanto resulta que Jiay 
territorios intennedios entre el imperio y diclxa provin- 



(1) Ihid., I,- 577. 

(2) Ihid., III, 546. 
<■.'.) JbUl, III, 582, 



INTRODUCCIÓN 21 

cia, territorios que peteneeíau al gobierno de Buenos Ai- 
res y de cuyo dominio no lian podido disponer por el 
tratado de 1851, por el conocido principio res inier alios 
acta; ese dominio existe y el señor de la tierra, el sobera- 
no, puede reivindicarlo cuando trate la cuestión de la de- 
marcación con el Brasil" (1). 

Con esto dejamos establecidos los antecedentes relati- 
vos a una parte capital de nuestras apreciaciones sobre 
el nombramiento del doctor Quesada. 

Veamos ahora las opiniones del doctor Quesada sobre 
la independencia del estado oriental y la reconstrucción 
del virreinato, cuestión latente en todas las cuestiones 
argentino-brasileñas. 

No la mencionarán los documentos oficiales; pero no 
por eso deja de palpitar en ellos. Es como Tartufo, que 
llena los dos primeros actos de la comedia de Moliere sin 
aparecer una sola vez en la escena. 

Sábese que el autor de Nirvana culpa a los argentinos 
de la segregación del Estado Oriental. Según él, Buenos 
Aires teme el predominio de Montevideo, y de ahí se ha 
originado que los estadistas porteños hayan propendido 
a excluir a los orientales de la comunidad argentina. No 
está conforme en esto el doctor Quesada, y se ocupa do 
refutarlo en los siguientes términos: ''No fueron las pre- 
tensiones localistas las que buscaron la creación de un 
estado nuevo? ¿No se pretende todavía elevar estatuas 
al caudillo Artigas? ¿Por qué entonces se formulan in- 
justos cargos contra lo que se pretende que fué un plan 
político preconcebido por el gobierno argentino? Mien- 
tras tanto, la verdad histórica es completamente contra- 
ria a esas aseveraciones. El gobierno argentino mani- 
festó siempre el mayor interés en conservar la provincia 
oriental como parte integrante de la unión; para conse- 
guirlo, hizo la guerra al Brasil, y si no obtuvo el éxito 
que buscaba, ciertamente que no fué por intrigas de su 
cliplomacia. Contribuyó a la creación de un estado inde- 
pendiente y neutral para impedir que la provincia cis- 
platina, incorporada al imperio del Brasil, formase en 
adelante parte de aquel imperio, y es debido a sus gue- 
rreros juntamente con los orientales, a su tesoro y a su 
diplomacia, que se ha formado la actual República Orien- 
tal del Uruguay. Para ello la república consintió, es 



(1) Ibid., IV, So. 



22 INTRODUCCIÓN 

verdad, en la desmembración de esa provincia; pero el 
imperio a su turno desistió de sus pretensiones y separó 
de la corona imjjerial esa provincia, incorporada a las 
posesiones portuguesas d^de 1821. No hay justicia en 
culpar al pueblo argentino del fraccionamiento del an- 
tiguo virreinato; si ha consentido en él, evitando pro- 
longadas y sangrientas guerras, no provocó la desmem- 
bración de la Banda Oriental; se produjo por causas 
ajenas a la voluntad y a la prcA-isión de sus gobiernos. 
Bolívar, vencedor y prestigioso, procuró la formación 
de una república cuya forma geográfica la ha condenado 
a una vida precaria; Francia aisla al Paraguay y cons- 
tituye de esa provincia un pueblo original, tan separa- 
do de las afinidades argentinas y extranjeras, como lo 
prueba la guerra de la triple alianza ; la provincia orien- 
tal separada de hecho de la acción oficial del gobierno 
del directorio, anarquizada con su caudillo a la cabeza, 
terminó por incorporarse al imperio en 1821. Para sal- 
var entonces los intereses de raza, de idioma y de ten- 
dencias, para mantener la integridad de las provincias, 
se provocó la guerra con el Brasil, y si la Aictoria no dio 
los resultados apetecidos, no se culpe al egoísmo de la 
República Argentina, que derramó su sangre y gastó su 
tesoro. Las relaciones de buena vecindad, los vínculos 
comerciales y las afinidades políticas no harán jama? 
del pueblo argentino y del pueblo oriental dos colecti- 
vidades enemigas, sino por el contrario, la ley histórica 
y geográfica los lleva a unir nuestros esfuerzos para ar- 
monizar nuestros intereses, consolidar la paz y asegurar 
su crecimiento y progreso: ¡o demás depende de los 
acontecimientos futuros" (1). 

Así se expresaba el doctor Quesada en marzo de 1882; 
pero parece haber modificado algo sus opiniones al pro- 
seguir sus estudios internacionales en su Revista. 

Ha dicho allí el doctor Quesada: "La vieja ambición 
portuguesa fué traer sus fronteras hasta el río de la 
Plata, anexándose la Banda Oriental, ambición que era 
un peligro para las colonias españolas de la otra margo •, 
que combatieron tal pretensión. Pero, desde el momento 
que ambas naciones americanas e independientes, convinie- 
ron en crear en el disputado y codiciado territorio una 
nación neutral, que les sirviera de contrapeso y equili- 

(1) Ihkl, IIT, 578. 



INTRODUCCIÓN 23 

brio, los antiguos odios y la vieja ambición tuvo su ter- 
minación lógica. Peligroso fuera para el grande imperio 
conquistar y anexar por la diplomacia o por la guerra 
una nación inquieta, libérrima y anarquizada profunda- 
mente, divergente por la raza y el idioma, que haría pe- 
ligrar tal vez la integridad territorial del Brasil, pues 
Río Grande unido a la Banda Oriental buscarían consti- 
tuir una nueva entidad internacional. Tan cierto es esto, 
que el territorio del imperio está dividido ya profunda- 
mente en dos grandes porciones, el norte y el sur, y este 
hecho se revela hasta en las tendencias literarias, for- 
mando dos escuelas opuestas. De modo que hacer des- 
aparecer tales divergencias por el desenvolvimiento de 
los intereses generales de la nación, es lo que debe pre- 
ocupar al imperio, en vez de inocular en su sangre un 
virus que puede producir la completa descomposición so 
eial y el desmembramiento político. La comunidad del 
idioma es un vínculo poderosísimo, necesario es no lle- 
var otra lengua al seno del coloso: la religión también 
ata a las diversas partes de una nación, el pueblo bra- 
sileño es ciertamente liberal, no toleraría el predominio 
ultramontano, . de lo que dio pruebas cuando se quiso ex- 
pedir el exequátur a la bula pontificia contra los maso- 
nes, y el puel)lo oriental es tolerante y antipático al so- 
metimiento a los brasileños". 

Y más adelante: "Pretende este escritor (Vicuña 
Mackcnna) que la ambición brasileña es adueñarse de 
Montevideo, y que a Siu turno ese es también el objetivo 
argentino, pero se conoce que no ha estudiado la historia 
y vive extraviado bajo las preocupaciones de antaño. El 
imperio no puede, no le conviene anexarse luia naciona- 
lidad heterogénea, que sería un vinis disolvente en el 
imperio; no lo haría sin provocar antes una guerra san- 
grienta, puesto que violaría tratados y desquiciaría el 
equilibrio político de estas naciones. Aun suponiendo 
que sometiese por la violencia esa pequeña nación, no 
podría asimilar las divergencias de raza, que se renova- 
rían e irritarían en la lucha. Esta anexión sería el pre- 
texto de la disolución de la unidad imperial. A su tur- 
no la República Argentina no podría provocar una gue- 
rra sangrienta para intentar esa anexión, porque viola- 
ría los tratados e importaría una conquista peligrosa, 
porque renovaría la cuestión de capital de la Repíiblica 
Argentina y se produciría una lucha interna, dando vi- 



24 INTRODUCCIÓN 

da nueva a los problemas de política interna que han si- 
do resueltos por la designación definitiva de la capital 
de la república. Lejos de que estén condenados los bra- 
sileños y argentinos a acometerse, los intereses del impe- 
rio y de la Eepública Argentina los obligan a consolidar 
la conservación de la nacionalidad oriental. Así como a 
la Francia no le convendría pretender anexarse a la Bél- 
gica, a pesar de sus veleidosos deseos, porque sería pro- 
vocar una guerra europea, así también ni el Brasil ni la 
República Argentina pueden destruir la nacionalidad 
oriental sin provocar una guerra prolongada y desas- 
trosa. Desde luego, como uno y otro gobierno están di- 
rigidos por hombres previsores y prudentes, es insensato 
suponer que intenten provocar peligrosas aventuras. Lo 
que buscarán es vigorizar esa nación neutral como ga- 
rantía del equilibrio entre ambas naciones, y separada así 
la cosa objeto de la imaginaria ambición, el escritor chi- 
leno tendrá que convenir en que no existe tal ley histó- 
rica que lleve a esos dos pueblos a la guerra". 

Así, pues, el nuevo negociador argentino, antes de re- 
cibir sus credenciales, ha hecho profesión de fe contra 
la reconstrucción del virreinato, ensalzando la sabiduría 
política de la creación de la nacionalidad oriental. 

Llegamos ahora a las ideas pacíficas del doctor Que- 
sada . 

Desde luego, este distinguido publicista no es de los 
que odian al Brasil, por el gusto de odiarlo. . . 

En marzo de 1882, abogando calorosamente por loá 
derechos al territorio de las Misiones Orientales, pre- 
venía las malignas interpretaciones con estas juiciosas 
palabras: ''Considero un grave error mantener vivos 
los odios tradicionales entre las colonias que fueron es- 
pañolas y portuguesas: la prudencia aconseja conciliar 
los intereses del imperio con las necesidades de las re- 
públicas vecinas" (1). 

En octubre del mismo año volvía sobre ese elevado 
pensamiento en los siguientes términos: "Preciso es con- 
venir que las guerras no se producen por caprichos, 
(pie los pueblos no las aman, y que hoy no hay, no es po- 
sible que haya odios internacionales. La rivalidad de la 
Francia y la Gran Bretaña durante el primer imperio 
fué ventajosamente reemplazada por la armonía de am- 

(1) Ibid., III, 578. 



INTRODUCCIÓN 25 

bas naciones bajo el gobierno de Napoleón III con ven- 
taja para todos. Pues bien : entre el Brasil y la Repúbli- 
ca Argentina no hay antagonismo de intereses, y es es- 
to lo que deben estudiar los gobiernos; el interés de la 
monarquía y la conservación de las repúblicas unidas los 
llama a armonizar sus relaciones. Esta es la faz nueva, 
fecunda y ventajosa que presenta la época actual. Erra- 
do está quien mira sólo al pasado; preciso es estudiar 
el presente para comprender el porvenir" (1) . 

A la inversa de lo que hubiera podido presumirse, así 
que avanzaba la estación canicular subían de punto las 
ideas pacíficas del doctor Quesada. No llegan hasta él 
las alarmas que otros experimentan ante el estado melin- 
droso de las relaciones internacionales del Brasil y la 
República Argentina: "El trazado de la línea de demar- 
cación y las cuestiones de dominio que están pendientes 
no son causa de guerra, sino motivos y ocasión para dis- 
cusiones diplomáticas como se acostumbra entre gobier- 
nos cultos" (2). 

Así lo vaticinaba en diciembre el doctor Quesada, con 
ánimo sereno, y en enero, historiando una negociación 
dificilísima de 1812, su resultado amistoso le arranca 
esta reflexión consoladora: "La historia de esta negocia- 
ción pone en relieve cómo los intereses nuevos hacían 
que las ambiciones de territorio no produjesen la guerra ; 
y cómo se buscaba por temperamentos prudentes evitar 
todo conflicto armado, dejando la cuestión de deslinde 
para ser oportunamente discutida ; discusión que inicia- 
da por -la interposición de los gabinetes europeos entre 
las dos metrópolis, no dio resultado definitivo. Ahora 
bien: si entonces se negociaba con buena fe, si vivas 
aun las enemistades y aún más, si ocupado el territorio 
de la Banda Oriental por fuerzas portuguesas, se ce- 
lebró un armisticio indefinido, ¿cómo podrá imaginarse 
nadie que estas naciones, después de la guerra de 1828, 
y de crear de común acuerdo una nacionalidad interme- 
dia y neutral, recurran a la guerra para resolver las 
cuestiones de demarcación? La sola hipótesis supone 
malquerencia en los que pretenden que una ley histó- 
rica V fatal arrastrará a estas dos naciones a la 
guerra" (3). 



(1) Ibid., III, 579. 

(2) Ihiíl., V, 52f). 

(3) Ibid., VI, 286. 



29 INTRODUCCIÓN 

Este convencimiento pacífico del doctor Quesada tie- 
ne también por fundamento una apreciación bastante 
delicada de la situación interna del Brasil. Será extensa 
la transcripción; pero por demis interesante: "La pre- 
visión y prudencia del emperador evitará todos los con- 
flictos, pero los hombres de estado deben preveer las 
eventualidades: la situación económica del imperio, el 
estado de las producciones agrícolas, el café, el tabaco, el 
azúcar, lucharán bien pronto con la competencia argen- 
tina, hija del trabajo libre; las clases aristocráticas es- 
tán allí amenazadas por un descalabro, pues tienen 
grandes capitales empleados en la deuda interior del 
Brasil, de modo que la guerra sería la niina de la aristo- 
cracia y la perturbación de su agricultura. El imperio 
no puede vivir sino a la sombra de la paz . La guerra con 
el Paraguay, a pesar de su alianza con la República Ar- 
gentina y Oriental, le costó ríos de oro. qne no ha pa- 
gado todavía. La nación no es guerrera, es preciso no 
equivocarse ; aunque sus tropas sean valientes, las po- 
blaciones son laboriosas y pacíficas. Todos aquellos son 
gérmenes mórbidos; revelan que la unidad imperial ne- 
cesita más profundas raíces y que deben darle unidad 
positiva y fecunda, y no se consigue tal cosa por aven- 
turas guerreras con sus turbulentos vecinos. ¡Cuidado 
con encender la chispa cuando la easa es de paja! El 
interés bien entendido del Imperio está en la conserva- 
ción de la paz, pero no en la abrumadora y dispendiosa 
paz armada, si no en la paz que reposa en la armonía 
de los intereses con los estados limítrofes. Estos a su 
turno están comprometidos a vi\dr en paz, si no quieren 
exponerse a una crisis comercial que derribaría su cré- 
dito, enormemente comprometido por empréstatos ex- 
tranjeros, reproductivos en la paz y ruinosos en caso 
de guerra. De modo que, es servir a los intereses de 
ambos países estudiar sus relaciones diplomáticas' su 
historia y sus tendencias, para combatir antagonismos 
imaginarios. Los hombres de estado del imperio no ig- 
noran los serios peligros que pueden producirse en la 
trasmisión del mando, y el imperio asegurado durante 
la vida de su pimdente emperador, puede envolverse en 
una anarquía profunda en manos de la heredera del 
trono, a pesar de su talento, de su m-érito y eminentes 
cualidades. Entonces, pues, en vez de buscar nuevos 
combustibles y nuevos peligros extendiendo desmesura- 



INTRODUCCIÓN 27 

damente el territorio, deben preocuparse de dar el ma- 
yor vigor posible a las clases conservadoras y vivir en 
paz con sus vecinos, a cuya estabilidad conviene la du- 
ración del coloso imperial. Con ese gobierno esencial- 
mente conservador y cuya existencia está vinculada a la 
paz, no hay anarquía en las fronteras, pero despedazada 
la unidad del imperio, la revolución sería contagiosa y 
muy terrible para los Estados vecinos, que podrían a 
su turno ser envueltos en las evoluciones que produce 
siempre todo cambio en la geografía política. De modo 
que los intereses bien entendidos del Brasil y de la 
Kepública Argentina los llevan a la paz y no a la gue- 
rra ; porque desapareció el motivo de las antiguas ri- 
validades. H03' las conveniencias de ambos países estári 
en radicar el orden y en establecer en sius relaciones in- 
ternacionales todos los medios que hagan más estrecho 
y provechoso el cambio de sus producciones. Deben no 
olvidar, lo repetiré hasta el cansancio, el ejemplo de 
la (irán Bretaña y de la Francia, rivales un tiempo, 
unidas después con beneficio recíproco por los vínculos 
del comercio". (1) 

Hemos dado a coaioeer con extensas y adecuadas 
transcripciones los propósitos pacíficos del nuevo nego- 
ciador argentino . 

No cree en los odios internacionales: a su juicio, 
entre la República Argentina y el Brasil ha desapare- 
cido el motivo .de las antiguas rivalidades ; sólo deben 
y pueden preocuparse esos estados de liacer más estre- 
dio y proveclioso el canihio de sus producciones... f]l 
mismo abate de Saint-Pierre, ilustre precursor de los 
apóstoles de la paz perpetua, tendría gusto en resucitar, 
para poner su firma en esas humanitarias manifesta- 
ciones del eminente publicista. No faltará quien las 
considere doblemente significativas por el hecho de pro- 
ducirse en la víspera de recibir sus credenciales el 
nuevo plenipotenciario argentino. 

Otros, sin embargo, pensarán de diferente modo. 
Se sentirán inclinados a encontrar el pensamiento ín- 
timo, la verdadera idiosincrasia del doctor Quesada en 
otras manifestaciones menos relacionadas con las exi- 
gencias extei'iores de la plenipotencia en ciernes. 

De tal carácter nos parecen las expansiones del nuevo 

fl) Ibid., VI, 108. 



28 INTRODUCCIÓN 

plenipotenciario argentino jnzgando el idealismo apli 
eado a las relaciones internacionales, a propósito de la 
nota que el señor Santa María, ministro de Colombia, 
dirigió al gobierno argentino, invitándolo a concurrir 
a un congreso, en el cual se hiciese obligatorio el prin- 
cipio de arbitraje para resolver todas las cuestiones de 
los estados sudamericanos. La cita será tanto más per- 
tinente cuanto que ella corresponde, como las demás de 
este bosquejo, a los estudios de la ''Nueva Revista" 
sobre los límites argentino-brasilero-orientales. Oigamos 
al doctor Quesada: "¿Quién puede negar (jue la paz es 
una necesidad especialísima para la América española? 
Absolutamente* nadie, pero el honorable señor Santa 
María podía haber propuesto un medio para hacer ce- 
sar la cruenta guerra que entonces aterraba a las na- 
ciones del Pacífíco ; eso sería práctico, político y huma- 
nitario, en vez de teorizar sobre la excelencia de la paz 
y lo pernicioso de la guerra. Partidario de la paz, me 
inclino ante las alabanzas que a ese estado beatífico con- 
sagra el ilustre colombiano. Pero pueden intervenir 
discordias internacionales — dice — especialmente por 
cuestiones de límites y de pundonor. Naciones como las 
nuestras, soberanas de inmensos territorios, no deben 
arruinarse ni deshonrarse con guerras sangrientas y 
desastrosas por porciones de tierra inhabitada y en mu- 
chos casos inhabitable, que para la causa de la civili- 
zación y de la humanidad en América, lo mismo es en de- 
finitiva que pertenezcan a una nacionalidad que a 
otra. ¡Admirable! fecunda y patriótica doctrina, que 
me regocija, porc^ue veo que terminarán las acaloradas 
discusiones que han sostenido sobre límites precisamen- 
te Colombia y Venezuela! Esas doctrinas de patriarcal 
división de la tierra, impedirán que aquellas dos sim- 
páticas repúblicas rompan las hostilidades después de 
haber suspendido las relaciones diplomáticas, por tie- 
rras "que en definitiva es lo misano que perteaiezcan a 
una nacionalidad que a otra. " Y tanto escribir, y tanto 
discutir, tantas misiones y tanto talento empleado, cuan- 
do la solución es tan sencilla, tan bíblica! El señor San- 
ta María pacificará indudablemente aquellas dos Repú- 
blicas, desde que los Estados Unidos de Colombia i'eco- 
nozcan el dominio territoríal que sostiene el de Veaae- 
zuela. Una plumada, y las discusiones de años atrás se 
tornan en ventajosa paz. Bajo ese aspecto es que sien- 



INTRODUCCIÓN 29 

to verdadera y ardiente simpatía por la teoría del se- 
ñor Santa María, y juzgo innecesario que retarde la pa- 
cificación de su país y de Venezuela, cuando ya, ya, de- 
be reconocer los límites que la segunda defiende con tí- 
tulos no poeo respetables. Ante la paz, ¿que importan 
esos territorios inhabitados y quizás inhabitables? Los 
Estados Unidos de Venezuela verán de esta manera, sin 
derramamiento de sangre y sin violencias, que el buen 
señor Santa María elimina de la discusión esa enojosa 
controversia, y asegura una paz estable, duradera, hon- 
rosa y sobre todo incruenta. Como se ve, aplicada la 
doctrina del señor Santa ]\íaría, la armonía de los Es- 
tados Unidos de Venezuela y de Colombia, brota espon- 
tánea como el agua al toque de la bíblica vara ; y a fe 
que la eo.sa merece la pena, pues la discusión se había he-, 
cho apasionada aunque muy erudita. El principio de 
derecho público que el señor Santa María desea quede 
adoptado como parte integrante del derecho público 
americano, es el contenido en el art. lo. de la Conven- 
ción celebrada entre la República de Chile y los Esta- 
dos Unidos de Colombia, a saber, la obligación perpetua 
de someter a arbitraje cuando no consigan dar solución 
satisfactoria por la vía diplomática, las controversias y 
dificultades de cualquier especie que puedan suscitar- 
se entre ambas naciones, no obstante el celo que cons- 
tantemente emplearen sus respectivos gobiernos. De 
manera que quedan abolidas las guerras ! Ya en vez de 
balas y de pólvora, en adelante sólo quedaría un pleito 
muy pacífico y una sentencia arbitral para arreglar to- 
do, como buenos hermanos ! La Repúl)lica Argentina ha 
debido cantar hosanna, porque podrá disminuir su ejér- 
cito y su escuadra! Ya no habrá sino paz, el evangelio 
tendrá en América sublime cumplimiento, regirá la 
ley del amor y amándonos los unos a los otros, los go- 
biernos dejarán de preocuparse de las bagatelas de las 
cuestiones de límites!" (1). 

Después de comentar con tan fina ironía la nota del 
señor Santa María, ministro de Colombia, pasa el doc 
tor Quesada a examinar la respuesta que dio el doctor 
Irigoyen, como ministro del general Roca. En esa par- 
te está el juicio del nuevo plenipotenciario argentino 
sobre la panacea del arbitraje internacional: "El prin- 



(1) Ibid., IV, 610. 



30 INTRODUCCIÓN 

eipio de la nota revela que se ha tomado con soleamiie 
gravedad la supresión de la guerra y el pacto de paz 
perp^íma entre Jo? eiistjanos de .Amérisa. Sea! Esta 
república jamás concurrió a ningún congreso de pleni- 
potenciarios, por razones que no es del caso especificar; 
tomó parie en la guerra de la independencia, por in- 
terés y conveniencia, eso era práctico, pero ha sido poco 
pródiga en declaraciones de política sentimental. El 
ai'bitraje es muy antiguo : antes que lo pactasen la Re- 
pública Argentina y Chile ha sido indicado como un 
propósito digno en todas las tentativas de congresos 
americanos; pero si el gobierno argentino profesara la 
docti'ina que el señor ministro dice declaró en IST-t — 
"de estar resuelto con tratados o sin ellos a terminar 
todas las cuestiones internacionales por el arbitraje", 
hizo una declaración poco meditada. El arbitraje re- 
quiere el acuerdo de dos voluntades, y por más deci- 
dida que sea la de la república, jamás puede decir (jue 
esa F'ea su. resolución ; porque si en esa forma no resuel- 
ve lo que a su derecho o a su honra incumbe, usará do 
los medios de que se sirven las naciones cultas. De modo 
que esa recordada declaración no es sino la simple ex- 
pi'esión de un deseo, desde que es evidente que hombres 
y puebles no recurren a la fuerza sino después de ago- 
tados los otros medios. Lo que no debía recordarse, lo 
que no podía recordarse es la insana política argentina 
tni las emergencias con el Paraguay. Si "después de 
una dilatada guerra, empeñada por razones de honor y 
de seguridad, y en que sas armas y las de sus aliados 
dominaron completamente los avances de aquella na- 
ción", por ser fiel a la resolución de terminar todas las 
cuestiones por arbitraje, renunció a los derechos de la 
victoria, habiendo derramado ton^entas de sangre ar- 
gentina y comprometido su tesoro: tal política fué im- 
previsora, y es inmerecido su recuerdo. Si hubiere un 
pueblo que profese la doctrina de no ocumr jamás a la 
gueiTa, ese pueblo será el ludibrio de sus vecinos: si 
hubiese un gobierno que profese la doctrina de no sacar 
provecho de la victoria, ese gobierno no delje derramar 
la sangre de sus conciudadanos, ni gastar los tesoros 
fonnados con el sudor del pueblo, desde que, veTTüedor 
o A'cncido, no se cuida de su propio interés, sino de ob- 
sen^ar la monomanía de que un arbitro le dé lo que el 
valor de sus soldados conquistarán! Tal pueblo no ha 



INTftÜDUCClO.N 



81 



aparecido todavía en la histoi-ia, y Mizmente ese pueblo 
lio será jamás la República Argentina. Deeir que en to- 
das las cuestiones internacionales, aun suponiendo una 
agresión, un casus hdU, siempre, se recurrirá al arbi- 
traje no es deeir la verdad. Nadie se obliga a ser cobar- 
de, ni a tolerar una afrenta, sea individuo o sea pue- 
blo. El pacto en tales términos es afrentoso. Chile, que 
está obligado a someter al arbitraje sus cuestiones con 
Bolivia, ha hecho la guerra — ¿cómo pretende que la 
República Argentina renuncie en todo caso a usar de 
sus armas en guerra leal? ¿Para qué tiene ejército y 
para qué se preocupa de formar una manna de gue- 
rra? Acaso, ¿creerá justo emplear esas ai-mas en sofo- 
car una rebelión, y poco digno repeler la agresión de 
otro Estado? Estas cosas ni se proponen, ni se pac- 
tan.'' (1). . . T , r 1 

Tal vez no haya en la historia ejemplo de un diplo- 
mático que más haya exhibido, inmediatamente antes de 
recibir sus credenciales, todos los secretos de su espí- 
ritu con relación concreta a la cuestión que se le encarga 
de tratar. Con su abundante caudal de ideas, el doctoi' 
Quesada expone, ya directa, ya indirectamente, hasta 
sus principios de diplomacia práctica. 

Tiene una triste idea de los negociadores en la cues- 
tión con Chile, y aspira a que se lleven de muy distinta 
manera las cuestiones pendientes con el imperio del Bra- 
sil. ''Colocar estas cuestiones — dice — en su verda- 
dero origen, ilustradas con la verdad histórica y a la 
luz del derecho de gentes, es la ardua empresa que in- 
tento, hasta donde me sea dado, y mis conocimientos me 
lo permitan. Quiero demostrar de esa manera que Jia- 
hría imprevisión culp'aWe en tratar estas cuestiones gra- 
ves con el mismo desparpajo, falta de plan, de conocu 
vi.iento de los hechos y del derecho, con que se inició V 
se transó la ruidosa cuestión de límites con Chile. Ele- 
varé mi voz para despertar la opinión pública — no 
para apasionarla, sino para interesarla en la gestión de 
la política internacional. Sé' que hay algunos incrédu- 
los que suponen que los títulos y los libros no influyen 
en las relaciones de los gobiernos, pero estos tales vani- 
dosos, ignorantes, pertenecen a aquellos para quienes 
importa poco dividir la túnica de Cristo" (2). 

(1) Ibid., IV, 614. 

(2) Ibid.. V, 509. 



32 INTRODUCCIÓN 

Hojeando pacientemente la historia de las numerosas 
negociaciones qne han ilustrado, o embrollado, las cues- 
tiones territoriales del Brasil y de la República Argen- 
tina, encuentra el doctor Qiiesada frecuentes ocasiones 
de señalar el modelo que conviene a las negociaciones 
del día. 

Tropieza, por ejemplo, con una nota de 1812, y diri- 
gida por el triunvirato en Buenos Aires al general por- 
tugués Diego de Souza, y formula a su respecto esta 
intencionada retflexión: "Tan. notable documiento, so- 
brio, sereno y digno, es un ejemplo de cómo se dirigen 
las relaciones exteriores, cuando se tiene la conciencia 
del derecho, se apoya en él y se prepara a defenderlo. 
Eso no importa provocar la guerra, porque se busca 
también por el miedo, cuando se cede en todo y no se 
atreve a exponer el derecho por temor de desagradar al 
adversario, cuyo interés no se puede a veces conciliar tan 
fácilmente. Se verá, pues, que la manera cómo supo 
conducirse el gobierno de Buenos Aires, tan digna, tan 
circunspecta y tan firme, es la única que corresponde a 
los gobiernos cultos, que no son tratados, ni pueden 
serlo como los gobiernos africanos, bajo la imx)0sición de 
la fuerza." (1). 

Cita en seguida este fragmento de la nota mencio- 
nada: "Pero si atacan nuestros derechos directa o indi- 
rectamente, V. E. no dude que el gobierno usará de to- 
dos sus recursos para resistir la agresión, aunque se 
opongan el gobernador de Montevideo, y la Regencia de 
Cádiz", y exclama luego: "No puede ser más firme ese- 
lenguaje, más sobrio, ni más categórico. Repito que esos 
son los buenos antecedentes diplomáticos, los que debie- 
ran senúr de escuela y de ejemplo. " (2) . 

No todos los modelos diplomáticos del doctor Quesa- 
da se remontan a 1812. 

Ocurrió en 1837 un incidente importantísimo en la 
corte de Río Janeiro. Había allí un ministro oriental y 
otro ministro argentino, enviado de Rosas, que ya esta- 
ba al frente de la Confederación. Tratábase de fijar los 
límites entre el, Brasil y la República Oriental, como 
base de una alianza del general Oribe y el imperio con- 
tra la insurrección del general Rivera y la revolución 



(1) Ibid.. VI, 117. 

(2) Ibid., VI, 119. 



INTRODUCCIÓN 33 

riograiidensc. Consultado sobre esto el enviado argenti- 
no, que lo era don Manuel de Sarratea, "le manifestó 
al del Estado Oriental de un modo terminante y muy 
esiplíeito, que fundándose los límites de la Repúbliea 
Oriental en los que le designaba la convención prelimi- 
nar de 1828, que era el único título de sus derechos te- 
rritorkdes, su gobierno no permitiría jamás que llevase 
sus pretensiones más allá de los conto/nos que ese pacto 
le señalaha; puesto que, en tal caso, se intentaría pene- 
trar en la integridad territorial que constituyó el anti- 
guo virreinato del Río de la Plata, que la Confederación 
había de reivindicar tarde o temprano, cuando no hicie- 
ra uso del derecho que le asistía para exigir del Brasil 
las debidas compensaciones, por los territorios ocupados 
por el Porlugal a pretexto de la guerra de 1801 en lai 
margen izquierda del Uruguay, de los cuales eran piarte 
integrante los que ceñían los ríos Arapey y Cuaréim, 
reputados como anexos a las citadas Mision£Sr y límite 
el primero del estado cisplatino o provincia orientalf 
que era lo que se convertía en rcpúhlic<i independiente". 
Reproduce el doctor Quesada esas líneas, que perte- 
necen a una memoria del general don José María Reyes, 
y dice en seguida, con visibles señales de admiración y 
contento: "Clara, lógi'ca y perfectamente ajustada a la 
verdad era esta exposición hecha por don ^lanuel de Sa- 
rratea, ministro plenipotenciario argentino, en presen 
cia del ministro de relaciones exteriores del imperio, se- 
ñar Maciel Monteiro, y del plenipotenciario oi'iental . 
El argentino exponía las vistas de su gobierno, de las 
cuales tomó nota el ministro del imperio y de la Re- 
pública Oriental. Esa declaración concuerda con cuaiito 
dejo expuesto y otros estudios concordantes con esta 
materia, y por ello afirmo que es perfectamente exacta. 
Dice con 'franqueza cuál es la política exterior de su go- 
bierno; no anda con reticencias, no fluctúa; traza coa 
anticipación la línea de conducta que seguirá el gobier- 
no de su país. Hoy mismo, esa exposición es pertinen- 
te, porque la verdad es- la misma; hoy la podría soste- 
ner con el mismo hucn derecho que entonces, y olla 
viene además a mostrar a los ilusos que pretenden que 
la Repúbliea Oriental podía invocar sin limitación el 
tratado de 1777, que se han equivocado, pues uno de los 



34 i.MKouueció.N' 

gobiernos signatarios de la Convención de 1828, desdo 
1837 le han negado tal derecho. " (1) . 

Esta adhesión entusiasta a la política intcniacional 
de 1837, cuyos principios justifica además el doctor 
Quesada, con citas del famoso Arcliivo Americano, da- 
ría pábulo a impresiones mucho más alarmantes que las 
que ha dejado traslucir el redactor de La Razón, si 
no pudiésemos hallar el conti'apeso en alguna otra de- 
claración del uuca'o plenipotenciario argentino. Lo ha- 
llamos afortunadamente. El nos dice en la última entre- 
ga de su "Nueva Be vista" : '*'Creo que estudiar las re- 
laciones diplomáticas de estas dos naciones, analizando 
siis intrigas para arribar a la consecución de sus ideas 
de entonces, es servir a desvanecer preocupaciones malsa- 
nas que suponen que actualmente existen las mismas 
causas que produjeron los antiguos conflictos. Por eso 
es que he emprendido estos estudios, con el propósito 
de CvStablecer la verdad con toda impai-cialidad y sin 
ánimo preconcebido. La historia de estas relaciones di- 
plomáticas aleccionará a los hombres de est-ado para 
huscar medios pruelenfes de cslahlccer el derecho terri- 
torial de amhos estados, trazando con equidad adecua- 
das líneas divisorias ¡f compensando por prudentes jus- 
tiprecios las cesiones tcrri-torioJcs que pudiesen ser ne- 
cesarias." 

Ahí tiene el redactor de Fl Siglo, que no conoce los 
estudios del doctor Quesada, indicada ya su idea de las 
compensaciones en la combinación del arreglo posible pa- 
ra las cucírtiones territoriales de la República Argentina 
y el BrasH. 

Esta coincidencia le será halagüeña -. pero no debe ol- 
vidar que cuando el nuevo plenipotenciario argentino 
habla de líneas divisorias i/ de cesiones territoriales, no 
se .refiere únicamente a la cuestión del territorio que 
media entre el Uruguay y el Paraná, muy secundaria 
a su juicio, sino también, y principalmente, a la cues- 
tión de las ^Misiones Orientales, en la cual descubre f'l 
punto serio de la cuestión de límites. 

Queda así concluida la instrucción de la cau.m. y sino 
hemos podido hacerla amena, quiera disculparlo el lec- 
tor teniendo en cuenta que hemos puesto bajo sus ojos 
el extracto sustancial de diez v siete artículos de revis- 



(1) IMd., III, 48. 



INTRODUCCIÓN 35 

ta, dedicados por el doctor Qucsada al estudio de las 
diferentes faces del debate en que hoy le toca ocupar 
el puesto más espectable. 

Está concluida la instiiicción de la causa, y cada cual 
pronunciará su fallo. 

Por lo que a nosotros respecta, no encontramos moti- 
vo suficiente para modificar nuestras primeras opinio- 
nes , 

Persistimos en creer que el iiomhrauiienfo del docior 
Qnesada o responelG a la iniciación ele una política em- 
prendedora y decidida, o es un desgraciadísimo nombra- 
miento, no obstante las distinguidas cualidades del elec- 
to, que desde el primer momento reconocimos y ponde- 
ramos con sinceridad. 

Hay una consideración fundamental que se sobrepone 
en el espíritu a toda apreciación de las tendencias alter- 
. nativamente pacííicas y belicosas que campean en los 
escritos del doctor Qucsada. 

Sería el más convencido, el más apasionado partidai'io 
de la paz, y no por eso dejaría el doctor Quesada de re- 
presentar, en las dificultades actuales del Brasil y lu 
República Argentina, este pensamiento primordial ; hay 
derechos argentinos a todo el territorio de las antiguas 
]Misiones Orientales; lejos de olvidarlos, necesitamos ha- 
ceiios valer, defenderlos con fe y energía, sin perjuicio 
de nuestros derechos accesorios, secundarios, a la línea 
de 1791 en el límite extremo de las Misiones Occiden- 
tales . 

¿Quién puede desconocer la gravedad y trascendencia 
de esa idea? 

Todos creían que sólo estaba en discusión la línea de 
las elisiones Occidentales. Esa era, aparentemente, toda 
la materia del litigio: 600 u 800 leguas de territorios 
desiertos. Sin embargo, esa cuestión, tan circunscripta, 
tan subalterna, presentaba aspectos alarmantes. Ella, 
en apariencia, era la causa única de los armamentos bra- 
sileños y argentinos. 

En esta situación, ocurro el nombramiento del doctor 
Quesada. Sus opiniones son por demás conocidas. Nada 
impoi'ta que el nuevo ministro plenipotenciario sea sos- 
tenedor de la línea de 1791 en el límite extremo de Mi- 
siones, porque es claro que los gobiernos buscan sus re- 
presentantes entre los que saben y pueden defender los 
derechos de su país ; pero el doctor Quesada, a la vez 



36 INTRODUCCIÓN » 

que juzga indiscutible la legitimidad de aquella línea, 
entiende que eso es apenas una !faz secundaria de la 
cuestión, estudiada por él a fondo, hasta llegar al pleno 
convencimiento de que están intactos los derechos argen- 
tinos al antiguo territorio de las ^Misiones Orientales. 

Así, pues, si el nombramiento del doctor Quesada res- 
ponde a una idea consciente, a un plan racional y razona- 
ble ; ese nombramiento quiere decir que la cuestión dé 
límites, hoy eireunseripta a la Jínea divisoria entre el 
Uruguay y el Paraná, va a extenderse al territorio de 
las antiguas M^isflones Orientales, según la demarcja- 
ción consignada en el tratado de 1777. 

Es decir, que al pleito sobre seiscientas u ochocientas 
leguas de un territorio desierto, se acumularía un debate 
imponente sobre seis u ocho mil leguas que ocupa la 
provincia de Río Grande del Sur, por las conquistas 
portuguesas de 1801 y 1804. 

¿Teníamos o no razón al establecer, como uno de los 
términos de nuestro juicio, que ese nombramiento res- 
ponde a la iniciación de una política emprendedora y de- 
cidida por parte del gobierno argentino ? . . . 

Se inicia, sí, una nueva política: y esa política es em- 
prendedora y decidida, si el doctor Quesada, como debe 
'.inte todo suponerse, ha sido llamado a intervenir en 
las negociaciones pendientes para que sostenga y defien- 
da en ellas las ideas que durante dos años cons<ícutivos 
ha proclamado calurosamente en las páginas de la 
"Nueva Revista de Buenos Aires". 

¿Se pretende lo contrario? ¿Se cree que se ha ido a 
elegir al doctor Quesada, no por sus estudios de la 
"Nueva Revista", no por sus opiniones, sino a pesar 
de ellas y para que vaya a sostener y defender en las 
negociaciones ideas contrarias a sus propias ideas? 

¿Puede suponerse tal cosa del gobierno argentino y 
del doctor Quesada ? Pero entonces, como también lo di- 
jimos, abarcando esa faz de la cuestión, sería desgracia- 
dísimo el nombramiento! 

¿Para qué suscitar prevenciones y alarmas en el go- 
bierno imperial, haciéndose representar por un negocia- 
dor de opiniones radicales tan conoeidas, tan reciente- 
mente publicadas, en la vieja y no concluida disputa de 
las ]\Iisiones Orientales? 

¿Para qué poner dificultades inútiles, en una negocia- 



INTRODUCCIÓN 37 

ción eireiinserita al líiuite extremo dc^ la.s Misiones 
Occidentales? 

Si así fuera, por otra parte, el resultado de las ges- 
tiones confiadas al doctor Quesada estaría de antemano 
desautorizado ante la opinión del pueblo argentino. 

¿No ha dicho el nuevo plenipotenciario, en la víspera 
de recibir sus credenciales, que sólo los espíritus ligeros 
pueden reducir el litigio a la cuestión secundaria de- 
averiguar la posición geográfica de un río? 

¿No ha proclamado que debe hacerse valer el derecho 
argentino al territorio de las Misiones Orientales, y que 
sólo pueden despreeiar ese derecho los que están dis- 
puestos a repartir la túnica de Cristo f 

Nuestro dilema queda, pues, en pie. 

O se inicia en la cuestión de Misiones una política 
que arrastra más cola que el' cometa de 1882, o el ré- 
dente nombramiento liace poco honor a la alta y reco- 
nocida inteligencia "de los gobernanteis argentinos. 

Eso hemos dicho, y eso teníamos el derecho y el deber 
de decir, para ilustrar, según nuestro propio criterio, 
la opinión de este singular país, que no tiene voz ni 
voto, ni la más remota influencia en lais deliberaciones^ 
de la República Argentina y del Brasil, pero que al 
mismo tiempo ve siempre sus destinos pendientes de 
esas deliberaciones extrañas. 

Hay más todavía, en el nombramiento del doctor 
Quesada. 

Los políticos argentinos pi-estan poca atención a los 
sucesois del Estado Oriental, a las susceptibilidades celo- 
sas de este pueMo inquieto y profundamente anarqui- 
zado, como dice el doctor Quesada. 

Cuando don Máximo Santos subió al poder, precedi- 
do de una triste celebridad, por medios que siempre 
indignarán a los hombres honrados, fué el gobierno ar- 
gentino quien pi-imero le tendió la mano, haciendo gala 
de las íntimas y cordiales relaciones con que estaba 
vinculado al nuevo gobernante del Estado Oriental. 

Hubo un momento en que la diplomacia del general 
Roca parecía convertirse en protectora de la domina- 
ción personal del general Santos, contra los embates de 
todas las complicaciones que asaltaban a la admiinistra- 
ción naciente. Era opinión casi unániknc que poco, 
muy poco, duraría aquella aventura grotesca a que S3 
ha])ían lanzado las influencias de cuartel, cuando se vio 



38 INTRODUCCIÓN 

al gobierno de la fuerte y gloriosa nación argentina ex- 
tender su manto sobre el pigmeo que no acertaba a po- 
ner de firme el pie en la frente del pueblo inquieto!... 
I Oh ! no saben los estadistas argentinos liasta qué punto 
su política de 1882 ha contribuido a desmoralizar las 
fuerzas vitales del Estado Oriental, dando vigor y. con- 
sistencia a un gobierno que no podía ni debía ser vin- 
hle! 

Moraleja de la reminir^cencia: cría cuervos para que 
te quiten los ojos. 

El diario brasileño que se publica en Montevideo re- 
pite en todos los tonos que ónte el pundonor patriótico 
del genei-al Santos, se han quebrado las inñuencias in- 
vasorais de la política argentina, y otros nimores pei*sis- 
tentes dan por sellada, o en vía de realización inmedia- 
ta una alianza ofensiva y defensiva entre el Estado 
Oriental y el imperio del Brasil. 

Sea de ello lo que !iuere en cuanto al último punto, 
lo cierto es que para un caso de conflicto internacional 
las simpatías brasileñas predominan en el seno del ga- 
binete oriental. A ellas pertenecen el doctor Herrera y 
el doctor Terra. 

Et par droit de couquéle et par droit de naissance, 
como dice el verso de la'"Heuriada". 

Pues bien ! es en esta situación tan delicada, tan peli- 
grosa, que el gobierno argentino designa como plenipo- 
tenciario en las negociaciones de límites a un publicista 
que ha empleado largas vigilias y prolijos estudios para 
demostrar, ¡ ayer no más !, que el Estado Oriental no 
puede tener otros límites que los que el Brasil y la Re- 
ptíblica Argentina quieren señalarle; que los actuales 
límites del territorio oriental comprenden territorio ar- 
gentino, y que al discutir la demarcación C07i el Brasil 
habrá llegado la oportunidad de discutir también las 
usurpaciones orientales ! 

Puede darse más o menos valor práctico a esas de- 
claraciones teó]ieas del dodtor Quesada ; pero nadie 
podrá negar que ellas lastiman la susceptibilidad de la 
república, y que, con todo el buen concepto personal de 
que generalmente goza ese distinguido ciudadano ar- 
gentino, difícilmente podría hacerse un nombramiento 
que fuese menos simpático a los orientales, capaces de 
comprender estas cuestiones. 

La diplomacia brasileña se apresurará, sin duda al- 



INTRODUCCIÓN 39 

guna, a explotar las susceptibilicltades lastimadas, las 
objeciones que el nombramiento suscita. . . Lo.s conseje- 
ros del general Santos se sentirán reforzados en sus 
propósitos de política internacional... \^ed ! le dirán; 
la República Oriental nada tiene que ganar con las teo- 
rías y pretensiones de la República Argentina, que sólo 
aspira a la reivindicación de territorios propios, y tiene 
Hincho que perder, ^si ellas prevaleciesen, puesto que la 
presentan como detentadora de tierras pertenecientes al 
antiguo virreinato de Buenos Aires ! 

Preveemos una réplica, una acusación dolosa. 

Es La Razón, quien azuza las susceptibilidades ; es ella 
quien hace los argumentos ahrasilcrados. . . 

Pero, ¡por Dios! ¿Acaso los peiñodistais creamos o in- 
ventamos los hechos f . . . 

¿Son obra nuestra las opiniones del doctor Quesada? 

¿Tomamos siquiera en cuenta opiniones reservadas, 
actos privados del nuevo plenipotenciario argentino! 

¿Podíamos preveer el nombramiento que hoy preocu- 
pa la atención pública cuando, seis meses ha, rebatíamos 
en estas mismas columnas las opiniones vertidas poi- la 
"Nueva Revista de Buenos Aires"? 

La cancillería imperial recoge todo lo que se escribe 
en el Río de la Plata sobre las cuestiones internaeiona- 
leis de la América. Ella no necesita que un diario de 
Montevideo venga a decirle lo qué significa la personali- 
dad del doctor Quesada en el debate de los límites brasi- 
leño-argentinos. Ella no necesita de Mientor extraño pa- 
ra seguir sus rumbos fijois, aprovechando con astucia los 
errores y las aberraciones del adversario... Cuando un 
mal existe, nada más absurdo que confundir el dedo que 
lo señala con la imprudente mano que lo produjo ! 

Hase tambiién insinuado en algún diario de Buenos 
Aires que La Eazón parece interesada en fomentar el aia- 
tagonismo, el conflicto del Brasil ,y la República Argen- 
tina. Pero precisamente porque estamos interesados en 
lo contrario, porque no vemos que sea posible la neu- 
tralidad oriental en caso de conflicto armado entre los 
vecinos, porque no concebimos cuáles podrían ser para 
nuestro país las ventajas de ninguna alianza guerrera, 
es que no hemos vacilado para manifestar que deplora- 
mos profundamente el nombramiento del doctor Que- 
sada . 

Revisando las tradiciones de la política del Brasil, 



40 INTRODUCCIÓN 

estudiando las declaraciones recientes de sus hombres 
públicos más conspicuos, leyendo con atención sus dia- 
rios, apelando a otros medios de infonnación individual, 
hemos llegado a persuadirnos de que el Brasil, aun con- 
cretado el litigio al punto secundario que menosprecia ei 
doctor Quesada, no está dispuesto a aceptar ninguna 
solución que lo someta al peligro de perder la línea tra- 
zada en el tratado tle 1857, y preferirá precipitar hi 
guerra, si, para resolver la cuestión, la guerra ha de 
venir más tarde, cuando el progreso superior de la Re- 
pública Argentina altere la i)roporción actual de las 
fuerzas respectivas. 

Comprendemos, pues, que el Brasil" esté interesado 
en agitar el debate, en definir inmediatamente la cues- 
tión. Pero ¿cuál es el interés argentino que mueve a 
seguir igual línea de conducta, si no fuese con el pro- 
pósito de ceder a lais pretensiones brasileñas, compran- 
do la .seguridad de la paz a cualquier precio? 

Cuando sei'ía necesario adormecer, olvidar la cues- 
tión de ]\Iisiones, descubre el gobierno argentino el pro- 
pósito de poner en ella su primer espada diplomática, con 
relación a la campaña en perspectiva, que abrazará, no 
solamente los territorios desiertos del Alto Uruguay, sino 
la inmensa zona pol)lada donde hoy viven trescientos 
mil i'íograndenses. ¿Es posible ir a la guerra? ¿Es po- 
sible d,arle' retoxto ^al Brasil para provoc^i* la gue- 
rra, en vez de exponerse a ser provocado mañana? Si 
'^so es posible, estaría descubierto el camino! 

Quisiéramos, sin embargo, equivocarnos. 

Carlos IVIaría Ramírez. 

Montevideo, enero de 1883. 



CAPITULO PRIMERO 

Derecho inlernacional lallno - americano 



DEL PRINCIPIO CONSERVADOR DE LAS NACIONALIDADES 
EN ESTE CONTINENTE 

El derecho es uno como la verdad : no puede haber 
un derecho americano en oposición a otro derecho euro- 
peo. "El dereeho.de gentes es de una aplicación univer- 
sal en toda la cristianidad, como justamente lo dice Car- 
los Calvo, no podría existir un derecho particular pa- 
ra la Europa y otro para la América". Y, sin embargo, 
hay reglas jurídicas de derecho público que responden 
a necesidades especiales, y que siendo uniformemente 
aceptadas por todos los estados de un mismo continente, 
forman un derecho público o una regla o ley especial de 
este derecho, cuya aplicación no tendría razón de ser 
en otro continente. De modo, pues, que, aun cuando 
el derecho sea uno, hay especialidades nacidas de la na- 
turaleza de las cosas, que constituyen excepciones, si 
puede decirse, al derecho de gentes, y que forman, era- 
pero, el derecho público americano, o en su cavSO, el de- 
recho público europeo. 

El uti possidetis del año diez como regla jurídica pa- 
ra decidir las controversias que han surgido entre los 
estados de la América española con respecto a sus de- 
marcaciones territoriales, constituye — • por el asenti- 
miento expreso de algunos congresos de plenipotencia- 
rios americanos, por tratados entre varios estados, o se- 
paradamente entre una y otra nación, y por las discu- 
siones diplomáticas sobre la materia — un verdadero 



42 VICENTE G. QUESADA 

principio de derecho internacional entre las naciones 
de este continente. Y tal principio es inaplicable, abso- 
lutamente inaplicable en el contiilente europeo. 

La colonización en América forma tres grandes agru- 
paciones generales: la inglesa, la española y la portu- 
guesa, prescindiendo de las efímeras colonias francesas 
y holandesas, para ocuparme solamente de aquellas que 
se pei-petuaron por el idioma que distingue a las na- 
ciones actuales del nuevo continente. Estas tres gran- 
des agrupaciones han predominado en la geograltía de 
América en la forma siguiente : en el norte, la raza sa- 
jona en los Estados Unidos; en México, en la América 
Central y jMeridional. la raza de origen español; y la 
portuguesa en el actual territorio del Brasil. 

Al emanciparse de sus metrópolis respectivas han for- 
mado naciones independientes, asimilándose por su ori- 
gen histórico dentro de los límites o territorios des- 
cubieriois o poseídos por los colonizadores; pero han 
reconocido j^rincipios legales que constituyen el derecho 
consuetudinario americano y es el elemento conserva- 
dor de la integridad de los nuevos estados, o en otros 
términos, la garantía de la paz y del equilibrio relativo 
en el nuevo continente. 

El derecho consuetudinario americano como base pa- 
ra la demarcación territorial de los nuevos estados, tie- 
ne modificaciones j^eculiares según el origen de la raza 
colonizadora, o en otros tóvniinos, el principio jurí- 
dico que garante la integridad territorial de los nue- 
vos estados de origen español respectivament'e, no es 
aplicable a las naciones que se han formado por la co- 
lonización inglesa o portuguesa. Dentro de los anti- 
guos territorios de las colonias de España son aplicables 
las lej'es dictadas por la antigua metrópoli ; pero, tra- 
tándose de los límites con las otras colonias extranjeras, 
sólo pueden invocarse los tratados interaacionales entre 
las respectivas metrópolis. 

Emancipadas las colonias españolas de la metrópoli, 
fueron sucesivamente y en diversos años constituyéndose 
en estados libres e independientes, cuyo reconocimiento 
por parte de la antigua metrópoli tenninó la guerra que 
cada estado hacía para emanciparse, ora aislado, ora 
aliado a otros. Separados así, de hecho al principio y 
de derecho después, de la metrópoli, se encontraron en 
la necesidad de adoptar una regla jurídica para fijar 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISTAXO - AMERICANA 43 

SUS límites respectivos y para no dejar a la conquista 
entre sí mismos, o al prestigio de los guerreros de la 
época magna, la facultad de señalar con la espada la 
geografía política del nuevo mundo. Entonces, por efec- 
to natural y lógico de lo.s hechos mismos las nuevas na- 
ciones se formaron respetando las demarcaciones de los 
virreinatos, presidencias y capitanías generales, los gran- 
des deslindes geográíficos cuyos límites arcifinios fija- 
ran en general con acierto los monarcas, especialmente 
Carlos III, que creó el nuevo virreinato del Río de la 
Plata y después independizó del Perú la capitanía ge- 
neral de Chile, dividiendo el antiguo viri-einatp de Lima. 
Tales demarcaciones constituyeron, en efecto, una si- 
tuación de cosas tal, que dentro de esas demarcaciones 
se agruparon las poblaciones y formaron los estados 
soberanos, cuyos límites había trazado el monarca mis- 
mo. Este hecho, esta situación, estos deslindes, constitu- 
yeron el uti possidetis de dereclio de 1810, y todos con- 
vinieron que el hecho de la posesión civil o real, con arre- 
glo a las demarcaciones hechas por S. M,, fuese la ba- 
se equitativa para resolver cualquier controversia que 
pudiera ocurrir. En muchos casos la controversia era 
imposible, porque los límites arcifinios no podían ser al- 
terados por las revoluciones políticas ; pero en otros ca- 
sos, las grandes trazas de los virreinatos de México, Pe- 
rú, Nueva Granada y Buenos Aires, y las diversas ca- 
pitanías generales, es decir, territorios gobernados con 
independencia de los virreyes, se subdividieron y, natu- 
ralmente, las subdivisiones administrativas internas no 
siempre pudieron ser estudiadas con relación a la geo- 
grafía y bajo el propó.sito de señalar los límites que la 
naturaleza misma creara. De tal situación nacieron una 
serie de cuestiones de límites, materia peculiarísima en 
América, atendiendo al origen común de los estáuos his- 
panoamericanos, y las reglas jurídicas que se croaron 
para decidir las controversias, forman una excepción 
al derecho internacional, y constituyen el derecho pú- 
blico latino-americano. Tal es, a mi juicio, la manera 
cómo debe estudiarse este punto interesante. 

Voy a concretar mis observaciones al estudio de estos 
principios aplicados a las naciones hispanoamericanas. 

Expondré someramente la razón y la teoría filosófi- 
ca del principio internacional del uti possidetis de dere- 
clio do 1810, su alcance v su historia en la América lati- 



41 VICENTE G. QUESADA 

na, así como la influencia que ha ejercido como prin- 
cipio conservador de las nacionalidades y la necesidad 
de mantenerlo comxO garantía de la permanencia de la 
geografía política del continente. 

"Esta especie de acuerdo o de asentimiento .tácito — 
dice Santivañez, — este iieclio natural y necesario que 
circunscribe a los nuevos estados, dentro de los límites 
trazados por la metrópoli a sus provincias, es lo que 
se ha llamado el iiti ixjssidetis del año diez, o sea el de- 
recho que la posesión daba a las repúblicas hispano- 
americanas a la soberanía y dominio del territorio que 
constituía en esa época la sección colonial transformada 
en nación independiente" (1) . 

Para comprender con exactitud la importancia de 
aplicar el principio del iiii i)ossidctis como regla inva- 
riable para la demarcación territorial de los nuevos es- 
tados hispanoamericanos, trataré de demostrar que des 
. lindadas las jurisdicciones de las colonias con arreglo a 
la geografía, les son aplicables las teorías del derecho in- 
ternacional moderno que, felizmente, en esto« casos se 
armoniza con el derecho de gentes positivo y con la 
historia. 

Las demarcaciones hechas por el rey de España de los 
virreinatos y capitanías generales, que es el título de 
dominio de la soberanía eminente de las nuevas nacio- 
nes, está además justificado, en la generalidad de los 
casos, por la configuración geográfica territorial, por 
hx topografía del país, y confirma con frecuencia y ad- 
mirable exactitud, el principio moderno y vivo del des 
arrollo de los pueblos, de las nacionalidades, última con- 
quista que la ciencia del derecho inteimacional acaba de 
obtener implícitamente con motivo del cambio de la geo- 
grafía política europea, después del trataíío de Sa.n 
Stéfano. 

La filiación de esta teoría remonta a una época anti- 
gua. Fué en Italia, observa con penetración y acierto 
von Holtzendorff, donde comenzó a generalizarse la doc- 
trina de las nacionalidades de acuerdo con las tradi- 
ciones históricas, la raza, el idioma, la geografía: "En 
fin, — dice — la idea, por la primera vez formulada por 
el Dante y INLachiavelo, de la unidad nacional de una pe- 



(1) Bi.Jiria y Chile — Cuestión de Umite-i, pág. 02, por José María 
Santivañez. 



HISTORIA niPLOMÁTICA HISPANO - AAIERICANA 45 

nínsiüa netamente deslindada por el mar y la línea de los 
Alpes". 

Carlos III que había gobernado a Ncápoles, llevó gra- 
bada en su espíritu esta teoría italiana, que creía con- 
firmada en la configuración de la península ibérica, 
cuya unidad nacional sé encuentra detenida, a pesar de 
afinidades etnográficas, por el Portugal; y es por ello 
quizá que diera tan decisiva importancia a los límit&s 
arcifinios cuando dictaba reales cédulas para dividir el 
gobierno de sus vastos dominios en América, puesto que 
en ellos se encontraban providencialmente reunidos los 
demás elementos constitutivos de las nacionalidades: ra- 
za, idioma, religión. El hecho histórico es la lógica con 
que el monarca aplicó las doctrinas italianas de derecho 
público a las demarcaciones de las futuras nacionalida- 
des, que trazó sobre el mapa de sus extensos dominios, 
cuando efímeramente demarcaba virreinatos y capitanías 
generales. 

Partiendo de antecedentes profundamente diversos, el 
derecho público europeo se ha encontrado con estados 
formados con prescindencia del idioma, de la raza y aun 
de la religión, y con la pretensión de fijar la inmutabi- 
lidad de los reinos, para garantir el derecho divino de 
los reyes y príncipes reinantes. 

Mientras tanto, en la América española sólo había un 
soberano único, residente en la lejana metrópoli, de mo- 
do que todo cambio en la geografía administrativa de 
los gobiernos coloniales, no afectaba en manera algu- 
na los intereses dinásticos, y podía tomar así en cuenta 
los intereses de las poblaciones para su mejor adminis- 
tración; las necesidades geográficas y topográficas del 
suelo para sei*vir al desenvolvimiento del comercio, de la 
agricultura y de la industria, y al mismo tiempo apro- 
vechar las enseñanzas de la historia después del descu- 
brimiento y colonización, pai'a evitar los escollos que la 
geografía presentara en la fácil expedición de los asun- 
tos, y en la estrategia para la defensa de las colonias. 

En Europa, la geografía política tendía a la inmuta- 
bilidad, y por ello vino, andando el tiempo, a tener su 
sanción en el congreso de Viena, para servir los in- 
tereses legitimistas de los reyes, sancionar la restaura- 
ción de los caídos y conservar el derecho divino. Allí 
fué convenida la inmutabilidad de la geografía política 
monárquica. En América, ninguno de esos intereses po- 



46 VICENTE G. Ql'ESADA 

díaii ser directa ni indirectamente afectados: el rey de 
líspaña podía con toda libertad practicar la deniarca- 
eióu de sus dominios, y por ello tonw como base los lí- 
mites arcifinios y los antecedentes históricos. 

Carlos III, por ejemplo, al deslindar el virreinato 
del Río de la Plata y la capitanía general de Chile, 
servía al desarrollo de sus poblaciones, trataba de sa- 
tisfacer las necesidades y conveniencias reveladas por 
la experiencia y el estudio, y trazaba con mano previso- 
ra y segura, no con menguados ])ropósitos fiscales, los 
grandes lincamientos con que la geografía ha demarca- 
do el asiento de gobiernos y pueblos diferentes. Monar- 
ca hál)il, penetrante y diestro, transformaba la metró- 
poli y propendía al desarrollo de las colonias: sabía que 
para constituir gol)iernos ricos se necesitan pueblos prós- 
peros, y no miró a las colonias como factorías para pro- 
ducir renta, sino como a pueblos que amaba gobernar y 
enriquecer, desarrollando el comercio y la marina de la 
península. 

Sobre el mapa, previos detenidos informes, trazó las 
líneas divisorias de sus propios dominios, mareándolas 
en los deslindes arcifinios, y por eso la cordillera fue- 
ra un límite necesario entre el virreinato y Chile: para 
que uno tuviese el Pacífico a su frente y el otro el océa- 
no Atlántico. 

p]ste deslinde respondía a otra necesidad histórica: la 
de contener los avances de los lusitanos sobre los do- 
minios españoles en América ; para ello era preciso cons- 
tituir un gobierno extenso, fuerte, con poderosos nú- 
cleos de población y de riqueza, y es evidente que las 
poblaciones de allende las cordilleras no podían servir 
a estos fines. Las rivalidades de las cortes de jMadrid y 
Portugal eran vivísimas, y muchas fueron las guerras 
que suscitaron, los tratados que celebraban i)ara abro- 
garlos más tarde y celebrar nuevos. De manera que 
Carlos III y sus ministros sabían a qué fines respon- 
dería en lo futuro el gran virreinato cuyos deslindes 
trazara el monarca con previsión y acierto. 

Demarcó la capitanía general de Chile con el mismo 
tino, constituyéndola en gobierno separado; fundó así 
el nuevo principio de derecho público, que busca satis- 
facer el desenvolvimiento natural de las poblaciones to- 
mando como base la configuración geográfica del suelo 
y como medio los límites arcifinios. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HlSPAXO - AAIFRICAX A 47 

Es sabido que hay dos escuelas diferentes sobre cuáles 
son los elementos y condiciones que constituyen una 
nación. "La primera de estas escuelas sostiene que la 
nación es un hecho necesario, una consecuencia fatal 
de la reunión de diversos elementos que pertenecen al 
orden geográfico, etnográfico, físico y moral. Según los 
discípulos de esta escuela, los límites naturales fijados 
por la mano del Creador mismo, la afinidad de raza, 
la comunidad de idioma, de hábitos, de costumbres, de 
religión, son los elementos que constituyen la nación''. 
La otra escuela prescinde de los límites arcifinios y de 
las afinidades de raza, y considera los hechos basa- 
dos sobre la razón del derecho, y entiende por: *' . . .Na- 
ción, la asociación de hombres que habitan el mismo te- 
rritorio y están sometidos a la misma fegislación y go- 
bernados por la misma autoridad"'. 

■ Ni la una ni la otra pueden ni deben ser exclusivas ; 
lo que no cabe duda, lo que la historia muestra, es que 
los límites geográficos establecen afinidades y vínculos 
que forman las asociaciones, las agrupaciones, las nacio- 
nalidades, y que la geografía política, emancipada del 
antiguo derecho divino de los reyes, tiende a buscar esas 
afinidades y a agruparse bajo un solo gobierno : el nue- 
vo reino de Italia y el imperio alemán compiiieban esta 
tendencia natural. 

Y estas nuevas ideas del derecho público europeo han 
sido implícitamente reconocidas en la nota colectiva que 
sancionaron las potencias mediadoras que tomaron par- 
te en la conferencia de Berlín, la que, concebida en tér- 
minos muy moderados, explica al gobierno turco y al 
griego, que los plenipotenciarios se propusieron señalar 
entre la Turquía y la Grecia una frontera definitiva, 
sólida y buena, e indicar el trazado geográfico de los lí- 
mites arcifinios para conseguir ese resultado ''que las 
potencias mediadoras hallaron unánimemente conformes 
al espíritu y a los términos del congreso de Berlín y 
del protocolo 13." de dicho congreso''. Tal es la más mo- 
dernísima sanción de los límites arcifinios para las di- 
visiones internacionales . 

Considero conveniente reproducir el texto del doea- 
mento : 

''Esa mediación, para ser eficaz, debía ejercerse en to- 
da su plenitud y los gabinetes, en presencia de las dis- 
posiciones recíprocas de los dos estados interesados, han 



48 VICENTE G. QUESA.DA 

prescripto a sus representantes reunidos en conferencia 
en Berlín, que fijen, conformándose a las indicaciones 
generales del protocolo 13.°, una línea capaz de consti- 
tuir entre Grecia y Turquía una buena y sólida fronte- 
. ra defensiva . 

Los plenipotenciarios, después de la más atenta discu- 
sión, ilustrados con las indicaciones de los comisarios 
técnicos delegados por sus gobiernos, han votado por 
unanimidad, según los términos de los mandatos reci- 
bidos, el trazado expresado en el acta siguiente, que 
reasume sus deliberaciones: '"No habiendo dado resulta- 
do las negociaciones entre Turquía y Grecia para la rec- 
tificación de sus fronteras, los abajo firmados, plenipo- 
tenciarios llamados por las previsiones del acta de 3 de 
julio de 1878, a ejercer la mediación entre ambos esta- 
dos, se han reunido en conferencia en Berlín, de confor- 
midad con las instrucciones de sus gobiernos, y después 
de madura deliberación, inspirándose en el espíritu y la 
letra del protocolo 13.° del congreso de Berlín, han adop- 
tado por unanimidad el siguiente trazado: "La frontera 
seguirá el tlutlwcy del Kalamas desde la embocadura de 
ese río en el mar Jónico hasta su fuente, cerca de Han- 
Kalabaki, después las crestas que forman la línea de se- 
paración entre las cuencas; al norte del Wuitza. del Ha- 
liaemon y del Malcrueri y sus tributarios; al sur, del 
Kalamas, el Arta, el Aspropotamos y el Salambiyas (Pe- 
neo antiguo) y sus tributarios para llegar a Olimpia, 
desde donde seguirá la cresta hasta su extremidad orien- 
tal sobre el mar Egeo. Esa línea deja al sur el lago de 
Janina y todos sus afluentes, lo mismo que Metzwo, que 
quedarán como territorio griego". 

"En consecuencia, los gobiernos de Alemania, Austria- 
Hungría, Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia, invi- 
tan al gobierno de S. jNI. el emperador de los otomanos 
y al de S. M. el rey de los Helenos a aceptar la línea de 
fronteras indicada en el anterior documento y que las po- 
tencias mediadoras, reunidas en conferencia, han unáni- 
memente reconocido como conforme al espíritu y a la 
letra del tratado de Berlín y del protocolo 13.° del con- 
greso. (Siguen las firmas)". 

De manera que, cuando pueblos de una misma raza, 
so encuentran separados por montañas, con necesidades 
diferentes, con hábitos diversos, esas agrupaciones tien- 



hlSTORÍA DIPLOMÁTICA HÍSPANO - AMERICÁX.V 49 

den lógicamente a formar personalidades jurídicas dis- 
tintas. 

Fiore dice: "... pensamos que la verdad está en el 
justo medio". "La nacionalidad une todos los hombres 
que han combatido y sufrido por la misma causa, que 
han triunfado de los mismos enemigos y gemido por los 
mismos desastres; que han vivido de las mismas ideas y 
cuyas costumbres y aptitudes se han desarrollado en la 
misma vía. I^a nacionalidad es la patria- con su historia, 
sus tradiciones conservadas en común. Los lazos natura- 
les de la raza unen los hombres exteriormente, por la 
forma física y el idioma, los lazos formados por las 
nacionalidades los unen interiormente, por las ideas, por 
el alma, por todo lo que constituye al hombre moral" (1). 

Ahora bien: aplicando estos principios a las divisio- 
nes gubernativas hechas en América durante el reinado 
de. Carlos III, paréceme pueden justificarse con la exac- 
titud de estas teorías. En efecto,, los pueblos que habi- 
tan las comarcas de este lado de los Andes tienen esos 
vínculos, esta tradición común, los mismos infortunios 
y las mismas glorias, y luego y sobre todo tienen la co- 
munidad de intereses que no los llevan a tramontar la 
cordillera, sino a extenderse para buscar las salidas na- 
turales con arreglo a la topografía territorial, que son 
las costas fluviales y marítimas. Los que habitan un te- 
rritorio dividido por montañas y por mares y ríos, con 
la misma religión y el mismo idioma, constituyen una 
nacionalidad, histórica y geográficamente, por más que 
las teorías sean difícilmente aplicables en la práctica : 
Chile y la República Argentina, por ejemplo, forman y 
formarán dos naciones distintas; aunque hablen el mis- 
mo idioma, son agrupaciones de una misma raza, que se 
dan la espalda a través de la cordillera para que cada 
grupo tenga a su frente un mar diverso, es decir, diver- 
sidad de comercio, de industrias, de vida exterior, de re- 
laciones internacionales diferentes. 

El derecho internacional europeo, pregona como una 
victoria de la ciencia (2) las modificaciones introduci- 
das en la geografía política europea por el congreso de 
Berlín, por las cuales prescindiendo de los derechos del 



(1) Nouveau droit intcniational puhlic etc., par Pascuale Fiore, tra- 
duit de ritalien par P. Pradiér Podéré. — 1868. 

(2) V. Revnr de Droit International et de Législation comparée, 
t. II, 1879. 



50 Vicente g. quesA.da 

sultán, se crean nuevas naciones, se rectifican las fron- 
teras, se independizan pueblos y se buscan en los límites 
areifinios y en otras condiciones, los rasgos que caracte- 
rizan la diversidad de los estados. 

La ciencia arriba a los mismos resultados que Carlos 
III realizó en América cuando demarcó los territorios 
del virreinato del Río de la Plata y de la capitanía ge- 
neral de Chile. En efecto, fundándose tal demarcación 
en la geografía, debería persistir en el presente, puesto 
que los límites areifinios son inalterables. Por esta razón 
el uti possidcfis de dcrccJio del año diez, constituye la 
más -sólida garantía para la conservación de las nuevas 
nacionalidades y para el mantenimiento de la paz en 
América. Carlos III trazó instintivamente límites ade- 
cuados para estados independientes y libres, y sería pe- 
ligroso rectificar tales fronteras por la fuerza, porque 
entonces sería necesario reconocer como legítimo el de- 
recho de conquista y como consecuencia- la paz armada 
para mantener el equilibrio, reproduciéndose en América 
el cáncer peligroso de los ejércitos permanentes, que es 
el problema que preocupa actualmente a los hombres de 
estado del continente europeo. 

Los gobiernos monárquicos en Europa, anduvieron di- 
verso camino que el recorrido por las naciones formadas 
en las colonias americanas. 

El congreso de Viena con el propósito de garantir la 
estabilidad de los tronos y la legitimidad de los reyes 
y príncipes reinantes, pretendió fijar como base la in- 
mutabilidad de las demarcaciones territoriales. Pero los 
sucesos y el desenvolvimiento progresivo de las nacio- 
nes, no pueden ser detenidos por tratados, como un di- 
que que contiene un torrente ; y a pesar de esas estipu- 
laciones, se jiroduce la unificación del reino de Italia, y 
en 1861 la Gran Bretaña es la primera en reconocer 
el nuevo reino, sin atender a la protesta de Austro- 
Hungría, potencia signataria del tratado de 1815, quá 
consagraba la división de Italia en muchos estados. Es- 
te hecho prueba que nada hay inmutable, y que las 
demarcaciones políticas que no tienen por base las le- 
yes geográficas del suelo y se sujetan a la configura- 
ción del territorio, son como todas las creaciones hu- 
manas, transitorias y efímeras. 

Imposible habría sido, de otra manera, la pacifica- 
ción de Oriente. La Rumania no sería una potencia in- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 51 

dependiente, el Montenegro no tendría puertos maríti- 
mos, la Bulgaria no sería autonómica y la Grecia no 
podría rectificar sus fronteras, aumentándolas con la 
Tesalia y el Epiro, 

¿Cuál es el progreso de la ciencia que ha permitido 
esa modificación en la geografía política europea? ¿De 
dónde ha partido la iniciativa? 

"Mamiani considera el estado como la idea madre en 
el derecho de gentes. Por lo que respecta al derecho de 
gentes positivo y la historia, creemos también que esta 
manera de ver es la verdadera. Para lo porvenir es ne- 
cesario acordar: que la coincidencia entre la nacionali- 
dad y la composición del estado debe ser el objeto que se 
persiga, desde que surja un conflicto entre la conciencia 
subjetiva de las naciones y la situación objetiva del es- 
tado que la historia ha hecho". 

Holtzendoff dice: "Las consecuencias extraordinarias 
que el principio de las nacionalidades ha recientemente 
provocado en Italia y Alemania, no pueden ser conside- 
radas como pruebas de su aplicabilidad general. El 
asiento de los problemas no resueltos aún por la ciencia 
del derecho, se encuentra en la parte oriental de la Eu- 
ropa, donde fragmentos variados de nacionalidades las 
más diversas viven entremezclados los unos con los otros, 
casi siempre recíprocamente animados de sentimientos 
hostiles, pero demasiado débiles para constituirse y vi- 
vir como estados independientes" (1) . 

Este problema es el que ha intentado resolver el con- 
greso de Berlín. 

¿ Cuál es el principio de derecho internacional que 
se incorpora al derecho público europeo? 

"Es primeramente que el derecho se desarrolla y mo- 
difica, en oposición al principio de la inmutabilidad del 
derecho histórico de los tratados y de las dinastías. Este 
ruevo principio — dice Bluntschli — favorece y prote- 
ge el progreso de las naciones; da una legítima satis- 
facción a sus necesidades crecientes provocando la crea- 
ción de nuevos estados. Resulta de la comparación de 
la acta del congreso de Viena en Í815 con la acta del con- 
greso de Berlín, que en Viena el principio de la legi- 
timidad de los derechos de las antiguas dinastías y de 



(1) Recue de Droit. Jnleniaiional et de Léíjinlation comparée — t. II, 
1870, París. 



52 VICENTE G. QUESADA 

SU restauración — que no fué, por lo demás, proclamado 
expresamente — ejerció una acción tan eficaz como lo 
hizo en Berlín el principio del desarrollo de los estados 
nuevos. El congreso de Berlín se lia emancipado de los 
escrúpulos de la legitimidad como de despojos marchitos 
de otra edad. No ha visto en la soberanía y zuzeranía 
del sultán, cosa alguna inviolable y sagrada; las ha sa- 
crificado por todas partes donde lo exigían el desarrollo 
de la vida nacional. En el deslinde de las fronteras de 
las nuevos estados ha tomado en consideración las nece- 
sidades naturales de las poblaciones, las necesidades es- 
tratégicas y políticas, más bien que la tradición, las le- 
yes y lois tratados". 

La doctrina sostenida calorosamente por el canciller 
del imperio alemán, es la de los límites arcifinios, que 
consultando las necesidades estratégicas y políticas de 
una nación, garanten sai independencia y constituyen fí- 
sicamente una personalidad. Estas doctrinas han sido 
desenvueltas con la arrogante pertinacia (lue caracteriza 
al príncipe de Bismark. 

El tratado de Berlín hizo de la Rumelia una pro- 
vincia autonómica, ligada, empero, al imperio otomano : 
la Bulgaria ha sido convertida en estado semisoberano. 
unida por débiles lazos al sultán ; la Bosnia y la Herze- 
govina, creadas en un estado nuevo de un orden singu- 
lar, quedan a cargo de Austro-Hungría. La Serbia, la 
Rumania y el Montenegro, constituyen ahora estados 
libres, y sus fronteras han sido ensanchadas, creándose 
nuevos reinos que han sido reconocidos por los gobiernos 
europeos. 

De manera que el antiguo principio de la legitimidad 
de los príncipes, ha sido reemplazado por el principio 
moderno y vivo del desarrollo natural de los pueblos. 

Y es precisamente la exacta y perfecta ejecución de 
este principio, recién aceptado en la Europa moderna, 
lo que la América estableció como regla jurídica de las 
nacionalidades hispano-amerieanas: el uti possidetis de 
derecho de 1810 ; porque, precisamente el rey de Espa- 
ña al demarcar los límites de los virreinatos y capitanías, 
lo hizo generalmente tomando por base la geografía del 
continente, la topografía de los lugares, los límites arci- 
finios por garantía, sobre todo en las demarcaciones úl- 
timas. 

"Cuando se trata de fronteras --- dice Fiore — ob- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISTANO - AMERICANA 53 

Svervaremos que el derecho de ocupación no puede ser 
invocado sino en tanto cuanto estas fronteras son in- 
decisas y eventuales, porque no tendría ningún valor si 
ellas estuvieran fijadas por la misma naturaleza, y esto 
es lo que sucede frecuentemente. ¿No se ve casi por todas 
partes, las fronteras marcadas por los accidentes del te- 
rreno, las montañas, los lagos? Pues estas fronteras las 
consideramos como inmutables e indispensables a la se- 
guridad de los pueblos, a los intereses del comercio, de 
la agricultura, de la industria, tanto como al servicio ^<^e. 
la administración. En este caso, la ocupación material 
no constituye un derecho suficiente a la propiedad; lo 
que la naturaleza ha hecho en el interés de los pueblos 
debe ser respetado" (1) . 

Bluntsehli dice: "Cuando dos países se hallan sepa- 
rados por una cadena de montañas, se admite en caso 
de duda que la cresta superior y la línea divisoria de las 
aguas forman el límite. Las cadenas de montañas sirven 
frecuentemente para separar los pueblos. La línea di- 
visoria de las aguas está fijada por la más alta cresta 
de la cadena. De la misma manera que las aguas des- 
cienden en el valle y forman arroyos y ríos, del mismo 
modo el valle forma el centro de las relaciones entre los 
habitantes de las montañas circunvecinas. Las naciones 
lo han comprendido desde muy temprano, y han hecho 
de las cimas de las montañas sus fronteras natu- 
rales" (2). 

La conveniencia de deslindar las fronteras de dos na- 
ciones por límites naturales, fué siempre sostenida por 
los diplomáticos alemaiies en 1815,' entre otros, por el 
barón de Humboldt, por el príncipe de Wurtemberg, és- 
te decía que la Alemania del Sud no podría estar nunca 
segura, sino adquiriendo nuevamente la frontera na- 
tural de los Vosgos. 

"Mancini, en un célebre estudio sobre la nacionali- 
dad "como fundamento del derecho de gentes" (1851), 
después de haber examinado la composición y las vicisi- 
tudes de las diferentes naciones, define la nación "una 
sociedad natural de individuos que la unidad del suelo, 



(1) Nouveaxí droit iniernafional public, suivant les besoins de la ci- 
viUzatinn vioderiir., par Pascuale Fiore, traduit de ritalien par P. Pradiér 
Fodéré. — París, 1868. 

(2) Le Droit International codifié, par M. Bluntsehli, traduit de 
rallemand par M. C. Lardy. — París, 1874. 



54 , VICENTE G. QUESADA 

de origen, de costumbres y de idioma, predispone a una 
vida común y a una conciencia social". 

Si la teoría de las nacionalidades puede ser perturba- 
dora en Europa, ella es conservadora en la América es- 
pañola, porque cada grupo de un mismo origen, se en- 
cuentra por la acertada demarcación de los virreinatos 
y capitanías generales, cuando coinciden con límites na- 
turales, en las condiciones de consolidai-se por el ros- 
peto recíproco y por la paz. 

"No había, por otra parte, en Europa — dice un pu- 
blicista italiano — ningún país donde estos caracte- 
res de nacionalidad se encontrasen más armónicamente 
reunidos comiO en Italia; la lengua, la literatura, la con- 
figuración geográfica, los intereses ecomSmicos, la raza, 
el sentimiento, en fin, y la conciencia de pertenecer a 
una misma nación, las tradiciones históricas gloriosa^-, 
todo conspiraba a hacer de esta nación un solo y gran- 
de estado". 

Y el hecho se ha cumplido, lo que vendría a justificar 
la exactitud de la teoría . 

En América pueden aplicarse también los misaios prin 
cipios. 

La geografía marca providencialmente los rasgos físi- 
cos que distinguen una nacionalidad. Los Andes divi- 
den dos territorios diversos, por la naturaleza del sue- 
lo, por las producciones, por el clima, y esta diversi- 
dad geográfica enjendra y produce necesidades diver- 
sas y constituye rasgos típicos peculiares y acentuados 
en las poblaciones de uno y otro lado de los Andes. Las 
necesidades estratégicas y políticas, como las necesidades 
económicas y mercantiles de las poblaciones, cuyas cos- 
tas bañan dos océanos diversos, forman irrevocablemen- 
te dos naciones recíprocamente independientes. Por eso 
se repite, con justicia, que la demarcación del virrei- 
nato en 1776 y la de la capitanía. general de Chile en 
1783, han formado dos moldes para fundir dos pueblos 
separados. 

Con relación a estos antecedentes se llama derecho 
histórico en América, el que se funda en estos hechos y 
establece las relaciones legales entre los pueblos de un 
origen común. Es diferente, pues, en su origen y en sus 
fines al derecho histórico europeo, cuya base era la le- 
gitimidad de los reyes, el derecho divino como funda- 
mento y la permanencia de los tronos como fin. Cuan- 



, HISTORIA DIPLOMÁTICA HlSl'ANO - AMERICANA 00 

do me refiero al derecho histórieo y geográfico america- 
no que ha dado nacimiento al principio del uti posside- 
tis de derecho de 1810, estoy muy lejos de tener en cuen- 
ta el derecho monárquico, ni la permanencia de la di- 
nastía española, sino los hechos históricos que demostra- 
ron el absurdo de pretender la inmutabilidad de las le- 
yes fiscales de la colonia, el comercio de CL4e conti- 
nente con dos puertos únicos, Puerto Bello en el Atlán- 
tico, Panamá en el Pacífico, y una feria anual de cua- 
renta días para todas las operaciones mercantiles : me 
refiero, por el contrario, a la historia que demostró la 
inconveniencia de señalar territorios para ser goberna- 
dos en virtud de contratos y capitulaciones, probando el 
error económico y político de esas demarcaciones hechas 
sin conocimiento geográfico de las comarcas ; me refiero, 
en una palabra, a la historia política, económica, social 
y .administrativa de los dominios españoles, cuyas ense- 
ñanzas fecundas aprovechó el rey, cuando tomando por 
base las necesidades naturales del desarrollo progresivo 
de la Amárica y la configuración geográfica del terri- 
torio, fundó el virreinato del Río de la Plata, indepen- 
dizó la capitanía general de Chile, y desmembró el te- 
rritorio del virreinato del Perú. En vez de reconocer 
S. ]M. que los contratos o capitulaciones para la conquis- 
ta eran inmutables, prescindió de ellos, y sólo se ocupó 
del interés de la nación, cuyas divisiones marcó por lí- 
mites arcif inios, que son los únicos inmutables . 

De manera, pues, que cuando he sostenido (1) la sub- 
sistencia de la demarcación del virreinato de Buenos 
Aires, por ejemplo, no me fundo simplemente en la le- 
galidad de las resoluciones del rey, que así lo estableció, 
me apoyo también en el iiti possidetis del año diez, en 
la ocupación legal del territorio, en la posesión civil, y 
en el principio cu.ya conquista acaba de quedar sancio- 
nada en el congreso de Berlín ; en la necesidad, por úl- 
timo, de conservar los límites arcifinios. El cambio que 
se ha producido en la geografía política de la Europa 
después de la guerra turco-rusa, es un ejemplo que ro- 
bustece con la autoridad moral, el buen derecho de la Re- 
pública Argentina en sus cuestiones con Chile y Boli- 
via. No me refiero a las cuestiones que sobre demarca- 



(1) Véase Virreinafo del Río de la Plata, 1776-1810, por Vicente Q. 
Quesada, 



56 VICENTE G. QUESADA 

cióii territorial están pendientes con el imperio del Bra- 
sil, porqne a este re-speeto rigen otros principios, como 
demuestro en el estudio que hago sobre las cuestiones 
de la república del Uruguay y dicho imperio. 



II 

PRFXT.DENTES DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO 

De qué manera se ha introducido en el derecho públi- 
co hispauo-americano el principio del iiti jwssidetis de 
derecho del año diez, es lo que me propongo examinar 
ahora, porque esc estudio interesa al historiador, al ju- 
risconsulto y al hombre de estado. 

Estudiaré cuáles han sido los congresos americanos 
que se han reunido, y cuáles los tratados parciales en 
que se ha reconocido ese principio de derecho. 

"La ciencia distingue dos especies de tratados inter- 
nacionales, los cuales difieren, sea bajo el punto de par- 
tida de su forma, sea bajo el punto de mira de los efec- 
tos que producen. Los unos se ajustan entre los estados 
aislados -con el objeto de crear obligaciones jurídicas, 
convencioncdes . . . " 

Los otros son celebrados por medio de plenipotencia- 
rios reunidos en congreso, y especialmente por los que 
representan las grandes potencias europeas, convocadas 
con la mira de establecer reglas durables, de dictar, por 
decirlo así, leyes internacionales. 

"Los primeros, como por ejemplo, los tratados relati- 
vos a la rectificación de las fronteras, al empalme de las 
líneas de ferrovías, a las tarifas aduaneras,, etc., ofre- 
cen en general una cierta analogía con los contratos de- 
venta, de locación y de préstamo del derecho privado, 
aun cuando entre sí revistan un carácter eminentemente 
político, como los tratados de alianza, y no puedan por 
ello ser sometidos a las reglas del derecho privado. Los 
segundos son análogos a las leyes. En tanto cuanto no 
haya para la Europa un cuerpo legislativo, esos trata- 
dos deben emanar de los congi'esos, los cuales, formulan- 
do con autoridad de reglas jurídicas, hacen en virtud del 
acuerdo de las potencias lo que hace el legislador en 
virtud de su sola autoridad. Estos tratados son, para em- 
plear el término técnico, instar legis". 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 57 

Tal es la doctrina aceptada. 

Conviene ahora recurrir a los precedentes del dere- 
cho público hispanoamericano, 

"El pacto ([ue inició la diplomacia hispanoamei-icana 
■ — dice un publicista — fué el tratado de 28 de mayo de 
1811 celebrado en Bogotá -entre las Provincias Unidas 
de la Nueva Granada y Venezuela ; por parte de la pri- 
mera concurrió el presidente de Cundinamarca, general 
Nariño, y por la segunda el canónigo chileno Jo&á Cor- 
tes Madariaga. Aquel tratado fué de alianza y federa- 
ción, y. su artículo prii'iiero decía: "Habrá amistad, 
alianza y unión federativa, entre los dos estados, garan- 
tizándose la integridad de los territorios de sus respecti- 
vas demarcaciones, auxiliándose mutuamente en los casoá 
de paz y guerra, como miembros de un mismo cuerpo po- 
lítico, y en cuanto pertenezca al interés común de los es- 
tados federados. 2° La demarcación y límites de los dos 
estados se acordarán por un tratado separado, tirándose 
la línea divisoria de los dos estados por parte que parez- 
ca más-oportuno, proporcionándose una recíproca indem- 
nización de lo que mutuamente se cedan, y esta decisión 
se hará por geógrafos nombrados por ambos" (1) . 

¿Cuáles eran los límites de sus territorios respectivos? 
Indudablemente que los que las leyes de la metrópoli cle- 
nominai'on nuevo reino de Granada y capitanía general 
de Venezuela. Esto importa reconocer el uti possidetis 
legal, puesto que la garantía recíproca tenía un objeto 
material en vista, es decir, la conservación de la integri- 
dad cíe sus territorios. No se refieren, no podían referir- 
se, a la posesión efectiva, porque dentro de esas demar- 
m aciones había territorios desiertos, y, por tanto, no po- 
seídos materialmente. 

Para demostrar que esta doctrina se refiere a la pose- 
sión civil, basta recordar su origen. La primera vez que 
se usó de ella fué en el congreso de Breda, al celebrar la 
paz entre la Holanda y la Inglaterra en 1667, y desde 
entonces se refería a lo legítimo, es decir, al derecho, 
pues se convino "en que ambas partes devolverían to- 
das las conquistas". No fué, en consecuencia, para san- 
cionar una ocupación bélica, sino por el contrario, para 
restablecer las demarcaciones legales anteriores a esa 
guerra. Este es el origen que en el derecho de gentes 



(1) El Nacional. — Lima, viernes 24 de abril de 1874. 



58 VICENTE G. QUESADA 

tiene el principio del uti possidetis. Conviene tenerlo 
bien presente. 

De modo que, cuando los nuevos estados hispano- 
americanos aplicaron ese mismo principio, le dieron el 
mismo alcance jurídico. 

En efecto: al convocar el congreso de plenipotencia- 
rios en Panamá, el secretario de relaciones exteriores de 
Colombia expuso ante el congreso cuáles debían ser las 
bases de aquella tentativa de confederaci(')n americana. 
La primera era para consolidar su libertad e indepen- 
dencia: '' . . . garantizándose mutuamente la integridad 
de sus territorios respectivos. Se invoca el mismo prin- 
cipio del tratado de 1881, ya citado. La segunda dice 
textualmente: "que para hacer efectiva esta garantía se 
estuviese al vfi possuletis de 1810, según la demarcación 
de cada capitanía general o virreinato, erigido en es- 
tado soberano''. 

Clarísima es esta base: no puede admitir otra inter- 
pretación que la posesión civil, porque de otra manera 
. quedarían territorios que no poseídos de hecho, no po- 
drían ser del dominio de ninguna, lo que sería un ab- 
surdo . 

"Colombia al adoptar el uti possidetis de 1810 — dice 
el publicista ya citado — como base para fijar sus fron- 
teras, y al convocar a fes otras repúblicas al congreso 
de Panamá para que adoptaran tal principio, lo definía 
de un modo claro, y sin dejar lugar a dudas". 

Estos eran los antecedentes institucionales de la na- 
ción que tomó la iniciativa. La constitución colombiana 
de 1819 proclamó ese principio, y la de 1821 dijo: "Los 
pueblos de la extensión expresada (el virreinato y la 
capitanía general) que están aún bajo el yugo español, 
en cualquier tiempo que se liberten harán parte de la 
república". 

Esto confirma que se trataba de la demarcación le- 
gal, de la posesión ci^'il, y en manera alguna de la po- 
sesión real. 

La misma doctrina sostuvo el representante de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata en Washington, 
cuando gestionaba el reconocimiento de la independen- 
cia, cuyo territorio comprendía la Banda Oriental, ocu- 
pada a la sazón por fuerzas portuguesas. 

En el Perú fué idéntica la doctrina: "En 1822, cuan- 
do todavía luchaba por su independencia, se inició con 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA ;>.♦ 

Colombia la cuestión sobre la provincia ele Jaén y parte 
de la de Mainas. Colombia pretendía que estos territo- 
rios habían pertenecido a su distrito desde la creación 
de Nueva Granada en 17-LO". Pero el Peni replicaba 
que posteriormente habían sido desmembrados de aquel 
y agregados al de Lima. i ' i 

El tratado de 1822 entre estas repúblicas aplazo la 
cuestión de deslinde, por razones muy atendibles, pero 
para conservar el sfatu quo se pactó que esas provincias 
no enviasen diputados al congreso peruano. 

En 1823 se celebró un tratado entre ambas, cuyo art. 
1." dice: ''Ambas partes reconocen por límites de sus 
territorios respectivos los mismos que tenían en 1810 los 
ex virreinatos del Perú y Nueva Granada". 

De acuerdo a tales precedentes de derecho público 
positivo se reunió al fin el congreso de plenipotencia- 
rios en 1826 ; concurrieron a Panamá los plenipotencia- 
rios de Colombia, Centro América, Perú y México, o co- 
mo se llamaba entonces Estado.s Unidos Mexicanos. Es- 
tos plenipotenciarios firmaron el 15 de julio de 1826 un 
tratado de unión, liga y confederación perpetua. El ar- 
tículo 21 dice textualmente: "Las partes contratantes 
se obligan y comprometen a sostener y defender la inte- 
gridad de sus territorios respectivos- oponiéndose eficaz- 
mente a los establecimientos que se intenten hacer en 
ellos sin la correspondiente autorización y dependencia 
de los gobiernos a quienes corresponden en dominio y 
propiedad ; v a emplear, al efecto, en común sus fuerzas 
y recursos si fuese necesario". Art. 22. — Las partes 
contratantes se garantizan mutnamente la integridad de 
sus territorios, luego que en virtud de convenciones par- 
ticulares que celebrasen entre sí, se hayan demarcado y 
fijado sus límites respectivos, cuya conservación se pon- 
drá entonces bajo la protección de la confederación". 

Corpancho recuerda que este congreso americano lla- 
mó la atención europea, por considerarlo antípoda al 
congreso de Viena. Benjamín Constant y el abate De 
Prat, se ocuparon de él, y el comentador de Martens, de- 
cía en 1858 que su anuncio excitó un vivo interés, com- 
placiéndose en considerarlo — dice Vergé — como una 
especie de contrapeso de la Santa Alianza. En los pro- 
tocolos y en los tratados firmados por los plenipotencia- 
rios el 15 de julio, el principio del uti possideUs fué ca- 
nonizado. 



60 VICENTE G. QUESADA 

No concurrió a tiempo el plenipotenciario de los Es- 
tados Unidos, pero sus instrucciones fueron pu])licadas 
en la obra que se dio a luz en Londres, con el título -de 
Colombia, que se ha atribuido al eminente Zea. Por su 
lectura — dice Corpancho — se adquiere la convicción 
que la gran república había dado respetabilidad a la 
doctrina, que ella puso en práctica en su tratado de 
emancipación en 1782, y en la organización federativa 
de sus estados con los mismos límites que les daban sus 
actas de instalación, según lo hace notar Story (1) . 

Ese tratado, como los convenios complementarios, no 
tuvieron ejecución real; quedó, empero, la doctrina, y 
es en este sentido que recuerdo la estipulación relativa 
a las demarcaciones territoriales, y la obligación con- 
traída de no consentir colonización europea en América, 
concordante con lo expuesto por el ministro colombiano 
al congreso de Colombia, al convocar el de Panamá. 

En 1831 y luego en 1840, la república de México ini- 
ció la convocación de otro congreso de plenipotenciarios, 
pero no tuvo ulterioridad su iniciativa. 

El ministro de relaciones exteriores del Perú, Jo&á Gr. 
Paz Soldán, por oficio datado en Lima a 9 de noviembro 
de 1846, manifiesta que para satisfacer la necesidad de 
asegurar la independencia e instituciones de los estados 
americanos, se ha creído conveniente convocar un con- 
greso de plenipotenciarios, proyecto que fué aplazado 
por sucesos imprevistos; pero que la invasión del Ecua"- 
dor, bajo los auspicios del gobierno español, ha hecho 
sentir la urgente necesidad de realizarlo. Y por ello 
invita al gobierno argentino. 

Contestó el ministro Arana por oficio de 17 de ene- 
ro de 1847: "Que las extraordinarias circunstancias en 
que se halla la república no le permiten ocuparse de es- 
te asunto que, por su misma magnitud e interés, exije 
seria y profunda meditación y calma". 

La agitación era promovida por la invasión del ge- 
neral Juan José Flores, con fuerzas extranjeras, amena- 
zando la organización política del Ecuador. 

El gobierno de Chile tomó la misma actitud que el 
Perú, Bolivia, Nueva Granada y el Ecuador, así como 
otras repú])licas. Estos sucesos justificaban la convenien- 



(1) Revista de Lima, t. IV, 1861. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 6l 

cia de un congreso de plenipotenciarios, que se proyec- 
taba en la ciudad de Lima. 

El ministro argentino en la Gran Bretaña había co- 
municado en 5 de octubre de 1846, que "el general Flo- 
res reunía en España un ejército expedicionario contra 
el Ecuador, para restablecerse en su gobierno y restau- 
rar la dominación española bajo una monarquía, que 
había de componerse del Ecuador, Nueva Granada, Pe- 
ni y Bolivia, y recaer en un hijo de la reina Cristina". 

Con este motivo M. M. Mallarino, ministro de rela- 
ciones exteriores de Nueva Granada, por oficio datado 
en Bogotá a 15 de. marzo de 1847, y dirigido al de igual 
clase en Buenos Aires, le exponía los escollos en que ha- 
bían fracasado las anteriores convocatorias, y la necesi- 
dad de ponerse de acuerdo los gobiernos sobre los objetos 
que debían ser materia de arreglos. Se preocupa del ar- 
bitraje, esta dorada ilusión de los que intentan suprimir 
la guerra con los mirajes de la paz perpetua, sustituyen- 
do los pleitos internacionales a los ejércitos y a la 
fuerza. La ilusión dura, se pacta el arbitraje y, sin em- 
bargo, se recurre a la guerra, recuérdese a Chile, Boli- 
via y el Perú, que son un triste ejemplo. 

"Como medios de cortar la guerra entre los Estados 
ligados — decía Mallarino — debería estipularse: 1.°, 
el modo de fijar los límites que sean dudosos entre dos 
o más estados; y los principios que deban servir de nor- 
ma para fijar estos límites, de suerte que en cuanto sea 
practicable se mantenga el uti possidetis de 1810. . . " 

Me concreto sólo a este tópico para no complicar la 
exposición . 

La 4." base es importante: "La de no autorizar con su 
reconocimiento los actos de porción alguna de los esta- 
dos ligados que pretenda erigirse por vías de hecho en 
nación independiente, o agregarse a otra, sea cual fuere 
el pretexto con que tales actos se ejecuten". 

Estos dos principios tienen una importancia capital. 
El priinero, es el reconocimiento de la base aceptada 
uniformemente por todos los estados, como el origen 
legal de su soberanía territorial: la posesión civil del 
año diez, dentro de cuyas demarcaciones se formaron 
las nuevas repúblicas. El segimdo, es la conservación 
de la geografía política del continente, y aunque bueno 
en teoría, es difícil paralizar los sucesos y pactar la 
inmutabilidad política territorial. La Europa lo intentó 



62 VÍCENTE G. QUESADA 

en 1815 ; pero después ha recurrido a otro tempera- 
mento más positivo, que estos cambios sean en virtud 
de sanción de los plenipotenciarios de las grandes po- 
tencias, lo que ha sucedido en el congreso de Berlín. 

Volviendo a la circular del gobierno granadino, fué 
contestada por el argentino en 15 de septiembre de 
1847, aplaudiendo el celo que manifestaba por el éxito 
del congreso de plenipotenciarios: "...La exactitud en 
señalar como puntos vitales los que indicaba la nota, pe- 
ro manifestando que la intervención europea en el Pla- 
ta era un obstáculo invencible para tomar detenida- 
mente en consideración el importante asunto de la re- 
unión de un congreso americano". 

Reunióse en Lima el mismo año de 1847, y concu- 
rrieron los plenipotenciarios de las siguientes repúbli- 
cas: por el Perú, Manuel Ferreiros; por Chile, Diego 
José Benavente; por Bolivia, José Ballivian; por el 
Ecuador, Pablo Merino, y por la Nueva Granada, Juan 
Francisco Martín. 

En la conferencia eelebrada el 16 de diciembre de 
1847, según consta del respectivo protocolo, el plenipo- 
tenciario de Nueva Granada, de acuerdo con los de 
Chile y Bolivia, presentó un proyecto de tratado de 
confederación americana, cuyo art. 7.°, por su impor- 
tancia internacional y como teoría de derecho, voy a re- 
producir: 

"Art. 7.° — Las repúblicas confederadas reconocen 
como principio fundado en un derecho perfecto, para la 
fijación de sus límites respectivos, el uti possideiis de 
1810 ; y para demarcar dichos límites donde no lo estu- 
vieren de una manera natural y precisa, convienen en 
que cuando esto ocurra, los gobiernos de las dos repú- 
blicas interesadas, nombren comisionados, que reimidos 
y reconociendo, en cuanto fuere posible, el territorio de 
que se trate, determinen la línea divisoria de las dos re- 
públicas, tomando las cumbres divisorias de las aguas, 
el thulweij de los ríos n otras líneas naturales, siempre 
que lo permitan las localidades; a cuyo fin podrán ha- 
cer los necesarios cambios y compensaciones de territorio 
de la manera- que consulte mejor la recíproca conve- 
niencia de las dos repúblicas. Si ellas no aprobasen la 
demarcación hecha por los eomisionados o si éstos no 
pudiesen ponerse de acuerdo para hacerla, se someterá 



HÍSTORÍA diplomática híspano - AMERICANA 63 

fel asunto a la decisión arbitral del congreso de los ple- 
nipotenciarios de las repúblicas confederadas. 

" (Inc.) 1.° — También se ocurrirá al arbitramento del 
congreso de los plenipotenciarios cuando se dude cuá. 
de los gobiernos coloniales debía ejercer jurisdicción 
sobre su territorio, al tiempo de proclamarse la lude 
pendencia, y por tal motivo no hayan podido fijarse de 
común acuerdo entre dos de las repúblicas confedera- 
das sus respectivos límites. 

"(Inc.) 2.° — Las repúblicas que habiendo sido par- 
tes de un mismo estado, al proclamarse la independen- 
cia, se separaron después de 1810, serán eonsideradas 
con los límites que se les reconocieran al tiempo de 
constituirse, sin perjuicio de los tratados que hayan ce- 
lebrado o celebraren para variarlos o perfeccionarlos 
conforme al presente artículo. 

■ "(Inc.) 3.° — Lo aeordado en este artículo en nada 
altera los tratados o convenciones sobre límites celebra- 
dos entre algunas de las repúblicas confederadas, ni 
contraría la libertad que éstas tienen para arreglar en- 
tre sí sus respectivos límites; pues sólo en el caso de 
que esto no pueda verificarse y que por ello haya peli- 
gro de que alteren las buenas relaciones de las repúbli- 
cas interesadas, será que, a solicitud de dichas repúbli- 
cas o de una de ellas, se constituirá el congreso de ple- 
nipotenciarios en arbitro, para decidir sobre el punto 
cuestionado". (1). 

El artículo 8.° refiere que, ni la anexión, ni la divi- 
sión de los estados, podría hacerse sin el acuerdo del 
congreso de plenipotenciarios, para garantir así la esta- 
bilidad de las demarcaciones arcifinias y la indepen- 
dencia de los nuevos estados, es decir, el (equilibrio po- 
lítico. 

Consta en el protocolo de la conferencia del día 20 
del mismo mes, que el plenipotenciario del Perú propu- 
so se substituyese el año del uti possidetü, en vez de se- 
ñalarse el de 1810, de fijarse aquél en que quedó asegu- 
rada la independencia de los estados de la América 
del Sud, es decir, en 1824; pero todos los demás pleni- 
potenciarios sostuvieron que no debía cambiarse el año 
diez, por cuanto la batalla de Ayacucho no alteró ni 
creó ningún derecho sobre límites: ... "y que las re- 



(1) r'íi/íííi Inlino-atnericriiia, por J. M. Torres CaioeJo. — París, 
1865, 1 V. 



64 VICENTE G. QLj'ESADA 

públicas liispauo-americanas uo pueden fundar sus de- 
rechos territoriales, sino en las disposiciones del gobier- 
no español, vigentes al tiempo de .declararse indepen 
dientes, y en los tratados y convenios que despuós de 
aquella fecha hubieran celebrado, y esto es lo que por 
el artículo se establece". 

Por último, fué sancionado y firmado en Lima a 8 
de febrero de 1848, el tratado de confederación entre 
las repúblicas del Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Nue- 
" va Granada, cuyo artículo 7.° quedó sancionado en lo5 
términos siguientes: "Las repúblicas confederadas de- 
claran tener un derecho perfecto a la conservación de 
los límites de sus territorios según existían al tiempo 
de la independencia de la España, los de los respecti- 
vos virreinatos, capitanías generales o presidencias en 
que estaba dividida la América española ; y para demar- 
car dichos límites donde no lo estuviesen de una ma- 
nera natural y precisa, convienen en que, cuando esto 
ocurra, los gobiernos de las repúblicas interesadas nom- 
bren comisionados, que reunidos, y üeconocjiendo en 
cuanto fuere posible el territorio de que se trate, deter- 
minen la línea divisoria de las repúblicas, tomando las 
cumbres di^ásorias de las aguas, el thalwey de los ríos, 
u otras líneas naturales, siempre que lo permitan las 
localidades, a cuyo fin podrán hacer los necesarios cam- 
bios ,y compensaciones de terreno, de la manera que 
consulte mejor la recíproca conveniencia de las repú- 
blicas. Si los respectivos gobiernos no aprobaren la de- 
marcación hecha por los comisionados, o éstos no pudie- 
ren ponerse de acuerdo para hacerla, se someterá el 
asunto a la decisión arbitral de algmia de las repúbli- 
cas confederadas, o del congreso de los plenipotencia- 
rios". 

Lo demás del artículo fué sancionado con algún cam- 
bio en la redacción, suprimiendo los incisos. 

En las instrucciones que fueron dadas al plenipoten- 
ciario del Perú, datadas en Lima a 30 de noviembre de 
1847, se dice: "Se estipulará entre los nacionales alia- 
dos conservar su integridad territorial. Por consiguien- 
te, no se permitirá que ningún poder extraño ocupe, ba- 
jo de ningún pretexto, cualciuier parte, por pequeña 
que sea, del territorio de cualquiera de los estados coali- 
gados, los que tendrán por regla para fijar sus límites 
de uti possidetis de 1824, después de terminada la gue- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 65 

rra de la independencia con la batalla de Ayaeucho". 

Ferreiros, ai presentar el tratado íirmado el 8 de 
febrero, lo acompañó con nn informe luminoso. Expo- 
nía que, para que no ofrezca dudas cuál es el territorio 
que pertenece a cada república, para impedir a la vez 
se susciten pretensiones y controversias de funestas con- 
secuencias, se ha declarado y reconocido el derecho per- 
fecto que las repúblicas confederadas tienen a conser- 
var los límites territoriales, según existían al tiempo 
de declararse independientes. Expresa que cualquier 
otro principio o uti possidetis ofrecía diñcultades, por- 
que no creía justo fijar una época uniforme, desde que 
fuá diversa en el hecho el de la independencia de cada 
una: Que se establecen reglas sencillas y claras para 
evitar toda disputa, y aun se reconoce la necesidad, en 
casos' dados, de compensaciones y cambios territoria- 
les ouan.do lo exija la conveniencia recíproca de los lin- 
deros. Que esto debe entenderse cuando se trata de te- 
rrenos o poblaciones de poca importancia, pero en ma- 
nera alg-una respecto de ciudades, villas y puertos. De 
este modo quedan todos en libertad para efectuar arre- 
glos parciales. Pero que todo intento de anexión, des- 
membración, segregación o agregación de territorio, ha 
encontrado decidida oposición en los plenipotenciarios 
al congreso, y se prohibe el cambiar la geografía polí- 
tica de los estados coaligados, sin el consentimiento de 
los otros. Creen de este modo impedir la conquista, las 
intrigas diplomáticas, y ocultas y poco nobles ma-. 
niobras, quedando impotente la ambición, que suele 
fundar sus medios, dice, y sus glorias, en la mal calcu- 
lada adquisición de territorios ajenos. (1) . 

Doy cuenta del resultado a que se arribó en el con- 
greso, por cuanto deben tenerse por lo menos como 
doctrinas de derecho internacional americano, aunque 
esos tratados no fuesen aprobados por los congresos 
respectivos, ni oportunamente canjeados. 

En la somera historia de estas tentativas de pací os 
americanos, viene por su orden cronológico el tratado 
celebrado por los plenipotenciarios de tres repúblicas, 
aun cuando no pueda ni deba colocarse en el núraerD de 
los congresos americanos, pues que ni tal fué su (uñgen, 
ni se pensó tampoco en solicitar la aquiescencia de to- 



(1) Revista de Lima, ya citada. 



66 VICENTE G. QUESADA 

das las repúblicas hispano-americanas ; pero este tra- 
tado, como derecho internacional positivo, es la con- 
firmación de las declaraciones y principio^ teóricos de 
los congresos de plenipotenciarios anteriormente reuni- 
dos. 

Los plenipotenciarios de Chile, el Ecuador y el Perú, 
firmaron en Santiago de Chile a 15 de septiembre de 
1856 un tratado de unión y confederación, cuyo art. 13 
dice: "Cada una de las partes contratantes se obliga a 
no ceder ni enajenar, bajo ninguna forma, a otro estado 
o gobierno, parte alguna de su territorio, ni a permitir 
que dentro de él se establezca una nacionalidad extra- 
ña a la que al presente domina, y se compromete a no 
reconocer con ese carácter a la que por cualquiera cir- 
cunstancia se establezca. Esta estipulación no obstará 
a las cesiones que los mismos estados se hicieran unos a 
oíros para regularizar sus demarcaciones geográficas, o 
fijar límites naturales a sus territorios, o determinar 
con ventaja mutua sus fronteras". (1). 

Implícitamente se reconoce el principio del nti pos 
sidetis o las demarcaciones territoriales hechas por el 
rey de España, y en cuya posesión civil se encontraban 
los nuevos estados en la época de la independencia. 

El ministro plenipotenciario del Perú, Seoane, acre- 
ditado cerca del gobierno de la República Argentina, 
propuso a éste, por nota de 18 de julio de 1862, se ad- 
hiriese al tratado de 15 de diciembre de 1856, a que 
acabo de referirme. El ministro de relaciones exterio- 
res excusó la adhesión, fimdándose entre muchas razo- 
nes, en que ese tratado no era aun ni una obligación 
perfecta entre las partes signatarias, puesto que ni ha- 
bía sido canjeado, y reccmoeiendo en él "muchas cosas 
de gran utilidad — decía — que sería conveniente rea- 
lizar", difería en otros puntos muy substanciales, por 
lo cual declinaba el gobierno de aceptar ese pacto, que 
limitaría el ejercicio de la constitución nacional, subor- 
dinando su cumplimiento a las resoluciones del con- 
greso de plenipotenciarios de las naciones signatarias. 

El gobierno del Perú en 1864 inició una vez más el 
pensamiento de reunir un congreso americano, que, en- 
tre otros objetos, dictase: "Todas las medidas y acep- 



(1) Colec'ñón de ensayos y documentos relativos a la vnión y eon- 
federación de los pueblos hispano-americanos. — Santiago de Chile, 1862. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISrA?<0 - AMERICANA 67 

tase todos los principios que conduzcan a la conclusión 
de todas las cuestiones de límites que son, en casi todos 
lüs estados americanos, causa de querellas internacio- 
nales, de animosidades y aun de guerras, tan funestas a 
la honra como a la prosperidad de las naciones. Estados 
que en otro tiempo estuvieron sujetos a la misma domi- 
nación, no es extraño que, separados por la emanci- 
pación, tengan con frecuencia disputas y diferencias 
sobre territorios y sobre otros derechos del mismo ge- 
nero, para cuya solución se necesitan expedientes con- 
formes con la civilización actual, con las necesidades 
recíprocas de las secciones americanas y con la conve- 
niencia general del continente". 

Juan Antonio Ribeyro, ministro de relaciones exte- 
riores del Perú, proponía seis puntos para que trata- 
sen los plenipotenciarios, y cito sólo el. que está señala- 
do con el número 5.°, porque se refiere a la cuestión de 
limites internacionales entre las repúblicas de este con- 
tinente. 

A dicho congreso asistieron los plenipotenciarios de 
las repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Uni- 
dos de Colombia, Guatemala, Perú, República Argenti- 
na (1) y Venezuela. 

Sin atreverme a asegurarlo, paréceme que nada defi- 
nitivo se trató, ni se establecieron reglas jurídicas con 
relación a las diferencias que la demarcación territorial 
producía entre algimos estados limítrofes. 

En Lima se reunieron en 1865 los plenipotenciarios 
de los Estados Unidos de Venezuela, Bolivia, Estados 
Unidos de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Salvador, 
y firmaron el 23 de enero del mismo año un tratado de 
unión y alianza defensiva y otro sobre conservación 
de la paz entre los estados signatarios. En el primero 
se estipula])a el nombramiento de plenipotenciarios cada 
tres años para perfeccioinir la unión. En este congre- 
so no se trató de nada referente a las demarcaciones te- 
rritoriales, pero se induce la mira de conservar la geo- 
grafía política del continente, puesto que se unen para 
la defensa común. 

Prescindiendo pues del fracaso de la última tentativa 
de congreso americano, resulta que en los anteriores se 



(1) El ministro argentino concurrió sin iilenipotenc-ia ni autorización 
de su gobierno: fué un mero espectador. 



68 VICENTE G. OUESADA 

ha convenido en reconocer como principio de derecTio 
7)úblico el uti possidetis de derecho del a Tío diez, y la 
rectificación convencional de las fronteras, para buscar 
los límites arcifinios. La América se ha anticipado a la 
doctrina moderna de Bismark, y la ha sostenido, obe- 
deciendo a la conveniencia de los pueblos. - 

Predomina también otro principio — la garantía de 
la integridad de las actuales naciones, la obligación de 
no alterar sus límites por anexión o compra, y a iio di- 
vidirse en nuevos estados. Esto tiende evidentemente 
a proveer a la necesidad de conservar el equilibrio ame- 
ricano, principio que garante la seguridad de los veci- 
nos. Este equilibrio tan descuidado por ciertos políticos,, 
es cada vez más indispensable conservarlo como garantía 
de estabilidad y de paz: las anexiones son un peligro, 
la conquista un atentado. El desarrollo natural y su- 
cesivo de estas naciones tan nuevas, irá acentuando la 
influencia legítima que ejercen siempre las naciones re- 
lativamente fuertes. 

¡Y cosa singular! Chile, que figuraba en ese congreso 
de 1865, que firmaba los tratados, se ha encargado de 
demostrar al Perú y a Bolivia, que con congresos no se 
evitan ni las guerras, ni las consecuencias terribles de 
las guerras: en prueba de ello ocupa actualmente a Li- 
ma, y declara anexado a la república de Chile el litoral 
boliviano y parte del litoral peniano! Y si éste es el 
resultado final, ¿qué objeto práctico tienen esos congre- 
sos de plenipotenciarios en América ? ¿ Cómo se hace 
efectiva la sanción de sus acuerdos"? 

Los congresos de plenipotenciarios en Europa y sus 
resoluciones, obligan a las grandes potencias, y sin su 
acuerdo no sería permitido un cambio en la geografía 
política de la Europa, ¿pero en Am.-grica a qué fin legí- 
timo y serio conducen í En presencia de la guerra del 
Pacífico, de la inaudita derrota del Perú, de la elimina- 
ción de facto de Bolivia, ¿qué han hecho o qué han di- 
cho Venezuela, Colombia, Ecuador y el Salvador, re 
presentadas en el congreso en Lima en 1865 ? Han guar- 
dado nn pasmoso silencio ante la lucha, un mutismo in- 
comprensible después de la victoria, y tres estados que 
firaiaron esa alianza la han violado y se encargan de 
desprestigiarla ! 

¿Es serio en tales circunstancias y con tal experien- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 69 

eia, que se haya pretendido convocar un nuevo . congre- 
so de plenipotenciarios, como lo intentó Colombia? 

El gobierno de los Estados Unidos de Colombia aca- 
ba de celebrar con Chile una convención, en virtud 
de la cual las dos repúblicas se comprometen a perpe- 
tuidad a allanar toda dificultad o controversia por me- 
dio del arbitraje, y el primero se ha dirigido a los go- 
biernos de las naciones sudamericanas invitándolas a 
constituir en la ciudad de Panamá, por medio de repre- 
sentantes debidamente acreditados, un congreso de ple- 
nipotenciarios que adopte y sancione para todas las na- 
ciones de América el mismo principio. Para ese fin, el 
gobierno de Colombia, que tenía su asiento en Cartage- 
na, pensaba trasladarse a Panamá. 

Cuando se trata de estas cosas, en presencia de los 
mismos acontecimientos que demuestran su ineficacia, 
ocurre preguntar: ¿es serio ocuparse de la c^^adratura 
del círculo? 2, Es éste un nuevo congreso de la paz, pare- 
cido al que se reunió en Ginebra? 

Pero, puesto que son gobiernos respetables los que 
en tales cosas se ocupan, y que ministros y diplomáticos 
oficialmente las debaten, preciso será examinarlas aun- 
que brevemente. 

Eustacio Santamarina, ministro de relaciones exte- 
riores de los Estados Unidos de Colombia, por nota da- 
tada en Cartagena a 11 de octubre de 1880; pone en co- 
nocimiento de todos los gobiernos americanos la conven- 
ción que ha celebrado con Chile, y antes que tal conven- 
ción sea legalmente aprobada por los congresos y debi- 
damente canjeada, para que sea una obligación interna' 
cional perfecta, se apresura a invitar a los demás go- 
biernos de América para que se adhieran a ella y que- 
de adoptada como parte esencial e integrante del dere- 
ciiü público americano. Propone como medio, la re- 
unión de un congreso de ])lenipüLenciario.s 2n Panamá. 

La idea no es nueva: fix-é ya intentada en el antiguo 
y fracasado congreso de Panamá; tampoco lo es la teo- 
ría que desarrolla Santamarina, pues exactamente la 
misma la había expuesto al gobierno argentino otro mi- 
nistro de relaciones exteriores de los Estados Unidos ds 
Colombia en 1847, Mallarino. 

¿Quién puede negar que la paz es una necesidad es- 
pecialísima para la América 'española ? Absolutamente 
nadie, pero Santamarina podía haber propuesto un me- 



70 VICENTE G. QUESADA 

dio para hacer cesar la cruenta guerra que entonces 
aterraba a las naciones del Pacífico ; eso sería práctico, 
político y humano, en vez de teorizar sobre la excelencia 
de la paz y lo pernicioso de la guerra. 

¿Cuál es el medio eficaz que propone para impedir 
la guerra? ¡El arbitraje! Pero ha olvidado que este 
medio no ha evitado la actual guerra del Pacífico, y 
con tal ejemplo el remedio está desacreditado. 

Partidario de la paz, me inclino ante las alabanzas 
que a ese estado beatífico consagra el ilustre colombia- 
no: "Pero pueden intervenir discordias internaciona- 
les, dice, especialmente por cuestiones de límites y de 
pundonor. Naciones como las nuestras, soberanas de 
inmensos territorios, no deben arruinarse ni deshonrar- 
se con guerras sangrientas y desastrosas por ijorciones 
de tierra inhabitada y en muchos casos inhabitable, que 
para la causa de la civilización y de la humanidad en 
América lo mismo es, en definitiva, que pertenezcan a 
una nacionalidad que a otra". 

¡ Admirable !, fecunda y patriótica doctrina, que me 
regocija, porque veo que terminarán las acaloradas dis- 
cusiones que han sostenido sobre límites precisamente 
Colombia y Venezuela! Esas doctrinas de patriarcal di- 
VJ.T,ión de la tierra, impedirán que aquellas dos simpá- 
ticas repúblicas rom.pan las hostilidades, después de 
haber suspendido las relaciones diplomáticas, por tie- 
rras "que en definitiva es lo mismo que pertenezcan a 
una nacionalidad que a otra". ¡Y tanto escribir! y tan- 
to discutir, tantas misiones y tanto talento empleado, 
cuando la solución es tan sencilla, tan bíblica! Santa- 
maría pacificará indudablemente aquellas dos repúbli- 
cas, desde que los Estados Unidos de Colombia reconoz- 
can el dominio territorial que sostiene el de Venezuela. 
Una plumada, y la discusión de años atrás se íovnsL en 
ventajosa paz. 

Bajo este aspecto es que siento verdadera y ardiente 
fjimpatía por la teoría de Santamaría, y juzgo iunece- 
sario que retarde la pacificación de su país y de Ve- 
nezuela, cuando ya, ya! debe reconocer los límites que 
la segunda defiende con títulos no poco respetables 
Ante la paz, ¿.qué importan esos territorios inhabitados 
y quizás inhabitables? 

Los Estados Unidos de Venezuela verán de esta ma- 
nera, sin derramamiento de sangre y sin violencias, qu?. 



HISTORIA PIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 7l 

Santamaría elimina de la discusión esa enojosa coutrtJ- 
vei'sia, y asegura una paz estable, duradera, honrosa y 
sobre todo incruenta. 

Como se ve, aplicada la doctrina de Santamaría, la 
armonía de los Estadas Unidos de Venezuela y de (ío- 
lombia brota espontánea como el agua al toque de la bí- 
blica vara; y a fe que la cosa merece la pena, pues la 
discusión se había hecho apasionada, aunque niuy 
erudita . 

El principio de derecho público que Santamaría de- 
sea quede adoptado como parte integrante del derecho 
público americano, es el contenido en el articulo 1.° de 
la convención celebrada entre la república de Chile y 
los Estados Unidos de Colombia, a saber, la obligación 
perpetua de someter a arbitraje, cuando no consigan dar 
solución satisfactoria por la vía diplomática, las con- 
troversias y dificultades de cualquier especie que pue- 
dan suscitarse entre ambas naciones, no obstante el celo, 
que ^constantemente emplearen ¡sus respectívcfei go- 
biernos. 

¡ De manera que, quedan abolidas las guerras ! Ya en 
vez de balas y de pólvora, en adelante sólo quedaría na 
pleito muy pacífico y una sentencia arbiti'al para arj-e- 
glar todo, como buenos hermanos. 

La República Argentina ha debido cantar hosanna, 
porque podrá disminuir su ejército y su escuadra! ^"a 
no habrá sino paz, el evangelio tendrá en Aniiárica su 
.ublime cumplimiento, regirá la ley del amor, y amán- 
donos los unos a los otros, los gobiernos dejarán de 
preocuparse de las bagatelas de las cuestiones de lí- 
mites ! 

Ciertamente que jamás se habría producido una revo- 
lución política-social más profunda, y lógico es creer, 
que Chile evacuaría el territorio de Bolivia y del Perú, 
y la disputa, que se tornó en guerra, ¡ Dios sabe cómo \, 
sería fallada por el arbitro como lo han pactado el 
mismísimo Chile y los Estados Unidos de Colombia! Y 
es el caso, que como estos dos países no son limítrofes, 
es imposible que ellos disputen sobre límites, lo que a 
este respecto se dice, es lección para los gobiernos ma- 
landrines que toman a lo serio las cuestiones de demar- 
cación. Y ¡guay! si el mismo Chile se bate por esa cau- 
sa ! Lo hizo antes de celebrar esta convención ; se ha 



72 VICENTE G. QUESADA 

arrepentido, después de engullirse el litoral boliviano y 
parte del peruano. . , 

Es misterioso en tanto, que tan evangélica política se 
tenga el raro egoísmo de reservarla exclusivamente pa- 
ra las repúblicas hispano-amerieana?; por qué Santa- 
marina ha dejado en el tintero a los Estados Unidos y 
al Brasil? Será porque esa política evangélica es sólo 
para los estados pobres, y a estas dos grandes naciones 
se les juzga muy soberbias y altaneras para contraer 
obligaciones perpetuas de arbitraje! Sea lo que fuere, 
limitado tal principio en su aplicación entre una frac- 
ción de los estados americanos, es evidente que Santa- 
marina no obtendrá su propósito de que quede adopta- 
do como parte integrante de derecho público america 
no, si excluye al Brasil y a los Estados Unidos, a los 
más poderosos, nada menos. 

Esa política es barata, no hay que negarlo; es huma- 
na y evangélica, preciso es reconocerlo, pero no es se- 
ria, ni es práctica. 

En estos pueblos donde los negocios internacionales 
se tratan por la prensa; donde antes de remitir un ofi- 
cio se manda publicar, donde la reserva y la circuns- 
pección son antiguallas y tonterías, la nota del ministro 
Santamaría fué publicada juntamente con la contesta- 
ción del señor ministro de relaciones exteriores de la 
República Argentina, Bernjirdo de Irigoyen, datada 
en 30 de diciembre de 1880. 

El gobierno — dice — se ha instraído con satisfac- 
ción y ha sido favorecido al pedirle se adhiera a la con- 
vención. El principio de la nota revela que se ha to- 
mado con solemne gravedad, la supresión de la guerra 
y el pacto de paz perpetua entre los cristianos de Amé- 
rica , i Sea ! 

Esta república jamás concurrió a ningún congreso de 
plenipotenciarios, por razones ciue no es del caso espe- 
cificar: tomó parte en la guerra de la Independencia, 
por interés y conveniencia, eso era práctico, pero ha si- 
do poco pródiga en declaraciones de política senti- 
mental. 

El arbitraje es muy antiguo: antes que lo pactase la 
República Argentina y Chile ha sido indicado como 
un propósito digno en todas las tentativas de congresos 
americanos; pero si el gobierno argentino profesara la 
doctrina que el ministro dice declaró en 187-i — "de es- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 73 

tar resuelta con tratados o sin ellos a terminar todas las 
cuestiones internacionales por el arbitraje" — hizo una 
declaración poco meditada. Ei .ai4)itraje requiere el 
acuerdo de dos voluntades, y por más decidida que sea 
la de la república, jamás puede decir que esa sea su 
última resolución ; porque si en esa forma no resuelve 
lo que a su derecho o a su honra incumbe, usará de 
los medios de que se sirven las naciones cultas. De mo- 
do que esa recordada declaración no es sino la simple 
expresión de un deseo, desde que es evidente que hom- 
bres y pueblos no recurren a la fuerza sino después de 
agotados todos los otros medios. 

Lo que no debía recordarse, lo que no podía recordar- 
se, es la insana política argentina en las emergencias 
con el Paraguay. Si "después de una dilatada guerra, 
empeñada por razones de honor y de seguridad, y en 
la que sus armas y las de sus aliados dominaron com- 
pletamente los avances de aquella nación" por ser fiel 
a la resolución de terminar todas las cuestiones por el 
arbitraje, renunció a los derechos de la victoria, habien- 
do derramado torrentes de sangre argentina y compro- 
metido su tesoro ; tal política fué imprevisora e inme- 
recido su recuerdo. 

Si hubiere un pueblo que profese la doctrina de no 
ocurrir jamás a la guerra, ese pueblo será el ludibrio 
de sus vecinos;, si hubiere un igobierno que profese 
lá doctrina de no sacar provecho de la victoria, ese go- 
bierno no debe derramar la sangre de sus conciudada- 
nos, ni gastar los tesoros formados con el sudor del pue- 
blo, desde que vencedor o vencido, no se cuida de sa 
propio interés sino de observar la monomanía de que un 
arbitro le dé lo que el valor de sus soldados conquista- 
rá! Tal pueblo no ha aparecido todavía en la historia, 
y felizmente ese pueblo no será jamás la República Ar- 
gentina . 

Decir que en todas las cuestiones internacionales, aún 
suponienclo una agresión, un casus belli, siempre y 
siempre se recurrirá al arbitraje, no es decir la ver- 
dad. Nadie se obliga a ser cobarde, ni a tolerar una 
afrenta, sea individuo o sea pueblo. El pacto en tales 
términos es afrentoso. 

Chile, que estaba obligado a someter al ai-bitraje sus 
cuestiones con Bolivia, ha hecho guerra; ¿cómo preten 
de que la República Argentina renuncie en todo caso 



74 VÍCENTE G. QUESADA 

a usar de siis armas en guerra leal? ¿Para qué tiene 
ejército y para qué se preocupa de formar una marina 
de guerra? Acaso, ¿creerá justo emplear esas armas 
para sofocar una rebelión y poco digno para repeler la 
agresión de otro estado? Estas cosas ni se proponen, ni 
se pactan. 

Nadie, publicista alguno de América o Europa, se 
ha atrevido a sostener que la victoria no dá derechos. 
Se sostiene la paz, pero cuando dolorosamente se ocurro 
a la guerra, es para resolver las cuestiones como ven- 
cedor. Ridículo es proponer al vencido el arbitraje!... 
cuando la sangre de los conciudadanos ha sido derra- 
mada. Esto no resiste al análisis. Es imposible expli- 
carlo. El patriotismo se subleva; madre y viudas, su 
duelo y sus lágrimas serían inútiles, puesto que los 
vencedores se equiparan al vencido y forman pleito! 
No hay en los anales de la historia sino un hecho que 
recuerde esta insensatez ! 

¿Cuál es, pues, el concurso de la República Argenti- 
na que ofrece el ministro de relaciones exteriores al go- 
bierno de Colombia ? 

Si la misma nota recuerda la ineficacia de pactar el 
arbitraje, en presencia de la guerra del Pacífico, ¿con 
qué objeto práctico se promueve la convocación de un 
congreso de plenipotenciarios, precisamente para incor- 
porar al dereclio internacional positivo una regla in- 
eficaz ? 

Resulta entonces que sólo se conviene en que los plo-^ 
nipotenciarios estén habilitados para sancionar todas 
las declaraciones y acuerdos conducentes a cimentar la 
armonía eontáujental, problema más que difíciil. Los 
intereses del norte no son los del sur, las repúblicas del 
Pacífico no tienen los mismos intereses que las del At- 
lántico; en esta diversidad es imposible reglas armó- 
nicas. 

¿Qué es lo que propone? La adopción del principio 
del uti possidetis legal; pero éste es ya un principio la- 
tino-americano, que forma parte del derecho positivo, 
que ha sido pactado en los congresos anteriores y en 
tratados parciales. 

Si tal principio se escribe en la primera página de la 
conferencia que se proyecta, ésta no habrá conquistado 
nada nnevo, es el sencillo e inocente reconocimiento de 
un hecho. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 75 

Respecto de las anexiones territoriales, también se 
han estipulado en los anteriores congresos americanos, y 
en tratados especiales, reglas y garantías para evitar 
el cambio de la geografía política: todo lo que se haga 
por declaraciones teóricas es inofensivo, puede ser ma- 
nifestación generosa de deseos, pero nada resuelve y no 
garante nada. La prueba está en las anexiones que ha 
hecho Chile ante el mutismo de los mismos estados que 
habían pactado la inalterabilidad de la geografía polí- 
tica actual. 

Tampoco es nuevo, ni es necesario decirlo por estar 
dicho hasta el cansancio en todas las negociaciones di- 
plomáticas, que en América no hay res nullius. Nadie 
lo ha puesto en duda, lo han reconoeido las grandes po- 
tencias marítimas, y todos, todos los estados hispano- 
americanos que han aceptado el principio del uti possi- 
detis del año diez. Es inútil pactar lo que es evidente. 
Nadie discute hoy esta tesis, de modo que considero 
completamente innecesario mencionarla. Algunos escri- 
tores chilenos han lanzado esa idea, en medio del desdén 
del continente, como tambián han querido desconocer 
el principio conservador del uti possideUs legal del año 
diez; pero desde la doctrina de Monroe, nadie discute 
seriamente el primer tópico respecto de la Europa, y 
respecto de América la posesión civil del año diez re- 
chaza la existencia de territorios res nullius. 

¿Qué importancia tendrían éstas y otras declaracio- 
nes en un congreso americano, estando ausentes los re- 
presentantes del Brasil y de los Estados Unidos? 

Indudablemente que sus resoluciones carecerían de 
autoridad moral y de prestigio; serían ineficaces. 

Lo único práctico, lo único digno de gobiernos previ- 
sores, sería proponer un congreso, al que concurriesen 
los Estados Unidos y el Brasil, para tomar en cuenta 
los cambios en la geografía política del continente, y 
obrar imitando al congreso de Berlín. Si esto no es po- 
sible, lo que la prudencia aconseja es no hacer ruido 
con congresos sin objeto práctico: ¡esperemos!... todo 
llegará cuando las poblaciones estén en la madurez de 
su crecimiento. 

La tentativa de este nuevo congreso de Panamá no 
tendrá eco, ni éxito. No podría concurrir el Perú pos- 
trado por la guerra, Bolivia amedrentada por la fuer- 
za; no concurren los Estados Unidos y el Brasil; de 



76 VICENTE G. QUESADA 

modo que, lo mejor que harían los iniciadores de tales 
declaraciones es celebrar tratados parciales, que nada 
resolverían, puesto que entre Colombia y la República 
Argentina no hay ni relaciones de comercio, ni posibi- 
lidad de conflicto de derechos. 

La tentativa de Congreso fracasó porque no concu- 
rrieron los plenipotenciarios de las repúblicas america- 
nas, y sólo se conserva el recuerdo de las notas cambia- 
das como exposición de sentimientos y deseos. 

Un escritor boliviano inteligente y perspicaz, escribió 
un notable trabajo sobre el equilibrio hispano-america- 
no, pero ese equilibrio no ha de mantenerse por convo- 
caciones de congresos, sin medios de hacer efectivas sus 
sanciones, sin autoridad moral para ser obedecidos, des- 
de que las dos grandes naciones de uno y de otro conti- 
nente no tengan voz ni voto en los acuerdos. 

Es admirable la armonía del sistema internacional de 
estas repúblicas — decía el doctor Méndez — cuyo au- 
tonomía respectiva fué el resultado espontáneo y unáni 
me de aceptar las demarcaciones de la colonia. Observa 
que en el norte Colombia, y en el sud la República Ar- 
gentina, sirven de contrapeso al equilibrio: la prime- 
ra abierta sobre el golfo de Méjico, extiende sus costas 
a la vez sobre el Pacífico entre el 7° y 9°; la República 
Argentina, situada desde el Plata, circunvala el extre- 
mo sud del medio continente por una larga extensión 
de costas despobladas, al norte el foco equinocial, al sur 
el hielo glacial, de esta manera proporcional y equidis- 
tante se mezclan en el sistema internacional del Pacífico, 
dos países cpe se abren sobre el Atlántico, y perforado 
el istmo de Panamá, Colombia en la desembocadura del 
Magdalena y la República Argentina en la del Plata, 
estarán vinculadas por la prolongación de su propio te- 
rritorio a los intereses del Pacífico. (1) . 

Paréceme fantástico el cuadro: abierto el canal de 
Panamá, pierde toda importancia marítima el estrecho 
de Magallanes, y mientras las costas patagónicas no es- 
tén pobladas, difícil será que atraigan la corriente co- 
mercial que seguirá el canal, camino más recto, para 
luego bajar al mr, o subir al norte o navegar al Asia. 
Colombia influirá entonces en el grupo norte de aque- 



(1) Realidad del eqmUhrio hispanoamericano y necesidad de la neu- 
tralización perpetua de Bolivia, por Julio Méndez. — Lima, 1874, en 8.". 
87 p. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA // 

Has repúblicas, y la Argentina quedará con su influen- 
cia relativa en la extremidad sud, en unión con las re- 
públicas Oriental, del Paraguay y en sus provechosas 
relaciones con el Brasil. 

Volviendo, pues, a los congresos americanos, resulta 
por el somero recuerdo que de ellos he hecho, que no 
dieron los resultados que fuera de desearse, ni fijaron 
las reglas jurídicas y los principios que debían consti- 
tuir el derecho público convencional latino-americano, 
como se acostumbra en los congresos y conferencias de 
plenipotenciarios en Europa. 

Las referencias que he hecho a los congresos ameri- 
canos y las citas textuales de sus resoluciones, prueban 
que jamás se puso en duda que el principio del uti possi- 
detis jiiris de 1810, era y debía ser una regla jurídica 
forzosa para la decisión de las controversias sobre lí- 
mites internacionales ; porque precisamente era el fun- 
damento de la soberanía territorial de los estados nue- 
vos. Ese fué el origen del título del dominio nacional, 
y bajo tal aspecto, es un principio conservador de ese 
mismo dominio. 

Tan profundamente arraigada está en la conciencia 
de los publicistas y los gobiernos latino-americanos la 
vigencia de esta regla jurídica, que, al intentar última- 
mente el gobierno de los Estados Unidos de Colombia, 
la reunión de la conferencia de plenipotenciarios en Pa- 
namá, Ricardo S. Pereira, aconsejaba se sancionase en 
aquella fracasada reunión, las hases fundamentales del 
dereclio público, que él cenomina interandino (1) ; en- 
tre las cuales proponía el artículo 8.°, por el cual las 
naciones signatarias se garantizan mutuamente el domi- 
nio y jurisdicción territorial, y reconocen como princi- 
pio invariable para la fijación de sus límites el uti possi- 
detis juris de 1810. De manera que, sea en la convocato- 
ria para dichos congresos o conferencias diplomáticas, 
sea en las discusiones de los mismos o en las publica- 
ciones hechas con tal motivo, siempre se ha sostenido 
como una regla jurídica, equitativa, justa y necesaria, 
respetarse mutuamente la posesión civil de la época de 
la revolución, es decir, el titi possidetis juris de 1810. 
Por eso este principio de derecho positivo americano. 



(1) Unión AnuiNa — Proyecto de Código de derecho internacional 
interandino, por Ricardo S. Pereira. — París, 1881, 1 v. de 44 págs. 



78 VICENTE G. QUÉSADA 

está incorporado en los tratados, o forma parte del dere- 
cho consuetudinario entre aquellas naciónos hispano- 
americanas que no lo han adoptado por ese medio. 

"El principio del uti possidetis de 1810 — dice Mén- 
dez — no es regla transitoria a la que hubieran acudida 
los estados hispanoamericanos al principio de su autono- 
mía; y la cual tenga que ser reemplazada por tratados 
posteriores y particulares, entre naciones limítrofes. He- 
mos dicho que el idi possidetis del año diez, es la cons- 
titución de hispano-América, y, por consiguiente, no es 
dado a ningún estado particular abrogar el principio 
común y solidario de la comunidad de los demás estados. 
Pero vamos a demostrar que la fuerza de aquel princi- 
pio, no sólo deriva del consentimiento anterior, sino que 
aun cuando no hubiera existido en el pasado diplomáti- 
co de la América Occidental, no se podría establecer otro 
principio para la vida futura de estos estados". 

Se ve, pues, que este publicista, como la unanimi- 
dad de los hispano-americanos, no hace depender la vi- 
gencia de este principio de futuras sancion(!s de congre- 
sos de plenipotenciarios, puesto que lo considera como 
constitutivo del organismo de los estados, y preexistente 
por tanto a toda sanción positiva. 

"El uti possidetis del año diez es la regla del equili- 
brio internacional del medio continente ; por lo mismo 
que es la regla de su integridad territorial", dice el mis- 
mo autor. 

Una serie de tratados como los que he enumerado, y 
otros que he de citar después, celebrados entre dos o 
más estados, han establecido como regla jurídica inter- 
nacional, el uti possidetis del año diez como fundamento 
del dominio territorial del estado ; sobre tal base descan- 
sa la paz del continente y la recíproca independencia, 
justificando ampliamente la exactitud de las apreciacio- 
nes de Méndez. La conservación de esta regla de dere- 
cho público americano interesa a todos los estados, y es 
condición del equilibrio orgánico de las nacionalidades 
que nacieron al independizarse de la metrópoli' 

Preocupábase este escritor de la acción y de las pre- 
tensiones de Chile: si no consumase, decía, las desmem- 
braciones que pretende sobre Bolivia y la República Ar- 
gentina, el equilibrio americano quedaría asegurado'; 
pero ignoraba que los 17° de costa que contaba el Perú 
serían disminuidos por la conquista chilena, desapare- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMKRICANA 79 

ciendo el litoral boliviano, de modo que el soñado equili- 
brio marítimo del Pacífico queda desvanecido como una 
niebla, si Chile asegura su conquista. El uti possidetis 
del año diez no sería entonces base legal, puesto que esa 
modificación en la geografía política se funda en el de- 
recho de la viotoria, consecuencia de la guerra última. 

Es indudable que cuando los publicistas sudameri- 
canos proclamaron este principio común, como una ne- 
cesidad conservadora de actualidad, no pudieron prever 
la influencia que ejercería en el crecimiento de los nue- 
vos estados. La crearon como una regla para señalar lí- 
mites y ha llegado a convertirse después en un principio 
de equilibrio, no sólo respecto de las nacionalidades his- 
pano-americanas entre sí, sino de todas ellas con rela- 
ción al Brasil. El hecho es exacto, pero la guerra del 
Pacífico ha cambiado hasta cierto punto la faz de las 
cosas: ya no es para el Perú y Bolivia garantía positiva 
de su integridad territorial. Si fuese el alma de las nue- 
vas repúblicas (1) como lo dice Méndez, ¿cómo podría 
desmembrarse el territorio de Bolivia y del Perú? 

Si hubiera previsión en los gobiernos latino-america- 
nos, todos se habrían coaligado para examinar las per- 
turbaciones que puede introducir en el equilibrio hispa- 
no-americano, la conquista que Chile invoca para alte- 
rar la geografía política, y absorberse todo el litoral de 
Bolivia y una porción rica del litoral peraano. Este 
precedente tiene que producir trastornos futuros, porque 
se ha perdido ya el elemento conservador, la garantía de 
paz, que respetando la geografía política, la ponía bajo 
la salvaguardia y la tutela del uti possidetis juris de 
1810. Los débiles gobiernos del Perú actual y de la des- 
graciada Bolivia, nada pueden ni se atreven a usar del 
derecho y de la discusión, porque el primero está aún 
bajo la ocupación militar de Chile, y el segundo no tie- 
ne el poder y la fuerza que da prestigio a los reclamos. 
En tal estado de cosas, son las otras naciones las que no 
pueden mirar indiferentes, en su propio interés, que 



(1) Las naciones de origen español, son: los Estados Unidos mexi- 
canos, en la América del Norte; la República de Santo Domingo, en las 
Antillas- las de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
en la América Central; las del Ecuador, del Perú, de Bolivia, de Chile 
V los Estados Unidos de Colombia y los de Venezuela, la República Ar- 
gentina, el Paraguay y la Oriental del Uruguay, en la America Meridio- 
nal. Diez y seis naciones hispanoamericanas, unidas por la comunidad 
del idioma, de la religión y de la historia. 



80 VICENTE G. QUESADA 

se cambie el equilibrio relativo y se trastorne la geogra- 
fía política de la América Meridional. 

¿De qué medios podrían valerse? Indudablemente que, 
si se ha de seguir el ejemplo de la Europa, habría lle- 
gado el caso de promover una conferencia de plenipoten- 
ciarios, no para adoptar el arbitraje como solución úni- 
ca, según lo deseaba el gobierno de Colombia en el in- 
tentado congreso de Panamá, sino con fines más posi- 
tivos y directos-: la conservación de la geografía polí- 
tica de la América Meridional. Pero esa imitación sería 
una ridicula parodia, porque no concurrirían probable- 
mente dos poderosas naciones : los Estados Unidos y el 
Brasil; y no concurrirían, porque ningún interés in- 
mediato les movería, ningún objeto positivo los llamaría 
a tomar parte en esa conferencia de plenipotenciarios. Por 
lo tanto, negándose las dos grandes naciones a dar fuer- 
za moral a las resoluciones de una conferencia diplomá- 
tica de plenipotenciarios, no sería eficaz ni serio promo- 
verla (1) . 

Ha sido política tradicional en el gabinete de. Was- 
hington, prescindir de toda iniciativa internacional qu-í 
no le produzca ventajas inmediatas, y muy lejanas se- 



(1) En prueba de mi opinión emitida en el texto, me bastará repro- 
ducir im fragmento del despacho dirigido al ministro de los Estados Uni- 
dos en Liiiia: — "Whashington, 15 de junio de 1881"... Los Estados 
Unidos — dice — no pueden negarse a reconocer los derechos que el go- 
bierno de Chile ha adquirido con el éxito de la guerra, y puede suceder 
que una cesión de territorio sea el precio necesario que deba pagarse 
por la paz. No parecería justo que el Perú declarara, que, en ninguna 
circunstancia, la pérdida de territorio pudiera aceptarse como resultado 
de una negociación..." El Independiente, Santiago de Chile, 20 de 
diciembre de 1881. 

Sin embargo, la misma nota oficial expresa que, habiendo declarado el 
gabinete de Santiago que no ha hecho una guerra de conquista, debe el 
gobierno provisorio de Lima buscar un medio de pagar las indemniza- 
ciones de guerra, bajo garantías equitativas, antes de ceder su territorio. 
¿Cuál pudiera ser tal garantía? Según el tenor de ese despacho, pudiera 
inducirse que tal vez el gobierno de Washington no se negaría a servir 
de fiador o garante, puesto que autoriza al ministro a ofrecer la me- 
diación de aquel gobierno, caso que el Perú pueda aceptar condiciones 
equitativas para la paz. Tal es el sentir de Blaine, secretario de nego- 
cios extranjeros de los Estados Unidos. 

En el despacho que el mismo Blaine dirige al ministro de los Estados 
Unidos en Santiago de Chile, fecha 15 de junio de 1881, se lee: "Pero 
a la conclusión de una guerra que se ha declarado que no es de con- 
quista, sino para la solución de las diferencias que la diplomacia no ha 
podido arreglar, hacer de la cesión de territorio una condición sine qua 
non de paz es calculado para sugerir sospechas sobre la declaración que 
se hizo cuando principió la guerra. Puede suceder muy bien que a la 
terminación de la contienda, el cr.nibio de condición y relaciones de las 
partes pueda exigir que sea tan sabia como necesaria una rectificación 
de límites o un cambio territorial: pero esto, allí donde la guerra no 
es de conquista, debería ser el resultado de una negociación y no la 
condición preliminar y absoluta sobre la cual únicamente el vencedor 
consiente negociar..." 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 81 

rían para aquel estado poderoso, el niantenimieuto del 
equilibrio político entre las naciones hispano-americanas. 
Así, pues, es de suponer que no querría prohijar esa 
conferencia: a pesar que envió su plenipotenciario, co- 
mo espectador, al primer congreso de Panamá en 1826. 

Y, sin embargo, Blaine, secretario de relaciones ex- 
teriores del presidente de los Estados Unidos, ha dirigi- 
do una circular invitando para una conferencia diplomá- 
tica en Washington. La convocatoria expresa que es pa- 
ra que se trate eñ general de los medios, de evitar la gut;- 
rra entre los estados independientes de América; espe- 
cialmente expresado, tal es el objetivo, prometiendo so- 
meterse a las decisiones de la mayoría de los plenipoten- 
ciarios. Esta iniciativa ha sido muy censurada por la 
prensa de aquella república. La circular está datada en 
Washington a 29 de noviembre de 1881. Conviene que 
reproduzca los tópicos principales, pues de su tenor algo 
vago, sólo se desprende el deseo de influir moralmente 
en el mantenimiento de la paz en América. 

"En los últimos años — dice — se ha manifestado 
una reciente disposición por ciertos estados de la Améri- 
ca Central y la del Sud a someter a arbitraje, más bien 
que a la espada, controversias que afecten graves cues- 
tiones de derecho internacional o de límites. Y ha sido 
• en varias de esas ocasiones origen de profunda satisfac- 
ción de los Estados Unidos, al ver que este país sea mi- 
rado en gran parte por todas las potencias americanas 
como su amigo y mediador. El justo e imparcial conse- 
jo del presidente en tales easos, nunca ha sido rehusado, 
y sus esfuerzos han sido recompensados, evitándose, me- 
diante ellos, sangrientas contiendas u odiosos debates en- 
tre pueblos a los cuales miramos eomo a hermaiios". 

La invitación está formulada en estos términos : 
■' . . .Al influjo de estas ideas el presidente dirige a to- 
das las naciones independientes del norte y del sur de 
América, una cordial invitación, para que tomen parte 
en un congreso general que debe reunirse en la ciudad 
de Washington el día 22 de noviembre de 1882, con el 
objeto de considerar y debatir los medios conducentes 
a prevenir las guerras entre las naciones de América". 

Este es, pues, el objetivo, esta su misión y su alcance. 
Como tentativa de congreso diplomático, paréceme defi- 
ciente su misión, y mucho más bajo la iniciativa y pro- 
tección de una república poderosa. Prevenir e impedir 



82 VICENTE G. QUESADA 

las guerras, puede ser iiu propósito disculpable en el 
congreso de Ginebra, pero no es un pensamiento serio en 
un gabinete. A la guerra no se recurre sino en caso 
extremo, ¿y quién es juez en tal emergencia? Sólo las 
naciones interesadas ; los terceros, no siendo intervento- 
res, no tienen poder coercitivo para impedir que la gue- 
rra estalle. Paréceme que con ese programa no tendrá 
éxito la futura y próxima conferencia diplomática. Se- 
rán quizá interesantes sus sesiones, como las actas de 
una reunión de teóricos, pero no espero nada positiva- 
mente decisivo. 

Eespecto al Brasil, sus estadistas han permanecido es- 
tudiadamente ajenos a los sucesos del Pacífico, a pesar 
que agentes chilenos les tentaron con desleales promesas 
para ligas posibles en las emergencias del Kío de la Pla- 
ta, si llegaba el caso de conflicto con la República Ar- 
gentina ; tentación diplomática que ha sido muy secre- 
ta, y que públicamente se ha negado, a pesar de ser una 
verdad confesada en sigilosa reserva, por algunos hom- 
bres de estado del vecino país, y leales amigos de la 
•República Argentina. Difícil fuera, pues, que quisiera 
contribuir al mantenimiento de la geografía política de 
las nuevas repúblicas, cuando su propósito fué promover 
el fraccionamiento de sus vecinos, por cuya razón prohi- 
jó la independencia del Paraguay y el Uruguay. Verdad 
es qué, cuando algunos traidores propusieron que apo- 
yase la guerra civil de Entre Ríos, para formar un nue- 
vo estado, el gabinete imperial fué sordo a aquella inau- 
dita traición, y su desdeñoso silencio hizo fracasar la 
tentativa perversa y criminal. 

Pero ¿saldría de su política prescindénte para hacer 
una política americana, conservadora y pacífica? Ejer- 
cer la influencia que su poder le da, armonizar sus mi- 
ras con el gobierno de los Estados Unidos y propender 
por medios morales a la paz del continente, es digno de 
un gobierno pre\dsor y serio, pero lo difícil es encon- 
trar quién inicie el pensamiento, lo prohije y lo haga 
realidad. ¿Se aprovechará de la conferencia diplomáti- 
ca en Washington? 

El Brasil y la República Argentina deciden de la paz 
internacional de esta parte de la América Meridional, 
¿podrían, acaso, concordar para una política más gene- 
ral y más vasta? 

Pienso que estas dos naciones están llamadas a vivir 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 83 

en ai'ni(3inico consorcio, porque así lo exigen los intereses 
de ambos países, pero dudo que pudieran concordar para 
iniciar el indicado pensamiento. 

Vuelvo a mi interrumpida exposición, para demostrar 
cuál es la importancia internacional de mantener vigen 
te el uti possidetis de 1810. 

Corpaneho trazó hábilmente la historia de este princi- 
pio latinoamericano, derivándola del carácter y de las 
tendencias de la revolución política de 1810: según su 
sentir, pasó luego a formar parte institucional de los 
nuevos estados, se incorporó a sus instituciones orgáni- 
cas, fué regla del derecho internacional consuetudinario 
y reapareció vigoroso desde la tentativa de los primeros 
congresos de plenipotenciarios ; ha sido discutido en los 
protocolos, forma parte de tratados públicos, y cuando 
ha surgido una disputa sobre límites, ha servido de axio- 
ma de derecho para resolverlo. Hoy es un prolegóme- 
no de derecho internacional americano para la defensa 
de los derechos de soberanía y dominio contra poten- 
cias extrañas, tiene todos los caracteres de un principio 
del " código externo de las repúblicas americanas, bau- 
tizado con la sangre de nuestros mártires, santificado 
por la tradición y canonizado por los pontífices de la 
ciencia. Hoy que no es el tiempo en que una bula, como 
la de Alejandro VI, puede repartir el globo que Dios en- 
tregó a la justicia y al derecho, y no a los reyes, aun- 
que éstos se llamen católicos; la América que es la ge- 
mela de la libertad, desenvolverá sus intereses materia- 
les, respetando su punto de partida — el uti i)ossidetis — 
y aplicándolo de mutuo consentimiento". 

En los tratados parciales entre dos o más naciones 
americanas, esa ha sido la regla y la doctrina. 

En 1829 Colombia y el Perú celebran un tratado cu- 
yo artículo 5.° dice: "Ambas partes reconocen por lími- 
tes de sus respectivos territorios los mismos que tenían 
antes de su independencia los extinguidos virreinatos de 
Nueva Granada y el Perú ..." 

Recordaré todavía que, en 1841, el plenipotenciario del 
Perú decía en Quito que : "... Con el fin de obtener 
para las repúblicas del Perú y del Ecuador una línea di- 
visoria más natural y conveniente a la nueva adminis- 
tración interior, y para evitar competencias y altercados 
entre los habitantes y autocidades fronterizas, se convie- 
nen las partes contratantes en que ambos estados se ha- 



84 VICENTE G. OUESAÜA 

gan cesiones y compensaciones de territorio, fijando por 
base de esta operación los antiguos límites de los virrei- 
natos del Perú y Nueva Granada". 

Porque ministros, gobiernos y publicistas, reconocen el 
uti 'possidetis del año diez como una regla de derecho 
internacional latino-americano. 

Cuando se habla de demarcaciones legales, como ante- 
cedente para el icti possidetis, no quiere decir que tal 
principio se oponga a cesiones por tratados para mejo- 
rar tales deslindes. Por el contrario, se ha reconocido 
siempre que cualquiera modificación para ser equitativa, 
debía partir del antecedente del dominio recíprocamente 
reconocido, pero los limítrofes pueden pactar las modifi- 
caciones que les convenga. Lo que es prohibido es dar a 
la posesión de hecho, la importancia de título supletorio 
de dominio y señorío. 

Quiero abundar en la cita de precedentes. El Ecuador 
en 1857 intentó enajenar ciertos baldíos, y el ministro 
del Perú, Cavero, exponía con tal motivo al ministro 
de relaciones exteriores de aquella república, lo siguien- 
te: "...Suponiendo que fuese posible justificarse algu- 
na vez que cualquier porción del territorio de Mainas y 
de Quijos, ha sido poseído de hecho por el Ecuador, al 
tiempo de la independencia, desde que son irrebatibles 
el valor y fuerza de la cédula de 1802, cualquier posesión 
en contrario sería de origen ilegal y no podría derivar 
ningún título justo de dominio". 

Los estados hisi)ano-americanos han rechazado siem- 
pre la posesión de hecho como modo de adquirir-, soste- 
niendo que el principio que garante la integridad terri- 
torial y la soberanía, es el nti possidetis de derecho 
de 1810. 

Las circunscripciones trazadas por la metrópoli o las 
subdivisiones posteriores, siempre que se hayan verifica- 
do con pleno y entero conocimiento de los mismos esta- 
dos, forman la base para las demarcaciones internaciona- 
les. El antecedente legal, el título de dominio de estoá 
mismos estados, lo reconocía el ministro Cavero, es el 
uti possidetis legal de 1810, como precedente de derechos 
positivos, de títulos legítimos, mas no tiene esa importan- 
cia, ni es equitativo reconocerla, la mera posesión de he- 
cho, porque arranca su origen de la usurpación y de la 
violación de tratados o del principio que garante la in- 
tegridad de la soberanía de las repúblicas. Si no se han 



HISTOUIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 85 

conservado los mismos límites de los virreinatos de Mé- 
xico, Perú, Santa Fe de Bogotá y Buenos Aires, es por 
el posterior fraccionamiento de sus territorios ; pero la?; 
naciones formadas dentro de esas divisiones, han recla- 
mado el mismo principio como título de dominio de lo 
que eran provincias o capitanías. 

La uniformidad de los publicistas al sostener esta doc- 
trina demuestra que esa es la interpretación y el alcance 
que ha tenido, menos con respecto al Brasil que sostiene 
el uti possidetis actual, precisamente para cubrir su po- 
sesión fraudulenta, sus usurpaciones territoriales. 

El ministro de relaciones exteriores dé los Estados 
Unidos de Colombia, Carlos Martín, por nota datada en 
Bogotá a 27 de marzo de 1868, y dirigida al plenipo- 
tenciario del Brasil, Joaquín María Nascentes de Asani- 
buja, le decía: ''Todas las naciones americanas que de- 
pendían de la metrópoli española, han admitido como 
base para sus arreglos de límites el ilU possidetis de 
1810 ; es decir, las demarcaciones fijadas para las distin- 
tas porciones de territorio americano, por actos válidos, 
por leyes, por derecho del antiguo soberano común, cu- 
ya fuerza todas reconocen. A ninguna de ellas se le ha 
ocurrido en ocasión alguna rechazar una cédula u orden 
del monarca español sobre límites, pretendiendo que nn 
obstante sus disposiciones, el gobierno de un antiguo vi- 
rreinato o capitanía general usurpó porciones territoria- 
les adjudicadas a una sección vecina. No puede enten- 
derse de otra manera el uti possidetis de 1810 . Si se en- 
tendiera como quiere aplicarlo el gobierno del imperio, 
ni Colombia, ni el Brasil, ni ninguna nación de América 
podría creerse dueño de inmensos territorios desiertos 
que jamás ha podido ni en muchos años podrá ocupar o 
poseer realmente de hecho. Raro es el estado americano 
que no cuenta comprendido en los linderos del territorio, 
enormes, despobladas y al parecer olvidadas porciones 
de terrenos que, sin embargo, tiene por suyas por estar 
encerradas en los límites antiguos de las grandes seccio- 
nes territoriales de la colonia (1) . 

En efecto: si esa no fuera la regla de derecho públi- 
co americano, los nuevos estados no tendrían derecho al- 
guno como origen de su propia existencia. No podrían 
invocar la conquista, porque no la hubo en época de la 
emancipación, desde que, lejos de tal guerra, fué poi- el 

(1) Diario oficial. Bogotá, 31 de marzo de 1868, 



86 VICENTE G. QUESADA 

contrario de alianza contra el enemigo común, para ase- 
gurar la independencia de cada uno de ellos, que tácita- 
n^ente primero, y eii virtud de tratados internacionales 
después, convinieron en que las demarcaciones hechas 
por el rey de España para los virreinatos y capitanías 
generales, fuese el territorio que señalara los límites de 
los nuevos estados, de la soberanía y dominio de estas 
potencias internacionales. Nacían al derecho de gentes 
por su libre albedrío, y convenían, a fin de evitar con- 
flictos entre vecinos, en tomar como regla jurídica fija 
e inatacable, las demarcaciones territoriales hechas por 
el rey. Era equitativo y lógico el procedimiento, se ba- 
saba en el derecho histórico y geográfico americano, e 
impedía se alterase en lo porvenir el equilibrio políti- 
co en el continente, que debía garantir recíprocamente 
la independencia de las nuevas naciones. 

Juiciosamente se separaron de la desquiciadora idea 
que sostiene que retrovertido al pueblo el ejercicio de 
su soberanía, cada agrupación, cada municipio, podía 
constituirse por sí, en un nuevo estado; tal doctrina hu- 
biera sido la disolución social y política. Así fué expre- 
samente declarado por Bolívar a petición y exigencia de 
los plenipotenciarios argentinos, Alvear y Díaz Vélez. 
Esa declaración oficial y solem.ue ponía el sello al prin- 
cipio que constituía las nuevas nacionalidades. Desde 
entonces sólo por imprevisión puede sostenerse la diso- 
lución nacional, que los Estados Unidos supieron impe 
dir derramando torrentes de sangre en la guerra de se- 
cesión, lo que ha justificado el principio conservador de 
los estados nuevos. 

El principio del uti possidetis del año diez, es una 
verdadera ley obligatoria del derecho público america- 
no, en cuya observancia se interesan todos y eada uno 
de los estados de América. Su violación importaría un 
trastorno en la geografía política del continente, y sería 
origen de un semillero de conflictos, como acontece en 
el Pacífico. 

La analogía entre el derecho público europeo y el de- 
recho público americano es evidente, y aun cuando la 
diversidad de circunstancias modificaron el procedimien- 
to, el resultado es idéntico. Hay en América, pues, co- 
mo hay en Europa, la ley de derecho internacional, y 
las obligaciones convencionales. El principio del uti possi- 
detis del año diez, por la generalidad de su aplicación y 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICAN A 87 

de su observancia, pertenece a la primera categoría, y 
participa además de la naturaleza de la segunda, por 
cuanto él ha sido expresamente convenido como regla 
jurídica en los tratados parciales. 

En las inevitables cuestiones de límites internaciona- 
les que han surgido después de la independencia, con 
motivo de la subdivisión de los virreinatos, esa regla ju- 
rídica ha sido invariablemente aplicada por todos los es- 
tados americanos, aun cuando no pudiesen basarse en 
tratados, recíprocamente apelaban a la regla jurídica, a 
la ley internacional, cuyo origen legal, era el consenti- 
miento expreso de todas las naciones americanas, aun 
cuando tal regla no se fundara en el derecho internacio- 
nal convencional. No hay ejemplo en ninguna de las in- 
numerables cuestiones sobre demarcaciones internaciona- 
les entre las nuevas naciones, que se haya rechazado ese 
principio, como tendré ocasión de demostrarlo. 

Hay una notable excepción, que quiero recordarla. 
En la cuestión de límites entre las repúblicas de México 
y de Guatemala, se han separado de esta regla, compli- 
cando así la solución equitativa, sobre todo por parte 
de México, que arranca su derecho de la incorporación 
del estado de Chiapas y Soconusco. Guatemala que in- 
voca los derechos de la capitanía general de su nom- 
bre, es hoy una fracción de Centro América, y en la di- 
solución producida por una serie de causas, aquella uni- 
dad territorial ha sido inhábilmente fraccionada. Guate- 
mala proponía reconocer la incorporación a México del 
estado de Chiapas, si esta república reconoce a su turno 
la deuda que dicha provincia tenía con la capitanía ge- 
neral de Guatemala, pero no cedía sus pretensiones a 
Soconusco. La cuestión ha sido transada. 

Algunos raros publicistas, el más notable entre ellos 
Moneayo, pretende que el principio del uti possidetis 
de 1810, no es admitido por todos los estados ; que algu- 
nos lo consideran como un elemento de perturbación pa- 
ra rectificar sus fronteras, y constituirlas buenas y es- 
tratégicas. Confunde lamentablemente la doctrina: el 
reconocimiento de las demarcaciones coloniales, tal cual 
se encontraban en 1810, no impide que se pacten cesiones 
y se rectifiquen las fronteras, pero es preciso tener como 
base pre\áa el reconocimiento del dominio. De otro mo- 
do, ¿ cuál es la regla ? La posesión actual daría por con- 
seeueneia la imposibilidad de i'csolver los límites de los 



88 VICENTE G. QUESADA 

territorios desiertos : los plesbicitos de esta o aquella épo- 
ca, es la disolueión de las nacionalidades, la guerra co- 
mo consecuencia lógica. 

Moncayo sienta una inexactitud, cuando dogmática- 
mente sostiene que son pocos los estados hispano-ameri- 
eanos que han aceptado en virtud de tratados, el prin- 
cipio del uti possidetis, como regla jurídica internaciona'i 
para resolver sus cuestiones de límites. Por el contra- 
rio, todos los estados latino-americanos y el imperio del 
Brasil han reconocido que el uti possidetis era la base 
capital para las demarcaciones del territorio nacional, en 
lo que no hay uniformidad es en la fijación de la fecha 
de la posesión. Los estados hispano-americanos, puedo 
decir, en su gran mayoría, han convenido en recc-nocer 
el uti possidetis del año diez como la base fundamental 
para resolver esas cuestiones; principio qu3 ha sido . cep- 
tado en todos los congresos de plenipotenciarios en la 
América latina. En las cuestiones de límites entre el Bra- 
sil, el Perú, Bolivia, el Paragiiay y la república del 
Uruguay, aceptaron el principio jurídico del uti posside- 
tis actual, conviniendo en dar por abrogados los t" ata- 
dos entre las antiguas metrópolis de España y Poi'tugal. 

No es, pues, históricamente cierto que sean pocos les 
estados hispanos que han aceptado esa regla jurídica, 
pues los mismos estados que han hecho arreglos directos 
para la fijación de límites, han convenido que al practi- 
car la demarcación y colocar los marcos divisorios, se 
tuviere presente la posesión, y cuando no había estipu- 
lada cesión expresa del ten'itorio, se entendía que la comi- 
sión mixta demarcadora, dictaría los acuerdos que ob- 
viasen las dificultades del trazo de la línea; y tales 
acuerdos, sometidos a la aprobación de los gobiernos 
linderos, constituirán el fundamento legal de la demarca- 
ción del territorio. Así procedió el Brasil y la Repúbli- 
ca Oriental del Uruguay. 

Tampoco es exacto, como lo pretende Moncayo, que 
entre los mismos estados que han aceptado el principio 
del uti possidetis, haya disconformidad en su inteligen- 
cia y alcance jurídico, pues todos sostienen que es la po- 
sesión civil fundada en el título de la demarcación es- 
pañola, o en otros términos, el uti possidetis de derecho. 
Ningún estado hispano-americano sostiene la posesión de 
hecho; esa es pretensión y doctrina brasileña. No hay 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 89 

¿esacuerdo ni anarquía en lo qne jurídicamente se en- 
tiende por posesión civil. 

Este escritor sostiene una doctrina acomodaticia pa- 
ra servir a los intereses de su país. 

No hay tal perturbación en las ideas en esta materia 
como lo ha aseverado Moncayo, preocupado con las cues- 
tiones de límites que han traído tantas complicaciones 
a los estados que formaron la antigua Colombia, y entre 
ésta y el Perú. Olvida, empero, que el tratado de 1829, 
celebrado entre las últimas, reconoció el principio del 
uH possidetis, y especificó su inteligencia. Las dificul- 
tades surgieron después, no de la ineficacia del princi- 
pio jurídico, sino de los hechos complejos y de difícil 
prueba a veces para comprobar cuál era el uti possidetis^ 
cuáles los límites legales de las gobernaciones. Y en es- 
ta materia cualquiera que sea la base que se tome para 
resolver en principio una cuestión de límites, no evitará 
las controversias y dificultades que se presentan al tra- 
zar sobre el terreno la línea divisoria. Todo el que co- 
nozca que la operación científica de convertir en hecho 
sobre el terreno la área de la propiedad a que se refiere 
un título, es siempre que no se señalen límites arcifinios, 
materia que ofrece alguna vez un semillero de pleitos 
entre propiedades privadas, no podría pretender que 
tratándose de demarcaciones internacionales, las dificul- 
tades desaparezcan por la celebración de un convenio o 
de un tratado; porque resuelta la controversia en prin- 
cipio, vienen las dificultades geodésicas de la mensura 
y amojonamiento, que tantas disputas produjo entre h;s 
demarcadores españoles y portugueses, por ejemplo. 

El mal no está en el principio internacional del uti 
possidetis juris, sino en la- naturaleza de las cosas. 

Y quiero citar y analizar las opiniones de este escri- 
tor, que fueron combatidas en un folleto por E. P. (1), 
porque ellas son bajo ciertos aspectos elementos pertur- 
badores de la nniforraidad de los principios de dere- 
cho internacional latino-americano, sobre esta materia, 
y pueden inducir en error a los que no se aperciban, 
que intereses locales hacen de teorías acomodaticias, ne- 
cesidades para buscar soluciones que favorezcan, pres 
cindiendo de los intereses generales. Esta misma excep- 
ción, empero, confirmaría la justicia de un principio que 



(1) Aun las ciufilionrs di; límites del Ecuador, etc., por E. P., Limn, 
1862. 



90 VICENTE G. QUESADA 

es regla invariable en el derecho convencional latino- 
americano, tanto en los congresos de plenipotenciarios 
como en los tratados parciales, como' tendré ocasión de 
recordar oportunamente. 

El plan de Moucayo es tan original, como poco acer- 
tado. Pretende qne algunos espíritus de vasta penetra- 
ción, en cuyo número sin duda él se coloca, desean que 
se rechacen las doctrinas obscuras e incomprensibles, y 
que se adopte como medio equitativo, prudente, sensato, 
previsor y racional, hacer tabla rasa en las actuales de- 
marcaciones, circunscribiendo: "Los límites de cada re- 
pública según el origen, tendencias y necesidades de los 
pueblos, sus fuerzas, sus recursos y, sobre todo, los me- 
dios de seguridad y garantía que necesitan para conser- 
var su nacionalidad e independencia" (I) , 

Parece increíble, pero ese es su pensamiento textual- 
mente reproducido. Supóngase que todas las repúblicas 
renuncian sus derechos de soberanía y dominio, y acatan 
reverentes la luz que les presenta Moncayo: ¿quién es 
el arbitro para esas nuevas y fantásticas creaciones? ¿Es 
un congreso de plenipotenciarios, convotados como árbi 
tros arbitradores? ¿Cómo debe procederse? ¿Cada repú- 
blica llevará su información de méritos y servicios, y 
expondrá cuál es la línea divisoria que necesita para con- 
servar su independencia, con arreglo a sus recursos? Y 
si ninguna acepta el fallo, ¿'quién las obliga? 

Enunciar esta pretensión insana, es demostrar poco 
conocimiento de la historia y del corazón humano. ¿Cree 
Moncayo que la república de Chile renuncie a las venta- 
jas de sus victorias? ¿Se atrevería a proponer al pueblo 
de Chile que en vez de agrandar su territorio lo dismi- 
nuyese en favor de Bolivia ? Lo que propone no es serio. 
¿Va acaso buscando los límites arcifinios? Para ello 
tiene expedito el camino de las cesiones, de las permutas, 
de la negociación; pero bajo la base de un dominio te- 
rritorial reconocido . 

La teoría de los límites arcifinios para establecer fron- 
teras seguras, estratégicas e inalterables, es una adqui- 
sición del derecho internacional europeo en los últimos 
cambios de la geografía política de aquel continente ; 
pero esta teoría no se entiende que sea el resultado teó- 
rico de los delineadores de los territorios de los estados. 



(1) Colombia, el BraxüColotnhia y el Perú. Cvestiún de limites, por 
Ppdro Moncayo. Valparaíso, 1862. 



HISTOni.V DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 



91 



¿Quién sería el que decidiese que este es el tvcazo que 
conviene a una frontera, prescindiendo de los pueblos 
que habitan los territorios? Las conclusiones del congre- 
so de Berlín han sido el resultado de una guerra entre 
la Rusia y la Turquía, y esos cambios son siempre el re- 
sultado de la violencia. Sería preciso, pues, Jiue gran- 
des guerras en los estados latino-americanos hiciesen in- 
evitable la convocación de un congreso internacional, cu- 
ya misión fuese la rectificación de las fronteras actuales. 
¡Sería posible la adquiesceneia de los estados interesa- 
dos? Paréeeme que esto es una utopía. Indudable es que 
las fronteras arcifinias deben ser siempre preferidas a 
las fronteras ideales, a las líneas de demarcación imagi- 
narias ; pero un cambio en la geografía política en Sud 
América, sería una perturbación artificial, si se preten- 
diese ejecutarla por la voluntad y el consentimiento. 

Las causas y fundamentos que hacen desear fronteras 
arcifinias en las demarcaciones territoriales, no dan de- 
recho para anexarse violentamente territorios o provin- 
cias contra la voluntad del estado de que forman par- 
te, como lo hizo el congreso de Bolivia por el decreto de 
9 de actubre de 1826, incorporando a la provincia ar- 
gentina de Tarija : esa situación de fuerza constituye un 
casus helli. No me ocupo, pues, de las fronteras que se 
demarcan por la fuerza o por la guerra, sino del derecho 
internacional latino-americano, para señalarlas en armo- 
nía y en paz. 

Toda rectificación de fronteras es materia de negocia- 
ción, y entonces es el derecho convencional el que esta- 
blece la regla. 

La creación de un estado neutro entre el imperio del 
Brasil y la República Argentina, fué una solución pru- 
dente cié una contienda secular: el Brasil, que heredara 
las preocupaciones del Portugal, pretendía fijar su fron- 
tera en la margen septentrional del Río de la Plata; y 
la República Argentina, heredera a su turno de los de- 
rechos y necesidades de la España, quería que la Pro- 
vincia Oriental continuase formando parte del territorio 
del virreinato en que se constituyó el nuevo estado de 
las Provincias Unidas. Convencidas ambas naciones, que 
esa contienda secular debía tenninar, ambas renunciaron 
a sus ambiciones, y se creó un estado neutro, una sobe- 
ranía garantida por ambos, pero restringida. 

Este hecho se produjo como consecuencia de las evo- 



92 VICENTE G. QUESADA 

luciónos de la historia, y no fué el producto artificial de 
los teorizadores, sino un resultado lógico, y faltal de los 
sucesos, de la guerra. 

Las fronteras areifinias deben preferirse a las fronte- 
ras imaginarias, es un deseo' perfectamente previsor. Pe- 
ro el hecho no puede producirse sino aisladamente, mo- 
dificando el principio del uti possidetis, cuando éste 
no estuviera de acuerdo con aquella necesidad interna- 
cional. Sin embargo, el gobierno español tomó general- 
mente como base en las divisiones y demarcaciones te- 
rritoriales, las necesidades geográficas y topográficas del 
suelo, y con frecuencia tuvo el acierto de señalar fronte- 
ras areifinias a los virreinatos, capitanías generales y 
presidencias. Y entoices resulta que, en 1810, época del 
uti possidetis legal entre los estados latino-americanos, 
encontró ya demarcadas los gobiernos geográficamente 
en casi todos los casos, utilizando para ello la topogra- 
fía de las comarcas. Esto explica la razón por qué se 
formaron espontáneamente agrupaciones afines, que 
constituyeron las nuevas naciones que se emanciparon 
de la metrópoli española. IndiTdaI)le as que en alguna 
manera pudiera ventajosamente rectificarse esa demar- 
cación ; y esto acontece en las naciones que se formaron 
después de la independencia, con prescindencia de las 
demarcaciones generales de la metrópoli. 

Un ejemplo ofrece Bolivia, creación fantástica de las 
veleidades de Sucre y de Bolívar, que utilizando las po- 
cas afinidades geográficas con el antiguo virreinato de 
que formaban parte las cuatro provincias del Alt-o Perú 
y del espíritu localista y otras concausas, aprovecharon 
de la impremeditada sanción del congreso general consti- 
tuyente de las Provincias Unidas del Eío de la Plata, 
que estatuía que aquéllas decidiesen de su suerte, rom- 
piesen la integridad de una gran nación y formasen un 
estado sin salida al Pacífico, sino a través de un desier- 
to, sin buenos puertos, sin vida exterior y sin condicio- 
nes geográficas de acción, como lo ha probado en la úl- 
tima guerra del Pacífico. 

Si la ley de 9 de mayo de 1825 dictada por el congre- 
so argentino, dejó en plena libertad a aquellas provin- 
cias para decidir de su suerte ; Sucre no pudo honesta- 
mente desconocer la resolución de Bolívar que había 
mandado entregar a Tarija, ocupada transitoriamente 
por aquel ejército para operaciones de guerra; y menos 



UISTOKIA IHPLOMÁl'IC.V HISPANO - AMKUICANA 93 

pudo el congreso convocado por Sucre, desconocer la vi- 
gencia de la cédula de 1807 que desmembró a Tarija de 
la intendencia de Potosí para incorporarla a la de Sal- 
ta, bajo el pretexto de rectificar fronteras y buscar las 
que fuesen estratégicas y seguras para la nueva repú- 
blica, según lo pretendía Sucre. 

Esta violación inaudita del uH possidetis legal de 1810 
es un verdadero casus helli que si .no fuera la guerra 
entonces con el Brasil, en que a la sazón se veía provo- 
cada la República Argentina, la habría producido cou 
el estado que tan deslealmente procedía. 

¿Es esto lo que querría Moncayo con sus teorías y 
los que predican la misma doctrina? 

Bolivia es un paralelógramo de 19° y medio de largo, 
de norte-sur, sobre IS" y medio este-oeste. Ese territorio 
con los Andes Occidentales y el Pacífico, que forman su 
línea oeste, no tiene al este sino ríos que corren en par- 
te por tierra extranjera : se halla enclavada así en medio 
de otras naciones, de las cuales debía formar parte inte- 
grante, si la geografía es una ley para constituir un es- 
tado. 

Según IMéndez, aquel estado pertenece a tres sistemas 
internacionales: del Pacífico, del Plata y del Amazonas 
(1) . El juzga que es un nudo que ata estos estados, y 
yo creo que es una nación sin condiciones geográficas 
que le asegiTren vida futura y libre. 

Si este es el hecho respecto de Bolivia, si la creación 
de la República Oriental del Uruguay, fué el resultado 
de necesidades y conveniencias internacionales, 2, cómo es 
posible suponer que todos estos estados y sus limítrofes 
se conformen con un cambio en la geografía política del 
continente, sólo para buscar las fronteras arcifinias se- 
guras, donde no se hayan consultado, prescindiendo de 
las afinidades de la historia y de la voluntad de las po- 
blaciones? Moncayo debe persuadirse que son poco prác- 
ticos los que tales teorías sostienen, y que sería imposible 
armonizar las tendencias opuestas en los pueblos vecinos, 
sólo para buscar límites arcifinios. Cuando éstos han 
constituido históricamente una personalidad histórica e 
internacional, insensatez fuera pretender modificarlos. 
Por esto el derecho internacional latino-americano, fun- 
dándose en la historia y en la geografía, ha reconocido 



(1) Realidad del eiviUhrío his)jaiio-amcríraiin ¡I nccexidad de la nfiu- 
h-titización perpetua de poHcia. etc., iJov Julio M.-iulez. — Lima, 1874, 



94 VICENTE G. QUESADA 

en el principio del uti possidetis del año diez la base más 
equitativa para resolver las controversias en materia de 
límites internacionales, porque es el mejor título de do- 
minio. 

Si no se aceptase ese principio como fundamento de la 
soberanía territorial, como base orgánica de los nuevos 
estados, ¿cuál sería el medio legal para conocer cuál fué 
y cuál debía ser el territorio (Te cada república'? 

No se puede reconocer la conquista, porque no la hubo 
después de la emancipación: no se puede ocurrir a los 
contratos celebrados para el descubrimiento y coloniza- 
ción, porque las circunscripciones territoriales fueron 
despnés modificadas por el señor del territorio, por el 
rey de España; ¿cuál sería, pues, la regla jurídica si no 
se sostuviese la posesión civil de 1810? 

Pretender que la base única de las nacionalidades nue- 
vas es la voluntad popular, sería asentar sobre frágiles 
fnndamentos la geografía política del continente, deján- 
dola expuesta a los cambios de las revoluciones políticas 
tan características de los pueblos poco poblados. ¿Cuál 
sería el principio consen^ador de estas repúblicas? ¿Qué 
podría garantirlas de las ambrciones de los linderos o del 
espíritu anárquico de sus propios ciudadaiios? Cada ge- 
nf']'al A'eneedor querría para sí un jirón del territorio de 
la na<3Íón, y en cada población se levantarían los caudi- 
llos ambiciosos para constituirse en señores locales. ¿Qué 
ha sucedido en la América Central? Cinco pequeñas re 
públicas se han formado por un fraccionamiento territo- 
rial inconcebible, y en vez de constituir un estado res- 
petable, son simples recuerdos de la de Andorra y San 
Marino. Felizmente, esas mismas pequeñas repúblicas re- 
conocen el principio del uti ¡possidetis de 1810 en sus 
cuestiones de deslindes, y esto impide que se haya sus- 
tituido el derecho a la conquista del presidente más 
afortunado y del general vencedor en aquellas guerras. 

El principio del uti 2>ossidetis juris de 1810 es el que 
sirve para sostener la geografía política del continente, 
porque a la vez que es la regla de la demarcación entre 
los mismos estados, es el título de la soberanía territo- 
rial de las naciones hispano-americanas; es el origen de 
las soberanías internacionales y a la vez su garantía de 
conservación y de paz. 

Supóngase que se borrase ese principio del derecho 
público americano, para sustituirlo por la voluntad po- 



HISTORIA DIPI.OMÁTUA HISPANO - AMERICANA 05 

pillar. Evidente es que eso importaría disolver las ac- 
tuales nacionalidades para buscar entonces la voluntad 
inconsulta de las poblaciones. ¿Cuál sería el medio pa- 
ra-tai información'? ¿Quién y cómo pronunciaría el fa- 
llo? ¿Sería éste irrevocable? ¿Podrían disolverse cuando 
les ocurriera? Evidentemente es que esto produciría la 
anarquía y la guerra. Bueno es tener presente las doc- 
trinas sostenidas por los Estados Unidos en su colosal 
guerra de secesión, y ante ese ejemplo deben desistir 
de sus teorías disolventes y desquieiadoras los que pre- 
tenden que la base de la soberanía nacional es la libre 
voluntad de los asociados, en tanto que ella no sea mo- 
dificada. 

Mi opinión es qne la paz en América reposa en el uti 
po.'isidciis juris de 1810. 



III 

EL "UTI POSSIDETIS JURIS " Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

El dominio territorial en las naciones hisp ano-ameri- 
canas tiene por título legal el uH possidetis juris de 
1810, porque con sujeción a este título se han creado las 
nuevas soberanías, demarcando la división territorial con 
los linderos de acuerdo con la posesión civil de la refe- 
rfda .época . No tuvieron otro título legal translativo de 
dominio que liacer valer, y por eso cuando la .metrópo- 
li ha reconocido su independencia y soberanía, la desig- 
nación del territorio en cada caso se ha hecho sujetán- 
dose a aquel principio, elevado así a título de dominio 
nacional. De manera que el fundamento legal del domi- 
nio nacional o público está comprobado por la ^posesión 
civil de esa época, con sujeción a la demarcación admi- 
nistrativa o gubernativa que había establecido el rey, 
por reales cédulas, reales órdenes u otro cualquier medio 
legítimo y reconocido, que pniebe la voluntad del sobe- 
rano del territorio antes de la independencia. 

En efecto : ¿ en qué forma y con qué territorio se cons- 
tituyeron los nuevos estados? 

Las Provincias Unidas del Río de la Plata se organi- 
zaron por la ley fundamental de 1819. después de la de- 
claración de la independencia en Tucumán en 1816, con 
ol distrito del antiguo virreinato del Río de la Plata. 



96 VICENTE G. QUESADA 

Venezuela, que desde el principio quiso confederarse con 
Nueva Granada, se constituyó con el territorio de la an- 
tigua capitanía general de su nombre, y cuando, despu/ís 
de la jornada de Boyacá los pueblos de Nueva Granada 
convinieron en la confederación, entraron a formar par- 
to de lo que se llamó Colombia, en el acta constitucional 
de 1819, con los límites que tenía el virreinato del Nuevo 
Reino de Granada. Esta declaración se convirtió en el 
artículo 1." de la ley institucional provisoria de Colom- 
bia, ratificada por el congreso de Gúcuta en 1822, en el 
título 2, sección 1.% artículo 6.° de la constitución, que 
dice: "El territorio de Colombia es el mismo que corres- 
ponde al antiguo virreinato de la Nueva Granada y la ca- 
pitanía general de Venezuela" (1) . 

La constitución colombiana de 1821 decía: ''Los pue- 
blos de la extensión expresada (el virreinato y la capi- 
tanía general) que están aún bajo el yugo español, en 
cualquier tiempo que se liberten harán parte de la repú- 
blica". 

Se ve, pues, que se referían a la posesión civil, al uii 
possidetis de dereclio. 

Alberdi decía con acierto que la revolución de mayo 
había confirmado la unidad múltiple y compleja del go- 
bierno argentino por el voto de mantener la unidad te- 
rritorial del virreinato (2) . 

Cuando en 1830 se subdividió Colombia en tres estsw 
dos, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador adoptaron en 
sus respectivas constituciones las demarcaciones del go- 
bierno español, el ufi possidetis de dcreclio del año diez, 
es decir, los señalados al virreinato de Nueva Granada, a 
la capitanía general de Venezuela y a la presidencia de 
Quito . 

México en la constitución de 1824 consignó en su ar- 
tículo 2." que ''su territorio comprende el que fué del vi- 
rreinato, antes llamado de Nueva España, el que se de- 
cía capitanía general de Yucatán, el de las comandancias 
llamadas antes de provincias internas de Oriente y de 
Occidente y el de la baja y alta California, con los terre- 
nos anexos e islas adyacentes en ambos mares". 

Durante el imperio de Iturbide se anexó a México, 



(1) La Rerixfa di' Lima. — E¡ 'idi tios-viáffis" comn hnsí- de límites entre 
Ion Estados hispanoamericano», por M. N. Corpancho. 

(2) Organización volifiea y económica de la Confederación Argenti- 
fia, etc., por Juan Bautista Alberdi. Bp^nncon, 18.56, pág. 85. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 9? 

Cliiapa y después la misma Guatemala y otras pro\dncias 
de la América Central; pero a la caída del imperio, en 
1824, las Provincias Unidas de Centro América se orga- 
nizaron con independencia de España y de México. 

Los estados que formaron la confederación centroame- 
ricana, sancionaron la constitución de 22 de noviembre 
de 1824, cuyo artículo 5." establece: ''Que la república 
abrazaba todo el territorio que primeramente había 
constituido el reino de Guatemala". 

Esta confederación tuvo vida transitoria, y en 1838 
se desmembraron las cinco provincias o estados, consti- 
tuyendo cinco repúblicas: Guatemala, Nicaragua, San 
Salvador, Hondui-as y Costa Kica, cada una de las cua- 
les tuvo por territorio de su soberanía la demarcación ju- 
risdiccional del tiempo de la colonia, que era el título 
de dominio que cada nueva personalidad en el derecho 
de gentes, invocó para ser reconocida como soberana ¿e 
su territorio respectivo. Posteriormente se han promo- 
vido cuestiones de límites entre Nicaragua y Costa Rica, 
y entre «ésta y Nueva Granada. 

Costa Rica era, como se sabe, una de las provincias que 
constituían la capitanía general de Guatemala, durante 
el gobierno colonial. Nueva Granada fué parte del anti- 
guo virreinato de Santa Fe o Nuevo Reino de Granada, 
en el cual estaba incluido el distrito de Tierra Firme o 
audiencia del itsmo de Panamá, entre cuyas provincias 
se hallaba la de Veragua, que comprendía el territorio 
de Chiriquí. 

Cuando ha surgido la cuestión de límites entre Nue- 
va Granada y Costa Rica sobre los territorios de Tierra 
Firme, Veragua y Chiriquí, toda ella ha debido reducirse 
a establecer el uti posaidetis juris de 1810. Ese hecho 
comprobado era el fundamento legal para el trazo de la 
línea divisoria. 

Por eso decía un escritor: "Establecido esto, parece 
natural investigar, en primer lugar, cuáles eran, según 
las ordenanzas de España, los límites asignados a sus 
dos dependencias: la capitanía general de Guatemala 
(Costa Rica), en un lado, y el virreinato de la Nueva 
Granada (Tierra Firme) (Veragua), en el otro; siendo 
necesario retroceder en este examen, a un período ante- 
rior al año de 1803, en cuyo tiempo se alega que una or- 



98 VICENTE G. QUESADA 

den de la corte alteró la condición de las antiguas ju- 
risdicciones" (1) . 

Cito este antecedente para comprobar que en todos los 
casos relativos al dominio territorial de los nuevos es- 
tados, se ocurre a las demarcaciones jurisdiccionales de 
la época colonial, o en otros términos, al uti possidetis 
de 1810. 

Costa Rica, que era uno de los estados que formaba 
la confederación centroamericana, estatuyó en su cons- 
titución del estado, proclamada el 21 de enero de 1825 : 
"Que el territorio del estado se extendía hasta el Escudo 
de Veragua en el Atlántico y hasta el río de Chiriquí en 
el Pacífico, abrazando la costa incluida entre la boca 
del río San Juan y la expresada isla de Esciido de Ve- 
ragua ' ' . 

En 15 de marzo de 1825 las Provincias Unidas de 
Centro América y la república de Colombia, celebraron 
una convención ele unión y confederación perpetua, í\t- 
mada en Bogotá en la referida fecha. El artículo 5." 
decía: Las dos partes contratantes se garantizan recípro- 
camente la integridad de sus respectivos territorios, con- 
tra cualquier atentado de parte de los subditos o vasallos 
del rey de España y de sus adherentes, bajo el concepto 
de que cada estado conservará los mismos límites que 
tenía demarcados al tiempo de la guerra de la indepen- 
dencia". 

Este artículo fué modificado por el congreso federal 
de Centro América, y quedó así: "Ambas partes con- 
tratantes se garantizan mutuamente la integridad de sus 
respectivos territorios, que son naturalmente los mismos 
que tenían con anterioridad a la guerra de la indepen- 
dencia. . . " 

La modificación hecha por el congreso centroameri- 
cano justifica la persuación general que los nuevos es- 
tados se formaban dentro de los mismos territorios de- 
marcados por el gobierno español; por eso dice que son 
natiiralmcnte los mismos que tenían antes de la guerra. 
En este caso, pues, por las constituciones de los estados 
que he nombrado, y por el derecho convencional, reco- 



cí) Costa Rica y Niieva Granada.-^Exam<>n fle la cuestión de límites 
pendiente entre las repúhlicas arriba mencionadas, con ini mapa, etc., 
por Felipe Molina, enviado extraordinario de la primera, traducido del 
inglés por Miguel Guardia. San Jgsé de Costa Rica, 1879. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 99 

nocen como título de dominio del estado, el que poseían 
civilmente en 1810. 

Ese tratado fué recién canjeado en 17 de junio de 
1826, Y estatuye por el artículo 7.°: "Las Provincias 
Unidas de Centro América y la república de Colombia 
se obligan y comprometen formalmente a respetar sus 
límites, como están al presente, reservándose hacer amis- 
tosamente, por medio de una convención especial, la de- 
marcación de una línea divisoria de uno y otro estado, 
tan pronto como lo permitan las circunstancias, o luego 
que una de las partes manifieste a la otra estar dispuesta 
á entrar en esta negociación". 

De modo que una vez que el derecho convencional re- 
conoció cuál era el título de dominio, se pactaba que el 
deslinde de tal dominio se haría con arreglo a un conve- 
nio internacional expreso. 

"Ninguna gracia territorial había hecho Centro Amé- 
rica a Colombia, ni Colombia a Centro América — dice 
Montúfar — después de la independencia de cada una 
de estas dos repúblicas. Dedúcese de aquí evidentemente 
que el artículo 7.° del tratado Molina-Gual se refiere a 
los límites existentes a la época de la independen- 
■cia" (1). 

De modo que, según Montúfar, toda la cuestión está 
reducida a averiguar cuáles eran esos límites o lo que es 
equivalente, cuál era el uti possidetis juris de 1810. Loa 
medios probatorios que él enumera con acierto, paréce- 
me inútil que los señale, desde que sólo me propongo 
probar que todos los estados hispano-amerieanos han re- 
conocido como el título translativo del dominio territo- 
rial, la posesión civil de 1810, con sujeción a las demar- 
caciones jurisdiccionales del tiempo colonial. 

"Le república de Nicaragua — dice el mismo Montú- 
far — ha marcado en todas sus leyes fundamentales los 
límites que tenía la antigua provincia que lleva su 
nombre" (2). 

Queda, pues, comprobado que estas repúblicas recono- 
cen el principio internacional del utis possidetis juris de 
1810. Por eso decía Montúfar: g, Cuáles eran los límites 
de Colombia y Centro América, cuando se hicieron in- 



(1) Memoria presentada a la legislatura de 1881, por el doctor Lo- 
renzo Montúfar, ministro de relaciones exteriores de Guatemala. Guate- 
mala, Tipografía de El Progreso, 1 v. de 35 p. en 8.° 

(2) Obra citada. 



loo VICENTE G. QUESADA 

dependientes? "Los límites no fueron alterados nunca. 
Se conservaron siempre los mismos que fijan las leyes de 
Indias, y los títulos de Gutiérrez, de Colón, de Chirinos 
y Salinias. Esto exige prueba..." (1). 

No me he propuesto, por el momento, estudiar la 
cuestión de límites entre Nueva Granada y Costa Rica, 
sino simplemente comprobar la unanimidad de los nue- 
vos estados en el acatamiento del principio fundamental 
de la soberanía territorial. Y en esta parte, creo que mi 
tesis no podrá ser desmentida. El enviado extraordina- 
rio de Costa Rica y Guatemala cerca del gobierno de 
los Estados Unidos, decía, hablando del ya citado tra- 
tado jMolina-Gual : "No obstante, se fijaron las bases 
reconociendo el principio de los límites naturales", tal 
como entonces existían, lo cual, en el caso presente, era 
reconocer el principio de litis possidetis observado poi* 
todos los estados de la América española" (2). 

Continuaré mi tarea para comprobar que todos los 
otros estados han aceptado el mismo principio de dere- 
cho internacional. 

En efecto: la república de Chile ha hecho la misma 
declaración en todas sus constituciones desde su carta 
política de 1822 hasta la constitución de 1837, y esta re- 
solución, dice Lastarria: "No hace sino confirmar los 
límites que la cédula de erección del obispado de San- 
tiago había señalado a Chile por el norte, fijándolos en 
el desierto de Ataeama y los que la ley 12. tít. 14, Tib. 
2. R. de Indias le había dado por el Sud, extendiéndose 
la jurisdicción de la Audiencia a lo que se redujera, po- 
blase V pacificase, dentro y fuera del estrecho de Maga- 
llanes" (3). ' ' 

Lastarria habría dicho la verdadera verdad histórica 
si hubiera recordado que los límites fijados a la capita- 
nía general de Chile lo fueron en 1783, cuando se 
crearon las dos intendencias de Santiago y Concepción, 
con los mismos límites de los obispados, poniendo la 
cordillera como término divisorio con el virreinato del 
Río de la Plata. 

Resulta, pues, de este ligerísimo análisis, que todas 
las constituciones de los nuevos estados que han señala- 



( 1 ) ídem. 

(2) Costa Rica y Xueva Granada — Examen de la cuestión de limites, 
etcétera, por Felipe Molina, etc. 

(3) Revista de Lima, ya citada. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 101 

do el territorio de la soberanía y dominio nacional, lo 
han hecho tomando como base la demarcación hecha por 
el rey de España, o lo que es lo mismo, el utis possidetis 
juris de la época de la independencia . 

Pasaré ahora a recordar los precedentes del derecho 
internacional positivo . 

La diplomacia americana se inició, como ya dije, por 
el tratado de 28 de marzo de 1811, celebrado en Bogo- 
tá entre las Provincias Unidas de la Nueva Granada y 
Venezuela, que es la celebración de una alianza y fe- 
deración. Las dos partes contratantes se garantizan re- 
cíprocamente la integridad de sus territorios respecti- 
vos. El art. 2° establece la demarcación y límites de los 
estados por medio de comisarios geógrafos. Al referirse 
a sus respectivos territorios, tenían en cuenta el dis- 
.trito de la capitanía general de Venezuela y el del vi- 
rreinato del Nuevo Reino de Granada. 

En 1822 México y Colombia celebraron un tratado de 
alianza y federación, al cual se adhirió el Perú. La 
guerra aún no había terminado, y pactaban sostener su 
independencia y extender la alianza entre todos los paí- 
ses que formaban antes la América española. El art. 8." 
establece la recíproca garantía de la integridad territo- 
rial, tal cual se encontraban dichos territorios antes de 
la guerra de emancipación, reconociéndose como porcio- 
nes integrantes de cada una de ellas todas las provin- 
cias, que aunque gobernadas por el momento indepen- 
dientemente de los antiguos virreinatos de México y 
Nueva Granada, hubiesen sido o convenido de una ma- 
nera legítima formar juntas un cuerpo de Nación. 

Idéntico principio se estipuló con el Perú, y desde que 
en este pacto, dice Corpancho : "... Se proponía a todas 
las repúblicas, como en efecto fueron invitadas, Guate- 
mala, Chile y Buenos Aires, es claro que se le quería 
hacer prevalecer como un principio común y que regía 
de un modo tácito. Ya desde 1819 la república de Chile 
y Buenos Aires habían garantido la independencia del 
Estado que se formase en el Pem, en el tratado que 
esas dos naciones ajustaron para enviar la expedición 
libertadora a las órdenes de San Martín, y por sus cons- 
tituciones se habían dado el territorio que les correspon- 
día, trazando su carta sobre la base del uU possidetis 
juris." 

En 1822, durante la lucha de la independencia, se 



102 VICENTE G. QUESADA 

inició entre Colombia y el Perú la cuestión relativa a 
la provincia de Jaén y parte de la de Mainas . Colombia 
sostenía que pertenecía al virreinato de Santa Fe, desde 
su creación en 1740. El Perú alegaba que habían sTdo 
después desmembrados y agregados al virreinato de Li- 
ma. En el mismo año se celebró un tratado entre -las 
dos naciones aplazando esta controversia. 

El ministro colombiano celebró en Lima el tratado de 
1823, cuyo art. 1.° dice: "Ambas partes reconocen por 
límites de sus territorios respectivos los mismos que te- 
nían el año de 1809 los ex virreinatos del Perú y Nue- 
va Granada . ' ' 

Reconocían el uti possidetis de derecho. 

Ambas repúblicas en 16 de octubre de 1829 celebra- 
ron otro tratado de límites, estableciendo el mismo prin- 
cipio de los antiguos virreinatos de la Nueva Granada 
y el Perú antes de la independencia. Prescindo de en- 
trar en el detalle de cuáles fueron esos límites; pero me 
basta dejar establecido que el principio del uti possi- 
detis 'juris del año diez, era la base jurídica de la demar- 
cación . 

Acabo de recordar el tratado Molina-Gual, canjeado 
el 17 de junio de 1826 y celebrado ^ntre Colombia y las 
Provincias Unidas de Centro América. 

De esta exposición resulta que en el derecho institu- 
cional de los nuevos estados, así como en el derecho pú- 
blico convencional, no hubo la mínima discrepancia pa- 
ra reconocer el principio del uti possidetis juris de 
1810. Bolivia ha proclamado el mismo principio en sus 
cuestiones de límites con Chile, y el Ecuador no se ha 
separado de esta regla internacional. 

Este mismo principio lo sostenía en 1841 el ministro 
peruano negociando en Quito, cuando declaraba que se 
fijaría por base de la negociación los antiguos límites de 
los virreinatos; prescindía, pues, de la posesión de he- 
cho que tenía el Perú en las provincias de Jaén y Mai- 
nas, y respetaba la posesión civil o de derecho. 

Nueva Granada ha sostenido siempre el uti possidetis 
de derecho en todos los documentos oficiales relativos a 
la cuestión de límites. Esa teoría fué desarrollada por 
Fernández Madrid en el informe que presentó al senadc> 
de aquella república. Celebró un tratado de límites con 
Venezuela el 14 de diciembre de 1833, pero fué desapro- 
bado por el congreso venezolano. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 103 

Pero quien la desarrolló con lucidez y claridad fué 
el ministro de relaciones exteriores de los Estados Uni- 
dos de Colombia, C. Martin, en su Memoria al congre- 
so federal en 186S. 

El art. 5.° de la constitución de Venezuela, en 1830, 
establece que el territorio de la capitanía general de 
Caracas, en 1810, constituye el de la república ; y esto 
importa reconocer como base de demarcación interna- 
cional el uti possidetis juris. 

Fermin Toro presentó en 25 de junio de 1844 una 
Memoria, sosteniendo la línea divisoria entre Venezue- 
la y Nueva Granada, estipulada en el tratado ya cita- 
do de 1833, para que fuese agregada al protocolo de las 
neigociacáones, y termina así : ' ' Superabundantes son 
estas pruebas para demostrar que el uti possidetis de 
1810 está en favor de Venezuela por título válido, por 
ocupación perfecta y por posesión continua". 

El uti possidetis actual ha sido pactado entre el Bra 
sil y Venezuela por el tratado de 25 de noviembre 
de 1851. 

Rebatiendo el informe de la cámara de diputados de 
Venezuela, que aconsejó el aplazamiento de la discusión 
del antedicho tratado, decía el plenipotenciario del Bra- 
sil en Venezuela, Perej^ra Leal: " . . .no se necesita más 
que invocar el principio del uti possidetis, que la comi- 
sión respetó y no podía dejar de respetar: si el tratado 
lo estipula, si la constitución del estado lo sanciona, no 
hay ni puede haber desmembración del territorio de la 
república, ni perjuicio para Venezuela". 

Pero no trataba del utis possidetis de derecho. 

Leocadio Antonio Guzmán, ministro plenipotenciario 
de Venezuela en el Perú, en su memorándum de 20 de 
noviembre de 1854, dice: "Los estados colombianos, co- 
mo todos los hispano-americanos, han declarado como 
principio de justicia y prenda de paz en materia de 
límites el uti possidetis de 1810". 

El escritor granadino Lorenzo María Lleras, en un 
opúsculo de 59 pág., bajo el título Exposición, publica- 
do en 1854, sostiene la necesidad y conveniencia del uti 
possidetis del año diez. 

Esta misma doctrina la ha sostenido en notables ar- 
tículos, en La Revista de Lima, don M. N. Corpancho: 
"Dos ejemplos se pueden citar del reconocimiento ex- 
plícito de este principio por parte de los Estados Uni- 



104 VICENTE G. QUESADA 

dos de la América del Norte; uno en la terminación de 
la cuestión de soberanía y dominio a las Islas de Lo- 
bos, que sostuvo contra el Perú, y de cuya pretensión 
desistió; y el que tuvo con Venezuela por las Islas de 
las Aves . ' ' 

Ni podía ser de otra manera : la organización federal 
de la América del Norte tuvo por base los estados cuyos 
límites estaban marcados por sus actas de fundación, 
s€gún lo hace notar Story. Esas demarcaciones cir- 
cunscribían legalmente el territorio de cada estado. Esa 
ha sido también, dice Corpancho : "...La regla en sus 
discusiones sobre propiedad territorial con las repúbli- 
cas del sur". 

¿Cuál ha sido la regla que ha observado la España 
al reconocer la independencia de sus antiguas colonias? 
El uti possidetis legal, las demarcaciones gubernativas 
del gobierno metropolitano. 

Kecuérdense los tratados de reconocimiento de la in- 
dependencia, con México en 1836, con el Ecuador en 
1840, con Venezuela en 1845 y en el mismo año con Chi- 
le; con el Uruguay en 1846, con la Confederación Ar- 
gentina en 1859, con la república de Costa Rica el 10 de 
mayo de 1850, tratado canjeado en Madrid el 21 de di- 
ciembre del mismo año ; con Bolivia en 1861, es decir, 
con todas las repúblicas con las cuales ha celebrado tra- 
tados, ha consagrado una cláusula relativa al territorio, 
cuyos derechos de soberanía y propiedad traspasa Espa- 
ña a la colonia emancipada, de acuerdo con el uti possi- 
detis juris y su ley constitucional, es decir, concordando 
con los artículos constitucionales en que estas repúblicas 
demarcan su territorio. He demostrado ya que todas lo 
hacen refiriéndose a las demarcaciones de la metrópoli. 

De modo que en estos pactos internacionales la Espa- 
ña transfiere y la república acepta el derecho de señorío 
y dominio al territorio demarcado, consagrándose un 
principio de derecho público, que es la regla de derecho 
internacional hispano-americano. 

Así se ha confirmado la opinión de un publicista ar- 
gentino que sostenía que la España tenía en su mano, 
tratándose de los límites entre las repúblicas americanas 
una parte decisiva para asegurar su tranquilidad y paz. 

De manera que el principio del uti possidetis juris del 
año diez, que fué en la primera época de la guerra mag- 
iia, la base de los nuevos estados, se ha elevado luego al 



HISTOBIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 105 

rango de un principio legal por el derecho convencional 
entre España y los nuevos estados, así como en su dere- 
cho público internacional se había elevado al rango de 
precepto constitucional, garantizado además por el dere- 
cho internacional positivo. 

Contra este principio proclamado en el norte, en el 
centro y en el sud de la América no se puede volver : es 
el fundamento conservador en materia de dominio terri- 
torial, es base positiva, ineludible de las nuevas naciones, 
que buscaron legalizar su creación en la ley y no en la 
fuerza, en la razón prudente y no en la insensata am- 
bición . 

"Y en efecto — • dice un publicista: — desde que se 
ha convenido por todas ellas en el uti possidetis de la épo- 
ca de la emancipación, la España contribuye indirecta- 
mente a dilucidar las controversias que se han suscitado 
por sus límites, porque éstas no pueden arrogarse más 
títulos de propiedad que los que derivan de esa fuente, 
ni pueden ir más allá de la extensión de derechos terri- 
toriales que reciben de la-madre patria. Las cédulas rea- 
les recobran un nuevo valor, porque se lo da nuestra 
propia soberanía haciéndolas revivir, como derroteros 
que designan una demarcación que se hizo por ellas. Su 
m/árito puede decirse que es arqueológico, y al sujetarse 
a ellas, lejos de obedecer a Fernando, como se ha dicho,, 
obedecemos a la soberanía nacional que ha convertido en 
ley del estado lo que fué disposición administrativa del 
coloniaje" (1) . 

En las controversias que han tenido lugar entre los 
nuevos estados sobre demarcación territorial, se ha sos- 
tenido esa doctrina del uH possidetis de derecho. 

El Brasil partiendo de la misma base la ha modificado 
profunda y esencialmente : se aparta del uti possidetis 
de derecho, es decir, de la posesión fundada en títulos y 
la ha substituido por el uti possidetis actual, es decir^ 
por el mero hecho, por la posesión sin título, por la usur- 
pación y el fraude. Algunas repúblicas han celebrado 
con el imperio tratados bajo esta base : el Perú, Bolivia, 
Venezuela, el Paraguay, la república del Uruguay. Pero 
tal principio es inmoral y disolvente, es aceptar el frau- 
de como origen del dominio, y la mala fe y la usurpa- 
ción como medio permitido de adquirir. 



(1) Revista de Lima, ya citada. 



106 VICENTE G. QUESADA 

Para mostrar que uunca fué comprendido de esta 
manera el uti possidetis del año diez, sino como posesión 
civil fundada en título, voy a recordar los precedentes 
más notables en las diversas cuestiones de límites entre 
las repúblicas hispano-americanas. A la teoría se agre- 
gará el hecho que no permite comentarios: la diploma- 
cia americana iluminará así la cuestión con sus elevados 
razonamientos y doctrina. 

En la cuestión de límites entre la Nueva Granada y 
Costa Rica, ya he recordado que la base de la negocia- 
ción fué el uti possidetis del año diez. Se alegaba por 
parte de Nueva Granada, que la misma constitución fe- 
deral de Centro América, de 22 de noviembre de 182-4. 
designó por el artículo 5.° el territorio de la nación, por 
lo que no había "ningún fundamento respetable o sa- 
tisfactorio para sostener la pretensión del gobierno do 
Costa Rica". 

Por consiguiente, se ve que se aceptó como una ley 
obligatoria, como un hecho que instituía derechos inata- 
cables, que el territorio de la soberanía nacional que re- 
conoce una constitución al designarlo expresamente, es 
un modo de adquirir el dominio, o mejor dicho, de li- 
mitarlo a cierta zona territorial, fuera de la cual no 
puede permitir el derecho de gentes que se pretenda nue- 
vo dominio y se perturbe el que posee jurídica y pací- 
ficamente la nación vecina. Esa designación hecha en 
la constitución de un estado independiente, circunscribe 
el dominio eminente a los límites señalados. Dentro de 
tales límites está la personalidad nacional, que tiene de- 
beres y obligaciones respecto de las otras naciones. 

En efecto: no hay estado soberano sin territorio se- 
ñalado, y cuando se forma una nueva nación y solicita 
que se le reconozca como tal por todas las demás, está 
obligada a señalar la extensión territorial dentro de la 
cual ejerce la soberanía eminente y el imperio, y bajo 
esta condición, es que se la reconoce como personalidad 
internacional. El territorio constituye así un hecho, base 
inevitable del derecho*, porque los actos que el nuevo go- 
bierno ejerce en ese territorio le obligan respecto de las 
otras naciones en sus relaciones de entidad colectiva, d-i* 
sociedad independiente, de nación libre. 

Por esta razón, las naciones extranjeras cuando reco- 
nocieron la independencia de los nuevos estados hispano- 
americanos, exigieron como condición previa conocer 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICAN \ 107 

el territorio de que se formaban. Así procedieron los Es- 
tados Unidos con la Kepública Argentina, y la España 
con todas las repúblicas. Una vez que ese territorio fui 
claramente designado por la nación que aspiraba a ser 
considerada como loersonalidad internacional, la recono- 
cieron como tal. 

Montúfar, al recordar el tratado celebrado entre los 
Estados Unidos de la América Central y la antigua Co- 
lombia, de cuyos estados Costa Rica formó parte de 
los primeros, y Nueva Granada en la última, decía : 
"Dedúcese de aquí evidentemente que el tratado Molina- 
Gual, al hablar de los límites existentes, habló de los 
límites que describe y marca la carta geográfica del 
reino " . 

Y Felipe Molina, plenipotenciario de Guatemala y 
Costa Rica en AVáshington, entiende que ese tratado 
reconoce como base el uti possidetis de 1810. 

En la cuestión de límites entre las repúblicas de Nica- 
ragua y Costa Rica, se ha discutido tomando como tí- 
tulo que establece el dominio, la demarcación jurisdiccio- 
nal de sus territorios como provincias componentes del 
antiguo reino de Guatemala. Tan evidente es esto que 
Felipe Molina, ministro de Costa Rica en la corte de 
Madrid, obtuvo un permiso con el objeto de estudiar los 
archivos españoles, en el cual se lee : "... para que pue- 
da... registrar en los archivos los límites de la expre- 
sada república, compuesta de la antigua provincia de 
aquel nombre, y del partido de Nicoya, en lo que consti- 
tuyó la capitanía general de Guatemala... (Madrid 27 
de mayo de 1850)" (1). 

Ahora bien: esa autorización concreta perfectamente 
cuál es el territorio cuyos títulos de dominio se bus- 
caban . 

La república de Costa Rica se compone actualmente de 
la antigua provincia del mismo nombre, y de un distri- 
to llamado Guanacaste o Nicoya, que antes había perte- 
necido a la provincia de Nicaragua. 

Este distrito, materia de la disputa, en 1824 se se- 
paró de Nicaragua y se incorporó a Costa Rica. De mo- 
do que en tal caso y a su respecto, no rige el principio 
del uti possidetis juris de 1810, porque violando ese prin- 

(1) Costa Rica |/ Nueva Granada — Examen de la cuestión de límites 
... y vn apéndice que contiene una suscinta reseña de la cuestión entre 
Costa Rica y Nicaragua, por Felipe Molina, etc. 



108 VICENTE G. QUESADA 

cipio se ha desmembrado y anexado a Costa Rica. Pero 
el congreso federal de Centro América, , cuyos estados 
constitutivos eran, precisamente, entre otros, las provin- 
cias de Nicaragua y Costa Rica, aprobó esa segregación 
y la anexión subsiguiente, pero como medio transitorio 
mientras no se demarque el territorio de cada estado. 

El partido de Nicoya había solicitado del expresado 
congreso, el permiso para aquella segregación, que ya di' 
hecho había verificado, y entonces aquel cuerpo dictó 
la ley de 9 de diciembre de 1825, a que acabo de refe- 
rirme . 

En 1840 tuvo lugar la disolución de los Estados Uni- 
dos de Centro América, y los cinco estados o provincias 
que lo componían conservaron sus respectivas demarca- 
ciones. Guanacaste o Nicoya quedó así incoi-porado a 
Costa Rica, desde esa fecha hasta el presente. Nicara- 
gua disputa, pues, la soberanía sobre Guanacaste y so- 
bre el territorio que se extiende en el banco sur del río 
San Juan, y el derecho de navegación en el expresado río 
y gran lago. 

De manera que, si entre estos estados se ha de respe- 
tar el uti possidetis juris de 1810, es incuestionable e) 
derecho de Nicaragua para reivindicar a Guanacaste; 
pero como el dominio se puede transferir por cualquier 
título hábil, será preciso averiguar si aun puede alegar- 
se la vigencia de una ley, extinguida la asociación de los 
estados, cuando esa ley era condicional, mientras no Svi 
demarcase el territorio de los mismos estados. Esa de- 
marcación que ha llegado el caso de hacerse, está suje- 
ta a una regla que es el título del dominio de estado: la 
posesión civil de 1810. 

Pienso, pues, cuando la designación del territorio se 
hizo por alguna de las nuevas naciones en artículos 
expresos de sus constituciones, como Chile, el Ecuador, 
los Estados Unidos de Colombia, los Estados Unidos d2 
Venezuela y Centro América, que el territorio designado 
de esta manera solemne y pública, fué el de su soberanía, 
el que constituyó el hecho material de su existencia en- 
tre las naciones libres y soberanas. 

Evidente es que, al hacer esta designación tomaron 
como base, como punto de partida, las demarcaciones 
territoriales de la colonia, o en otros términos, la pose- 
sión civil que se fundaba en esa misma demarcación, que 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 109 

es lo que constituye el principio del uti possidetis de de- 
recho del año diez. 

La liepública Argentina no señaló expresamente en 
sus constituciones el territorio de su soberanía; pero 
de hecho, por actos oficiales, por los representantes que 
concurrieron a sus congresos, su territorio y dominio lo 
constituía el del antiguo virreinato del Río de la Pla- 
ta. Así se nota en su primer pacto internacional coi) 
Portugal en 1812, y en todos los sucesivos. 

De este territorio se formaron después las repúblicas 
Je Bolivia, Paraguay y del Uruguay, subdivisiones de 
aquel gran todo, que, a su vez, cuidaron de seña- 
lar los límites territoriales que formaban el distrito so- 
berano de cada una de ellas, y es con arreglo a esta de- 
signación, salvo algunas cuestiones de deslindes con los 
estados vecinos, que fueron reconocidas como indepen- 
dientes y entraron en relaciones internacionales con las 
otras naciones. 

En cuanto a la República del Uruguay, como la for 
mación de este nuevo estado fué el resultado de una 
guerra internacional, los beligerantes pactaron en 1828 
en crear en la provincia de Montevideo una nación in- 
dependiente ; por ello, sus límites son los que tenía esa 
provincia, si bien es verdad que ambos beligerantes pu- 
dieron en el tratado definitivo de paz darle más terri- 
torio, desmembrando el propio. 

De manera que cuando la república de Chile declaró 
en su constitución política que la cordillera de los An- 
des era su límite arcifinio oriental, y la República Ar- 
gentina reconoeió a su vez que ese límite occidental a su 
respecto, la dividía de la república vecina, se obligaron 
ante las naciones extranjeras a no alterarlo, ni modifi- 
carlo, mientras no lo fuere por medios permitidos por el 
derecho de gentes para adquirir el dominio y soberanía. 

Por esta razón la República Argentina asumió la res- 
ponsabilidad de los actos ejercidos por el comandante 
militar y político de Malvinas, Costa Patagónica y Tie- 
rra del Fueg«, nombrado en 1829 y puesto oficialmente 
en posesión tranquila y pública de su gobierno; y, en 
consecuencia, sostuvo a los Estados Unidos de la Amé- 
rica del Norte y a la Gran Bretaña, que esas islas y las 
costas marítimas hasta el cabo de Hornos, eran parte 
integrante del territorio de su soberanía. Y no podía 
negarse el hecho, puesto que dicho territorio estaba com- 



I 10 VICENTE G. QUESADA 

prendido dentro de los límites territoriales arcifinios que 
señaló al ser reconocida como nación soberana, y, por 
tanto, que ese distrito estaba garantido por el derecho 
de gentes, como del dominio de la república. 

En Europa estas cuestiones no pueden existir, porque 
las diversas nacionalidades tienen territorios bien demar- 
cados, que pueden alterarse por tratados, por la conquis- 
ta o por cesión, pero siempre por un hecho positivo, co- 
mo la unificación del reino de Italia y el imperio ale- 
mán, y las últimas modificaciones en la geografía polí- 
tica europea, sancionadas en el congreso internacional 
d6 Berlín. 

Evidente es, por lo tanto, que el accidente eventual 
de encontrar un documento cualquiera, perdido o extra- 
viado en los archivos públicos, para hacerlo conocer cuan- 
do el hallazgo tiene lugar, no puede alterar la posesión 
hona fide, ni los límites que las constituciones han seña- 
lado y bajo los cuales fueron admitidos los nuevos es- 
tados, como naciones soberanas. Esta era la doctrina le- 
gal que sostenía Manuel Mosquera, con motivo de las pre- 
tensiones de Costa Rica. "Más natural y justo sería 
atender a la realidad de los hechos históricos, a los lí- 
mites generalmente reconocidos que ellos señalan, decía 
don Pedro Fernández Madrid, no entre gobernaciones 
fugitivas de poco después de la conquista, sino en las 
demarcaciones permanentes hechas por el rey, que es 
lo que constituye el uti possidefis de 1810. (1). 

Los mismos publicistas chilenos reconocen la evidencia 
de estas teorías, y han sostenido, entre otros José Anto- 
nio Torres, que el principio del vfi possidefis del año de 
1810, que había invocado y que defendía Bolivia, era el 
mismo aceptado por Chile en los límites de su respectivo 
territorio, porque esas demarcaciones establecidas por la 
metrópoli en sus divisiones políticas y administrativas, 
era la de los nuevos estados (2). 

La legación de la Confederación Granadina en Chi- 
le, desempeñada por Plorentiiio González, en nota data- 
da en Santiago a 16 de mayo de 1861, y dirigida al .^c- 
ñor secretario de estado del despacho de 'relaciones ex- 
teriores de la Confederación Granadina, decía: "El dis- 
cinguido granadino Pedro Fernández ^Madrid, en el in- 



(1) Informe sobre )a cuestión de límites entre Nueva Granada y 
Costa Rica. 

(2) Solución de la cae-itión de limites entre Chile \i Bolivia, por dop 
José Antonio Torres. 



HISTORI.\ DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 111 

fo'iiie quo presentó al senado de la república sobre el 
tratado celebrado con el imperio del Brasil en 1853, de- 
mostró la justicia y conveniencia de que, al fijar los li- 
mites de territorios que antes dependían de naciones di- 
ferentes, el derecho de los nuevos gobiernos establecidos, 
después que se erigieron en estados independientes, se 
determine según los tratados que existían entre las ^res- 
pectivas naciones de quienes esos estados dependían".^ 

Y esto es evidente, decía el mismo diplomático, más 
tarde catedrático de derecho constitucional en la univer- 
sidad de Buenos Aires, siempre que hayan de arreglar- 
se los límites entre los estados hispano-americanos y la 
América inglesa o lusitana. 

Por eso, decía, que las cuestiones de límites entre los 
estados colombianos y el imperio del Brasil estaban regi- 
das por los tratados internacionales de ambas metró- 
polis anteriores a 1810. Esta es la doctrina uniforme- 
mente sostenida por la mayoría, casi puede decirse, pol- 
la unanimidad de los publicistas hispano-americanos. 

Esta doctrina no puede aplicarse a las subdivisiones 
territoriales de un mismo soberano, y ello es de toda evi- 
dencia. Entre los subditos y el rey no hay pactos_ de ca- 
rácter internacional : el señor del territorio, en ejercicio 
de su soberanía, puede dividir administrativamente co- 
mo mejor convenga su dominio. Cambia el caso cuando 
se trata de deslinde con nación extranjera, pues enton- 
ces sólo los tratados son la regla del deslinde. González 
decía que al autorizar al poseedor de un territorio a que 
continuase en la posesión del mismo modo que la tenía, 
ni el poseedor ni el territorio pasaban al dominio de otro 
gobierno; la condición civil del territorio no cambiaba; 
pero habiéndose constituido Tmtu proprio en estados so- 
beranos e independientes, territorio y poseedores deja- 
ron de pertenecer al dominio de la metrópoli, constitu- 
yendo una personalidad internacional dentro de los mis- 
mos límites del uti possidetis de la- época de la revo- 
lución. 

No es exacto que el uti possidetis no sea un principio 
de derecho internacional americano, consuetudinario y 
de derecho positivo, puesto que ya he citado los tratados, 
los congresos americanos, las constituciones de los mis^ 
mos estados y ha sido la base para el reconocimiento de 
la independencia por parte de España. 

Es evidente que las naciones independientes definen 



112 VICENTE G. QUESADA 

SUS límites por tratados internacionales, pero nada, ni 
nadie prohibe que se estipule como base el uti possidetis 
juris del año diez, cuya fuerza jurídica nace así del pac- 
to mismo, que es la ley entre los contratant-es. 

Los tratados celebrados entre el Brasil y algunas re- 
públicas constituyen la excepción a estos principios, pues- 
to que ni aceptan los antiguos tratados entre las coro- 
nas de España y Portugal, ni el uti possidetis legal de 
1810. En efecto, si aceptasen este principio, e) derecho 
en que se basa y lo caracteriza sería preciso buscarlo en 
los tratados de límites de 1777 y de 1778. El Brasil ha 
inventado entonces un principio genuinamente brasile- 
ño, el uti possidetis actual, es decir, la sanción de los 
avances hechos por lusitanos y brasileños sobre las fron- 
teras españolas. 

Recordaré el tratado celebrado con Venezuela en 5 de 
mayo de 1859. En él se estipula como base del deslinde 
en ciertos lugares, el divortia aquarum. No han querido 
llevar la excepción hasta desconocer este principio de de- 
recho internacional . 

El Brasil y la Confederación Argentina celebraron un 
tratado en 1-^; de diciembre de 1857, que no fué canjeado 
felizmente. Ese tratado era la sanción de la más eviden- 
te usurpación territorial: pactaban que el río Uruguay 
era el límite arcifinio y el Brasil se quedaba así con las 
Misiones Orientales y demás territorios ocupados en vio- 
lación del statu que de 1804 y del tratado Eademaker de 
1812, especialmente de sus cláusulas secretas y de los 
anteriores tratados de 1777, cuyos reclamos están aún 
pendientes para la evacuación de los territorios usur- 
pados, antes y después del tratado de paz de Badajoz 
en 1801. Para que la monstruosidad de ese tratado 
fuese más chocante, pactaron que los ríos Pepiri-Guazú 
y San Antonio, como límites di\ásorios, serían los recono- 
cidos en 1759, cuando los demarcadores del tratado de 
1777 habían reconocido que no eran los verdaderos, 
pues tal designación había sido un ardid portugués pa- 
ra apropiarse territorios españoles. 

En este tratado los plenipotenciarios argentinos die- 
ron prueba de su incompetencia y de la más completa 
inorancia de la cuestión que debatían. 

El Brasil tomaba como punto de arranque de la ne- 
gociación el uti possidetis actual, y los plenipotenciarios 
argentinos no comprendieron que sacrificaban derechos 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA .113 

incuestionables de la nación qne tuvo la ligereza de con- 
fiarles la defensa de su dominio territorial. 

Últimamente Cotegipe ha emprendido una campaña 
parlamentaria sobre la cuestión de Misiones con moti- 
vo de la creación de un territorio federal argentino y 
por más declaraciones que haya hecho el ministro de ne- 
gocios extranjeros del imperio que no consentirá en la 
ocupación de los territorios disputados, astutamente 
oculta que el imperio posee territorios que son materia 
del litigio, y ahora se hace mucho ruido para hacer creer 
a los ignorantes que la cuestión se concreta a la simple 
disputa de los demarcadores del tratado de 1777, pero 
esa no es sino una faz de la cuestión. Esta es muy com- 
pleja, y no es cuestión de guerra, sino de discusión, cues- 
tión diplomática. Por más inter.9s con que Vicuña 
Mackenna intente soplar el fuego entre argentinos y bra- 
sileños, diciendo "que una ley fatal y antigua los preci- 
pita los unos contra los otros", creo que en las nneiones 
actuales no pueden persistir los odios internacionales y 
que los intereses los echan los unos en brazos de los otros, 
porque sólo por la armonía se consolida la civilización 
de dos naciones muy poco pobladas en relación de la ex- 
tensión del territorio. 

Esta cuestión muy compleja, repito, necesita detenidos 
desenvolvimientos, y no es esta la oportunidad para que 
de ella me ocupe. 

El tratado celebrado por el Brasil con la República 
Oriental del Uruguay en 12 de octubre de 1851, fué una 
imposición y el precio de la alianza para derrocar a Ro- 
sas y Oribe. En ese pacto se estipula la abrogación del 
tratado de 1777 y se sanciona la posesión actual como 
base para la demarcación. Es un tratado que es el abu- 
so de la fuerza, sobre el gobierno de una ciudad sitiada : 
no puede servir de honesto precedente. 

Las negociaciones entre el Paraguay y el Brasil, ter- 
minaron por celebrar el tratado de 6 de abril de 1856, 
aplazando por seis años el de límites definitivos, pero 
convienen en tomar como base el uti possidetis actual, 
y la abrogación de los tratados entre España y Por- 
tugal . 

No hay res nulliiis en América ni lo reconoce el Brasil 
en los tratados ya citados. Los territorios son de Espa- 
ña o Portugal, y pretenden que la posesión de hecho mo- 
dificó el dominio. 



114 VICENTE G. QUESADA 

Después de la guerra de la triple alianza, el Brasil ce- 
lebró con el Paraguay el conocido tratado Cotegipe. 

Por los precedentes que he enumerado cuidadosamen- 
te, se demuestra que el principio del uti possidetis juris 
de 1810 es la base para señalar el territorio de la sobe- 
ranía de las repúblicas hispano-americanas; que ese 
principio tiene fuerza por ser de derecho público posi- 
tivo, como resulta por los tratados internacionales quo 
he mencionado, y que además es también una regla o ley 
constitucional en los nuevos estados. De manera que sea 
bajo el aspecto del derecho público, sea bajo el de la faz 
constitucional, sirve hoy de garantía de paz, porque es 
el fundamento legal de la soberanía territorial de las na- 
ciones hispano-americanas. 

Conservar vigente este principio, robustecido por la 
historia y fundado ou la equidad, es condición ineludible 
para el mantenimiento de la paz en los estados hispano- 
americanos , 



IV 

EL DOMINIO TERRITORIAL EN LA AMÉRICA LATINA 

He expuesto someramente todos los elementos que 
constituyen el derecho internacional latino-americano, 
respecto al dominio territorial : he hecho bien claramen- 
te la distinción entre la doctrina aceptada uniforme- 
mente por los estados hispano-americanos para resolver 
sus deslindes entre sí, como naciones creadas dentro del 
territorio de un soberano común; y he cuidado de mos- 
trar la diferencia de doctrina tratándose de demarcacio- 
nes con naciones extranjeras a la antigua metrópoli. 
Queda con toda evidencia probado que el Brasil ha in- 
ventado un principio suyo para legalizar las usurpacio- 
nes territoriales que hizo primero a la corona de Espa- 
ña, y después a las repúblicas americanas. Este princi- 
pio no puede citarse como precedente entre los .estados 
de un mismo origen, ni puede equitativamente aceptar- 
se, porque, como lo califica Martín, es un principio in- 
moral . 

El estudio de tales precedentes es la base del derecho 
Internacional latino-americano, porque ora se establecen 



HISTORIA. DIPLOMÁTICA HISrANO - AMERICANA HÓ 

por tratados que constituyen el derecho público conven- 
cional, ora las doctrinas ilustran los principios que^ reco- 
nocen los gobiernos de este continente como regla de sr.is 
relaciones internacionales en una cuestión tan grave co- 
mo el dominio de su territorio; y como estas relaciones 
son meramente relativas, no afectan los principios gene- 
rales, el jus gentium universal, o los principios generales 
y st7^icU jiiris independientes de los tratados públicos, 
que constituyen el reconocimiento de la asociación rao- 
ral de los pueblos. 

Si es innegable que en la época actual la uiisraa comu- 
nidad europea tiende a hacer lugar a un sistema ^^ni- 
versal que comprende todas las sociedades humanas, no 
es menos evidente que hay intereses particulares euro- 
peos muy diferentes de los intereses latino-americanos 
y, por lo tanto, resulta una inevitable división en el de- 
recho internacional, que no es absolutamente universal, 
que es propiamente lo que se llama derecho internacio- 
nal necesario, que los estados de un continente deben ob- 
servar, aun cuando no hayan participado en las asam 
bleas políticas que reconocen un principio, ni los estados 
se hayan reunido expresamente en forma de conferencia 
de plenipotenciarios para reconocerlo. 

Hay principios y reglas de derecho internacional ab- 
solutamente obligatorios, stricti juris, por ejemplo: la 
libertad de los mares, las reglas relativas al bloqueo, las 
que reglan los naufragios, las garantías a los agentes 
cliplomáticos. Esos principios son los mismos en Europa 
y en América ; el derecho convencional no puede alterar- 
los. Pero el derecho internacional basado en las máxi- 
mas absolutamente reconocidas y observadas, tiene un 
carácter de universalidad obligatoria, que lo coloca fue- 
ra de las convenciones de nación a nación, es decir, de 
los tratados. "La ley de las naciones está fundada en la 
justicia, es decir, en la equidad, en la conveniencia, en 
la razón de la cosa, y confirmada por una larga 
práctica". 

Las personalidades jurídicas de los estados se gobier- 
nan en sus relaciones recíprocas por leyes escritas, que 
son los tratados, o por leyes no escritas, que forman las 
costumbres. Si los estados se reconocen recíprocamen- 
te como personas morales, sus relaciones están regidas 
por leyes que garanten sus derechos y obligaciones, y, 
por tanto, el derecho natural es la base del derecho in- 



116 VICENTE G. QUESADA 

temaeional : sus relaciones entonces tienen una esfera 
de acción señalada, como son absolutamente libres en 
sus relaciones interiores como entidades libres, sobera- 
nas, que se gobiernan por su voluntad'. Sin embargo, 
el derecho de intervención ha sido" largo tiempo el con- 
trol de esta misma libertad, sol3re todo en el derecho pú- 
blico europeo, puesto que en el americano se observa 
la doctrina de Monroe. 

No es mi ánimo indagar cuáles son las fuerzas de la 
ley internacional, j bastárame citar y referirme a Ko- 
bert Phillimore: mi objeto es simplemente estudiar los 
hechos y tratados que constituyen un derecho público la- 
tino-americano, en cuanto se refiere al principio del 
uti possidefis del año diez, como regla jurídica de de- 
marcación territorial internacional. 

Para ilustrar mejor tan ardua materia, conviene te- 
ner presente las acontecimientos y las discusiones sobre 
estos principios. 

Larga, imidosa y a veces sangrienta ha sido la contro- 
versia sostenida entre el Perú y el Ecuador sobre el do- 
minio de los territorios de Quijos y Canelos. 

El ministro del Perú, ]\Iclgar, publicó sus notas demos- 
trativas del derecho peruano, según su sentir, acompa- 
ñándola.s de documentos justificativos. Entonces Tomás 
H. Novoa creyó que debía replicar a aquellas notas ofi- 
ciales, y sostenía : que no debe tomarse en cuenta la cé- 
dula de 1802 en materia de límite, cuando todas las na- 
ciones han aceptado el principio ¿el uti possidetis de 
1809, o el de la época de la común independencia. Esto 
cambio en la fecha, inocente al parecer, altera toda la 
doctrina, le quita el carácter general que la prestigia y 
la convierte en cuestión de puro hecho. Para él dos lí- 
mites entre aquellas naciones son los pactados en 1829. 
pero comete así una petición de principios. "Ninguno 
de los estados — dice — tiene títulos incontrovertibles: 
el Ecuador los posee de hecho ; el Perú alega el derecho". 

Cito este precedente para demostrar que no se ha acep- 
tado como una base legal para el deslinde entre los esta- 
dos hispano-amcricanos la posesión de hecho, porque en 
el caso recordado, a esto sólo hubieran concretado el 
debate. Lejos de eso, han buscado en el derecho, en la 
demarcación territorial de la época de la independen- 
cia, el criterio público para decidir la disputa. 

Posteriormente a ese debate, todos los estados han con- 



HISTOrxIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 117 

venido en tomar como punto de partida las demarcacio- 
nes españolas existentes en 1810, y desde entonces el 
principio internacional del uti jwssidetis de dercclio, so 
ha incorporado al derecho positivo internacional ame- 
ricano . 

Chile y la República Argentina lo reconocieron por 
el tratado de 1856 : Nueva Granada y el Ecuador lo han 
aceptado igualmente, y sólo se han separado Bolivia y 
Chile en el malhadado tratado que dio origen a la gue- 
rra actual. 

Recuerdo estos acontecimientos históricos como enss 
ñanza y como ejemplo que debe evitarse. La controver- 
sia entre la República Argentina y Chile no era una 
cuestión de mera propiedad internacional: fué cuestión 
de equilibrio, de conservación de las nacionalidades que 
se fundieron en el molde que vació con singular talento 
Carlos III cuando creó el virreinato del Río de la Plata. 
La excepción al principio del uti possidetis del año 
diez, es la misma que sostuvieron los estados colombia- 
nos, y es la más amplia y equitativa confirmación del 
principio general. Las naciones hispano-americanas tie- 
nen un origen común, las demarcaciones territoriales que 
el rey de España señalaba, eran meras subdivisiones de 
sus propios dominios, mientras que, tratándose de fijar 
términos en naciones extranjeras, es evidente que otra es 
y debe ser la teoría. Si entre la antigua metrópoli y la 
otra nación limítrofe se celebraron tratados, éstos deben 
ser aplicados hoy en las demarcaciones, porque los nuevos 
estados heredaron del gobierno español los derechos oue 
éste adquirió en sus dominios de América, y de la misma 
manera los cargos y obligaciones que contrajo. El te- 
rritorio es el mismo, aunque el soberano haya cambiado, 
y los límites territoriales no se alteran por el hecho de 
cambiar de propietario el fundo o tierra de que se tra 
te. La excepción del principio del derecho público ame- 
ricano, es, por lo tanto, ajustada a la buena doctrina le- 
gal, o a la equidad y a la justicia. 

Si de estos antecedentes del derecho primitivo y del 
consuetudinario, descendiese al examen de la cuestión de 
límites entre la República Argentina y Chile, tendría 
simplemente que aplicar lo estatuido en el artículo 37 
del tratado de 1856 . Probando entonces cuál era en 1810 
el uti possidetis de uno y otro país, con arreglo a los tí- 



118 VICENTE G. QUESADA 

tulos O demarcaciones, o en otros términos, la posesión 
civil, la cuestión debiera haber quedado resuelta. 

Pero lo simple y natural de esta fórmula se complicó 
por el extravío que los escritores hicieron en materia tan 
grave. 

Recordaré someramente algunas de esas opiniones y 
trataré luego de restablecer la verdad histórica y lega!, 
como antecedente de la discusión diplomática. 

Matta (1) bajo formas cultas y en lenguaje fácil, apa- 
rentando la más perfecta imparcialidad, es el primero de 
los que han influido a extraviar el público criterio. Pre- 
tende que los títulos, reales cédulas, reales órdenes, re- 
soluciones reales, documentos oficiales, correspondencia 
de los funcionarios, no son concluyentcs en favor de uno 
ni otro país. Y en tal caso — dice — lo prudente es di- 
vidir con igualdad el territorio disputado. No alega nada 
nuevo, no analiza los documentos exhibidos, sino que 
apoyándose en sus dogmáticos asertos, da por probada 
su singular tesis. 

Otro escritor tan fecundo como popular, tan hábil pa- 
ra dar formas a las más antiguas tradiciones, y tan in- 
consistente y poco firme en sus juicios, ha influido no 
poco en ese extravío. Me refiero a Benjamín Vicuña 
Mackenna ; pero con^nene que recuerde diversas obras su- 
yas, porque las fechas han influido en las variantes de 
sus juicios. 

En su libro Le Chili, describe el aspecto físico de su 
país, limitado al oriente por la cumbre de la cordillera 
de los Andes, y pinta con colorido brillante aquella lar- 
ga faja de tierra, con la mira de atraer colonos europeos. 
Pasan los años, y en el diario ''La Opinión", en corres- 
pondencia datada a 25 de mayo de 1874, dice lo siguien- 
te: "Por eso nosotros, simples voces del pueblo que no 
somos ni diplomacia, ni siquiera abogados en el juicio, 
decimos a nuestro turno: la Paf agonía no es de nadie". 

Sin duda que, no siendo, no pudiendo ser chilena, 
aquel infatigable escritor juzgó que era más corto, más 
radical decir : ¡ es de nadie ! 

Este mismísimo buen señor en una lectura que hizo 
en el "Traveler's Chih" en Nueva York sobre la Presenf 
condition and prospects of Chili, en 2 de diciembre de 



(1) La cuestión ehileno-argentina, por Guillermo Matta, Santiago, 
J.874, 1 V. in 8.» de 120 págs. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 119 

1865, había dicho: "En primer lugar tiene señalados sus 
límites como por la mano de Dios para formar una sola 
nación. Chile no tiene vecinos propiamente hablando. Sus 
límites son casi impenetrables a todas las naciones. Al 
este los elevados Andes, cubiertos con nieve eterna; al 
norte, el desierto de Atacama, un desierto de seiscientas 
millas donde ni el hombre ni el animal, ni la más audaz, 
de las plagas logra vivir; al sur, las inconmensurables 
llanuras de la Patagonia salvaje y desconocida ; al oeste, 
su único lado vulnerable, el poderoso océano Pacífico". 

Nótese que cuando hacía esta lectura, Vicuña Macken- 
na era enviado especial del gobierno de Chile cerca de 
los Estados Unidos, y su discurso tenía así el carácter 
semioficial del empleo que ejercía. Resulta, pues, que 
confesaba así pura y terminantemente que los Andes son 
el límite oriental de aquella república. 

Más tarde el mismo Vicuña Mackenna publicó en el 
año 1880 su libro La Patagonia, en el cual leo: "Los An- 
des a la verdad separan a esos dos países, pero al mismo 
tiempo los unen, así como los Alpes dividen y clasifican, 
sin volverlos hostiles sino cooperadores, los grupos lati- 
nos de la Francia y de la Italia". 

Se ve, pues, que este escritor chileno ha confesado en 
diversas épocas un hecho denunciado por la historia, ba- 
se del derecho histórico y geográfico americano, a saber : 
que los Andes son el límite areifinio entre Chile y la re- 
pública Argentina. 

La- verdad superior a los ofuscamientos de la ambi- 
ción ha arrancado estas paladinas confesiones a este chi- 
leno ardoroso. Sea en hora buena! Búsquese establecer 
el hecho posesorio del año diez, pruébese cuál era el uii 
possidetis de ese año, y la cuestión se habría resuelto sin 
dificultad. Y de esta manera en vez de los enormes dis- 
pendios de una paz armada, se podrá emplear el tesoro 
de ambas naciones en la construcción de la ferrovía que 
debe unirlas alguna vez. 

Últimamente en un artículo publicado en "El Mercu- 
rio", firmado por el mismísimo Vicuña Mackenna y da- 
tado en Viña del Mar 21 de rebrero de 1881, decía: "El 
Atlántico para los argentinos. El pacífico para los chi- 
lenos ' ' . 

Exponiendo su doctrina para demostrar que la políti- 
ca argentina no tiene ningún interés en el Pacífico, ni 
Chile en el Atlántico, agregaba: "La misión del pueblo 



120 VICENTE G. QUESADA 

argentino, país de llanuras inconmensurables y de ríos 
navegables, yace toda entera en el oriente de su confi- 
guración, como la de Chile, país desde su cuna marinero, 
está en las ondas del Pacífico ; y querer contrariar estas 
dos acciones completamente distintas, lógicas y derivati- 
vas, echándolas la una sobre la otra, por medios pura- 
mente de convención y de artificio, es como querer arran- 
ear los Andes de sus quicios y hacer de ellos, en lugar de 
una barrera, una joroba". 

Y luego se expresa de esta manera: "En inverso sen- 
tido, la cordillera de los Andes, que se interpone entre 
los dos pueblos como altísima insuperable valla, aun con- 
tra los delirios del frenesí, como si fuera una venda de 
nieve aplicada al cerebro de los enfermos de fiebre . . . 
se confina de todos los rumbos del oriente . . . Estos per- 
files eternos de la naturaleza que demarcan a los dos 
países su rumbo aparte, podrán siempre mucho más que 
todas las arterias. . . " 

Si la cordillera de los Andes es el límite arcifinio que 
acentúa la personalidad diversa de dos agrupaciones 
latino-americanas, ¿por qué se pretende cambiar hoy ese 
límite geográfico e histórico, en busca de aventuras pe- 
ligrosas por la ambición de territorios ajenos? Para ser- 
vir a esos intereses permanentes, positivos y civilizadores 
es que me he propuesto convencer en estos estudios — a 
pesar de estar aparentemente terminada la cuestión por 
el tratado de 1877 — por los numerosísimos documentos 
oficiales, cuál era el hecho de la posesión en 1810, y cuá- 
les los títulos de dominio, que tienen origen en la vo- 
luntad del rey de España, al trazar las divisiones gu- 
bernativas de la capitanía general de Chile y del vi- 
rreinato de Buenos Aires. La Patagonia no es, no fué 
nunca res nullius; fué parte integi'ante del gobierno- 
intendencia de la capital; pertenecía al disirito geo- 
gráfico del gobierno de Buenos Aires, como lo he de 
mostrado por una serie de actas oficiales, y correspondía 
a la jurisdicción judicial de la audiencia pretorial de la 
capital del virreinato, como también lo he probado por 
documentos concluyentes. De manera que esas costas ma- 
rítimas patagónicas hasta el Cabo de Hornos pertenecie- 
ron al distrijto gubernativo del virreinato, y como éste es- 
tuvo separado de Chile, como lo confiesan los mismos chi- 
lenos, por la cordillera de los Andes, el hecho de la pose- 
sión de 1810 resulta perfectamente establecido, 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 121 

Ahora bien: los títulos que presenta la república de 
Chile, cualquiera que fuese su importancia legal, que 
ninguna, absolutamente ninguna les reconozco, se cir- 
cunscriben a la mera pretensión de haber tenido facul- 
tad para poseer, posesión que nunca jamás tuvo aquel 
gobierno. Mientras tanto, las poblaciones en las costas 
marítimas patagónicas del distrito del virreinato, su to- 
ma de posesión oficial según las actas mismas de vanas 
poblaciones en esas costas, son actos de posesión real por 
parte del virrey, posesión que se fundaba en títulos de 
dominio, cual era la creación del virreinato que separó 
del gobierno de Chile la dilatada provincia de Cuyo, po- 
niendo como límite arcifinio expresamente reconociao 
por el soberano de ambos territorios la cordillera neva- 
da: son actos reales de jurisdicción ejercidos en sus te- 
rritorios, los que he referido en materia eclesiástica por 
el obispo de Buenos Aires, y en materia judicial, por 
la real audiencia pretorial. Esas poblaciones hacían 
parte de la grey del prelado, y sus vecinos estaban su- 
jetos a la jurisdicción judicial de la audiencia y del real 
consulado de Buenos Aires, creada por la real cédula 
dada en Aragón a 30 de enero de 1794, por cuyo ar- 
tículo X se manda: ''El distrito de la jurisdicción del 
consulado será todo el del virreinato del Rio de la Plata . 
Y por eso se le comunicó en 1810 que el río Negro 
había sido declarado puerto menor por la junta provi- 
sional gubernativa en nombre de Fernando VTI . 

Los hechos posteriores a 1810 no han cambiado la si- 
tuación legal, porque es el gobierno de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata el que continuó ejerciendo el 
imperio y jurisdicción en esas costas marítimas extr3- 
midad austral. He recordado el hecho de mandar la jun- 
ta provisional abandonar Puerto Deseado en 1811, ^a 
expedición mandada en 1817 y los otros hechos ejercidos 
pública y pacíficamente, como señor del territorio, como 
nación soberana en sus costas e islas. 

Resulta, pues, este hecho innegable: Chile no pobló 
jamás la costa Patagónica, ni el estrecho, ni el cabo de 
Hornos, ni la Tierra del Fuego, antes de 1810, y para 
tener derecho a esas tierras debía probar el íiU posside- 
tis de ese año. 

Más aún : por el tratado de amistad, alianza, comercio 
y navegación celebrado entre las Provincias Unidas del 
Río de la Plata y Chile, el 20 de noviembre de 182h, 



122 VICENTE G. QUESADA 

se establece: "Las repúblicas contratantes se obligan a 
garantir la integridad de sus territorios r a obrar con- 
tra todo poder extranjero que intente mudar por violen- 
cia los límites de dichas repúblicas reconocidos antes de 
su emancipación, o posteriormente por tratados". 

Este tratado reconoce por las citadas palabras el prin- 
cipio del derecho público americano del uti possidetis 
del año diez, lo que fué después confirmado y ratificado 
con toda claridad por el artículo 39 del tratado de 1856 . 

Por esta razón, nadie reclamó jamás del gobierno ar- 
gentino la jurisdicción que ejercía en esas costas, ora 
dictando reglamentos para la pesca de anfibios, o prohi- 
biéndola por: "que el desorden con que se ha hecho en 
las costas de Patagones, ha producido la escasez de 
ellos", como lo dice el decreto de 28 de octubre de 1829, o 
creando la comandancia política y militar en las islas 
Malvinas, para hacer cumplir en ellas las leyes de la 
república y cuidar en sus costas de la ejecución de sus 
reglamentos sobrepesca. Los considerandos del decreto 
de 10 de julio de 1829, son pertinentes y de importan- 
cia en esta cuestión: "Cuando, dice, por la gloriosa re- 
volución de 25 de mayo de 1810, se separaron estas pro- 
vincias de la dominación de la metrópoli, la España te- 
nía una posesión material de las islas Malvinas y de to- 
das las demás que rodean el cabo de Hornos, incluso 
la que se conoce bajo la denominación de Tierra del Fu'.- 
go, hallándose justificada aquella posesión por el derecha 
de primer ocupante, por el consentimiento de la-s princi- 
pales potencias marítimas de la Europa, y por la adya- 
cencia de estas islas al continente que formaba el virrei- 
nato de Buenos Aires, de cuyo gobierno dependían. Por 
esta razón, habiendo entrado el gobierao de la república 
en la sucesión de todos los derechos que tenía sobre es- 
tas provincias la antigua metrópoli, y de que gozaban sus 
virreyes, ha seguido ejerciendo actos de dominio en di- 
chas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las cir- 
cunstancias no han permitido hasta ahora dar a aquella 
parte del territorio de la república la atención y cuida- 
dos que su importancia exige; pero siendo necesario ne 
demorar por más tiempo las medidas que puedan poner 
a cubierto los derechos de la república, haciéndole al mis- 
mo tiempo gozar de las ventajas que puedan dar los pro- 
ductos de aquellas islas, asegurando la protección de- 



HISTORI.V DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 123 

bida a sii población, el gobierno ha acordado y decreta, 
etcétera ' ' , 

Luis Vernet fué nombrado en dicho año comandando 
militar y político, y el comandante Pinedo, de la goleta 
de guerra nacional Sarandí le puso en posesión de su 
gobierno. ¿ Qué hizo Chile en presencia de estas públicas 
declaraciones de la soberanía y dominio de la República 
Argentina? ¿Por qué no protestó? ¿Por qué no hizo va- 
ler sus pretendidos derechos a toda la Patagonia? Las 
islas Malvinas y todas las adyacentes al cabo de Hornos, 
las costas marítimas patagónicas, pertenecen al territorio 
de la república, porque son del continente que formaba 
el virreinato, en cuya posesión y dominio sucedió al 
rey de España, la República Argentina. El gobierno de 
Ciliile guardó silencio, porque sabía que las cordilleras 
formaban su límite oriental. 

. Es evidente que los presidentes de la capitanía general 
de Chile no podían poblar ninguna de las costas marí- 
timas del Atlántico, ni del estrecho de Magallanes, por- 
que separada de la gobernación de Chile en 1776 la di- 
latada provincia de Cuyo, como lo "üabía sido la de Tucu- 
mán, Juries y Diaguitas en 1563, quedó reconocido que 
la cordillera era el límite arcifinio de la capitanía ge- 
neral, como así se estableció al crearse en 1783 las in- 
tendencias de Santiago y Concepción. Los presidentes 
de aquella capitanía ni sus autoridades no trasmonta- 
ron jamás la cordillera, porque en infinita serie de no- 
tas oficiales, reconocieron siempre que ese era el límite 
oriental de su gobierno. En la frecuente y extensísima 
correspondencia cambiada entre las autoridades de la 
capitanía general de Chile y las del virreinato, con mo- 
tivo, de las relaciones con los indios, de los parlamentos 
que aquel gobierno celebró con ellos, y aun de la defensa 
de las costas de uno y otro mar, se reconocerá que la 
cordillera era el límite divisorio de los dos distritos gu- 
bernativos . 

El presidente de la capitanía ni podía invocar, ni in- 
vocó jamás ningún título, orden ni comisión del rey, pa- 
ra ejercer jurisdicción en el estrecho de IMagallanes, ni 
en las costas marítimas patagónicas. La jurisdicción gu- 
bernativa estaba limitada a las costas marítimas del Pa- 
cífico, pues la intendencia de Chile continuó sujeta al vi- 
rrey de Lima. Por el contrario, los gobernadores y des- 
pués los virreyes de Buenos Aires, ejercían jurisdicción 



124 VICENTE G. QUESADA 

y dominio en todas las costas e islas del mar Atlántico 
hasta el cabo de Hornos, porque ese era el distrito de su 
gobierno. 

Malvinas y la guarnición de la Soledad era, debía ser 
y fué el apostadero marítimo del mar Atlántico, la re- 
calada necesaria para los viajes anuales de exploración 
y reconocimiento en las costas patagónicas hasta el cabo 
de Hornos: su gobernador era subordinado y dependía 
del virrey, y esas islas hacían parte de la diócesis del 
obispado de Buenos Aires, de la jurisdicción judicial 
de la audiencia pretorial y del real tribunal del con- 
sulado . 

Por consiguiente, en ningún caso podía por autoridad 
propia el presidente de la capitanía general de Chile 
ejercer jurisdicción y dominio en las costas patagónicas 
y extremidad austral, puesto que hacían parte del dis- 
trito del virreinato. La jurisdicción de aquel presidente 
fuié limitada meramente a las costas del mar Pacífico, en 
la parte que baña los distritos de las intendencias de 
Concepción y Santiago, territorio perfectamente limita- 
do, y al cual se circunscribía el mando del presidente, 
una vez que en 1783 ese gobierno fué emancipado por el 
rey de la subordinación y dependencia en que había es- 
tado del virrey de Lima. Ya entonces se reconocía que 
la acción de esos gobiernos debía ejercerse en mares dis- 
tintos, porque eran diversos los intereses que el rey les 
encomendó guardar, conservar y defender; hecho que re- 
conoce Vicuña Mackenna como resultado de las necesi- 
dades geográficas y de la configuración del territorio. 
Ni en la época colonial se entrometieron los de un lado 
con los del otro ; ejercían su acción gubernativa dife- 
rente teniendo como valla la gran cordillera, que los se- 
para geográficamente ; pero que no los constituye en pue- 
blos enemigos, sino a la inversa, en pueblos vecinos, li- 
gados por el comercio, con producciones distintas, que 
el uno produce y el otro consume. Intentar alterar ese 
límite, violar el derecho histórico y geográfico, es desco- 
nocer la misión que a uno y otro país corresponde. Vi- 
cuña Mackenna en su artículo ya citado, ha caracteriza- 
do bien esa misión; pero la lógica y el patriotismo lo 
obligaban a reconocer que su gobierno no puede traspo- 
ner la cordillera para salir al Atlántico, que él confiesa 
está reservado a los argentinos, por la historia, por la 
geografía y por el uti possidetis de derecho del año diez. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 125 

Dados estos antecedentes, perfectamente exactos, fun- 
dados en documentos oficiales y resoluciones de S. M., 
es evidente que el gobierno del reino de Chile no ejerció 
ni pudo ejercer acto alguno de dominio en las costas pa- 
tagónicas, porque habría violado las leyes de Indias me- 
tiéndose en el dominio, en el distrito de otro gobierno, y 
desde luego no tenía posesión en 1810 de territorio algu- 
no de este lado de la cordillera de los Andes. No tuvo po- 
sesión in actiL, pei'o ni la pudo tener in potentia; no pue- 
de alegar ni el hecho, ni el derecho. 

La República Argentina puede alegar a su favor la 
posesión efectiva y el derecho para tenerla, bastándome 
citar como título el de la creación del virreinato. La 
real ordenanza de intendentes de 1782, estableció que 
fuese gobierno-intendencia de la capital el territorio de 
la diócesis que, como se sabe, comprendía la costa pata- 
gónica y Malvinas, y, por tanto, ese era el distrito de la 
intendencia, cuya extensión geográfica no fué alterada, 
a pesar de haberse suprimido el empleo de intendente 
general subdelegado de real hacienda, puesto que el go- 
bierno-intendencia en las cuatro causas de hacienda, po- 
licía, guerra y justicia fué ejercido por el teniente-go- 
bernador García Cárdenas, y por los nombrados despu-és 
de la revolución como gobernadores intendentes hasta 
1818. 

He expuesto, apoyándome en numerosísimas pruebas, 
que la diócesis de Buenos Aires (1) comprendía la Pata- 
gonia, que los establecimientos de las costas marítimas 
hacían parte de la grey del prelado, y que, por tanto, 
ese era territorio de la intendencia misma de la capitai, 
como lo era de la jurisdicción de la audiencia. Numero- 
sas, terminantes y repetidas son las resoluciones del rey 
que declaran que los comisarios superintendentes de di- 
chos establecimientos estaban subordinados al virrey, de 
la misma manera que todos los demás del distrito del 
virreinato. Tan cierto es esto que, el virrey Vertiz orde- 
nó que el comisario superintendente del río Negro tu- 
viese judisdicción hasta el 44 grado, y el que residía en 
San Julián hasta el cabo de Hornos, resolución que fué 
expresamente aprobada por el rey. Esas eran, por lo 
tanto; costas marítimas del virreinato de la misma mane- 



(1) Véase sobre esta materia mi libro: Virreinato del Río de la 
Plata, 1776-1810. 1 v. in 8.° mayor de 654 págs. Buenos Aires, im- 
prenta de Biedma, 1881. 



iíiG VICENTE G. QUESADA 

ra que las tierras interiores de este lado de los Andes, 
exploradas por Amigorena, por Esquibel Aladoeo, y cu- 
yos indios hasta las partes más lejanas ocurrían a las 
fronteras de Mendoza en acatamiento de la autoridad 
a que debían obediencia, pues para ellos mismos las par- 
cialidades que miraban de ese lado de las cordilleras no 
debían obediencia al presidente de Chile, y las de aquel 
lado de las cordilleras tampoco reconocían sujeción res- 
pecto de los del vii*reinato. 

El procurador síndico del cabildo de Buenos Aires, 
sostenía que los territorios del sur pertenecían a la ciu- 
dad y provincia, y por eso en 1803 pretendía establecer 
poblaciones en lo interior para dar mayor importancia 
a los establecimientos de las costas marítimas patagóni- 
cas, y así lo reconocía el cabildo mismo, por cuya razón 
apoyó la solicitud cerca de S. M. y del consejo de 
Indias. 

Todos estos hechos prueban que esos territorios hacían 
parte del distrito gubernativo del virrey, que constituían 
el territorio de su mando, cuyo límite arcifinio y legal 
era la cordillera de los Andes. En estas comarcas no hu- 
bo, no pudo legalmente existir más autoridad que la del 
señor del territorio, que era el representante del sobera- 
no, en su calidad de virrey; así lo reconocían, repito, 
hasta los mismos indios, justificando la tradicional di- 
visión legal de indios de Chile y Cuyo, de Tueumán, 
Paraguay y Río de la Plata, según fuese el territorio 
donde vivían, división que estableció la misma Recopiln- 
ción de Indias. 

Bajo múltiples aspectos se presenta la cuestión gu- 
bernativa, ora como gobierno militar, político y civil, 
como intendencia, como diócesis de obispado, como juris- 
dicción territorial de la audiencia y del real consulado 
y bajo todos estos aspectos, el distrito geográfico en que 
deben ejercer sus funciones las diversas autoridades, tie- 
ne los mismos límites geográficos tomándolos de la topo- 
grafía de los lugares, de la forma geográfica de las co- 
marcas; y por eso la gran demarcación del virreinato 
tiene al occidente la cordillera, al oriente el océano 
Atlántico, y dentro de esos mismos límites, la intenden- 
cia de la capital, la audiencia pretorial, el consulado y 
la diócesis de Buenos Aires; y a principios del siglo 
en 1807, la de Córdoba, de la que hizo parte la pro- 
vincia de Cuyo, que se dividió del obispado de Santiago 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 127 

precisamente para que la cordillera fuese el límite de 
todas las autoridades y eu todas materias. La historia de 
la colonia, en las complejas relaciones de una adminis- 
tración tan vasta y complicada como la del virreinato, 
proporciona los elementos que establecen la certiilumbre 
respecto del uti possidetis de derecho del año diez. En 
efecto: la creación del virreinato del Río de la Plata tu- 
vo por objeto satisfacer necesidades políticas pai-a evi- 
tar los posibles peligros de la conquista extranjera y 
para contener la ambición lusitana. Como era natural, 
se tomó como base lógica, prudente y racional para esta 
gran división de los dominios de la corona, los límites ar- 
eifiíiios que acentuasen la fisonomía física del gran reino 
que S. M. quiso formar en la América meridional. Era 
necesario tener en cuenta los intereses del comercio, la 
influencia que ejercería o debería ejercer en el desenvol- 
vimiento de la agricultura y de la industria esta grando 
y trascendental reforma. Y tanta y tan grande fué la 
importancia que se quiso dar al nuevo virreinato, que 
se le dio nada menos que el célebre y fabuloso Potosí : 
todo el Alto Perú, con el prestigio de su antigua audien- 
cia de Charcas, sus ricas ciudades, sns minas prodigio- 
sas, y al mismo tiempo la ciudad mercantil de la embo- 
cadura del Plata, como asiento del gobierno del virrey. 
Mirando sobre el mapa las grandes líneas de este vasto 
país, ocurre suponer que podía ser tal vez un reino futu- 
ro en el cual quizá soñaba algún ambicioso levantar un 
trono, y constituir en América las ramas coronadas do 
la familia reinante en la península, y este fué, en efec- 
to, el pensamiento del conde de Aranda. 

Parece evidente que el rey, que así agrupaba a los 
territorios de sus grandes dominios, que separaba del 
mando del virrey de Lima todo el Alto Perú, no pensó, 
no podía pensar, que él, monarca absoluto, señor sobe- 
rano de la América española, no pudiera hacer libre- 
mente la mejor división gubernativa de los mismos, por- 
que en la primera época del descubrimiento, cuando no 
se conocía la geografía de países que se trataba de des- 
cubrir, hubiese señalado gobernaciones con límites ima- 
ginarios, inconvenientes o peligrosos. Tal idea pueril y 
necia, no pudo preocupar a ninguno de los miembros del 
consejo de Indias, y nadie ocurrió a los archivos de la 
cancillería para consultar las antiguas capitulaciones, 
cuyas obligaciones se habían cumplido o extinguido, por- 



128 VICENTE G. QUESADA 

que no se daban gracias perpetuas, sino la propiedad de 
la tierra y los títulos nobiliarios. 

Pues bien; lo que a nadie racionalmente pudo ocurrir, 
es lo que ha ocurrido a los encargados de sostener las pre- 
tensiones de la república de Chile. Invocan como título 
de dominio el nombramiento de gobernadores. La gra- 
cia del rey en favor de un subdito, quieren convertirla 
en título de dominio en favor de la república, cuya ac- 
ción hereditaria no se conoce. ¿Qué importa que a don 
García Alderete o Quiroga, diera el rey o quien dere- 
cho tuviera, estos o aquellos límites para su goberna- 
ción? ¿Es esto por ventura enajenación de la soberanía? 
¿Se obligó S. M. a no cambiar jamás esas demarcacio- 
nes? Si el rey es el soberano, él y sólo él tiene el derecho 
de decidir como monarca absoluto cuál es la demarcación 
territorial que" conviene para sus propios dominios. Esto 
no admite controversia. 

Y, sin embargo, en discusiones diplomáticas, se ha 
intentado hacer valer un contrato para el descubrimien- 
to — ¡un título de empleado! — para derogar reales 
cédulas. . . 

En la discusión sostenida entre el ministro de relacio- 
nes exteriores del Perú con el del Ecuador, pretendien- 
do éste que la real cédula de 17 de julio de 1802 que. 
separó de la presidencia de Quito el gobierno y coman- 
dancia general de Mainas para incorporarlo al virreinato 
de Lima, no debió cumplirse por cuanto el presidente 
de Quito, barón Carondelet, había suplicado de esa dis- 
posición fundado en la ley 24, lib. II, tít. I. Recopila- 
ción de Indias. Decía el ministro peruano lo siguiente: 
' ' En el régimen absoluto de los reyes de España, en que 
las leyes emanaban de una autoridad suprema, que no 
reconocía más límites que su propia voluntad, los inten- 
dentes y virreyes de sus colonias no podían contradecir 
ni negarse al cumplimiento de los decretos, órdenes rea- 
les o cédulas dictadas con toda la fuerza de una ley, sin 
trastornar en sus bases el sistema absoluto. Afirmar lo 
contrario, sería confundir lastimosamente la potestad 
inadmisible de esos cuasi autócratas con la simple fa- 
cultad de hacer observaciones o de suplicar, concedida e^» 
la lej^ de Indias citada. Olvidaríanse, por otro lado, los 
principios de la ciencia administrativa, si se concedie- 
ra al virrey de una colonia, mero delegado de la potes- 
tad real y del jefe mismo de la metrópoli, de quien le 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 129 

venía toda la autoridad, el derecho de dar o no pase a 
las cédulas, como asegura el señor Matta de la de 1802 : 
porque esto sería considerar iguales en la facultad de 
mandar al monarca absoluto de las Españas y a un vi- 
rrey, sería tratarlos como a soberanos independientes. 
Por consiguiente, sin dar a la palabra pase una signifi- 
cación que choca con el sentido común, no se puede de- 
ducir que la cédula de 1802, que era verdadera ley, cuya 
modificación sólo era dada al que tuvo el poder de dic- 
tarla, debiese quedar sin efecto, para asegurar que lo 
que son derechos legítimos del Perú entren en la condi- 
ción de simples pretensiones. ¿Cuál ha sido el jefe de 
alguna de las diferentes secciones de las antiguas co- 
lonias españolas que, armado del veto, haya detenido las 
diversas desmembraciones y circunscripciones territo- 
riales ordenadas por el soberano absoluto, en cuyos do- 
minios jamás se ponía el sol? ¿Quién, que no hubiese si- 
do castigado como un rebelde, si al . erigirse en virrei- 
nato la presidencia de Santa Fe en 1718, al extinguirse 
luego, al restablecerse después en 1739, o al separarse 
del Perú c instituirse en 1776 el virreinato de Buenos 
Aires, no hubiese dado cumplida y perfecta ejecución a 
las determinaciones del gabinete de Madrid?" 

Ahora bien, si es incontestablemente exacta la doctri- 
na legal expuesta por el señor ministro del Perú, en un 
debate diplomático con el Ecuador, mucho más clara 
y evidente es la doctrina que sostengo, de que las cé- 
dulas reales no podían ser derogadas por capitulaciones 
anteriores para el descubrimiento y conquista, ni por 
los nombramientos de gobernadores y de adelantados. 
El presidente del reino de Chile no suplicó al rey, cuan- 
do éste desmembró de su gobierno la dilatada provincia 
de Cuyo, y no bastaría que hubiese suplicado, sería pre- 
ciso probar que el rey atendiendo la súplica había dero- 
gado la real cédula de 1.° de agosto de 1776, que creó 
el virreynato de Buenos Aires, así como decía el minis- 
tro del Perú al dirigirse al del Ecuador, sería preciso 
probar que el virrey de Santa Pe o el presidente de Quito, 
suplicaron a S. M. y que a mérito de ello modificó o 
alteró la cédula de 1802; pero lejos de eso se ve que el 
rey ratificó esta cédula, cuando por real orden de 7 de 
octubre de 1805 aprobó la erección pontificia del obis- 
pado de Mainas, lo mismo que aconteció cuando en 1783 
creó la audiencia pretorial de Buenos Aires, cuyo dis- 



Í30 . VICENTE G. QUESADA 

trito judicial lo componían las provincias de Buenos Ai- 
res, Paraguay, Tucumán y Cuj'o, y cuando en 1807 se 
erigió el nuevo obispado de Córdoba, segregando del de 
Santiago la misma provincia de Cuyo. 

De manera que es una doctrina recibida en los de- 
bates diplomáticos entre los estados hispano-americanos, 
que las desmembraciones territoriales contenidas y ex- 
presadas en reales cédulas, constituyen un título de do- 
minio internacional en los nuevos estados. 

El plenipotenciario del Brasil, Pereyra Leal, en el 
debate con motivo del tratado de límites celebrado entre 
Venezuela y el Imperio, decía: "El virrey de Nueva 
Granada cumplió terminantemente la real cédula de 
1802, y no le ocurrió cosa alguna que representar acer- 
ca de la segregación de Mainas del virreynato, e incor- 
poración al Perú. Al contrario, da dos razones en favor 
de la separación : una la distancia a que se hallaba Mai- 
nas de Bogotá y hasta de Quito, y otra, lo gravosa que 
era su dependencia de Nueva Granada." (1). 

Exactamente lo mismo que aconteció cuando la segre- 
gación de la provincia de Cuyo, ni el virrey del Perú, 
ni el capitán general del reino de Chile suplicaron por 
esa desmembración, 5^ la súplica del cabildo de Santiago 
fué anterior a la creación del virreinato ; y lejos de ser 
atendida, fué desoída, pues el virrey de Lima convenía 
en la impasibilidad de gobernar tan dilatados territo- 
rios. Cito la opinión del ministro del Perú, me apoyo 
en la de un diplomático brasileño, para demostrar cuál 
es la doctrina internacional en la materia, con arieglo 
a la cual se celebró y aprobó el tratado de 5 de mayo 
de 1859 entre Venezuela y el Brasil. 

Cualquiera que sea, pues, el tenor del título de nom- 
bramiento de gobernador de Chile, ese título es una 
gracia del rey que en su calidad de soberano podía re- 
vocar, y que con frecuencia tenía término fijo. El rey 
no pudo desmembrar su soberanía, no quiso, no consin- 
tió un minutio majesfatis ni crear señores feudales en 
América, que pudieran hacer sombra al poder absoluto 
del rey de España, que había ya unificado la monarquía 
en la península y destruido el feudalismo anárquico. 
Los adelantados, los gobernadores, eran emplead^s de 
S. M. ; de él recibían la gracia de su nombramiento, y 



(1) líemoria ofrecida a la consideraeión de los honorables senadores 
il diputados, etc. Caracas, 1860, pág. 176. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 131 

es evidente que pudieiido revocar el iiombramieuto mis- 
mo, con mucha mayor razón podía desmembrar y divi- 
dir el territorio de las gobernaciones. 

¿Se pretende por ventura que esos nombramientos 
son título traslativo de dominio? ¿Enajenó el rey su so- 
beranía? Evidentemente no. 

De manera que, repito, sean cualesquiera que fueren 
los límites que S. M. señale para la gobernación de bar- 
cía Alderete o Quiroga, esos títulos no pueden oponer- 
se con buena fe, al tenor expreso de las cédulas y re- 
soluciones del rey, que hizo después otras divisiones ad- 
ministrativas, según entendió que convenía al ínteres 
de su corona y de sus vasallos. Para sostener que esos 
títulos de gobierno eran perpetuos y limitaron la so- 
beranía del monarca, sería preciso suponer que el feu- 
dalismo vencido en la metrópoli por la unificación del 
reino bajo la corona de los reyes católicos, renacía en 
América por la propia voluntad de los monarcas, lo que 
es inverosímil e históricamente falso. 

Si se supone que el rey hizo las nuevas divisiones gu- 
bernativas de la capitanía general de Chile y del vi- 
rreinato de Buenos Aires, en perjuicio de terceros, cu- 
yos derechos perjudicados no podía atacar, ocurre pre- 
guntar: ¿qui-sn representa esos derechos y cuál el tita- 
fo para la representación! El rey no enajenó jamás la 
soberanía eminente de sus dominios, aun sobre aquellas 
tierras que transfirió a la propiedad privada; el c o- 
minio eminente v el imperio es atributo de la corona, y 
de ello no se desprendió, no pudo desprendejso, sm 
crear -gobiernos independientes, o feudos seiloriales. 
Mientras tanto, las oapitulaciones para el descubrti- 
miento y la conquista, eran contratos para descubrir y 
poblar ciertas porciones territoriales que se fijaban, y 
cuyo gobierno se daba por dos o tres generaciones a 
favor de los descubridores, sus descendientes o quKMi í.u 
derecho hubiere ; pero tales territorios continuaban per- 
teneciendo a los dominios de la monarquía, y d domi- 
nio eminente y el imperio no fué nunca materia de ta- 
les contratos. ^, 

Por consiguiente, vencido el término, retroverna a Ja 
corona hasta el derecho mismo de nombrar gobernado- 
res, adelantados, capitanes generales, virreyes y presi-- 
áentes, v es fuera de duda que el rey tema pleno de- 
recho, como soberano, para ampliar, restringir o modifi- 



132 VICENTE G. QUESADA 

car el distrito geográfico de esos gobiernos de sus mis- 
mos dominios. 

No es rebuscando los contratos o capitulaciones par^ 
la conquista, ni los nombramientos de gobernadores con- 
cedidos por real gracia a favor de éste o de aquél, que se 
ha de probar el uti possidetis de derecho del afio diez: 
único punto capital en la presente controversia. Y mu- 
cho menos si aquellas capitulaciones o nombramientos 
de gobernadores están en contradicción con reales cédu- 
las posteriores, con el hecho mismo de la posesión que 
debe probarse. 

La discusión diplomática debió contraerse exclusiva- 
mente con arreglo al artículo 39 del tratado de 1856 y 
a la regla jurídica de derecho internacional americano, 
a probar cuál era el uti possidetis de dereclio del afu 
diez, porque ese hecho constituía por mutuo convenio 
los límites de ambas naciones. La discusión no debió 
separarse de este objetivo. Se trataba de probar un he- 
cho, vali-éndose, como es natural, de todos los medios 
de prueba, reales cédulas, disposiciones reales, corres- 
pondencia oficial de las autoridades, informes, declara- 
ciones de testigos; pero sería absurdo que al hablar do 
disposiciones legales, se pretendiese que sólo tienen fuer- 
za de ley las recopiladas en el código de Indias, porqu^í 
las posteriores quedarían derogadas por quien no tie- 
ne derecho para hacerlo. La ley es argumento capital, 
pero muchas leyes de la Recopilación han sido modifi- 
cadas o abrogadas por resoluciones reales posteriores a 
su publicación, que por tanto no pueden figurar en 
aquel código, pero que tienen fuerza de ley, puesto que 
han sido promulgadas y cumplidas. Entre éstas figuran 
las reales cédulas y las reales órdenes, las ordenanzas, 
las pragmáticas, las resoluciones de S. M., cualquiera 
que sea la forma externa. Todos estos documentos son 
los medios legítim.os de prueba. 

En esta materia, las resoluciones posteriores derogan 
las anteriores: una real cédula de fecha posterior puedr^ 
derogar expresamente otra anterior, puede derogarla 
tácitamente cuando son contrarias. La indagación era 
muy sencilla y el procedimiento muy lógico. ¿Cuáles 
fueron las últimas disposiciones de S. M. que demar- 
caron los títulos gubernativos de esta parte de la Amé- 
rica meridional? La cédula de 1.° de agosto de 1776 que 
creó el virreinato : la que aprobó la creación de las dos 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 133 

intendencias de Santiago y Concepción y emancipó la 
capitanía general de Chile de la subordinación del vi- 
rrey de Lima, en 1783. 

Luego, pues, probar cuáles eran esos límites para es- 
tablecer el título, y probar luego el uti possidetis d>il 
año diez, era resolver la cuestión sin complicaciones, sin 
pasión, amistosamente, como lo establece el artículo 3?J 
del tratado de 1856, y con arreglo a la ley internacio- 
nal americana. 

Ahora bien : el nuevo obispado de la provincia ¿9 
Cuyo fué separado de la capitanía general de Chile, pa- 
ra incorporarlo en el distrito del virreinato que se creó 
en 1776. Esa provincia, según el auto de la junta de 
poblaciones de Chile de 20 de septiembre de 1752, es- 
taba dividida por la cordillera del reino de Chile, lle- 
gaba hasta el estrecho de Magallanes y colindaba con 
Buenos Aires y Córdoba. Esa misma provincia fué des- 
membrada del distrito judicial de la audiencia de San- 
tiago cuando se fundó en 1783 la real audiencia preto- 
rial, de Buenos Aires, cuyo distrito se formó de las cua- 
tro provincias de Buenos Aires, Tucumán, Paraguay y 
Cuyo. Y por último, esa misma provincia de Cuyo fué 
dividida del obispado de Santiago, para formar en 1807 
el nuevo obispado de Córdoba, con la extensión y terri- 
torios del gobierno-intendencia del mismo nombre, uno 
de los del virreinato. Es evidente entonces que el lími- 
te arcifinio occidental fué la cordillera de los Andes. 
Así, pues, en 1810 no pudo tener posesión alguna de 
este lado de las cordilleras la capitanía general, porque 
éste era el distrito del virreinato. 

El territorio de la gobernación de Chile ha tenido 
una serie de desmembraciones, en virtud de las nece- 
sidades de los habitantes, y de los obstáculos que la geo- 
grafía ofrecía para la comunicación de uno y otro lado 
de los Andes. 

En 1563, Felipe II le desmembra las provincias de 
Tucumán, Juries y Diaguitas, teniendo en consideración 
precisamente las dificultades que la cordillera oponía pa- 
ra que desde Chile fuesen éstas gobernadas. En 1776 le 
separa el rey la dilatada provincia de Cuyo, por la mis- 
ma dificultad de la cordillera, cerrado su paso entonces 
durante seis meses del año, y por último es expresamen- 
te separada de la audiencia de Santiago y ¿el obispado 
del mismo nombre. 



134 VICENTE G. QUESADA 

El territoTÍo de Chile quedó reducido y estrecho, como 
lo decía el cabildo de Santiago cuando suplicaba a S. M. 
no separase la provincia de Cuyo de aquel gobierno. For 
mó así esa histórica y conocida faja de territorio, cuyos lí- 
mites han sido trazados por la naturaleza, como lo con- 
fiesan los escritores chilenos, los historiadores, sus hom- 
bres de estado, el eminente Portales, entre otros. 

Cuando el rey quiso que ese territorio tan estrecho, 
tan poderosamente deslindado por las cordilleras y el 
mar, gozase de los beneficios de las reformas adminis- 
trativas que había introducido en la administración del 
virreinato, por la nación de los gobierno-intendencias, 
comisionó al virrey del Perú, caballero de Croix, y al in- 
tendente general y subdelegado de real hacienda en aquel 
virreinato, don Jorge Escobedo, para que estudiasen la 
foiTua de establecer intendencias en aquella capitanía 
general. He historiado la manera cómo procedieron los 
informes que recogieron, todo lo que dio por resultado 
que fundasen las intendencias de Santiago y Concep- 
ción en 1783, con los mismos distritos de los obispados, 
teniendo por límite oriental la cordillera de los Andes, 
puesto que la dilatada provincia de Cuyo hacía parte 
del distrito del virreinato de Buenos Aires. Para com- 
pletar la reforma, emanciparon la capitanía general de 
Chile de la subordinación en que estaba del virrey de 
Lima, menos Chile que continuó haciendo parte de aquel 
virreinato. Estos son los antecedentes legales para que 
la república de Chile pruebe cuál es a su respecto el uti 
possidetis del año diez. Esas reformas estaban de acuer- 
do con el nuevo principio aceptado en el congreso de 
Berlín : los límites arcif inios y las conveniencias de los 
habitantes. 

Algunos escritores hispano-americanos pretenden que 
esas demarcaciones gubernativas eran arbitrarias, poco 
equitativas, inconvenientes, olvidándose que eran en la 
mayor parte de los casas, la consecuencia del estudio 
geográfico del territorio y de los accidentes topográficos 
del suelo. 

"La España no siguió jamás un sistema uniforme en 
el gobierno interior de sus colonias — dice Moncayo — 
y esta falta de uniformidad ha producido gravísimas 
dificultades en los arreglos que han querido hacer pos- 
teriormente para establecerse y consolidarse definitiva- 
mente. La jurisdicción creada sobre ciertos distintos te- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 135 

rritoriales no estaba siempre ¿e acuerdo con las necesi- 
dades e intereses verdaderos de los pueblos que lo ha- 
bitaban. No se consultaban las distancias ni los emba- 
razos y dificultades que oponían los ríos caudalosos, las 
montañas y los desiertos para la comunicación y comer- 
cio de los pueblos entre sí. No se atendía al origen de 
una población, que aunque de una misma raza, estaba 
liírada por afecciones ¿e familia y por recuerdos locales 
no fáciles de borrarse y extinguirse. No se adoptaba, en 
fin, ninguna de aquellas medidas que sirven de funda- 
mento a la nacionalidad de un pueblo y de lazo a las di- 
versas secciones de que se compone. Se creaban grandes 
poderes para satisfacer grandes ambiciones y se dejaban 
fluctuando los intereses públicos a merced de la igno- 
rancia y el despotismo" (1) . 

Precisamente para corregir esos errores se creó el vi- 
rreinato de Buenos Aires formándose un expediente, 
oyéndose a las autoridades civiles y eclesiásticas y to- 
mando por base para la demarcación, los límites arci- 
finioa. Por eso la cordillera de los Andes fué el límite 
natural del nuevo gobierno al que incumbía la juris- 
dicción y conservación de las extensas costas marítimas 
del Atlántico y se creaba un gran poder y una alta au- 
toridad para contener los avances de los portugueses, 
con tan excelente previsión y éxito, que creado el vi- 
rreinato en 1776, el año siguiente se finnaba en San Ilde- 
fonso el célebre tratado preliminar de límites entre las 
coronas de España y Portugal en 1777. No es, pues, ab- 
solutamente cierta la dogmática aseveración de Moncayo, 
pues que la historia demuestra todo lo contrario. Si en 
los primeros tiempos las demarcaciones gubernativas 
fueron erradas, después y con empeño digno de alto 
elogio, el gobierno español trataba de corregir esos erro- 
res, y por eso en el distrito gubernativo del virreinato, 
coinciden la jurisdicción militar, la política y la ecle- 
siástica, pues en 1807 se desmembraba el obispado de 
Santiago de Chile y se separada la dilatada provincia 
de Cuyo para formar el nuevo obispado de Córdoba del 
Tucumán. Se procede así, por las mismas razones que ex- 
ponía el marqués de Sobremonte, gobernador intendente 
de Córdoba, para hacer desaparecer los inconvenientes 
que ahora recuerda Moncayo. 



(1) Colombia y el Brasil, Colombia y el Perú. Cuestión de límites, 
poi' Pedro Moncayo. Valparaíso, 1862, 



136 VICENTE G. QUESADA 

Hay 1111 falso criterio al referir los hechos de la épo- 
ca colonial; los errores disculpables, casi naturales de 
los primeros tiempos, se presentan como hechos norma- 
les, nacidos de propósitos menguados, de un despotismo 
sin contrapeso y sin ideas. Esto no es cierto: el gobier- 
no colonial, a pesar de gravísimos errores, hizo lo po- 
sible para los justos progresos en su sistema adminis- 
trativo colonial : abrió los mercados coloniales al comer- 
cio, descentralizó el poder, constituyó autoridades fuer- 
tes, pero sujetas al juicio de residencia, y el edificio ad- 
ministrativo lo fundó dando por base los cabildos, el 
gobierno municipal con vastísimos poderes y errada- 
mente con funciones políticas y judiciales, pero al me- 
nos ese era el gobierno de la ciudad, la base popular 
y embrionaria del gobierno propio. 

De manera que no es "sobre un edificio mal construí- 
do que pretenden algunos gobiernos asentar la naciona- 
lidad de las nuevas repúblicas tomando por base el 
principio de la jurisdicción territorial — dice Moncayo 
— sin tener en cuenta que es tan variable e incierta co- 
mo el sistema despótico de donde emana. La jurisdic- 
ción no guardaba mayor uniformidad que el sistema ^i- 
bemativo. En unos distritos estaban separados el po- 
der civil y administrativo del poder eclesiástico, judicial 
y militar: en otros estaba repartida la jurisdicción po- 
lítica entre otros poderes que eran participantes de la 
misma autoridad, aunque no en el mismo grado de fuer- 
za y extensión: en algunos el territorio estaba unido en 
cuanto a lo político y judicial y disidido en cuanto a lo 
eclesiástico y militar". 

Tampoco es imparcial y verídico Moncayo: de algunos 
hechos aislados, deduce generalizaciones equivocadas. 

Quiero concretarme al territorio del virreinato, y al 
de la capitanía general de Chile. 

Dentro de los límites del virreinato, el gobierno es- 
pañol trató de hacer coincidir la jurisdicción judicial, 
y creó en 1783, la audiencia pretorial de Buenos Aires, 
desmembrando de la de Chile la dilatada provincia de 
Cuyo,, separada por la cordillera de los Andes, y a.signó 
a la nueva audiencia como su distrito judicial, las pro- 
vincias de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán y Cuyo. 
Por razón del "considerable aumento y extensión que ha 
tomado el comercio de América con la libertad conce- 
dida por mi augusto padre (dice la cédula de 30 de ene- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 137 

ro de 1794) en su reglamento del 12 de octubre de 1778". 

No bastaban los dos únicos consulados en Lima y Mé- 
jico a causa de la dilatada extensión de ambas Améri- 
eas, y por ello creó el real tribunal del consulado de 
Buenos Aires, para cuyo distrito jurisdiccional se se- 
ñaló el de todo el virreinato del Río de la Plata. 

Quedaba, empero, una irregularidad en la jurisdic- 
ción eclesiástica. La provincia de Cuyo estaba entonces 
sujeta a la diócesis de Santiago de Chile, y los inconve- 
nientes administrativos que este hecho producía, fueron 
expuestos al rey por el marqués de Sobremonte, gober- 
nador-intendente de Córdoba, y por corregir el mal se 
decidió aquella diócesis, se formó la nueva de Córdoba 
del Tucumán, con la provincia de Cuyo, de Córdoba y 
La Rioja, y creo que Santiago del Estero. Así queda- 
ron, pues, completamente concordantes todas las juris- 
dicciones civil, militar, eclesiástica, de real hacienda 
y judicial, en el distrito del virreinato, separado de 
Chile por la cordillera de los Andes. Este hecho his- 
tórico prueba que Moncayo comete un error en la ge- 
neralización con que se expresa en las palabras que he 
transcripto . 

La capitanía general de Chile fué separada del vi- 
rreinato del Perú en 1783, precisamente para las necesi- 
dades del buen gobierno, y por las exigencias del te- 
rritorio, que fué dividido en dos intendencias, la de San- 
tiago y Concepción, con el límite de la cordillera, que 
fué el mismo de los obispados. 

Se ve, pues, que no hay verdad en la manera cómo se 
expresa IMoncayo, aunque como guía pueda citarse co- 
mo excepción uno u otro hecho, como el que señala de que 
la provincia de Jaén de Bracamoros dependió en lo polí- 
tico, militar y judicial del gobierno y real audiencia de 
Quito, y en lo eclesiástico, parte de la diócesis de aquella 
ciudad y parte de la de Trujillo; pero en 1802 fué agre» 
gada al obispado de Mainas, sufragáneo del arzobispo de 
Lima, agregándose al virreinato del Perú la jurisdicción 
de ese gobierno, que fué desmembrado del virreinato de 
Santa Fe, de cuya real audiencia también fué separado. 
De modo que el gobierno político, judicial y eclesiástico 
tuvieron los mismos límites territoriales, y esta mejora, 
que era un verdadero progreso administrativo, por la 
unidad territorial y gaibernativa, es la mejor prueba de 



138 VICENTE G. QUESADA 

que el gobierno español corregía los errores y estudia- 
ba las necesidades de sus colonias. 

De manera que los gobiernos deslindados tal cual se 
encontraron en 1810, constituyen en general demarca- 
ciones convenientes para fundar nuevos estados y por 
ello natural y espontáneamente se ha aceptado el princi- 
pio jurídico del uti possidetis de dereclio del año diez, 
para deslindar los territorios. 

El virreinato de Lima sufrió grandes y sucesivas des- 
membraciones, y algunas anexiones posteriores. 

La real audiencia de Quito fué creada en 1563, con 
las provincias desmembradas del Perú, sin que esta me- 
dida del rey atacase derecho alguno, puesto que era el 
soberano del territorio. 

''A nuestro modo de ver — dice un escritor sudame- 
ricano — la España en esa época hizo cabal y legal uso 
de sus soberanos derechos sobre esta parte de la América; 
sobre esos territorios descubiertos, conquistados y po- 
blados por subditos suyos y por expediciones ordenadas 
por sus virreyes de Lima. Ninguna ley quebrantó la Es- 
paña, ningunos derechos atropello: y el propio Moncayo 
es de nuestra opinión, pues nos dice que la España trans- 
firió los derechos de la conquista a Quito. Pero si la Es- 
paña en 1563 tuvo el pleno derecho para disminuir los 
territorios del ^árreinato del Perú y formar un nuevo 
gobierno, el de Quito, ¿por qué a la España se le niega 
ese mismo derecho, esa misma soberanía, cuando eu 
1802 restituyó parte de esos territorios, la provincia de 
Mainas al Perú? Si en 1563, en que aun se ignoraba la 
verdadera geografía de estos vastos territorios, en que 
sus circunstancias y conveniencias eran casi desconoci- 
das, el gobierno español ordenó una demarcación, y ésta 
es juzgada y aprobada como útil! ¿Por qué en 1802, en 
que ya se tiene más conocimiento de las localidades y 
distancias, y se palpan con más fundamento las venta- 
jas o desventajas de cualquiera medida, se le quiere ne- 
gar a la España ese mismo derecho, y hacer creer que 
procedió atropelladamente y sin conocimiento de causa? 
En 1563 se procedió a la separación sin formación de 
expediente y sin recibirse los informes necesarios de las 
autoridades locales: en 1802 se procedió en virtud de un 
expediente que se había estado formándose durante cin- 
co años, y que había sido apoyado por las mismas auto- 
ridades locales ; separación que, según veremos, la aprue- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA ] 39 

ba el mismo virrey de Bogotá y el presidente de Quito. 
Pero supongamos que los territorios de Mainas fueron 
cedidos en toda plenitud del derecho a Quito, por esto 
quedó la España privada del derecho de soberanía, y 
de poder transferir esos mismos territorios a otra au- 
diencia o virreinato" (1) . 

El rey hizo en 1802 con la provincia de Mainas lo 
mismo que ejecutó en 1776 al separa.r de Chile la dila- 
tada pro^^ncia de Cuyo, como en 1563 había separádole 
las provincias de Tucumán, Juries y Dia^guitas a can- 
sa de los inconvenientes que ofrecía la cordillera de 
los Andes, por cuya razón formó de uno y otro lado 
de las montañas dos gobiernos, perfectamente indepen- 
dientes entre sí. El rey ejercía un derecho soberano, y 
los subditos no tenían derecho para oponerse. Lo mismo 
que hizo en 1807 al desmembrar del gobierno-intendencia 
de Potosí la provincia de Tari ja para agi*egarla a la in- 
tendencia de Salta, y constituir en su demarcación el 
nuevo obispado de ese nombre, desmembración que fué 
obedecida por Francisco de Paula Sanz, entonces go- 
bernador-intendente de Potosí. 

Establecidos estos antecedentes históricos con estricta 
sujeción a las resoluciones del rey, paráceme que se sim- 
plifica la cuestión entre la República Argentina y Chi 
le, puesto que queda reducida a probar el hecho real 
de la posesión efectiva o civil en 1810. 

Es de esta manera, según mi juicio, que ha debidj 
colocarse el debate internacional, puesto que sólo el uti 
possidetis del año diez puede ser materia de contro- 
versia . 

Inútil considero, por lo tanto, la fatigosa indagación 
histórica en que se ha entrado sobre las capitulaciones, 
que ni es la historia de la conquista, ni mucho menos 
puede servir al esclarecimiento del debate sobre los lí- 
mites pactados por el artículo 39 del tratado de 1856. 

Tal indigación es incondíucente, contraría la r:egla 
jurídica del derecho internacional aceptada en los con- 
gresos de plenipotenciarios americanos, en los tratados 
parciales y en las discusiones internacionales sobre es- 
ta materia en la América española; principios de de- 
recho público que no pueden desconocerse y mucho me- 
nos cuando han sido expresamente incorporados a los 



(1) Aiin las cuestiones de límites del Ecuador, o sea Pedro Moncayo, 
V su nuevo folleto, etc., por E. P., Lima, 1862, 



140 VICENTE G. QUESADA 

tratados de 1826 y 1856, precisamente por Chile y la 
República Argentina, y cuyo olvido llevaría a alterar 
.as demarcaciones territoriales qne se basan en la geo- 
grafía y que han señalado límites arcifinios entre las 
dos naciones. 

Y si no pudiera probarse, hablo hipotéticamente, el 
hecho posesorio por ninguna de las dos naciones, ¿có- 
mo podría resolverse la dificultad? Paréceme incuestio- 
nable que sujetándose a las últimas resoluciones del rey, 
que señalaron las demarcaciones de los dos diversos go- 
biernos, es decir, por la posesión civil fundada en el 
título que creó el virreinato, completando su organi- 
zación interna por reales cédulas posteriores, y por la 
creación de las dos intendencias de Santiago y Concep- 
ción, fundamento para independizar el gobierno de la 
capitanía general de Chile de su sobordinaeión al virrei- 
nato del Perú. 

Y la prueba es íácil y múltiple. Para probar que los 
mismos presidentes de la capitanía general de Chile, 
reconocieron que la cordillera era el límite arcifinio 
oriental a su respecto, me bastaría citar entre otros 
documentos oficiales, los parlamentos celebrados por las 
autoridades de Chile con los indios en 1775. 1783, 179'> 
y 1805, de que he hecho ya la historia detallada. Ade- 
más, recordaría las numerosas notas oficiales de los 
presidentes de aquella capitanía, en las cuales reconocen 
y confiesan que la cordillera es el límite divisorio en- 
tre los dos gobiernos. Este es el comentario más autén- 
tico que puede ofrecerse a las resoluciones dictadas por 
el rey. 

Es doctrina no contradicha, que los límites arcifinios 
son una necesidad y conveniencia tratándose de nacio- 
nes extranjeras: doctrina de derecho internacional de 
que es ardiente campeón el príncipe de Bismarck. El 
rey buscó ese límite, previo estudio sobre la topografía 
de los territorios, y teniendo en vista la conveniencia de 
la administración de las poblaciones y el bien del estado, 
y por eso ordenó que la cordillera dividiese el gobierno 
del Río de la Plata del de Chile. Si esa necesidad de la 
geografía y de la historia influyó en la resolución de 
S. M., tratándose de gobiernos de una misma monarquía, 
esas causas son más poderosas y evidentes cuando se 
trata de los límites de dos naciones diferentes, perfecta- 
mente constituidas por la topografía de los- territorios, 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 141 

para vivir en armonía y en paz, pero independientes en- 
tre sí. 

Es muy sabido que tratándose de las fronteras inter- 
nacionales, el derecho de ocupación no puede invocarse 
cuando hay límites areifinios reconocidos. 

Numerosos tratadistas de derecho internacional sos- 
tienen que las fronteras arcifinias son la mejor garantía 
para la independencia de las naciones vecinas, y de aquí 
la conveniencia de rectificarlas, cuando sea posible, uti- 
lizando los límites naturales ; y así fué también esitatuído 
en el congreso de plenipotenciarios americanos en 1856. 
"Lo que la naturaleza ha hecho no debe ser contrariado 
por los hombres. Las montañas dividen dos pueblos, y 
los dividirán a pesar de las convenciones, de las anexio- 
nes, de los tratados". 

Esta doctrina ha tenido completa sanción en las reso- 
luciones del congreso de Berlín, que ha modificado la 
geografía política de la Europa, y repito, fué sancionada 
en el congreso de plenipotenciarios ya citado, reunido en 
Lima ; pero la rectificación de fronteras es materia de 
tratados y negoeiaciones. 

En el presente caso no se trata de indagar cuál es la 
mejor frontera, si no simple y sencillamente cuál fué la 
que señaló el rey, y cuál es, sobre todo, el uti possidetis 
de dereclw del año diez, que tiene providencialmente co- 
mo base fronteras arcifinias. 

Si se desconocen las resoluciones del rey que deslinda- 
ron esas gobernaciones, si no fuese posible tomar como 
base para el deslinde, ni la creación del virreinato en 
1776, ni lo resuelto por el virrey del Perú y aprobado 
por -el rey para la emancipación de la capitanía general 
de Chile de su gobierno de Lima, en 1783 — ¿cuál sería 
el medio de arribar a una solución? Supóngase que no 
estuviese estipulado por el tratado de 1856, que ambas 
partes contratantes reconocen como sus respectivos lími- 
tes el hecho posesorio del año de 1810 ; entonces, en vez 
de eata base cuyo fundamento es el simple hecho pose- 
sorio, sería preciso recurrir al título, al derecho . 

En esta situación sumamente hipotética ¿cuál sería el 
criterio jurídico? Si se tomara por fundamento origina- 
rio las capitulaciones celebradas por el descubrimiento y 
conquista del Río de la Plata y Chile, y se pretendiese 
todavía que esos contratos contenían obligaciones inmu- 
tables, juzgando sus disposiciones con independencia de 



142 VICENTE G. QUESADA 

las circunstancias que explican su origen y duración, ta- 
les capitulaciones equivaldrían a una abdicación parcial, 
a una verdadera minutis majestatis del poder soberano 
del rey que las firmó, lo cual es históricamente falso y 
contrario al texto mismo de esos contratos. 

En esta serie de hipótesis imposibles por absurdas, se 
vendría a este resultado : — a comparar los títulos primi- 
tivos de las concesiones o capitulaciones para el descu- 
brimiento y conquista de ambos países, y aun en este 
terreno hipotético, se tendría que, la Repiiblica Argen- 
tina tendría el derecho perfecto de reclamar la extensión 
territorial de doscientas leguas de costa sobre el océano 
Pacífico concedidas a Mendoza y luego expresamente ra- 
tificada la concesión en las capitulaciones celebradas con 
Ortiz de Zarate, cumplidas por él y su sucesor Alojiso 
de Vera y Aragón, como fué judicialmente resuelto en 
pleito contencioso. 

Chile a su turno, haría valer la ampliación de la con- 
cesión hecha a Valdivia, las ciento setenta leguas de costa 
hacia el Cabo de Hornos, con cien de ancho, de manera 
que pretendería el derecho de propiedad a las trescientas 
setenta leguas con la anchura ya recordada. En esta hi- 
pótesis resultaría: 1." que parte de las provincias de Tu- 
cumán, Yuries y Diaguitas estarían comprendidas den- 
tro de la referida área, mientras tanto Felipe II las des- 
membró pnr su voluntad soberana del gobierno de Chile 
en 1563 : 2.° que la dilatada provincia de Cuyo hasta el 
estrecho, que fué separada de la gobernación de Chile en 
1776, quedaría dentro de la misma área ; y la simple enu- 
meración de estos dos hechos, mostraría que la hipótesis 
conduce al absurdo, y no es ni puede ser base racional de 
una discusión diplomática, ni aun de una mera disputa 
de escolásticos. 

Por consiguiente, no es posible de sostener la vigencia 
de tales capitulaciones, cuya materia de contrato, es de- 
cir, el territorio, ha sido después dividido y subdividido 
por el rey, en ejercicio del dominio eminente y del impe- 
rio. Mas aun, esas mismas capitulaciones o contratos pa- 
ra la conquista de Chile, contenían una cláusula condi- 
cional y limitativa, como consta en la ampliación que 
el rey concedió a favor de Alderete, a saber — ''que no 
fuese en perjuicio de los límites ele otras gobernaciones". 
Tal perjuicio es innegable, y fácil en su demostración. La 
gobernación del Río de la Plata comprendía desde este 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 143 

río hasta el mar del sur y doscientas lefias de gober- 
nación en las costas de este mar. De manera que resul- 
taría en este caso, hablo siempre en hipótesis, que la go- 
bernación de ]\Iendoza, y por tanto, la de Ortiz de Za- 
rate, que no tiene cláusula limitativa ni condicional, sino 
la de respetar las concesiones de Silva y Serpa, tendría 
que ser primeramente integrada de las dos grandes áreas 
que contiene el contrato o capitulación, es decir, de todo 
el Río de la Plata, más las doscientas leguas de costa 
sobre el mar del sur. Como el conti-fito es anterior a la 
ampliación hecha a favor de Alderete, y como ese con- 
trato o capitulación fué revalidado por una serie de otros 
hasta el celebrado y cumplido por Ortiz de Zarate, des- 
pués de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, que 
es el acto público de la posesión civil y simbólica de to- 
das las tierras concedidas de este lado de las Cordilleras, 
es innegable su derecho preferente para ser integrado de 
ambas áreas territoriales. Pero el contrato entre Ortiz 
de Zái-ate y la corona tenía término, y sobre todo — ¿quién 
representa, y en virtud de qué título legal, los derechos 
que pudieran tener los herederos de Ortiz de Zarate? 
¿Quién representa la herencia de Alderete, cuál es el tí- 
tulo hereditario que se quiere hacer valer? 

Esos contratos o capitulaciones no podrían en ningún 
caso servir de título de dominio. Los estados hispano-ame- 
ricanos sostienen que han sucedido en los derechos y obli- 
gaciones del rey de España, después de la emancipación ; 
y si aquellas capitulaeiones imponían obligaciones a la co- 
rona, las repúblicas contrajeron el deber de cumplirlas. 
No puede, pues, invocar derecho en contra del soberano, 
en cuyos derechos han sucedido, porque nadie se recla- 
ma a sí mismo su propiedad, luego sería preciso que un 
heredero o sucesor de Alderete u Ortiz de Zarate recla- 
mase de Chile o de la República Argentina la propiedad 
territorial que por aquellos contratos pudiera correspon- 
derles, y como el rey no sufrió minuOs majestatis resulta 
en pleno vigor el dominio eminente y el imperio, y es 
claro que sería entonces cuestión de propiedad privada, 
y nada más. 

Es, pues, absurdo invoear por uno u otro gobierno un 
fundamento legal de su derecho a contratos o capitula- 
ciones que concedían acciones civiles a los herederos de 
los contratantes, en cuyos derechos privados no pueden 
suceder ni Chile ni la República iVrgentina, que por el 



144 VICENTE G. QUESADA 

contrario, sostienen haber sucedido en los derechos del 
gobierno español, es decir, del otro obligado civilmente 
en los antedichos contratos. De manera ciiie, los derechos 
que se basan en tales capitulaciones son derechos pri- 
vados, y mientras no se pmebe la personería de quien 
intente hacerlos valer, no pueden racionalmente ser in- 
vocados, alegados, ni discutidos. 

Por otra parte, esas capitulaciones o contratos solo 
conferían el gobierno territorial por dos o tres genera- 
ciones, vencido cuyo término, el rey como señor y sobe- 
rano de los mismos territorios podía nombrar para go- 
bernarlos a quien mejor viere convenirle ; y por lo mismo, 
podía ampliar, dividir o desmembrar el distrito guber- 
nativo de dichas gobernaciones. Así lo hizo en efecto, y 
lo hizo con sólidos fundamentos, obedeciendo al derecho 
histórico y geográfico, a la necesidad y conveniencia de 
los habitantes y a los intereses permanentes de la corona. 
Nada ni nadie podía impedir que señalase como límite 
divisorio entre Chile y el Río de la Plata, la cordillera 
de los Andes, y que las costas marítimas patagónicas has- 
ta el cabo de Hornos fuesen comprendidas en el distrito 
gubernativo del Eío de la Plata, como las del mar Pací- 
fico lo fuesen de la capitanía general de Chile hasta en- 
contrar el territorio del Perú. ¿ Quién puede negar al rey 
el derecho de hacer estas demarcaciones ? i Qué título se 
invoca contra las expresas resoluciones de S. M. 1 i Quien 
puede reveerlas y anularlas? 

Olaro es que si esas demarcaciones perjudicasen los 
derechos que pudieran haberse adquirido por las capi- 
tulaciones para el descubrimiento del Río de la Plata y 
(.~^'hile, la acción para pedir justicia, es una acción civil, 
cuyo ejercicio requiere la pnieba legal de la personería 
de quien intenta ejercerla. ¿Contra quien podía dedu- 
cirse esa acción ? Contra el rey de España o su gobierno 
que hizo las demarcaciones, que se supone violatorias de 
dei^echos cjue él concedió a aquellos que celebraron con- 
tratos para la conquista. Como los nuevos estados hispa- 
no-americanos han sucedido en los derechos y obligacio- 
nes del rey, sería contra estos que debería ejercerse la 
referida acción civil. ¿A quien corresponde ese ejerci- 
cio? Al sucesor universal o particular del contratante, y 
en este carácter, ni Chile ni la República Argentina po- 
drían racionalmente invocar semejante título. Luego, 
pues, es absurdo discutir bajo la base de la ubicación de 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 145 

los territorios comprendidos en dichas capitulaciones; 
tal discusión no es pertinente, porque no conduce a nin- 
gún fin práctico ; más aun, se discute entre los que no 
tienen título lejíal para ejercer acción alguna, aun en la 
hipótesis que alguna hubiera, que no estuviese ya extin- 
guida y prescripta. 

Si esas indagaciones históricas solo tienen por objeto 
estudiar el desarrollo de las poblaciones y las modifica- 
ciones administrativas y comerciales para robustecer el 
derecho y explicar el uti possidetis del año diez, induda- 
blemente que facilitan las soluciones tranquilas, porque 
sirven de comentario al derecho histórico y geográfico, 
qae ha resuelto los problemas gubernativos hispano-ame- 
ricanos basándose en la geografía del territorio y en el 
progreso de los pueblos. El derecho a que me refiero no 
es, precisamente, la ley escrita, los teoremas y párrafos 
de los textos, sino el derecho necesario, histórico, esen- 
cialmente progresivo, cuya legitimidad se funda en la 
naituraleza de las cosas y recibe la sanción de reales cé- 
dulas, órdenes y mandatos del rey y sus ministros. Está 
en la conciencia de todos que es necesario buscar la ma- 
nifestación poderosa de este derecho, cuya sanción prin- 
cipal y definitiva se encuentra en la organización geo- 
gráfica de los virreinatos y capitanías generales, y no 
en la retrógrada pretensión de la inmutabilidad de las 
demarcaciones para el descubrimiento y conquista de 
América . 

Pero si en vez de ese objetivo, se discute la ubicación 
de aquellas áreas, y se pretende movilizar los deslindes, 
desatendiendo el desenvolvimiento natural y necesario 
de las poblaciones durante siglos, es evidente que solo 
sin^e para oscurecer la cuestión, para enredarla y para 
fomentar y promulgar un debate enojoso e ineficaz. La 
única cuestión en tela de juicio, la que debe exclusiva- 
mente debatirse, es el hecho de la posesión, el uti possi- 
detis de dcreclio del ario diez, regla jurídica del derecho 
piiblico americano, establecida en los congresos de sus 
plenipotenciarios, en los tratados parciales de los estados 
de este continente, y por último, en los tratados de 1826 y 
1856 celebrados entre la República Argentina y Chile. 

A los políticos honrados y a los juristas corresponde 
ilustrar, aclarar y definir estas -cuestionéis, para encon- 
trar una solución racional. 

Por eso se explica el enojo de Vicuña Makenna contra 



146 VICENTE G. QUESADA 

los jurisconsultos y log abogados, porque insitintivamen- 
te presiente que estos colocarían la cuestión en el ver- 
dadero terreno legal, y por eso también su propaganda de 
que la Patagonia es res nullius. La charlatanería calle- 
jera al servicio de las turbas, mendigando popularidad 
por medio de la política sentimental, esa es la malhadada 
historia de este extraviado debate diplomático. 

Por las brevísimas observaciones jurídicas que he he- 
cho, creo haber demostrado el abuso a que conduce la 
discusión de las capitulaciones, la manera de ubicar las 
áreas, los títulos de los gobernadores y adelantados del 
tiempo del descubrimiento, puesto que todo ello, no es 
aplicable al punto que debe discutirse, a la prueba de la 
posesión civil en 1810. 

Este és, pues, el terreno firme en que debe colocarse el 
debate, con buena fe, sin pasión, con toda la amistosa 
deferencia posible, cuando solo se trata de probar un 
hecho . 

El principio del iiti possidetis del año diez tiene un 
origen antiguo en el derecho público americano. 

"Una de las cuestiones más importantes de que el 
Congreso de Panamá tuvo que ocuparse, — dice Carlos 
Calvo, — era la de la soberanía de los territorios del nuevo 
continente. Estos territorios podían ser objeto de nuevas 
colonizaciones por parte de los Estados europeos? El he- 
cho de no estar aún ocupados o de constituir un primer 
descubrimiento bastará para justificar la toma de pose- 
sión? Las repúblicas de la América del Sud comprendie- 
ron inmediatamente la ventaja de unir su causa a la de 
los Estados LTnidos de la América del Norte, y de con- 
fundir en este punto en una sola política exterior todo el 
Nuevo ]\Iundo. Adoptaron pues, pura y simplemente la 
doctrina de IMonroe, pusieron así la cuestión de derecho 
como si ella estuviese ya resuelta en principio, y se li- 
mitaron, en consecuencia, a discutir los medios con ayu- 
da de los cuales se podría, de aeuerdo con los Estados 
Unidos, llegar a hacer efectiva la declaración presiden- 
cial del 2 de diciembre de 1823". 

El congreso de Panamá sie reunió en 1826, en el que 
eatuvieron representadas las repúblicas de Colombia, Mé- 
jico, Guatemala y el Perú, cuyos representantes sostu- 
vieron que era preciso ponei^e de acuerdo con los Es- 
tados Unidos del Norte, para declarar que no se consen- 
tirían nuevas conquis'tas. 



iiisruuiA DiPi.OMÁnc.v hisiwnü - AArEnnA.N.v 147 

"La soberanía exclusiva, — dice Bermejo, — de las na- 
ciones emancipadas en el continente americano, quedó 
entonces reconocida por el derecho público, como lo ha- 
bía sido ya por el ministro Adams, por Clay y el publi- 
cista Madison". 

Muchas veces los Estados Unidos han sostenido la doc- 
trina Monroe. y especialmente con motivo de la cuestión 
de límites del Oregón y de la anexión de Tejas. El presi- 
dente Polk en los mensajes que dirigió al congreso de 
Washington, expresó que a sii juicio en la situación era 
preciso dar nueva fuerza a aquella doctrina, y propuso 
que como estaban dispuestos a respetar los derechos de 
las naciones europeas, se hiciese entender en todas partes 
que no permitirían ninguna nueva colonia europea en 
el continente de la América del Norte. 

El estado de Yucatán en 1848 solicitó la intervención 
del gobierno de los Estados Unidos, por cuanto no había 
■podido dominar la sublevación general de los indios del 
interior, y había en vano pedido protección a la España 
y a la Inglaterra, ofreciendo en cambio de la protección 
solicitada, transferirle la jurisdicción y soberanía de la 
península. Se acordó la intervención, aun cuando no 
tuvo efecto, precisamente para impedir que una nación 
europea lo hiciera. Con este motivo quedó establecido, 
según Carlos Calvo: "1." Que el sistema colonial euro- 
peo es inaplicable a la nueva situación de la x\mérica, 
porque todas las partes del continente americano están 
habitadas por naciones civilizadais, que tienen respecto 
de su soberanía o independencia por otro, absolutamente 
el mismo título que las naciones europeas; 2.° Que las 
cuestiones de límites entre los antiguos establecimientos 
europeos y los nuevos Estados americanos no pueden ser 
resueltas sino según los principios generales del derecho 
internacional; 3.' Que el hecho de primera ocupación o 
primera exploración no crea más hoy derecho soberano 
sobre los territorios ame'ricanos, cuya posesión de dere- 
cho no podría resultar en lo porvenir sino de un tratado 
o de una guerra . Bajo este último punto de vista, puede 
decirse que el derecho público de América es el mismo 
que el de la Europa y reposa exactamente sobre las 
mismas bases". (1) . 



(1) Le droil inUrn.ational théorique et pratique, ya citado, edic. 
de 1880. 



148 VICENTE G. QUESADA 

El presidenite Montt de Chile, ha dicho: "Las demar- 
caciones antiguas de los virreynatos qne deben servimos 
de regla han de comprobarse en cuanto es posible por 
manifestaciones auténticas de la voluntad soberana". 

El gobierno argentino en las instnicciones dadas en 
1824, al ministro que envió a los Estados Unidos, le re- 
comendaba hiciese que la doctrina de Monroe fuese am- 
pliada, por este otro principio: ninguno de los gobiernos 
nuevos en este continente, mude por violencia sus lími- 
tes reconocidos al tiempo de la emancipación. Y este prin- 
cipio fué expresamente establecido en el tratado cele- 
brado entre la República Argentina y Chile, en 20 de 
noviembre de 1826. 

¿Cuál es el origen de la soberanía y dominio de las na- 
ciones descubridoras y colonizadoras en América? Car- 
los Calvo manifiesta que no solo reposa en las decisiones 
de la Santa Sede y en los preceptos del derecho canóni- 
co, "sino que tenía aún otro fundamento, el del 
descubrimiento, que la misma España más de una vez ha 
invocado en apoyo de sus derechos sobre los territorios 
cuyos atrevidos navegantes llegaron a tomar posesión. Era 
difícil que la Francia, la. Inglaterra y la Holanda, domi- 
nadas por el deseo de crearse un dominio colonial y abrir 
nuevos mercados a su comercio, no se prevaliesen de los 
misimos principios, y es por ello que se les ha visto esta- 
llar en guerras sangrientas marítimas que han durado 
casi todo el siglo XVII y una parte del XVIII." 

El mismo publicista recuerda varios hechos históricos. 

Entre la España y la Inglaterra ocurrió un conflicto 
a fines del último siglo con motivo de la ocupación del 
paso de Nootka-Sound. Fundándose sobre la prioridad 
del descubrimiento y sobre una larga posesión sanciona- 
da en 1713 por el tratado de Utrech, la España recla- 
maba la eosta oriental de la isla Vancouvert, reivindi- 
caba la soberanía exclusiva de la costa nordoeste de la 
América hasta el estrecho del Príncipe Guillermo. La 
Inglaterra a su tumo sostenía que la tierra pertenecía 
al primer ocupante, que según sus necesidades puede 
ocupar esta o aquella parte no poseída realmente. 

Ambas naciones convinieron al fin: "1.° que la nave- 
gación y la pesca sería permitida a los ingleses, con 
prohibición de hacer ilícito comercio con las colonias es- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 149 

pañolas: 2° que el derecho de navegiación y pesca se 
ejercaría a distancia cuando menos de diez leguas má- 
ximas de las costas ocupadas por la Corona de Castilla: 
3.° que habría reciprocidad de comercio entre las colo- 
nias españolas e in,p;lesas sobre la costa nordoeste de la 
América, desde 1789 : 4.° que en los mismos parajes no 
podrían fundarse nuevas colonias (1) . 

De manera que se reconocía como título de dominio 
el del descubrimiento, y no se exigía la posesión efec- 
tiva . 

Conflictos no menos graves, refiere el mismo publicista, 
surgieron enti-e la Rusia y los Estados Unidos desde 
1821 a 1825. El gobierno del zar dictó un úkase en 
setiembre de 1821 proclamando su soberanía exclusiva 
sobre toda la costa nordoeste de América desde el estre- 
cho de Behmig hasta el 54' de latitud, sobre todo, el gru- 
po de los Aliocienes, sobre el lado oriental de Siberia y 
sobre los Kuriles desde el cabo sur hasta el 15°51 m . la- 
titud norte. Invocaba como título la prioridad en el des- 
cubrimiento y la posesión semisecular, posesión civil bien 
entendida; por cuya razón prohibía la pesca y la na- 
vegación en esa zona, y declaraba que los mares que ba- 
ñan las pasesiones de la Rusia en África y América de- 
bían considerarse como cerrados. 

Estas resoluciones perjudicaban a las naciones marí- 
timas y comerciales como la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos, y en consecuencia el gabinete de Washington, en 
una nota célebre, — dice Calvo, — declaró que desde el día 
que los Estados Unidos se constituyeron en nación inde- 
pendiente, sus naves habían navegado libremente en los 
mares que ahora se pretendía cerrarles, y que sus natu- 
rales tenían el derecho de comerciar con los indígenas 
que habitan esas costas. En la misma nota se hacía sen- 
tir que la Rusia no tenía ningún itítulo válido a la po- 
sesión de las tierras americanas situadas más allá del 55', 
límite de los descubrimientos hechos en 1799, lo que era 
opuesto a todos los principios y a la sana razón preten- 
der cerrar aquellos mares, que entre los dos continentes 
tenían una anchura de 4.000 millas. 

Esta discusión terminó en 1824 por una convención 
especial, en la eual se estipulaba que los subditos de 



(1) Le droit internndonal théorique H practique, por Carlos Calvo, 
edic. de 1876. — He citado las dos ediciones, y por e^o cuido de fijar 
¡a fecha, según se refiere a una o a otra. 



150 VICENTE G. QUESAlJA 

ambas naciones podían navegar en toda la extensión del 
océano Pacífico: los Estados Unidos se obligaron a no 
fundar nuevos establecimientos al norte del 5-1° 40' de 
latitud, ni en zona comprendida en medio de esta línea, 
pudiendo durante diez años pescar y navegar libremen- 
te los subditos de una o de otra nación. 

En 1825 la cuestión entre la Gran Bretaña y la Ku- 
sia terminó por la celebración de un tratado de límites. 
Conviene recordar que en la totalidad de los territorios 
no había posesión efectiva ; era mera posesión civil fun- 
dada en el título del descubrimiento. 

Calvo, en su importante obra, tan necesaria como útil, 
que me complazco en citar siempre, y cuyas doctrinas 
son respetadas en el mundo europeo y americano, dice: 
"A propósito de la cuestión del título de una nación al 
dominio soberano de un territorio, debemos mencionar 
aún una discusión muy importante : la que tuvo lugar 
entre la Inglaterra y los Estados Unidos con motivo del 
Oregón: los Estados Unidos reclamaban la posesión de 
este territorio fundándose sobre: "1.", prioridad en el 
descubrimiento y posesión; 2°, la adquisición por el tra- 
tado de 1819 de todos los títulos que el descubrimiento 
de este territorio por subditos españoles, antes que nin- 
gún otro pueblo hubiese tenido conocimiento, había con- 
ferido a la corona de Castilla; 3.°, el reconocimiento im- 
plícito de los títulos de los Estados Unidos a la posesión 
del Oregón por el gobierno inglés, con motivo de la 
restitución del puente Georges situado en la embocadura 
del río Columbia". 

El gobierno inglés hacía valer por su parte: "1.°, que 
el Colurabia no había sido descubierto por un americano, 
sino más bien por el lugarteniente alease, de la marina 
inglesa; 2°, que las estipulaciones del tratado de 1819 
no acordaban a los Estados Unidos sino el goce pleno y 
completo de los derechos que pertenecían a la España, 
es decir, la facultad de establecerse sobre todos los pun- 
tos del territorio, de navegar y de pescar en los mares 
que los rodean, y de comerciar con los indígenas ; 3.°, que 
la entrega del puente Georges había tenido lu'gar bajo 
la reserva de los derechos soberanos de la Inglaterra so- 
bre el territorio". 

Esta discusión terminó en 1846 por la demarcación de 
los territo'rios disputados, teniendo en consideración la 
posición civil, y sin que se hiciese cuestión de la posesión 



HISIOKIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA loi 

efectiva, comprendiendo tierras poseídas por -'indios e 
incluidas en los territorios de uno o de otro estado . 

Resulta, pues, de estos antecedentes que el descubri- 
miento en América se tiene y considera como título de 
dominio en favor de la nación descubridora, y desde 
luego en los territorios que hoy son materia de la con- 
troversia entre la República Argentina y Chile, no hay 
comarcas res millius, y que basta la posesión civil, que 
en este caso tiene origen en las divisiones administrati- 
vas y políticas que el rey de España hizo de sus domi- 
nios, para establecer el uti possidetis del año diez. Prin- 
cipio reconocido y universnlmente aceptado por todas las 
naciones hispano-americanas, como resulta tanto de las 
declaraciones hechas .en los congresos de plenipotencia- 
rios americanos como en los tratados parciales entre la? 
diversas naciones y evidentemente entre la República 
Argentina y Chile, por los tantas veces citados, cele- 
brados en 1826 y 1856. 

De manera que la posesión civil es decisiva, y ésta se 
prueba por la demarcación del soberano al crear el vi- 
rreinato en 1776, y la aprobación de la erección de las in- 
tendencias de Santiago y Concepción en 1783, base bajo 
la cual fué emancipado el territorio de la capitanía ge- 
neral de Chile de la sujeción al virrey de Lima ; y como 
por ambas resoluciones reales se establece la cordillera 
como límite arcifinio entre las dos naciones, el uti posñ- 
detis de derecJio del año diez queda legalmente compro- 
bado. A lo cual se agrega la posesión efectiva de parte 
de la costa Patagónica y de Malvinas en la época de la 
emancipación. 

Como las naciones americanas han sucedido en los de- 
rechos de dominio y posesión que tenía la España, la 
controversia es de fácil solución : la averiguación de un 
hecho y el establecimiento del título legal. 

El ministro de Bolivia Olañeta ha dicho: ''Inútil fue- 
ra recomendar a V. E. que los estados americanos reco- 
nocen en materia de límites las antiguas demarcaciones 
de los virreinatos que fundó la. metrópoli". 

Esta es, pues, la verdadera doctrina de derecho públi- 
co americano sobre esta materia: el reconocimiento de 
las. demarcaciones de los virreinatos, capitanías genera- 
les, gobierno-inteüdencias, y, por lo tanto, la implícita 
desaprobación de las fatigosas indagaciones sobre las ca- 
pitulaciones o contratos para el descubrimiento y con- 



152 VICENTE G. QUESADA 

quista, porque las gobernaciones que por tales contratos 
fueron convenidas, han sido modificadas. Estas divisio- 
nes posteriores son la base que los gobiernos de la Amé- 
rica española han reconocido como regla jurídica para 
decidir las cuestiones sobre límites, las cuales se pueden 
concretar en el equitativo y conciliador principio del 
uti possidetis de derecho del año diez. 

Chile no tuvo otras poblaciones de este lado de los An- 
des que las que fundó en la dilatada provincia de Cuyo, 
por medio de tenientes gobernadores desde la época de 
don García. No entró tampoco en posesión real de los 
territorios de Arauco, poseídos por los indios, y conoci- 
da y famosamente lúgubre es la historia de la guerra 
mantenida con aquellos indios. Después eambió de tác- 
tica: la limitó a la guerra defensiva; y luego entró en 
las relaciones amistosas que lo condujeron a celebrar con 
los indios los parlamentos a que me he referido, en todos 
los cuales reconocieron aquellos presidentes de la capita- 
nía general, que la cordillera era el límite divisorio con 
el virreinato. 

De este lado de los Andes las autoridades de la fron- 
tera de Mendoza se hicieron famosas en las guerras y 
exploraciones de los países del sur. Francisco de Amigo- 
re'na, gobernador de armas de Mendoza, fué un activí- 
simo cooperador para asegurar la paz con los indios de 
las llanui'as lejanas; exploró los territorios en varias 
expediciones, y he referido ya la notable de Esquivel 
Aldao que -llegó trescientas y tantas leguas al sur de Men- 
doza, mientras en las costas marítimas patagónicas se ha- 
habían fundado poblaciones por orden del virrey, a cuyo 
distrito gubernativo correspondían, y el procurador sín- 
dico del cabildo de Buenos Aires solicitaba se fundasen 
nuevas poblaciones en las tierras interiores patagónicas 
de la ciudad y provincia, para asegurar la existencia de 
las establecidas en sus costas marítimas. 

Después que el rey segregó de la capitanía general de 
Chile la dilatada provincia de Cuyo, ninguna población 
fundó ni trató de fundar de este lado, y el viaje para 
explorar la ciudad de los Césares, no fué acto de domi- 
nio, puesto que esas exploraciones se hacían también des 
de Córdoba, y se daba cuenta al gobierno de Buenos Ai- 
res por los mismos exploradores que salieron de Chile; 
y en cuanto a viajes y exploraciones, anualmente se ha- 
cían en las costas marítimas patagónicas hasta el cabo 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 153 

de Hornos, ])or orden y bajo la jurisdicción de la auto- 
ridad de Buenos Aires, a cuyo distrito gubernativo y 
judicial pertenecían . 

Las demarcaciones del virreinato en 1776 y de la ca- 
pitanía general de Chile en 1783, son el título y el fun- 
damento del uti possidetis del ano diez, cuya posesión 
civil se convirtió en posesión real por los nuevos estable- 
cimientos de la costa marítima patagónica. Es un prin- 
cipio de derecho civil y de derecho público, que la po- 
sesión pacífica adquirida se conserva por la voluntad de 
su continuación, mientras no se pruebe el ánimo contra- 
rio, o se ejecuten hechos que la alteren o perturben, siem- 
pre que haya título, hábil para poseer, que lo sea pací- 
fica y públicamente. Ahora bien ; las poblaciones de la 
costa marítima patagónica son actos posesorios ejecuta- 
dos en nombre del virrey de Buenos Aires, invocando 
como título hallarse dentro del distrito de su gobierno, 
y esa posesión no fué protestada, ni alterada. Se intentó 
también públicamente fundar un puerto de recalada en 
la Tierra del Fuego, y se enviaron allí misioneros, como 
también se hizo para explorar la v(3luntad de los indios 
del estrecho de Magallanes. Cierto es que aJlgunos de 
esos establecimientos fueron abandonados a eausa del 
enorme gasto, pero bien luego el virrey del Río de la 
Plata, el marqués de Loreto, recibió órdenes de S. M. 
de mantener y fomentar dichas poblaciones; todo lo que 
prueba el ánimo de sostener la posesión tomada, para 
cuyo fin se conservó el gobierno de Malvinas, depen- 
diente del virrey, con el objeto que anualmente hiciese 
explorar las costas marítimas hasta el estrecho y cabo 
de Hornos, e impidiese que naciones extranjeras' se es- 
tableciesen allí, y se abstuvieran de la pesca de anfibios. 

Estos hechos, pues, constituyen la prueba del uti possi- 
detis legal, pues en 1811 recién fué abandonada la po- 
blación de San José a causa de la revolución de 25 de 
mayo de 1810, habiéndose creado en 1808 la parroquia 
de Carmen de Patagones en el río Negro, perteneciente 
a la diócesis de Buenos Aires, cuyo puerto menor fu-é 
habilitado en 1810 por la junta provisional guberna- 
tiva en nombre de Fernando VII, al cual debían arribar 
forzosamente los buques negreros. 

Es sabido que el que posee una parte del territorio se 
entiende que posee el todo, y esa posesión civil comprende 
en Améríca los desiiea*tos y comarcas pobladas de indios. 



154 VICENTE G. QUESADA 

dentro de la demarcación colonial del gobierno. De ma- 
nera que el uti possidetis de dereclio del año diez está 
plenísimamente demostrado a favor de la República Ar- 
gentina . 

Chile, cuyo territorio fué tantas veces desmembrado, 
quedó reducido en 1783 al de las dos intendencias de 
Santiago y Concepción, limitadas ambas por la cordi- 
llera, y el territorio de esas dos intendencias fué lo que 
eonstituj^ó definitivamente la capitanía general de Chile. 

Sin embargo, su gobierno actual pretende que su de- 
recho de dominio arranca de la concesión hecha a fa- 
vor de Alderete, de eu5''0s derechos privados se preten- 
derá sucesor, para hacer valer su acción hereditaria y 
reivindicatoría — ¿ante quién? — No teme sin duda 
alguna que se le oponga la excepción de falta de perso- 
nería. Por más absurdo que lo parezca, tan es la pre- 
tensión de aquel gobierno. 

El ministro de relaciones exteriores de esa república, 
Adolfo Ibáñez, en nota de 15 de marzo de 1873, dirigi- 
da al ministro argentino, decía: ''Yo declaro termi- 
nantemente a V. S. que el gobierno de Chile cree tener 
derecho a toda la Patagonia, y que llegado el caso do 
hacerlo valer, presentará los títulos en que apoya ese 
derecho, sin perjuicio de exhibirlos a V. S. en la con- 
testación que sobre la materia debo darle". 

De manera que quiere una parte de una parroquia 
del obispado de Buenas Aires, como el río Negro, y quie- 
re parte de la diócesis, puesto que he probado que los 
establecimientos de la costa marítima patagónica y Mal- 
vinas pertenecían a la grey del prelado de la diócesis de 
Buenos Aires, que estaban dentro del distrito judicial 
de la audiencia pretorial de la capital y del real consu- 
lado de Buenos Aires, y por último, que ese era territo- 
rio del gobierno-intendencia del mismo nombre, gobier- 
no ciue permaneció con su jurisdicción territorial hasta 
.?1 año de 1818. 

El ministro de Chile prescinde autoritariamente de) 
i(ti possidetis de dereclio del año diez, olvida o aparen- 
ta olvidar el artículo 39 del tratado de 1856; de cuyo 
cumplimiento precisamente se trataba. Se le ha ocurri- 
do disputar a la república el territorio de su soberanía ; 
parte del que formó uno de los gobierno-intendencias del 
virreinato, comprendido en el distñto jurídico de la au- 
diencia de Buenos Aires, como la dilatada provincia 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMEHK ANA lOá 

de Cuvo parte integrante del virreinato del Río de la 
Plata y se e antoja desconocer qne esas costas eran^del 
dSo^L el re3^ asignó al vi-einato cu^do sena^^^ 
nov límite al occidente la cordillera de los Anaes rre 
fendnn cambio en la geografía política del eontmen e^ 
Para desvanecer el error de este buen señor bastaría 
J le recordase que, según el auto de la ^un a de pobla- 
dones de Chile, de la cual hacia parte ^ ^^«^^ J^fJ^ 
dente y el obispo y el decano de la audiencia de Santiago 
reconocieron en 1752 que la Pir"^,f,^;^^^^,^^^^[,^aaba 
taba separada del reino por la cordillera, ^^^^^^ ™ 

Sr¿ que .1 ly persistió en esa i^solncon pue, , 
nnp flesniKS separó la misma provincia del distrito J-i 
dicial de la Sieneia de Santiago, para que f«mase 
tn con otras tres, el de la i.al ™d,encia prrtoi^al 
de Buenos Aires en 1783, y por ultimo, que en 1/0' ^„*;-. 
de acuerdo con Su Santidad, dividió el obispado de San. 
th^o™ separó la misma dilatada provincia para fm-niar 
irób'isparde Córdoba, en el .-'-"«-t^deneía de. 
mismo nombre, perteneciente '^l, !'™ »ul „ue la Sr- 
'« la Plata precisamente porque el rey quiso que la cui 
dUe'ad los Ande. íuese el limite ^e dividiese para 
^empre el gobierno temporal y -pintua del Rio de la 
.Plata del de la capitanía general ce Chile^ 

El ministro de Chile, pues no tiene, "? P^^f ,f ™' 
titulo legal que derogue las dispo.cioneaei^y je Js^ 

r[u%rbtirric4'pa.rsreLcto cumplimiento 

^ ¿ÍamaTiUiio sin duda a las capitulaciones, a los nom- 
brados de gobernadores de Chile; pei-o eomo as e. 
pitulaciones fijaban término para gozar ' e PU^legio de 
mandar las tierras conquistaaas «"'"'-a f » « <^"7\? 
dos o tres generaciones: ese término esta cumplido, i 
en cuanto al título que como empleados del rey merecie- 
"n cto Ga cía, Alderete o Quií^ga, S, M., que consei-vo 
el domtaio eminente y el imperio sobre toda la monai^ 
quIaTspañola y sus colonias, creyó conveniente dividir > 



156 VICENTE G. QUESADA 

modificar los distritos geográficos de las gobernaciones, 
como lo hizo creando el virreinato en 1776, e independi- 
zando la capitanía general de Chile del gobierno del vi- 
rrey del Perú en 1783 ; de manera que esos papeles viejos 
son recuerdos históricos, que no puede exhibir en una 
discusión diplomática, cuando se trata del cumplimiento 
del artículo 39 del tratado de 1856, Se ha equivocado 
en el objeto del debate; sólo puede tratarse en él del uti 
possidetis legal del año diez. ¿Pretenderá que Chile po- 
seía en ese año toda la Patagonia? Si tal pretende, lásti- 
ma es que no presente pronto la prueba de su descubri- 
miento, más difícil que el del Nuevo ]\Iundo, puesto que 
tal hecho no ha tenido lugar. 

Si no fuese posible que se produzca amistosamente la 
prueba del hecho de la posesión en 1810, lo importante y 
lo esencial sería designar con toda claridad la materia 
que debe ser sometida al arbitraje de un gobierno ami- 
go, como se ha convenido en el ya tantas veces citado 
artículo del tratado, concordando con lo estipulado en 
1826. 

En mi libro La Patagonia y las tierras australes, hice 
la historia de las capitulaciones, reproduje los documen- 
tos para servir a la historia antigua, y esas investiga- 
ciones las completo ahora al analizar la extensa obra de 
Amunátegui, y en la que trato de los límites de la an- 
tigua provincia de Buenos Aires, Todo ese cúmulo de 
documentos históricos pudo quizá suprimirse en el deba- 
te, puesto que no es indispensable para probar el hecho 
de posesión en 1810 ; pero fundado también en esos infi- 
nitos documentos oficiales, resulta evidenciado, a mi jui- 
cio, que hay un territorio que no puede entrar en el liti- 
gio, como es la costa marítima patagónica, las tierras 
comprendidas entre los Andes y el océano Atlántico. 
Discutir el dominio de esa comarca, sería poner en duda 
toda la propiedad del territorio nacional, sería entrar en 
una investigación inconducente, difusa, sobre una ma- 
teria que no está, que no puede estar racional y equita- 
tivamente sul) lite, puesto que esos territorios hacían par- 
te integrante del virreinato, en cuya tranquila y pública 
posesión se encontraba el año diez. 

En efecto: no es equitativo ni justo que se ponga en 
tela de juicio la validez de las demarcaciones del virrei- 
nato, ni de la capitanía general, puesto que no se trata 
de reivindicar territorios ni de rectificar fronteras, si- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 157 

no de probar la posesión en una época señalada. ¿Bas- 
tará acaso que el gobierno de Chile pretenda dominio 
hasta el río Negro, cuando la Patagonia estaba poseída 
por el virreinato en el año fijado ? p]vidente es que no ; 
luego debe empezarse por probar la posesión, puesto que 
esta pnieba excluye todo reclamo, cualquiera que sea 
el título que se invoque, desde que este punto ha sido 
convenido por un pacto inteimacTonal, de cuya ejecu- 
ción y cumplimiento se trata: convenio que es ley para 
los contratantes y además regla jurídica invariable en 
el derecho público americano. 

Si el simple reclamo de uno de los contratantes pu- 
diese convertir en litigio el territorio reclamado, es evi- 
dente que éste sería el medio de eludir las obligaciones 
del tratado e introducir un cambio en la geografía po- 
lítica americana. 

Pero quiero hipotéticamente suponer que fuese posi- 
ble una discusión pertinente sobre materia contraria a lo 
estipulado en un pacto internacional; y en esta gratuita 
hipótesis pregunto : cuál es el título que invoca Chile 
para reivindicar los territorios poseídos como distrito 
del virreinato, como diócesis del obispado de Buenos Ai- 
res, como parte de la provincia metrópoli, creada en in- 
tendencia desde 1782? ¿Ese título de dominio es ante- 
rior o posterior a 1810? He analizado antes de ahora 
con toda detención los títulos anteriores a esta fecha, 
y ninguno le confiere el dominio, y como títulos poste- 
riores, sólo conozco los de origen argentino, por ejemplo, 
la ley de Mendoza de 1834 y la constitución del estado 
de Buenos Aires en 1854. Ninguno fijó los límites ar- 
gentinos en el río Negro ni en el Diamante: todos los 
fijaron en la extremidad austral, puesto que en 1827 el 
comandante militai" y político de Malvinas, costa pata- 
gónica y Tierra del. Fuego, fué nombrado por el go- 
bernador de Buenos Aires, cuya jurisdicción era pública 
e incontestada, ejerciendo actos de dominio, transfirien- 
do la tierra a particulares como a Pacheco y a Vernet, 
dictando reglamentos para la pesca de anfibios, envian- 
do a sus costas marítimas buques de guerra, autorida- 
des y pobladores. 

Pero quiero conceder la hipótesis que el gobierno de 
Chile tehga verdaderos y antiquísimos títulos de domi- 
nio otorgados por el rey, y concedida esta hipótesis, di- 
go: ese mismo soberano, usando del imperio y de la so- 



15S VICENTE G. QUESADA 

beranía eminente, separó del gobierno de Chile la pro- 
vincia de Cuyo en 1776, y declaró que la cordillera era 
el límite divisorio de los dos gobiernos, del Kío de la 
Plata y Chile, y el virrey tomó posesión de las costas 
marítimas patagónicas fundando varias poblaciones, 
algunas que permanecen todavía y otra mandgida levan- 
tar en 1811 . Ahora bien ; siguiendo la hipótesis, base 
de mi raciocinio, sería preciso pretender que el rey ex- 
perimentó de propia voluntad minutis magestatis, ab- 
dicando su soberanía eminente, lo que le impedía el ha- 
cer esa demarcación, porque contraría la abdicación 
parcial de su poder soberano, cuya prueba guarda, sin 
duda, el gobierno de Chile. Y vuelvo a preguntar: ¿por 
qué no usó Chile de su derecho, ante quien y como vies-.í 
convenirle para anular esa demarcación? Si no hizo uso 
de su acción, es evidente que está prescripta, por bueno 
que fuese su derecho, puesto que la prescripción es me- 
dio de adquirir el dominio. Pero ¿cómo puede suponer 
lealmente ese gobierno que es posible reivindicar terri- 
torios que pertenecían al dominio de la corona, cuando 
el mismo soberano hizo demarcaciones, que separaron 
esos territorios de aquella gobernación? El título que in- 
voca emanará indudablemente del rey, y como éste por 
resoluciones posteriores modificó o derogó la concesión 
primitiva, ¿qué acción válida quiere hacer valer hoy? 
¿Ante quién pretende ejercitarla? ¿Cuál es su perso- 
nería, en una palabra, si se pretende arrancar ese títu- 
lo de los contratos para la conquista? 

El escritor boliviano Gutiérrez sostiene la teoría que 
las colonias americanas, al emanciparse de la metrópo- 
li, no han heredado ningún derecho de la España. "Es- 
tas al nacer ai mundo — dice — lian creado su derecho 
propio, han formado por sí mismas su organización indi- 
vidual, se sujetaron a las condiciones que han creído 
indispensables a su autonomía, y al romper sus ligaduras, 
renunciaron por entero a sus tradiciones y al derecho 
público antiguo que las regía. No; ellas no han po- 
dido creerse sujetas a ningún pacto, a ningún compro- 
miso a que las ligó la metrópoli. Algo más: al invocar 
el dogma de la soberanía popular, al agruparse bajo es- 
te principio en diversas nacionalidades, han debido apli- 
car esta doctrina de una manera absoluta en todas sus 
consecuencias. Lo único que constituye el pacto nacional 
de los diferentes estados de la América latina es !a 



IIISTOHIA DIPLOMÁTICA HiSTANO - AMERICANA 159 

voluntad de las distintas provincias, de las distintas po- 
blaciones qne se han reunido al centro que han teni- 
do por más conveniente" (1) . 

Si esta teoría fuese aceptable, Chile no tendría ni 
sombra de título en que fundar su reclamo : siendo he- 
redero de la metrópoli, ¿qué título puede invocar? Du- 
rante la revolución y después de la independencia, la 
República Argentina ha ejercido dominio y soberanía 
en esos mares y costas; su derecho ha sido reconocido 
por las grandes naciones marítimas. Sostuvo con los 
Estados. Unidos primero, con la Gran Bretaña después, 
ruidosos debates, porque ambas naciones atacaron sus 
naves de guerra en IMalvinas, su guarnición ; y la última 
se apoderó de Malvinas en plena paz, por la fuerza. 

Bien, pues, el gobernador militar y político de Malvi- 
nas ejercía jurisdicción y vigilancia en las costas pata- 
gónicas y extremidad austral del continente ; de manera 
que si algún derecho hubiera trasmitido la metrópoli, la 
nueva nación lo habría adquirido con la jurisdicción 
ejercida, sin que nadie le negase el derecho a la sobe- 
ranía y dominio de esas comarcas. 

¿Qué hacía entretanto Chile? Se preocupaba de su 
territorio entre la cordillera y el ínar, no habiendo has- 
ta hoy podido efectuar la ocupación efectiva, porque los 
indios de Arauco se oponen a su dominio. 

La teoría de Gutiérrez ha sido rebatida en los si- 
guientes términos: "Pasando ahora a considerar, como 
lo hace el folletista, las condiciones bajo las cuales se 
organizaron las repúblicas sudamericanas de origen es- 
pañol, se ve c[ue aquéllas desde sus primeros pasos en 
la guerra de la emancipación, tienden a establecerse, por 
un hecho natural, en la circunscripción del territorio 
que en el régimen de la metrópoli constituía 'las provin- 
cias, bajo los nombres de capitanías generales o virrei- 
natos. A veces una o más provincias se unen para for- 
mar un solo estado, como sucedió en Colombia, otras se 
separan las provincias de una de esas circunscripciones 
para formarla cada una por sí, como en las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Mas en uno ú otro caso 
conserva cada república la posesión del territorio que 
correspondía a las grandes divisiones coloniales o a las 
subdivisiones de éstas. Un hecho igual se observa, cuan 



(1) La cuestión de límites entre Rofivia y el Brasil, etc., jíor José R. 
Gutiérrez. 



160 VICENTE G. QUESADA 

do a las agregaciones o unión de diferentes provincias 
en los primeros tiempos ha seguido, como en Colombia, 
la separación. Cada una de las nnevas entidades políti- 
cas ha conservado la posesión def territorio correspon- 
diente a la antigua provincia colonial. Es en virtud de 
este hecho general observado en todas ellas, que las re- 
públicas de origen español han reconocido para el arre- 
glo de sus límites, el principio de que "las repúblicas 
sudamericanas tienen por límites los mismos que corres- 
pondían a las demarcaciones coloniales de que se forma- 
ron, y esto es lo que se ha llamado el uti possideiis del 
año diez" (1) . 

Tan evidente es esta doctrina, que el gran mariscal 
de Ayacucho, por notas oficiales dirigidas al mariscal 
Arenales en 1825, declaraba que si la provincia de Tarija 
había pertenecido a la intendencia de Salta en 1810, esa 
era la regla a que debía someterse el caso, y en virtud 
de esa regla, el libertador Bolívar mandó entregarla a la 
,República Argentina . 

La doctrina de Gutiérrez, subversiva de todo orden, 
eminentemente perturbadora y disolvente, tiene por mi- 
ra contestar el mismo decreto del congreso boliviano de 
9 de octubre de 1826, mandando reincorporar a Tarija 
a Bolivia, cuando ese territorio había sido evacuado mi- 
litarmente y entregada por Bolívar a la República Ar- 
gentina antes de la formación del estado independiente 
de Bolivia, que se formó bajo condiciones expresas, en 
virtud de la ley argentina de 9 de mayo de 1825, que 
autorizó a las provincias del Alto Perú para decidir do 
su suerte, y separarse en consecuencia de la unidad te- 
rritorial del virreinato del Río de la Plata. Es, pues, 
para disculpar ese atentado, ejecutado por la violencia, 
faltando a la fe prometida y a solemnísimas declaracio- 
nes oficiales, aprovechando el estado de guerra con el 
Brasil en que se encontraba la República Argentina, que 
ese. escritor boliviano, por otra parte, tan distinguido, sos- 
tiene doctrinas que harían insegura la suerte de los es- 
tados, y doctrinas que ahora le aplica Chile, fundándose 
en el derecho d« la fuerza, quitándole a Bolivia todo su 
litoral marítimo. Así la nación que nacía cometiendo 
una iniquidad, es ahora castigada duramente por la gue- 



(1) Bolivia y el Brasil, — Cuestión de limites por vnos bolivianos.- 
Tacna, 1868, 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 161 

rra, y queda geográficamente condenada a la impo- 
tencia. 

La teoría de Gutiérrez no puede aceptarse en absoluto, 
porque es contraria a la historia. Los nuevos estados 
se formaron precisamente tomando como base las demar- 
caciones coloniales, y por eso ha surgido el principio 
internacional americano del ^lt^ possidetis del derecho del 
año diez; porque de otra manera quedaba sólo la anar- 
quía o la violencia como base para la organización de 
las autoridades colectivas que aspiraban a formar es- 
tados soberanos como luminosamente lo expuso el pleni- 
potenciario argentino general Alvear, a Bolívar y a Su- 
cre. En la misma historia de las cuestiones de límites el 
derecho público convencional y las declaraciones de los 
congresos de plenipotenciarios latino-americanos, buscaron 
un principio conservador del territorio de la soberaiiía 
de los nuevos estados, y ese principio 'fué el uH possi- 
detis del dereclio del año diez; las demarcaciones» terri- 
toriales de la colonia, los límites que el rey señalara a 
sus dominios. La soberanía del pueblo no es el olvido del 
derecho histórico y geográfico, sino, por el contrario, su 
reconocimiento, su observancia, porque es equitativo, ra- 
cional y justo. 

El mismo - Gutiérrez reconoce que el uti possidetis es 
un principio que ha consagrado el derecho público ame- 
ricano; pero fijado en una época señalada, en la de la 
emancipación, porque tiene por base la demarcación co- 
lonial, como título, y no la mera posesión. El dogma 
de la soberanía del pueblo partió de esta base: fué so- 
berano el pueblo de cada nuevo estado dentro de la de- 
marcación que tenía en 1810. Esta es la historia, el de- 
recho y la justicia, y esto forma el derecho geográfico 
histórico latino-americano, que no conviene abrogar, en 
bien de todos los estados. 

En las cuestiones de límites que han surgido entre 
las repúblicas hispano-americaíias y el Brasil, este prin- 
cipio no ha sido, ni ha podido ser aplicado en toda su 
plenitud . 

En el tratado celebrado entre el Brasil y el Perú en 
1851, se ha establecido como principio el uti possidetis 
actual. En el celebrado entre Bolivia y el Brasil en 



162 VICENTE G, QUESADA 

1857 se lia reconocido el mismo principio ; y en las dis- 
cusiones entre los plenipotenciarios brasileño y paragua- 
yo en 1856, convinieron en dar por abrogados los tra- 
tados de 1777 entre las coronas de España y Portugal. 

Pero estos principios no pueden ser aplicados a los es- 
tados de un origen común; sin la excepción a la regla 
jurídica internacional del uti possidetis del año diez en 
materia de límites entre los nuevos estados. 

En el presente caso Chile y la República Argentina 
están ligadas por el tratado de 1856, de cuya ejecución 
SG trata ; y en ese tratado se ha pactado expresamente el 
reconocimiento de ía posesión en la época de la eman- 
cipación. No puede, pues, discutirse .la doctrina, sino 
simplemente aplicarla a los hechos de cuya prueba se 
trata . 

"Error imperdonable es pretender discutir hoy — di- 
ce el escritor boliviano Julio Méndez — el valor de la 
legislación administrativa española, que produjo tal o 
cual demarcación. Lo único que cabe es averiguar histó- 
rica y no jurídicamente el hecho de la demarcación. La 
cuestión es, pues, de hecho y no de derecho. No estamos 
delante de los títulos sino del efecto producido por ellos. 
Nuestra posición es análoga a la del jurista que investi- 
ga el derecho en la cosa juzgada y no los títulos que la 
motivaron. Remontar a la discusión de los títulos, es 
incurrir en un anacronismo legal; es objetar la ley es- 
pañola, como si fuéramos contemporáneos de ella. El 
uti possidetis de 1810 es un hecho administrativo ele- 
vado a la altura de derecho internacional; y como hecho 
histórico es tan cierto, que no es dudoso sino para el 
que quiere imprimirle a toda costa tal carácter" (1). 

Ahora bien; si por la cláusula de un tratado inter- 
nacional se ha convenido en reconocer como límites res- 
pectivos la posesión de 1810, toda la cuestión consiste 
en la prueba del hecho posesorio. Y sería mucho más 
absurdo discutir hechos reconocidos explícitamente por 
los mismos presidentes de la república y por todas las 
constituciones políticas de aquel estado. 

No es posible, pues, que a aquel gobierno y sus mi- 
nistros mal infoiinados les acurra ahora disputar el do- 
minio de toda la Patagonia, que nadie disputó al vi- 
rreinato, ni a las Provincias Unidas del Río de la Pla- 



cí) Realidad del equilibrio hispanoamericano y necesidad de la neu- 
tralización perpetua de Bolivia, etc., por Julio Méndez. — Liana: 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 163 

ta o República Argentina; y no basta que por sostener 
tan irregular pretensión, ese, territorio sea ni pueda ser 
sometido al juicio arbitral. 

Tan absurda sería esta pretensión, como lo sería por 
parte del gobierno argentino, si pretendiese reclamar 
las doscientas leguas de costa en el mar Pacífico, fun- 
dado en las capitulaciones para la conquista del Río de 
la Plata. 

Ni uno ni otro gobierno pueden hacer valer título al- 
guno contrario a las últimas resoluciones del rey, que fi- 
jaron los límites del distrito del virreinato y de la ca- 
pitanía general. Por otra parte, los tratados de 1826, como 
el de 1856, han hecho imposibles tales gestiones, puesto 
que ambas partes reconocieron como sus límites respecti- 
vos los que poseían en 1810. Sería preciso anular esos tra- 
tados para cambiar la materia del arbitraje, es decir, 
para someter a la decisión de un gobierno amigo cuál 
es' el título que debe prevalecer, en vez de decidir so- 
bre la posesión de 1810. Y como tratándose en esta dis- 
cusión de ¿emarcaciones territoriales de los dominios de 
un mismo soberano, la resolución posterior que modifi- 
ca las antiguas divisiones, es la válida y subsistente, es 
incuestionable que es título mayor aquel que el soberano 
expidió al crear los gobiernos del virreinato e independizar 
con señalado territorio la capitanía general de Chile 
del mando del virrey de Lima, que todo lo que pudiera 
alegarse fundándose en capitulaciones para el descu- 
brimiento y conquista, y menos en títulos de goberna- 
dores nombrados por el mismo soberano y amovibles a 
su voluntad. Esto es evidentísimo, pues es inherente al 
dominio eminente y al imperio la facultad de dividir el 
territorio en la forma que quiera el soberano. 

La colonia que el gobierno de Chile fundó después de 
1810, no le da tít^ilo al dominio territorial, porque esa 
no era la posesión en el año diez. 

Y sin embargo de la claridad evidente de estas dos- 
trinas elementales del derecho, el ministro de relaciones 
exteriores de Chile, en nota oficial de 15 de marzo de 
1873, y dirigida ail ministro argentino, decía: "Pero yo 
pregunto: ¿si lo que se discute no es la Patagonia, qué 
es lo que en realidad se discute?" Me permito contestar, 
señalándole el artículo 39 del tratado de 1856 : — se dis- 
cute- el hecho de la posesión, el uti possidetis de derecho 
del año diez, nada más. Y por lo tanto, como la república 

á 



164 VICENTE G. QUESADA 

de Chile no poseía la Patagonia en dicho año, y por el 
contrario, estaba en pública y pacífica posesión del go- 
bierno del Río de la Plata, en pi-ueba de lo cual la Junta 
provisional gubernativa en nombre de Fernando VII de- 
claró en ese año, que el río Negro era puerto meno^. y, 
en 1811. mandó levartar la población del puerto de San 
José; es eviderile que ese territorio no puede ser recla- 
mado por Chile,, cualquiera que sea el título que invo- 
que. - 

Paréceme justo que se recuerden los principios de de- 
recho público que ha sostenido siempre el gobierno de 
Chile en sus cuestiones de límites con Bolivia, porque 
son los que deben aplicarse en la presente discusión. 

Decía: "Las demarcaciones antiguas de los virreinatos 
que deben servirnos de regla, han de comprobarse en 
cuanto es posible por manifestaciones auténticas de la 
voluntad soberana, y sólo cuando éstas callan, y cuando 
una larga y pacífica posesión no las corrige o suple, es 
permitido apelar a la dudosa luz de las descripciones su- 
ministradas por escritores particulares". 

Es un chileno el que habla oficialmente. 

El ministro Urmeneta ha dicho : "... poseyendo Chi- 
le la parte habitada y habitable entonces de ese territo- 
rio, lo poseía todo y en su consecuencia hasta el 23°, por- 
que para poseer una extensión de territorio cualquiera, 
un desierto, etc., no es necesario ni posible poseer ma- 
terialmente cada una de sus partes". 

Perfectamente claras son las doctrinas de derecho pú- 
blico americano expuestas oficialmente por chilenos, y 
desde luego aplicándolas a la presente controversia, la 
resuelven en justicia y equidad. 

La demarcación del virreinato es auténtica, pues cons- 
ta por la real cédula del 1.° de agosto de 1776, y como 
comentario he publicado la resolución comunicada a Ce- 
vallos, diciéndole S. M. que los territorios del nuevo vi- 
rreinato estaban separados de Chile por la cordillera. La 
creación de las dos intendencias de Santiago y Con- 
cepción en 1783, contiene expresamente los límites que 
comprenden y esos territorios formaron la capitanía ge- 
neral de Chile que se separó del gobierno del virrey 
de Lima, actos oficiales que el rey aprobó por resolución 
comunicada oficialmente. Luego, pues, con arreglo a loa 
mismos principios de Montt, no puede ponerse en duda 
que la cordillera es el límite di^^sorio entre el Río de la 



HISTOKIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 165 

Plata y Chile. En cuanto a la posesión, apliqúese la 
doctrina de Urmeneta y resultará perfectamente simpli- 
ficada y resuelta la cuestión. En 1810 el gobierno del 
Río de la Plata tenía la población de Puerto Deseado 
en la costa patagónica y el Carmen de Patagones, y co- 
mo reconoce que basta poseer la parte habitada para 
que se entienda que poseía fodo el territorio, por ser 
materialmente imposible poseer cada una de sus partes, 
resulta probado el uti possidetis de derecho del año diez 
en favor de la República Argentina, pues poseía toda 
la Patagonia, con arreglo a las mismas doctrinas. 

¿Pretenderá acaso el gobierno de Chile sostener doc- 
trinas diferentes, según sea la república de cuyos lími- 
tes se trate? 

Para probar el uti possidetis de derecho del año diez, 
basta la posesión civil, pues las naciones americanas no 
han tenido posesión real de los territorios ocupados por 
los indios ; pero es doctrina de derecho público, que esos 
territorios comprendidos dentro de las demarcaciones 
de los gobiernos, se consideraBan en posesión civil de la 
nación que se creó al emanciparse de la metrópoli, co- 
mo lo reconoce el chileno Urmeneta, en las palabras que; 
he reproducido, puesto que poseyendo parte del terri- 
torio habitado se entiende poseerlo todo, incluso los de- 
siertos. "Estas doctrinas confirmadas en Norte Améri- 
ca, por repetidas sentencias de la corte federal, han sido 
igiualmente sostenidas por los gobiernos de Inglaterra y 
España, desde la época del descubrimiento de Amé- 
rica" (1). 

Por «1 tratado de Utrech celebrado en 1713, Fran- 
cia cedió a Inglaterra la Acadia o Nueva Escocia — di- 
ce Bermejo — ocupada en su mayor parte por los in- 
dios indígenas. 

Por el de 1763 entre estas mismas naciones, la pri- 
mera cedió a la segunda todo el país que se extiende al 
este del Mi.sisipí, aunque los indios ocupaban en él una 
vasta región, mientras que la Gran Bretaña cedió por su 
parte todas las pretensiones al país del Oeste, en el cual 
no poseía una sola pulgada de territorio. "De la misma 
especie han sido las cesiones de la Florida y la Luisia- 
na, y las trasmisiones de dominio hechas por la Ingla- 
terra y España a los Estados Unidos de la América del 



(1) La cxte.itión chilena y el arbitraje, por Antonio Bermejo. — "B^^ 
nos Aires, 1870. 



166 VICENTE G. QUESADA 

Norte". Bermejo establece que, recordados estos ante- 
cedentes, resulta que el derecho público reconoce el do- 
minio y soberanía de las naciones aanericanas sobre los 
territorios ocupados por los iiidígénas. 

En efecto : nadie ha negado que Arauco pertenece a la 
república de Chile y los Estados Unidos y la Gran Bre- 
taña tampoco desconocieron el dominio y soberanía de 
la Eepública Argentina en las costas marítimas patagó- 
nicas; y en la secular cuestión entre las coronas de Es- 
paña y Portugal sobre sus dominios de América, se pac- 
taron deslindes en territorios no poseídos realmente por 
ninguna de ellas. En la hipótesis que los territorios ocu- 
pados por los indios, no pertenecieron a las repúblicas 
dentro de las demarcaciones que hizo el rey de España, 
¿a quién pertenecerían? Evidentemente es que a sus ac- 
tuales ocupantes, es decir, a los indios, y Chile entonces 
no tendría dominio en Arauco, ese problema que tanto 
preocupa al parecer a Vicuña Mackenna. ¿Se querría 
hacer valer, por ventura, los parlamentos o tratados ce- 
lebrados con las tribus indígenas? Aun en este mismo 
supuesto, los indios de este lado de las cordilleras no re- 
conocieron jamás vasallaje a las autoridades de la ca- 
pitanía general, sino por el contrario, obedecían a las 
del virreinato, como lo he demostrado por una larga se- 
rie de documentos oficiales. Más aún: al establecer la 
población en el río Negro, las autoridades del virreina- 
to pactaron con el cacique negro de las tribus del sur "la 
cesión del territorio y el reconocimienfo de la sobera- 
nía a favor del rey, como lo refiere D'Orbigny en sus 
viajes. ' ^t\ WW\ 

El derecho público americano ha establecido ya prin- 
cipios fijos, los que no puede cambiar la voluntad de los 
señores ministros chilenos, y como algunos de ellos lo 
reconocen, poseída una parte del territorio se entiende 
poseído el todo. Es evidente que en 1810 la junta pro- 
visional gubernativa de las provincias del Río de la Pla- 
ta en nombre de Fernando VII, mantenía poblaciones en 
la Patagonia, formaba allí puertos y ejercía otros actos 
de soberanía y resulta plenísimamente probada la pose- 
sión real y civil de la Patagonia en el distrito en que 
se formó después el gobierno de las Provincias Unidas 
del Eío de la Plata, emancipándose de la España por 
la declaratoria de su independencia en 9 de julio de 1816. 

Lp, capitanía general de Chile tiene una demarcación 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 167 

expresa y bien definida, pues los territorios de las inten- 
dencias de Santiago y Concepción, cuyos límites estu- 
dió Escobedo y el virrey del Perú caballero de Croix, 
fueron señalados al oriente por la cordillera de los An- 
des, lo que fué expresamente aprobado por S. M. Ese 
límite tradicional e histórico es el mismo a que_ se refie- 
ren las leyes de Indias cuando hablan de los indios de 
Chile y Cuyo como de dos comarcas diferentes. Los pre- 
sidentes de esa capitanía así lo reconocieron, cuidaban de 
expresarlo en los parlamentos con los indios, y en la co- 
piosa y frecuente correspondencia oficial con las auto- 
ridades del virreinato y el ministro universal de Indias. 
De manera que los congresos de aquella república al fi- 
jar los límites de la nación, tuvieron por antecedentes 
el derecho histórico y geográfico y las resoluciones del 
rey. Nadie pudo obligarlos para que hiciesen la demarca- 
ción geográfica del territorio de la soberanía de la nueva 
nación, pero una vez que así fué señalado y reconocido 
aquel país,, como una personalidad constituida en el de- 
recho de gentes, la fe pública y las obligaciones inter- 
nacionales contraídas exigen sea mantenido y respetado 
por sus propias autoridades, salvo las modificaciones que 
el derecho internacional permite, sea por tratados, ce- 
siones o aun conquista. 



CAPITULO II 

La cuestión de limites con Cliiie del punto de vista de la 
liistoria, del derecho internacional i de la política 

Analizaré con la claridad y la concisión que me sea po- 
sible, los actos oficiales emanados de los gobiernos ar- 
gentinos, con posterioridad a la revolución de la inde- 
pendencia, a fin de que puedan ser comparados con los 
que tienen análogo origen en el gobierno de Chile. Por 
este medio sencillo y verídico se apreciará impa;rcial- 
mente de que parte está la razón y la justicia. 

Conviene que establezca cuál es el punto en litigio, la 
materia suh lite, para evitar así confusiones que entorpez- 
can el arribar a soluciones equitativas y pacíficas. 

El ministro de relaciones exteriores de la República 
Argentina, dirigiéndose al enviado extraordinario cerca 
del gobierno de Chile, le dijo lo siguiente: "Si el ánimo 
del gobierno de Chile fuese entrar en un franco examen 
de la cuestión que nos divide, con arreglo al tratado de 56, 
el arbitraje que en él se establece ha de ser de los límites 
entonces cuestionados de la colonia Punta Arenas; pues 
no se ha de entender que en cuanto a límites, aquel tra- 
tado abrazaba todas las variadas pretensiones o avances 
que hubiesen de hacerse en adelante." 

Tal era la inteligencia que el ministro argentino daba 
a la clásula 39 del tratado con Chile de 1856. 

Estas palabras indican la materia, la cosa litigada, el 
territorio cuestionado; pero hubiera sido más exacto y 
más lógico, si se hubiera limitado a recomendar se obser- 
vara el texto y el espíritu del tratado de 1856, que re- 
duce toda la controversia a comprobar cuáles eran los 
territorios que poseía una y otra nación en 1810, puesto 
que se obligaban a reconocerlos como los límites interna- 



170 VICENTE G. QUESADA 

cionales respectivos. Esto era lo estrictamente ajustado 
al pacto, en vez de limitar a extensiones territoriales de- 
terminadas, la materia que debía someterse al fallo del 
arbitro . 

Preciso es recordar que ese tratado no reconoce que ha- 
ya res nullius, de manera que los territorios poseídos 
ef ectivamenl e o la mera posesión civil, constituye el iiti 
possidetis de 1810. 

Voy a examinar ahora los documentos argentinos pos- 
teriores al año de 1810: (1) cuidaré de indicar las mani- 
festaciones de carácter oficial que muestran la verdadera 
tendencia de emancipación e independencia desde los pri- 
meros movimientos revolucionarios, en las Juntas de go- 
bierno, en los triunviratos ejecutivos, y en los reglamen- 
tos, estatutos y constituciones para el gobierno del país. 
La fe con que los iniciadores del movimiento hacían no- 
tar que la soberanía reside en el pueblo, que a él se re- 
trovertía cuando el rey estaba incapacitado de ejercerla, 
destraía desde el nacimiento de la época nueva, la teoría 
del derecho divino de los i^eyes. Las clases directivas, 
mostraron audacia en las medidas, fijeza en el objetivo 
de sus planes, extremado rigor conitra los españoles y 
sus bienes; y constancia en medio de las complicaciones 
que surgían en una sociedad tan poco preparada para su 
propio gobierno. 

Las invasiones inglesas ejercieron verdadera influen- 
cia en el movimiento revolucionario, mostraron cuales 
eran las fuerzas vivas y los elementos para vencer hasta, 
las tropas aguerridas y famosas, como los veteranos de 
la Gran Bretaña y la vanidad de la victoria, dio por re- 
sultado que los vencedores depusieran al virrey que había 
huido y abandonado la capital. Este acto fué coro- 
nado por el éxito. Liniers, que era el más alto prestigio 
de los triunfadores, fué elevado al rango de virrey pro- 
visorio : el elemento nativo había vencido al elemento pe- 
ninsular, a los antiguos prestigios monárquicos de los 
empleados del rey, y alboreaban las pasiones de una in- 
consciente democracia revolucionaria. 

La agitación se concentró en el A^nintamiento, la in.sti- 
tución que tenía más vínculos y afinidades con el pueblo. 



(1) He estudiado antes de ahora los fundamentos del derecho histó- 
rico, anteriores a esta fecha, como puede verse en mis lihros: La Patago- 
nia y las tierras australes del Continente Americano, y en El Tirrej/nato 
del Río de la Plata. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 17l 

la que reflejaba mejor los intereses locales, las pasiones 
mismas de la población na.tiva y de los españoles más li- 
berales . 

La situación de España, la abdicación de Carlos IV, 
la prisión de Fernando VII y la coronación de José Bo- 
naparte, fueron las causas que aceleraron el movimiento 
revolucionario, que se tramaba y urdía en el secreto de 
las conspiraciones graves, de los grandes trastoimos polí- 
ticos, que la lógica fatal de los sucesos hace inevitables. 

El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, dirige un ma- 
nifiesto al pueblo para hacerle conocer "el peligroso 
estado de la metrópoli, de toda la monarquía". 

El rey estaba cautivo ; el gobierno de la Junta de Cá- 
diz, amenazado por los ejércitos invasores, el trono ocu- 
üado por el rey José, y decía: "en el desgraciado caso de 
la pérdida de la península, y falta del supremo gobierno, 
no tomará esta superioridad determinación alguna que no 
sea precisamente acordada en unión con todas las repre- 
sentaciones de esta capital a que posteriormente se reúnan 
las de sus provincias dependientes"... Este documento 
está datado en 18 de mayo de 1810, 

Con este motivo se reunió el cabildo en su sala capitular 
el día 21 de mayo, y pasó una nota al virrey pidiendo 
permiso para convocar por medio de esquelas dirigidas 
a los ciudadanos, para un congreso público con el fin de 
oir su opinión : el permiso le fué acordado . Entretanto 
el pueblo agitado se reunía a la sazón en la plaza, y pedía 
a voces la deposición del virrey. 

El cabildo abierto o congreso, fué convocado para el 
22 ; continuó el 23, el 24, en medio de la agitación más 
intensa, se vota públicamente por la deposición del virrey. 

El 25 la junta provisional gubernativa hizo pública 
la abdicación de Hidalgo de Cisneros, y en su consecuen- 
cia, ella ejerció el poder en nombre del señor don Fer- 
nando VII. 

"La revolución contra España — dice Alberdi — le- 
jos de alterar la integridad del antiguo virreinato, la 
confirmó solemnemente, pues comprendió entre sus pro- 
pósitos fundamentales el de sostener la unidad territo- 
rial del estado. En virtud del acta de destitución, fir- 
mada el 25 de mayo de 1810, el nuevo gobierno patrio 
prestó juramento ese día memorable de conservar la in- 
tegridad de aquella porción de los dominios de Améri- 
ca. . . (eran sus palabras) , 



172 VICENTE G. QUESADA 

No es mi objeto, ni entra en el plan de este trabajo, 
estudiar el gobierno de la junta provisional; pero ésta, 
por resolución de 23 de septiembre de 1811, organizó un 
triunvirato para ejercer el P. E. La junta continúa 
empero sus funciones a imitación de las de la península, 
en Sevilla y Cádiz. En 12 de octubre sancionó el Re- 
glayyiento para la Junta Conservadora. 

En la exposición que precede al reglamenio, estable- 
ce los principios generales en que se funda. Expone 
que la ausencia y prisión del rey de España, Fernando 
"VTI, fué causa que los pueblos resumieran el poder so- 
berano, aun cuando la nación hubiera delegado en su 
rey ese poder. ''Una nación o un estado — dice — es 
un personaje moral, procedente de esa asoeiación de 
homljres, que buscan su seguridad a fuerzas reunidas. 
Por la misma razón que esa multitud forma una socie- 
dad, la cual tiene sus intereses comunes, y que debe 
obrar de concierto, ha sido necesario que en la orfan- 
dad política en que se hallaba la nuestra estable- 
ciese una autoridad pública, de cuya inspección fuese 
ordenar y dirigir lo que 'Cada cual debiese obrar relati- 
vamente al fin de la asociación. Claro está, por estos 
principios de eterna verdad, que para que una autori- 
dad sea legítima entre las ciudades de nuestra confe- 
deración política debe nacer del seno de ellas mismas, 
y ser una obra de sus propias manos. " 

Observa con acierto Alberdi que se ve un estado, un/i 
nación, en la reunión de los pueblos. El astado provi- 
sional del gobierno superior de las Provincias Unidas, 
dado a fines del mismo año de 1811, por un golpe de 
Estado del ejecutivo, instalado en Buenos Aires, decla- 
ró, no obstante, que la soberanía era indivisible, y admi- 
tió un Estado de las Provincias Unidas. "La República 
Argentina — dice el mismo publicista — trae desde su 
cuna la integridad de pueblo individual y distinto de 
los otros que en Sud América integraban los dominios 
de la corona de España." 

Y hablando de la ordenanza de intendentes en 1782, 
dice: "No había una palabra en esas leyes que no con- 
tuviese un gemten remoto de la independencia pro- 
vincial desarrollada más tarde por la revolución. Tal 
es el remoto origen de la descentralización o federa- 
ción presente . ' ' 



á 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 175 

Desde los albores de la revolución, ae reconocía en las 
ciudades coloniales la base de la confederación polí- 
tica, que había sido implantada por la Ordenanza de 
Intendentes, que descentralizaba», el poder, snbdividía 
la acción administrativa, cuyo fundamento radical pue- 
de considerarse estaba en los eabildos, organización 
compleja, pero forma del gobierno popular, y nervio 
más tarde del movimiento revolucionario. 

Estrada, estudiando la organización del virreinato y 
la reforma que introdujo en él, como en los otros rea- 
les dominios españoles de América, las citadas inten- 
dencias, ha dicho estas palabras: "Obrando, pues, en la 
perseverante integridad de su sistema, el trono, sin me- 
jorar directamente la condición de los pueblos, produ- 
cía un beneficio, aunque mediato y lejano, en virtud de la 
organización que analizamos, del punto de vista que 
anuncié : constituir el molde en que la nacionalidad 
argentina había de fundirse, mezclando sus elementos 
vitales y sus inspiraciones, a los hábitos y tradiciones 
creadas por su ejercicio normal y prolongado." (1). 

En el reglamento se exponen los peligros e inconve- 
nientes de un poder ejercido colectivamente, y la nece- 
sidad de concentrarlo, para la unidad de plan, la cele- 
ridad y el secreto de las deliberaciones. "La base, — 
dice, — en que creyó debía fundarlo, fué la división de 
los poderes legislativo, ejecutivo y judiciario, reserván- 
dose aquélla, la junta de diputados, bajo el título de con- 
servadora, y depositando esitos en varios funcionarios 
públicos. ' ' 

Bien, pues, el artículo 1.° de ese reglamento dice: "Los 
diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
que existen en esta capital, componen una junta con el 
título de conservadora de la soberanía del señor don Fer- 
nando VII y de las leyes nacionales, en cuanto no se 
oponen al derecho supremo de la libertad civil de los 
pueblos americanos.'' 

Aun cuando se declara que tiene por mira conservar 
la soberanía del rey, en el hecho es una verdadera eman- 
cipación del soberano, por la teoría de considerar rever- 
sible a la nación, aquella soberanía. El reglamento im- 
porta organizar un nuevo estado independiente, como se 
prueba por el art. 4.°, que dice: "La declaración de la 



(1) Lecciones sobre la histtria de la República Argentina, por José 
Manuel Estrada — Revista Argentina, vol. I. Buenos Aires, 1868. 



174 VICENTE G. QUESADA 

gnerra, la paz, la tregna, tratados de límites, de comer- 
cio, nuevos impuestos, creación de tribunales, o empleos 
desconocidos en la administración actual, y el nombra- 
miento de individuos del poder ejecutivo en caso de 
muerte o renuncia de los que le componen, son asuntos 
de su privativo resorte, precediendo el informe y consulta 
del poder ejecutivo." 

Empero este reglamento quedó sin efecto, la Junta fué 
disuelta por decreto del triun\árato de 7 de noviembre 
del mismo año. 

Se dictó entonces el Estatuto provisional del gobierno 
superior de las Provincias Unidas del Rio de la Plata a 
nombre de Fernando VII . Este organizó el gobierno del 
triunvirato que ejercía el P,. E., después de abrogar el 
proyectado reglamento, y se compromete a convocar un 
congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
hace otras declaraciones de principios y garantías, fun- 
dadas en la amovilidad de las funciones. Este estatuto 
está datado a 22 de noviembre de 1811 y lo íirman: 
Feliciano Antonio de Cliiclana — Manuel de Sarraibu — 
/wan José Passo — Bernardino Rivadavia, secretario. 
Es decir, el mismo triunvirato. 

La revolución de mayo, aunque tuvo origen en la ca- 
pital, repercutió en todo el virreinato, cuyas provincias 
más o menos decididamente siguieron el movimiento, con 
esceipción del Paraguay, que entonces y en lo venidero 
quedó fuera de la acción del gobierno general. "El rey, 
que en opinión de Estrada — por ventaja del fisco en- 
sanchaba las foi"mas del gobierno del Plata, nos daba 
el molde nidimentario de la nacionalidad argentina." 

Aun cuando yo pienso que la creación del virreinato 
no tuvo por objeto ventajas fiscales, sino que respondía 
a nuevas y premiosas necesidades geográficas y políticas, 
reconozco que esa creación es en verdad el molde en que 
sie ha fundido en sus grandes delineamientos geográficos 
la nacionalidad argentina, de la cual se han desprendido 
los territorios cuyas poblaciones no tenían cohesión bas- 
tante con las del Río de la Plata. 

"La idea primitiva de la nacionalidad argentina fué 
congénita a la unidad de las provincias", organizadas 
por las ordenanzas de intendentes de 1782, como subdi- 
visiones administrativas del virreinato para atender con 
más eficacia a las necesidades locales, descentralizando 
así la enervante unidad del gobierno general; y tan pro- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 175 

fundas raíces cehó en el país la reforma descentralizadora 
de esa época, que después, a pesar de sucesivos fracciona- 
mientos, se ha conservado la cohesión nacional, tal cual 
hoy existe con el fundamento del distrito gubernativo del 
antiguo virreinato . 

La revolución hizo ruido en el mundo exterior, prin- 
cipalmente en los Estados Unidos, que en los últimos 
años del siglo anterior, se habían emancipado y tomado 
la iniciativa de gobernarse a sí mismos. Por consiguien- 
te, veían en la revolución hispano-americana nuevos 
prosélitos a sus doctrinas triunfantes. Por esta razón, 
sin duda, y por los halagos del comercio con las anti- 
guas colonias de la España, había nombrado en cali- 
dad de cónsul general a Joel Koberto Poinset, y ésto 
nombró vicecónsul a William Gilchinst Miller, quien 
fué reconocido por el gobierno en 22 de noviembre de 
1811, con ciertas reservas. 

• El triunvirato, por decreto de 18 de febrero de 1812, 
ordenó que la tropa usase la escarapela que se declara 
nacional de las Provincias Unidas del Kío de la Plata 
"y deberá componerse de los dos colores blanco y azul 
celeste, quedando abolida la roja con que antiguamen- 
te se distinguían . ' ' 

La designación de colores nacionales, era una mani- 
festación simbólica de la independencia nacional, y pa- 
rece que en la elección de estos colores se tuvo en vista, 
según se dice, que ellos eran los que habían sido conce- 
didos al cabildo de Buenos Aires, por gracia de Car- 
los III. 

El mismo triunvirato creó una cámara de apelacio- 
nes, en reemplazo de la real audiencia, que fué abolida. 

A medida que la revolución se alejaba de su punto de 
partida, se acentúa más como objetivo, la independen- 
cia absoluta de las Provincias Unidas. 

La asamblea, en 6 de abril de 1812, sancionó: "que 
le corresponde la autoridad suprema, sobre toda otra 
constituida en las Provincias del Río de la Plata", y así 
lo comunica al gobierno del triunvirato. Este, a su turno, 
por resolución de la misma fecha, declara "nula, ilegal 
y atentatoria contra los derechos soberanos de los pue- 
blos, contra la autoridad del gobierno y contra el estatu- 
to constitiieional jurado, reconocido y sancionado por la 
voluntad de las Provincias Unidas, la atribución de la 
autoridad suprema que se ha arrogado indebidamente 



176 VICENTE G. QUESADA. 

la misana asamblea" y, en consecuencia, "resuelve disol- 
ver como disuelve la asamblea y suspender a V . E . en 
las funciones particulares de su autoridad ordinaria". 

A este golpe de estado, siguió la creación de un go- 
bierno provisorio, pues el ayuntamiento de la capital 
asumió la autoridad, y nombró el siguiente triunvirato: 
Juan José Passo, Nicolás Eodríguez Peña y Nicolás Al- 
varez Jonte, hasta tanto se convoque y reúna un con- 
greso general, que sancione una constitución provisoria. 
Esta resolución fué tomada el 8 de octubre del mismo 
año. 

Se convoca a elecciones a las provincias ; y al fin se 
instala solemnemente la asamblea general constituyente 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 31 de 
enero de 1813. 

El primer acto de aquella asamblea nacional y célebre, 
fué declarar: 1.° Que reside en ella la representación 
y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata..." declaración que importa, la inde- 
pendencia de la corona. El P. E. lo ejercía un triun- 
virato, electo por la misma asamblea; entre las atribucio- 
nes que le señaló, fué la de nombrar embajadores y 
cónsules; y lo hago notar para que se vea que este con- 
greso legislaba como para una nación independiente y 
soberana. Decretó que el P. E. usase el mismo sello 
de aquel cuerpo soberano, con la inscripción circular: 
Supremo poder ejecutivo de las Provincias del Río de 
la Plata; mandó sustituir las armas del rey por las de 
la asamblea, en todos los establecimientos públicos; 
declaró la libertad de vientres, y la prohibición de in- 
troducir esclavos; ordenó la acuilación de moneda de oro 
3^ plata, con los lemas: Provincias del Río de la Plata; 
y al reverso : en unión y libertad; declaró fiesta cívica 
el aniversario del 25 de mayo de 1810 ; reglamentó el 
unifonne y grados del ejército; sancionó el himno na- 
cional; extinguió la audiencia de Charcas, los títulos de 
nobleza, mayorazgos y vinculaciones; declaró indepen- 
diente al estado de toda autoridad eclesiástica que resida 
fuera del territorio ; dictó un reglamento para la admi- 
nistración de policía, pues la real audiencia de Buenos 
Aires había sido suprimida el año de 1812 ; creó im- 
puestos y votó gasitos; contrajo empréstitos; abolió la 
Inquisición ; mandó practicar elecciones en las provincias 
libres de Charcas, Potosí, Cochabamba y la Paz, para 



lllSTOHIA OIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 177 

•integrar dicha asamblea, de origen popular y eminente- 
mente nacional. 

En esta asamblea estuvieron representadas muchas 
provincias del Alto Perú, como Mizque, y otras recono- 
cieron su autoridad, como Potosí, Charcas, Cochabamba, 
La Paz, eitc. 

En la sesión de la asamblea de 22 de enero de 1814, 
se ordenó se concentrase el ejercicio del P. E. en una 
sola persona, bajo el nombre de director supremo de las 
Provincias Unidas y organizó el consejo de estado. Fué 
electo para este cargo Gervasio Antonio de Posadas. En 
18 de abril de 1815, el cabildo de Buenos Aires, disuelta 
la asamblea, resume provisoriamente la autoridad sobe- 
rana del pueblo, y fué nombrado el brigadier general 
José Rondeau como director del estado. 

En este mismo año, la junta de observación, encargada 
de formar un Estatuto provisional para el régimen y 
■ gobierno del estado, sancionó el que lleva la fecha de 5 
de mayo de 1815. En este estatuto se legisla sobre la 
religión del estado y la ciudadanía ; contiene una extensa 
declaración de principios y garantías. Declara que el 
poder legislativo reside originariamente en los pueblos, 
pero que hasta la determinación del congreso general 
constituyente la junta de obsei-vaeión dictai-á, ""en vez 
de leyes, reglamentos provisorios." La sección tercera 
se refiere al P. E., el cual sería ejercido por el director 
del estado. Entre sus atribuciones, le señala el nom- 
bramiento de embajadores, cónsules y enviados para las 
demás naciones y potencias extranjeras, y recibir todos 
los que de esta clase vinieren de las mismas al estado. 

La independencia estaba, pues, sancionada aun sin 
expresa declaratoria, pues la organización y faculta- 
des de los poderes políticos importan el ejercicio de la 
soberanía eminente y del imperio. El mismo estatuto 
organizó el poder judicial, y termina la sección quinta 
de las elecciones, entre las que regla'menta la forma de 
practicar las de diputados de las provincias para el 
congreso general, de los ^gobernadores de provincia, de 
los miembros de la junta de observaciones, etc. ; la 
sexta sección trata del ejército y armada, tropa de 
veteranos y marina, milicias provinciales y milicias cí- 
vicas; la séptima se ocupa de la seguridad individual 
y de la libertad de imprenta. 

Enumerar estas facultades y atribuciones basta para 



1?8 VICENTE G. QUESADA 

demostrar que la independencia' de la dominación es-* 
pañola estaba resuelta ; que las provincias del Río de 
la Plata aspirabaü a tomar un puesto entre las nacio- 
nes soberanas, con el territorio del virreinato, puesto 
que a sus congresos anteriores concurrieron los dipu- 
tados electos en todas las que formabali el gobierno del 
virrey. 

Electos los diputados que debían constituir el congreso 
de Tucumán, éste fué solemnemente instalado en dicha 
ciudad, como el congreso de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. 

Concurrieron los diputados por las siguientes ciudades 
y provincias: Buenos Aires, Salta, Catamarca, Chichas, 
Jujuy, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santiago del Es- 
tero, Mizque, Charcas, San Juan. Estos firman la decla- 
ratoria de la independencia, sancionada el 9 de julio 
de 1816. 

El congreso autorizó a los emigrados de Potosí y Co- 
cJiabamba para que pudieran elegir diputados al mismo. 

No aparece representada La Rioja, por cuanto el mis- 
mo congreso, en sesión de 7 de mayo del mismo año, a 
moción del diputado IMedrano, con motivo de los inciden- 
tes de gravedad ocurridos por la revolución hecha por 
el oficial Caparros el 14 y 15 de abril en aquella ciudad, 
decreta el auxilio de una fuerza armada imponente pa- 
ra sostener las soberanas resoluciones, ordenando al di- 
rector supremo cumpla este mandato. Sin embargo, Pe- 
dro Ignacio Castro fué incorporado al congreso como 
diputado por La Rioja. 

Tampoco íué representada Santa Fe; pero en la se- 
sión del 20 de abril del año citado, el congreso aprobó 
las instiiicciones que debía observar el diputado Corro 
en su misión a aquella capital, y se hizo extensiva su co- 
misión "para invitar oficialmente a la provincia del Pa- 
raguay, para que envíe diputados que la representen en 
el congreso". 

El Paraguay fué siempre omiso en tomar parte en 
el gobierno general. Cuando se convocó el congreso del 
año de 1813, Nicolás Herrera se dirigió al P. E. de las 
provincias del Río de la Plata, por nota datada en la 
Asunción del Paraguay a de 1812, diciendo: "Ten- 
go el honor de comunicar a V. E. que deseoso este go- 
bierno de concurrir a la felicidad e independencia de la 
América del Sud, ha acordado, en vista de las proposicio- 



HiSTOFUA DII'LOM.VTICA HISPANO - AMERICANA l79 

lies de V . E . , convocar y reunir un congreso de todos los 
pueblos de la provincia, para que, reflexionando sobre 
todas las ventajas de incorporación al sistema genera'., 
determine sobre el envío y elección de diputados a la 
asamblea general constituyente de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, o lo que crea más conforme a sus 
verdaderos intereses ' ' . 

En definitiva, el Paraguay no envió diputados al con- 
greso de Tucuraán, como no los había enviado al anterior 
en 1813. 

La provincia Oriental del Kío de la Plata, las de En- 
tre Ríos y Corrientes, creadas como gobierno-intenden- 
cias por el director supremo del estado, Gervasio Antonio 
de Posadas, tampoco aparecen representadas, a causa de 
disensiones civiles. 

Sea de ello lo que fuere, los diputados que concurrie- 
ron al congreso de Tucumán representaban las provin- 
cias y pueblos del distrito del virreinato de Buenos Ai- 
res, que por este hecho constituía el territorio de la so- 
beranía de la nueva nación. Así lo entendieron y así 
se entiende con arreglo a los principios de derecho pú- 
blico, cuando se organiza una personalidad independien- 
te que aspira a asumir el rango y representación de so- 
berana . 

Guando se independiza un territorio, conserva los lí- 
mites que posee, o en caso de rectificar sus fronteras, lo 
hace expresamente como últimamente Montenegro, Ser- 
via, Kars y el ensanche de las fronteras griegas en el 
territorio del Epiro y de Tesalia, con arreglo a las reso- 
luciones del congreso de Berlín, y respecto de aquellos 
últimos, a los deseos manifestados, aunque no sean im- 
perativas resoluciones. Y así se ha hecho con los terri- 
torios de la Rumania y la Rumelia Oriental. 

D© modo, pues, que aplicando las doctrinas del dere- 
cho público, resulta que la junta gubernativa, en nombre 
de Fernando VII, asumió el mando del territorio que 
formaba el virreinato ; el triunvirato que le sucedió en 
el poder ejecutivo gobernaba el mismo territorio, que fué 
el que representaron los diputados reunidos en el con- 
greso del año 1813 ; como Posadas, Rondeau y Pueyrre- 
dón fueron directores supremos del estado de las Provin- 
cias Unidas, cuyo distrito territorial era el mismo que 
el rey señalara al virreinato, y cuyos diputados, por 
último, en el congreso de Tucumán, declararon la inde- 



l80 VICENTE ü. QUESÁDA 

pendencia del rey de España y sus sucesores. En ese 
territorio estaba comprendido el Alto Perú y sus pobla- 
ciones fueron también representadas; no lo estuvo el 
Paraguay, ni aquellas raras provincias dominadas por 
desórdenes intestinos y la Banda Oriental ocupada des- 
de 1817 por tropas portuguesas. Pero ni Artigas ni los 
montoneros pretendieron constituir soberanías indepen- 
dientes, y sólo fueron, andando el tiempo, reconocidas 
Bolivia, la Eepública Oriental y el Paraguay. 

El presidente de ese congreso comunicó al director del 
estado la resolución que declaraba la independencia en 
los siguientes términos: "El tribunal augusto de la 
patria acaba de sancionar en sesión de este día, por 
aclamación plenísima de todos los representantes de las 
provincias y pueblos unidos de la América del Sud, jun- 
tos en congreso, la independencia del país de la dominación 
de los reye sde España y su metrópoli. Se comunica 
a V. E. esta importante noticia paTa su conocimiento y 
satisfacción, y para que la circule y baga publicar en 
todas las provincias y pueblos de la unión. Congreso en 
Tucumán, 9 de julio de 1816. — Francisco Narciso La- 
prida, presidente. — Mariano Boedo, vicepresidente. — 
José Mariano Serrano, diputado secretario. — Juan José 
Passo, diputado secretario". 

Bien pues: ''Para conocer cuál es el territorio que 
constituye una república sudamericana — 'dice Santivá- 
ñez — no hay más que averiguar qué pueblos inscribie- 
ron sus nombres, por medio de sus representantes, en el 
acta por la cual proclamaron su independencia y se 
unieron para formar un estado independiente ' ' 

De manera que basta ver cuáles fueron los pueblos y 
provincias que estuvieron representadas en el congreso 
de Tucumán y sancionaron la independencia, eomo los 
que por causa de desórdenes intestinos no fueron repre- 
sentados, y se adhirieron después para conocer cuál es 
la demarcación territorial de la nueva nación, que suce- 
dió al virreinato en sus derechos. Entre los que firman 
esa acta célebre, aparecen los diputados por la provincia 
de Buenos Aires, por San Juan y Mendoza, es decir, que 
el distrito geográfico de este nombre en los límites que 
tenían señalados y el de todas las otras Provncias Unidas 
del Río de la Plata, formaban el territorio de la soberanía 
del nuevo estado independiente. Esa es la demarcación 
terriorial, porque tal es el principio de derecho público 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 181 

sobre el origen de una nacionalidad, y es la misma del 
virreinato del Río de la Plata, 

Cuando Tejas y California se incorporaron a los Es- 
tados Unidos de la América del Norte, lo hicieron con 
sus propias demarcaciones territoriales: cuando Niza y 
Saboya fué cedida a la Francia, tambián lo fueron con 
sus distritos geográficos reconocidos: lo mismo aconteció 
cuando el Austria abandonó la Lombardía al Piamonte, 
por el tratado de Zuricli de 10 de noviembre de 1859. 
En 24 de agosto de 1866 a la Francia le fueron cedidas 
las provincias venecianas, y en el mismo año Napoleón 
III las retrocedió al rey de Italia, cuyo reino tiene origen 
en la guerra de 1859, en los preliminares de Villafranca, 
en el tratado de Zurich, después ; y en las anexiones su- 
cesivas, quedando hoy constituido en la península italia- 
na, menos la republiqueta de San Marino. En todas estas 
cesiones y anexiones, cada estado comprendía sus demar- 
caciones conocidas, sin que fuese preciso señalarlas, sal- 
vo cuando éstas se modificaban. "Es, pues, esto una ley 
general que preside a la formación de las nacionalidades 
— dice Santiváñez — a las anexiones como a las sepa- 
raciones, ley a la que los estados hispano-americanos han 
obedecido, porque tiene la fuerza de una ley nacida de 
la naturaleza de las cosas." 

Tan evidente es esto, que Graham, nno de los comisio- 
nados que envió al gobierno de los Estados Unidos a 
Buenos Aires el año de 1817, sostenía: "El territorio 
conocido antes como virreinato de Buenos Aires, que se 
extiende desde los nacimientos del Río de la Plata hasta 
el cabo más meridionaj de la América del Sud y desde 
los confines del Brasil y el océano hasta los Andes, pue- 
de considerarse lo que se llama Provincias Unidas de 
Sud América." 

El otro comisionado del mismo gobierno, Bland, de- 
cía: "Este territorio está en la actualidad enteramente 
poseído por varias tribus de Patagones salvajes, sobr*^ 
quienes el gobierno colonial no ejercía autoridad ni pre- 
tendía ningún otro derecho, que el de una anterior po- 
sesión y establecimiento en su territorio, contra todas 
las naciones extranjeras, a cuyos derechos y beneficios el 
gobierno independiente pretende haber sucedido. En 
1816 la representación nacional declaró la independen- 
cia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, com- 
prendidas dentro de los líanites del antiguo virreinato 



182 VICENTE G. QUESADA 

de este nombre. El comisionado de su gobierno en los 
Estados Unidos, el señor don Manuel H. Aguirre, fué 
encargado de solicitar el reconocimiento de aquella de- 
claración. Empezó sus gestiones con el ministro de re 
laciones exteriores, el señor John Quincy Adams, inme- 
diato predecesor en la presidencia del general Jackson. 
El ministro preguntó al señor Agurre, en nota de 27 
de agosto de 1817, si en el territorio de la república se 
comprendía a las provincias ocupadas por españoles, a 
Montevideo ocupado por portugueses y a la campaña 
oriental gobernada por Artigas, y en guerra con el go- 
bienio nacional. El señor Aguirre contestó que sí; y sin 
más dudas sobre el territorio de la república, pasó aquel 
gobierno una comunicacjón al congreso sobre este nego- 
cio, fecha 25 de marzo de 1818, en la cual, entre otras 
cosas, se lee lo siguiente: "El comisionado ha manifes- 
tado que el gobierno, cuyo reconocimiento de indepen- 
dencia solicita, era el del territorio que antes de la re- 
volución componía el virreinato del Plata. Preguntado 
entonces si aquel territorio comprendía al ocupado por 
los portugueses, sabiéndose además que la Banda Orien- 
tal estaba bajo el mando del general Artigas, y varias 
provincias en quieta y pacífica posesión del gobierno es- 
pañol, contestó que sí; y observó que Artigas, aunque 
en hostilidad con el gobierno de Buenos Aires, sostenía, 
sin embargo, la causa de la independencia de aquellas 
provincias. Véase aquí: 1.° Cómo los Estados Unidos sa- 
bían que el territorio de la república era el del virrei- 
nato; 2.*> Como sus dudas acerca del territorio se limi- 
taron a las provincias ocupadas por España, Portugal y 
Artigas; pero ninguna tuvieron acerca de las demás 
posesiones que antes se comprendían en el virreinato, 
y no pueden decir hoy que isrnoraban que las ]\Ialvinas 
y costas del continente entraban en el número de aque- 
llas posesiones" (1). 

Resulta de esos antecedentes, que todo gobierno, antes 
de reconocer la independencia y soberanía de un nuevo 
estado, indaga cuál es el territorio de esa soberanía, por- 
que, repito, no hay soberanía sin territorio señalado. Aho- 
Ta bien : el gobierao de las Provincias Unidas entendía, 
como entiende hoy la República Argentina y todas las 



(1) Informe <lel comandante político y militar de Malvinan, don Lui» 
Ternet. Buenos Aires, 10 de agosto de 1832. — Redact.ido por el doctor 
don Valentín Alsina. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 183 

del continente hispano-americano, que los nuevos estados 
sucedían en los derecliOvS de posesión y dominio que cu- 
rrespondlan al rey de España, y que las demarcaciones 
que éste había señalado a sus gobiernos en América eran 
y constituían el de las naciones emancipadas, que es,_ pre- 
cisamente, lo que constituye y significa el iiti possidetis 
de dereclio del aíio diez. De manera que las indagaciones 
que hizo el gobierno de los Estados Unidos, las respuestas 
que oficialmente se le dieron, comprueban cuál es la ex- 
tensión territorial que co]*respondía al dominio eminen- 
te y al imperio de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. 

Ni el presidente ni el congreso de los Estados Unidos 
procedieron a ciegas; enviaron comisionados encargados 
de informar cuál era la situación, el territorio y el go- 
bierno del nuevo estado; esos infonnes oficialmente re- 
mtidos a la cámara de diputados en Washington sirvieron 
de fundamento a la misma, que se constituyó en ci>- 
misión, para el estudio de este grave negocio. El mensaje 
pasado al congreso por el presidente de aquella repúbli- 
ca tiene la fecha de 17 de noviembre de 1818 (1) . 

El iníorme del comisionado César Augusto Rodney, de 
fecha 5 de noviembre de 1818, decía: "En 1778 (1776) 
se estableció el nuevo virreinato de Buenos Aires, com- 
prendiendo todo el territorio al este de las cordilleras..." 

Conviene que me detenga un momento en la historia 
del reconocimiento de la independencia de los nuevos es- 
tados por parte del gobierno de Washington. 

En 1818, Clay propuso al congreso el envío de una 
comisión a las nuevas repúblicas hispano-americanas para 
manifestarles el deseo que animaba a los Estados Unidos 
de entrar en relaciones de amistad, y probablemente^pa- 
ra tomar informaciones sobre la situación de estos países, 
su comercio, su población, sus producciones. Esta pro- 
puesta fué, sin embargo, desechada por 115 votos contra 
45, alegóse por causales la incierta posición de estos es- 
tados respecto a las hostilidades contra la metrópoli. IMon- 
roe, en el mismo año, adhirióse a la política del congreso ; 
pero en diciembre de 1819 dirigió un mensaje, manifes- 
tando que las Provincias Unidas del Río de la Plata ha- 



(\) Ufx.ofuje from thi' president of the Unifes States, at the commen- 
eement of the second session of the fifteenth Congress—Novemhcr 17 the 
1818. Read, and commited to a commitec of the whole Hoxtse, on the 
State — Washington, priuted by E. de Kraff — 1818. 



184 VICENTE G. QUESADA 

bían declarado la independencia en 1816, y que de hecho 
habían asegurado su soberanía desde 1810, y exponía 
la situación de los demás estados, de todo lo cual deducía 
la necesidad 'de entrar en relaciones internacionales, 
pues la España como beligerante, era impotente para re- 
conquistar sus colonias. Fué empero en 1820 que pro- 
clamó su propósito de que España reconociese la inde- 
pendencia de las colonias. En 1821 el mo\amiento de la 
opinión en aquel país era favorable al reconocimiento in- 
mediato de la independencia de los nuevos estados, y fué 
Clay quien nuevamente hizo la proposición en la cámara 
de representantes, en la que fué sancionada, pero recha- 
zada luego en el senado. Volvió Monroe a aconsejar la 
política de neutralidad, pero en el mismo año presentó 
otro mensaje, exponiendo que la España no tenía ele- 
mentos para someter a sus antiguas colonias, y que éstas 
estaban resueltas a obtener y consolidar su independen- 
cia. En 1822, en la sesión de enero, el congreso, de acuer- 
do con el presidente, reconoció por unanimidad la inde- 
pendencia de Méjico y de los demás estadas de la 
América del Sud. En su consecuencia enviaba poco des- 
pués agentes diplomáticos. 

Estos antecedentes oficiales justifican las teorías que 
he expuesto sobre la designación del territorio nacional, 
y prueban que ningún estado puede fijarlo en su consti- 
tución política, pretendiendo que reserva implícitamente 
derechos reivindicatoríos y que esa designación no lo 
obliga, ni da derechos a terceros o gobiernos indepen- 
dientes para forzarlo a cumplir sus deberes. Chile, y to- 
das las repúblicas que han señalado en sus constituciones 
políticas cuál es el territoaño de su soberanía, no pueden 
arbitrariamente cambiar esos límites, ni pretender ges- 
tionar derechos a mayor extensión territorial ; porque en 
derecho de gentes, como en dereeho pi'ivado, los deslindes 
crean derechos y obligaciones, y, el propietario no pude 
por su voluntad cambial* los términos de su territorio, 
cuando causa daño a su vecino. 

La fuerza y la violencia no es la ley de las naciones, 
y para conser\^ar las relaciones pacíficas y los interci'es 
de que son todos los estados solidarios, se ha convenido 
en reconocer el principio del uti pofísideHf; de dereclto del 
año diez. Separarse de ese principio, pretender reivindi- 
car territorios, contra el hecho posesorio y la voluntad 
soberana del rey, que por reales cédulas hizo demarcacio- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 185 

nes de virreinatos y capitanías generales, es forzosa y 
lógicamente buscar la guerra. 

El congreso de Tucumán no se limitó a sancionar la 
independencia; resolvió en la sesión de 26 de setiembre 
del mismo año de 1816, que se procurase el reconocimien- 
to de la nueva nación, y mandó al director supremo nom- 
brase un enviado cerca de los Estados Unidos para este 
fin, y lo recomendase así a los que residían en la corte 
del Brasil y Londres, procurándolo de las otras potencias 
de la Europa, entre las que deberían merecer su atención, 
la Rusia y la Suecia. El envío de Manuel H. Aguirre, en 
calidad de representante del nuevo gobierno cerca del 
de los Estados Unidos, respondía a esta sanción del so- 
berano congreso. 

El presidente de los Estados Unidos, Jaime Monroe, 
pasó un mensaje a la casa de representantes de la unión, 
datado en Washington a 8 de marzo de 1822, en el cual 
decía que. al enviar los documentos pedidos por esa cá- 
mara el 30 de enero, creía de su deber exponer las ideas 
del P. E. "El movimiento revolucionario, — dice, — 
en las provincias españolas de este hemisferio atrajo la 
atención, y excitó la simpatía de nuestros conciudadanos, 
desde el principio". 

Expone que, cuando esa lucha tomó una fonna sólida 
y permanente, se les concedieron aquellos derechos que 
ia ley de las naciones acuerda, como partes iguales en 
una guerra civil, permitiéndoles que sus buques mercan- 
tes y de guerra arribasen a los puertos de los Estados 
Unidos, que comerciasen en artículos que no fuesen con- 
trabando de guerra, permaneciendo empero neutral. ''Es- 
ta lucha ha llegado ahora a tal estado, — dice, — ^y ha te- 
nido un éxito tan feliz, tan decisivo por parte de las pro- 
vincias, que merece la consideración más profunda, y su 
derecho al rango de naciones independientes, con todos 
los privilegios anexos, en su comunicación con los Es- 
tados Unidos. Buenos Aires tomó aquel rango por una 
formal declaración en 1816, y lo había gozado desde 1810, 
libre de invasión de la Penínsiula. " 

Después de enumerar el estado en que se encuentran 
los otros estados hispano-americanos, dice: "Desde que 
el resultado de tal contienda está manüiestamente fi.ja- 
do, los nuevos estados tienen derecho a ser reconocidos 
por otros poderes, lo que no debe ser resistido." 



186 VICENTE G. QUESADA 

El gobierno de los Estados Unidos reconoció, pues, la 
nueva nación argentina, con el distrito geográfico del 
virreinato . 

Me detengo en señalar la forma y los antecedentes del 
reconocimiento de la independencia de la República Ar- 
gentina, para demostrar que la demarcación del territorio 
es una condición esencial para solicitar el reconocimiento 
y para verificarlo ; y tanto que, cuando las otras naciones 
se resuelven a prestar su aquiescencia a este hecho, in- 
dagan, ante todo y sobre todo, cuál es el territorio del 
nuevo estado que aspira a entrar en las relaciones inter- 
nacionales que ligan a las naciones civilizadas. 

El rey de Portugal residía a la sazón en sus dominios 
del Brasil, y bajo pretextos más o menos solapados había 
enviado tropas y apoderádose del gobierno-intendencia 
de la Banda Oriental, que aspiraba incoi-porar a sus 
propios dominios. Con esta mira, su ministro secretario 
de estado en los negocios extranjeros, Silvestre Pinheiro 
Ferreyra, en nota datada en Río de Janeiro a 16 de abril 
de 1821, se dirigió al gobernador y capitán general de 
Buenos Aires, dieiéndole, entre otras cosas: "' . , , per- 
suadido el rey de que no es lícito a ningún gobierno con- 
testar la legitimidad de otro, cuya existencia como tal 
65 comprobada con el hecho de la obediencia de los pue- 
blos, sólo esperaba una coyuntura tal como la presente, 
que parece demostrativa de la unión de todas las volun- 
tades en torno del gobierno del estado para abrir Con él 
aquellas relaciones intenias de gobierno a gobierno, ge- 
neralmente recibidas y practicadas entre todas las nacio- 
nes civilizadas." 

De acuerdo con estos antecedentes nombró como agente 
cerca del gobierno de Buenos Aires, a Juan Manuel Fi- 
gueredo, mientras no se le expide, decía, su patente de 
cónsul. Tenía instnicciones para manifestar que '*los ar- 
gentinos serían tratados en el Brasil con las mismas con- 
sideraciones que los ciudadanos de otras naciones, y que 
serían recibidos y tratados en la corte los agentes diplo- 
máticos que el gobierno de Buenos Aires enviase de 
acuerdo con los usos que por derecho general de gentes 
corresponden a los ministros y agentes de los supremos 
gobiernos de los pueblos. '' 

La misión de Figueredo no dio resultados, porque des- 
de 1817, el gobierno portugués había ocupado militannen- 
te la Banda Oriental, creada en gobierno-intendencia por 



HISTOHIA DITLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 187 

el director supremo de las Provincias Unidas en 1814: 
la ocupación se hizo bajo el capcioso pretexto de evitar 
la anarquía, pero ofrecía reconocer la independencia de 
las Provincias Unidas bajo la condición de un plebiscito 
en la provincia de Montevideo o Banda Oriental, resol- 
vería si prefería permanecer incorporada a los dominios 
portugueses. El resultado no era entonces dudoso, pues 
las bayonetas del Portugal influirían en los ánimos. El 
gobierno de Buenos Aires rechazó la proposición. 

El rey Juan VI vuélvese a Lisboa, y en 1822, el Bra- 
sil se declara imperio independiente de la corona por- 
tuguesa. Envió, entonces, la nueva corte un agente de ne- 
gocios desde Río de Janeiro, para anunciar la erección 
del imperio, que había incorporado a su dominio la pro- 
vincia oriental. El gobierno argentino recibió ese agente, 
pero se negó a que se reconociese su propia independen- 
cia con la desmembración de la Banda Oriental. Se envió 
en 1823 un Ministro, que ¥né Valentín Gómez, para ne- 
gociar la paz, bajo la condición de devolverse dicha pro- 
vincia. Tal fué el origen de la guerra con el imperio, y 
la creación de la república del Uniguay. 

En 1823 el ministro plenipotenciario de Colombia y el 
ministro de relaciones exteriores del estado de Buenos 
Aires celebraron un tratado de alianza. En el mismo año, 
en 4 de julio, .se celebró una convención con los represen- 
tantes de S. 1\I. C, para el cese de las hostilidades por 
mar y tierra, para restablecer las relaciones de comercio 
y que los pabellones fuesen recíprocamente respetados y 
admitidos en los puertos de ambos países. 

El mensaje del presidente Monroe en 1823, declaró el 
principio de no interv^ención en los asuntos del conti- 
nente europeo, y estableciendo perentoriamente, que: 
"... Cuando se trata de nuestro continente, las cosas cam- 
bian enteramente de faz, porque si las potencias aliadas 
quisieran hacer prevalecer su sistema político en una u 
otra parte de la América, no lo podrían sin que resulta- 
se un peligro inminente para nuestra felicidad y nuestra 
tranquilidad: ninguna de ellas, por otra parte, puede 
creer que nuestros hermanos del sud lo adoptarían de su 
propio grado, si se les abandonase a sí mismos. Nos sería 
igualmente imposible permanecer espectadores indiferen- 
tes ante tal intervención, bajo cualquier forma que tu- 
viera lugar. Si consideramos la fuerza y los recursos de 
la España y de los nuevos gobiernos de América, así co- 



188 VICENTE G. QUESADA 

mo la dist-ancia que los separa, es evidente que la Es- 
paña no podrá jamás llegar a someterlos. La verdadera 
política de los Estados Unidos es siempre abandonar a sí 
mismas las partes contendientes, con la esperanza que las 
otras potencias seguirán el mismo sistema." El efecto de 
este mensaje, ■ — dice Calvo, — produjo en Inglaterra tal 
sensación, que lord Brougham no hesitó en declarar que 
a sus ojos la cuestión entre las colonias españolas y la 
España estaba al fin resuelta; que todos los amigos de 
la libertad en Europa debían felicitarse, que lo que ha- 
bía traído esta solución y debía dar lugar a sus ífelicita- 
cioncs, era el mensaje del presidente de los E.stados Uni- 
dos." 

Y fué en realidad tan trascendente su alcance, que el 
gobierno de S. M. Británica acreditó en el mismo año 
1823, como cónsul general a AYoodbine Parish, para que 
hiciera efectiva la protección del comercio — "y para con- 
seguir informaciones exactas del estado de los negocios 
del país, a fin de adoptar las medidas que pueden cven- 
tualmente conducir al establecimiento de relaciones amis- 
tosas con el gobierno de Buenos Aires", según las pala- 
bras de la nota de Canning. 

Parish, para cumplir las óitienes de su gobierno se 
propuso recoger informes sobre la situación de la Repú- 
Llica, y en 12 de mayo de 1824, escribía a Ignacio Nú- 
ñez recordándole la solicitud que había hecho al señor 
Rivadavia de un ligero bosquejo sobre el origen, progre- 
so, actual estado y forma del gobierno de este país, con 
un sumario de sus rentas y fuerza militar. Núñez dirigió 
a Parish un interesante estudio que se ha publicado en 
Buenos Aires (1) bajo el título: — Revista política de las 
causas de la revclución de las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata, del carácter y curso de ella, y de la organi- 
zación social con oue lia terminado. 

En esta exposición Núñez explica el origen de la re- 
volución, sus progresos, el estado político y social del 
país y dice: "Pero, señor, debéis pennitinne que os ase- 
gure que ya el tiempo había llesrado de libertar a mi país 
de un estado que no había tenido poca parte en sus des- 
gracias interiores, esto es. aquel que todo lo hacía incier- 
to, ya se mire con relación a su existencia política, o 
bien a su constitución civil: un estado, pues, embarazo- 



(1) Koficins históricas de la RepúgVica Argentina, obra postuma de 
T^nacio Núñez. — Buenos Aires, 1857. 1 vol, 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 189 

SO para estos gobiernos y muy perjudicial a los intere- 
ses de todas las naciones de Europa, tal cual se ha cla- 
sificado este año por el ministerio británico. En su vir- 
tud se tuvieron largas y detenidas conferencias con el 
agente de negocios de los Estados Unidos: se hicieron ex- 
plicaciones sobre aquella base, y el gobierno de Washing- 
ton fué reforzado con documentos que hicieron después 
un gran juego en el reconocimiento de la independen- 
cia de toda la America en 1823. Un ministro plenipoten- 
ciario de aquellos estados, llegó a nuestra ciudad en di- 
ciembre del mismo año; él fué recibido con la satisfac- 
ei<^n que debéis inferir, señor, y correspondido con el 
envío de otro ministro que ha Ueva'do también el encargo 
especial de promover el que se agregue a los grandes 
principios que últimamente ha desenvuelto aquel go- 
bierno, de un interés puramente americano, este _ otro, 
que ninguno de los gobiernos nuevos de este continente 
mude por la violencia sus limites reconocidos al tiempo 
de la emancipación: punto que ha sido indispensable 
promovcrse en tiempo para salvar los nuevos estados de 
los compromisos en que el del Río de la Plata permanece 
para con el nuevamente constituido en el Brasil, el cual 
ha tenido a bien conservarlo como heredad de la casa 
de Braganza con preferencia a nuestra buena amistad". 

Manifiesta la conveniencia para las naciones maríti- 
mas en reconocer la independencia de los nuevos estados 
hispano-americanos, con los cuales mantenían ya relacio- 
nes comerciales, pero sin las garantías que ofrece el co- 
mercio entre naciones soberanas. 

En cuanto al nuevo y previsor principio que el go- 
bierno argentino qiiiso que se agregase a la celebrada 
doctrina de Monroe, debo recordar que iguales gestiones 
se hicieron cerca de los gobiernos de Chile, Perú y Co- 
lombia, y digno fuera para ilustrar la presente eontro 
versia sobre los límites internacionales, conocer cuáles 
fueron en ese tiempo las declaraciones del gabinete de 
Santiago. 

Los informes que trasmitiera Parish a su gobierno de- 
bieron ser favorables al nuevo estado, por cuanto el 
mismo en nombre de S. M. el rey de la Gran Bretaña, 
celebró y firmó en 2 de febrero de 1825 un tratado de 
amistad, comercio y navegación con el gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata ._ 

El artículo 2.° dice así: 'THabrá entre todos los te- 



190 VICENTE G. QUESADA 

rritorios de S. M. Británica en Europa y las territorios de 
las Provincias Unidas del Río de la Plat-a una recíproca 
libertad de comercio". 

¿Cuáles eran los territorios de las Provincias Unidas, 
a juicio del representante de la Gran Bretaña? El lo 
dice en su obra Buenos Aires y las provincias del Río 
de la Plata. En la introducción manifiesta que "las obras 
de un interés histórico, relativas a los países que en un 
tiempo formaron el virreinato, y ahora l<i república del 
Río de la Plata" le han servido para confeccionar la 
suya. Esta obra fué el resultado de las palabras que 
Canning le dijo al mandarlo a estos países: "Enviad- 
nos todos los datos que podáis adquirir con respecto a 
los países adonde vais; y mapas, si los hay", segvín lo ase- 
vera el mismo Parish. 

Parish no podía ignorar cuál era el territorio de la 
soberanía de la república, cuya independencia reconocía 
S. M. B., puesto que -él declara que es el del. antiguo vi- 
rreinato del Río de la Plata . Be manera que cuando pu- 
blicó su obra en 1852, debía tener presente como enten- 
día la demarcación del territorio de su soberanía el go- 
bierno argentino, bastándome recordar para ello, entie 
otras muchas resoluciones, el decreto de 10 de junio de 
1829, cuyo considerando dice: "Cuando por la gloriosa 
revolución de 25 de mayo de 1810, se separaron estas 
provincias de la dominación de la metrópoli, la España 
tenía una posesión material de las islas Malvinas y do 
todas las demás que rodean el cabo de Hornos, inclusa 
la que se conoce bajo la denominación de Tierra del Fue- 
go, hallándose justificada aquella posesión por el dere- 
cho de primer ocupante, por el consentimiento de las 
principales potencias marítimas de Europa, y por la ad- 
yacencia de estas islas al continente que formaba el vi- 
rreinato de Buenos Aires, de cuyo gobierno dependían. 
Por esta razón habiendo entrado el gobierno de la re- 
pública en la sucesión de todos los derechos que tenía 
sobre estas provincias la antigua metrópoli, y de que 
gozaban sus virreyes, ha seguido ejerciendo actos de 
dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar 
de que las circunstancias no han permitido hasta ahora 
dar a aquella parte del territorio de la república la 
atención y cuidado que su importancia exige". 

Cuatro años habían apenas transcurrido después de 
celebrado el referido tratado, cuando el gobierno argén- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 191 

tino basado en su dei'echo, recordaba sus títulos y pose^ 
sión de dominio que había ejercido y que tenía la volun- 
tad de continuar ejerciendo, como lo ejerció, siendo au- 
dazmente atacado el comandante militar de Malvinas. 
arreado por la fuerza el pabellón nacional por un buque 
de la nación británica, a pesar del tratado de 1825. Este 
suceso no puede modificar ni modifica el derecho argen- 
tino : la fuerza no es, no será nunca, título para adquirir 
el dominio entre las naciones civilizadas, cuando el aten- 
tado se perpetra en plena paz y con violación del dere- 
cho de gentes, sin más razón que la violencia. 

Como la obra de Parish fué publicada en 1852, para 
atenuar y excusar sin duda el abuso de su nación apo- 
derándose por la fuerza de las islas IMalvinas, adyacen- 
tes a las costas marítimas patagónicas, él dice: "Ifasta 
ahora el establecimiento más al sur perteneciente a Bue- 
nos Aires, es el pueblito del Carmen o Patagones sobre 
el río Negro. Los indios están en tranquila posesión de 
todo el territorio que desde allí se extiende hasta el cabo 
de Hornos", y aparenta olvidar que esas comarcas ha 
cían parte dei distrito del virreinato, que hoy forman 
la República Argentina, según su propio testimonio ; y 
que lo hacía con sujeción a la doctrina de derecho pú- 
blico reconocida por su propia nación, como lo he hecho 
ya notar. 

Por otra parte el gabinete de Londres debía conocer 
los informes publicados por los comisionados enviados 
por el presidente de los Estados Unidos, que fueron pre- 
sentados a la casa de representantes en Washington e 
impresos en aquella capital en 1818. 

Sea de ello lo que fuere, las Provincias Unidas del Río 
de la Plata sucedieron en los derechos del rey^de Espa- 
ña en la posesión y dominio de los territorios del virrei- 
nato del Río de la Plata. 

Hoy puede invocar ese derecho, fundado en el tra- 
tado celebrado con S. iM. C. en Madrid a 21 de septiem- 
bre de 1863, cuyo artículo 1.° dice: " . . .y usando de la 
facultad que le compete con arreglo al decreto de las 
cortes generales del reino del 4 de diciembre de 1836, re- 
nuncia en toda forma, y para siempre, por sí y sus suce- 
sores, la soberanía, derechos y acciones que les^ corres- 
pondían ¡sobre el territorio de la mencionada república". 

De manera que el reconocimiento de S. M. C. impoi^a 



192 VICENTE G. QÜESADA 

el de la soberanía del distrito que había llamádose vi- 
rreinato del Río de la Plata, y en el que sucedió la re- 
pública . 

Me detengo en estos detalles relativos al reconocimien- 
to de la independencia del nuevo estado por las naciones 
extranjeras, pero no entiendo fundar derecho al dominio 
territorial en ese reconocimiento, puesto que nadie da lo 
que no tiene y las naciones extranjeras nada dieron. Mi 
propósito es establecer el hecho indubitable que es la 
misma nueva nación la que demarca su propio territo- 
rio soberano, porque sin esa demarcación, ora expresa, 
ora táeita, no tiene derecho a gozar de los privilegios y 
garantías del derecho de gentes. Evidente es que cuando 
se trata de demarcaciones conocidas, como son las de las 
naciones europeas, es inútil señalarlo ;• pero esa designa- 
ción .se hace siempre que por la anexión se modifican los 
límites, como acaba de suceder en la última guerra 
turco-rusa, y como lo ha hecho el imperio alemán en los 
territorios que ha anexado, y antes el reino de Italia. 

Cuando Texas se separó de Méjico, el congreso de los 
Estados Unidos, en 1836. decidió que no se reconocería 
la independencia sin previos informes para averiguar 
si el nuevo estado tenía los medios de cumplir las obliga- 
ciones y ejercer los derechos de estado independiente. 

Carlos Calvo recuerda que el presidente Jackson en 
1836 decía que el reconocimiento de un nuevo estado era 
urda cueíífión 'muy delicadí?,, porque implicaba grave 
responsabilidad, cuando se trataba de la desmembración 
o separación de otro. "En este caso si el reconocimien- 
to prematuro de la independencia no puede ser consi- 
derado como una causa legítima de guerra, por lo menos 
habría fundamento para ver en ello un acto de hostili- 
dad hacia las partes beligerantes". 

Siempre que se ha procedido al reconocimiento de un 
nuevo estado, se ha conocido previamente la demarca- 
ción de su territorio : cuando se desmembró la antigua 
Colombia y se reconoció la independencia de Nueva Gra- 
nada, Venezuela y Ecuador, se conocía cuál era el te- 
rritorio de cada una de estas repúblicas, fracciones de 
un antiguo todo. 

Chile, pues, no está fuera de la ley de las naciones. 
y por lo tanto, cuando en su constitución política ha 
cuidado de demarcar su territorio, comprendido dentro 
de límites arcifinios, ha circunscripto sus deberes in- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 193 

ternacionales a los actos que allí ejerza: ese es el terri- 
torio que constituye su soberanía, y con el cual ha sido 
reconocida como nación libre e independiente. Más aún: 
el artículo de su constitución política ha sido elevadr» 
al rango de un pacto internacional, pues ese territorio 
así señalado es el que S. M. C. reconoció como de la 
república chilena en el tratado. Los territorios no coni- 
prendidos en esa designación, no hacen parte del terri- 
torio soberano de Chile ; verdad que puede aumentarlos, 
pero sólo por los medios permitidos por el derecho in- 
ternacional, como expresamente lo pactó así en 1826 con 
la República Argentina. 

En el mismo caso de Chile se encuentran otras repú- 
blicas americanas. La constitución de Colombia de 31 
de agosto de 1821, establece en el título II, sec. 1.% art. 
6°- "El territorio de Colombia es el mismo que com- 
prendía el antiguo virreinato de la Nueva Granada y 
Venezuela". Evidente es que ese territorio así designa- 
do y no otro alguno, era el que en esa época constituía 
la nación colombiana. ¿Pudo fraccionarse y constituir 
otros estados? Indudablemente que sí: pero tal cual ! o 
señala la constitución es la demarcación que constituía, 
como nación independiente, ese nuevo estado. Para ave- 
Ti<mar qué extensión geográfica era la que comprendía, 
es fuera de duda que se tenía que respetar las resolu- 
ciones del rey que lo señalara. Eso mismo tiene que ob- 
servar Chile, ese es su deber, de acuerdo con la regla 
jurídica, con la ley internacional de Hispano América. 
"El derecho internacional ha nacido en el seno de los 
estados cristianos; es allí que se ha desarrollado . ^ 
es en el seno de los estados hispano-americanos que ha 
nacido, desarrolládose y vive como condición de estabi- 
lidad V de paz el principio del uti possidehs de derecho 
de 18Í0, base de las nuevas nacionalidades, fundamento 
de su independencia, garantía para evitar los peligros 
reaccionarios de reivindicación territorial. Este hecho es- 
pecial crea derechos determinados, y un orden peculiar 
a esos mismos estados. Son ellos los que deben defen- 
derlo y altísima fué la previsTón del gobierno argentino, 
cuando pretendió incorporar a la doctrina de Monroe 
otro principio complementario y equitativo: ninguno de 
los estados nuevos mude por violencia sus límites recono- 
cidos al tiempo de la emancipación. 
"La noción del derecho implica la idea de la duración. 



194 VICENTE G, QUESADA 

pero es inconciliable con la idea de inmutabilidad. El 
derecho como hecho, se hace para los vivos; él no pue- 
de ser una forma tiesa, embotada, muerta, que lejos de 
favorecer la vida de los pueblos, los encadenaría e im- 
pediría hacer el menor progreso. El derecho de los pue- 
blos es también susceptible de desarrollo, y tiene tanta 
necesidad de desarrollo como la vida misma. El derecho 
natural de los pueblos a la existencia es superior a toda 
ley escrita. Una fuerza natural les lleva a afirmarse. 
Sabe cuándo es necesario romper las fórmulas que lo 
estrechan, cuándo el progreso lo exige y lo ordena". 

Y ese derecho natural marca en la configuración mis- 
ma del territorio, el hecho fatal, inevitable, que garante 
la vida independiente nacional. Ese hecho tradicional, 
que fué la base acertada, política, previsora y eminen- 
temente justa, es la que el rey tuvo en mira al señalar a 
la capitanía general de Chile sus límites arcifinios, y al 
virreinato del Río de la Plata su límite occidental: dos 
inmensos océanos señalan en el desarrollo de los mis- 
mos estados la necesidad de dos naciones independien- 
tes, puesto que entre uno y otro mar, la cordillera se 
levanta para constituir dos pueblos diferentes, con hábi- 
tos, con carácter, con tendencias diversas, con necesida- 
des profundamente divergentes. Pero puede decirse co- 
mo una verdad histórica, y no como una figura de retó- 
rica, que la demarcación del virreinato fué el molde en 
que se ha fundido una nncioralidad, como lo ha sido el 
trazo de la capitanía de Chile, molde gigantesco para 
fundar un pueblo viril. 

Para la República Argentina sostener la inmutabili- 
dad de su límite arcifinio occidental, es cuestión de vi- 
tal importancia, porque es condición forzosa y lógica de 
su propia indepeivdencia. 

Los congresos europeos garantieron la inmutabilidad 
por razones dinásticas, pero cuando el desarrollo natu- 
ral de los pueblos ha exigido modificaciones, como en 
los grandes cambios realizados en la geografía política 
europea después del tratado de Viena, los ha reconoci- 
do como un hecho necesario e inexátable. 

El reino de Polonia se suprime, la unidad italiana se 
funda, el imperio alemán se restaBlece y algunas de las 
dinastías que apoyaban el tratado de Viena, desposeí- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA l95 

das y desterradas, prueban la mudanza fatal de los su- 
cesos humanos. Pero estas mudanzas no han sido en 
sentido reaccionario. 

Y cuando estas transformaciones se realizan en el se- 
no de la Europa misma, en medio de aquellas poder^)- 
sas naciones, necesitan el consentimiento de las grandes 
potencias; aquí, en la América casi desierta, la repú- 
blica de Chile pretende desconocer la demarcación te- 
rritorial de su constitución, niega el cumplimiento san- 
to del tratado en que la misma España le reconocía 
independiente y le transfería sus títulos y derechos a 
ese territorio, así como reniega de los celebrados en 
1826 y 1856 con la República Argentina, y lo que es 
más singular, pretende dar vida legal a los trazos in- 
seguros de los territorios concedidos para el descubri- 
miento y la conquista. 

Conviene que recuerde algunos antecedentes históri- 
cos que sin^en de comentario para el reconocimiento de 
los nuevos estados hispano-americanos : son hechos his- 
tóricos que ilustran el derecho de gentes, le servirán 
de base y a la vez de explicación. 

Mr. Adams desempeñaba en Washington el cargo de 
secretario de estado, y a consecuencia de las pretensio- 
nes de la Rusia sobre el derecho de navegación en los 
mares que bañan las costas de lo que se llamaba Amé- 
rica rusa, se originaron reclamaciones diplomáticas. 
Con este objeto dio instrucciones al ministro diplomáti- 
co norteamericano residente en Londres, para tratar es- 
te negocio con el gobierno inglés, mandándole a la ve:^ 
copia de las instrucciones que enviaba al ministro nor- 
teamericano en la corte de San Petersburgo. En esas 
instnicciones se decía que las revoluciones políticas ha- 
bían hecho perder a la Europa todo derecho sobre los 
territorios americanos; que los Estados Unidos no po- 
dían admitir que la porción continental del Nuevo 
Mundo sirviese de elemento de colonización a los es- 
tados europeos, en la parte que les había estado ante- 
rionnente sometida; que por otra parte, la independen- 
cia absoluta de las naciones que se habían sucesivamen- 
te constituido en América bastaba para que su sobera- 
nía fuese considerada como extendiéndose al continente 
todo entero, bajo la sola resei'va de respetar los dere- 
chos adquiridos. De estas premisas Adams sacaba la 
consecuencia que el continente no podía constituir más 



196 VICENTE G. QUESADA 

dominio colonial, y que estando ocupado por estados li- 
bres y naciones civilizadas, los europeos no debían en- 
contrar acceso en él sino segim los principios generales 
del derecho de gentes, sobre el pie de una igualdad ab- 
soluta, transformando el océano Pacífico en un mar tan 
libre como el Atlántico, y sometiendo la navegación de 
los ríos y de las aguas jurisdiccionales a las reglas y a 
las condiciones que dictaren los gobiernos territoriales. 
Tales doctrinas eran las precui-soras del reconoci- 
miento de los nuevos estados, cuyos derechos defendía 
de esta manera la primera de las naciones libres del 
continente americano. 

Estas teorías fueron la base de las que más tarde 
profesó Monroe en el seno del congreso de los Estados 
Unidos, en el célebre mensaje de 2 de diciembre de 
1823: "Se ha juzgado — decía — la ocasión favorable 
para hacer reconocer como un principio al cual están 
ligados los derechos y los intereses de los Estados Uni- 
dos que los continentes americanos, según el estado ds 
libertad e independencia que ellos han adquirido y en 
el cual ellos se han mantenido, no pueden ser consi- 
derados en el porvenir como susceptibles de ser colo- 
nizados por ninguna nación extranjera" (1). 

Aun cuando la Gran Bretaña se opuso a estas decla- 
raciones, que el presidente de los Estados Unidos re- 
produjo después, pero la influencia que ejerció en el 
mundo político europeo esta actitud decidida del go 
bierno de los Estados Unidos determinó el reconoci- 
miento de la independencia de los nuevos estados, con 
los cuales -convenía entrar en rclaolones comerciales 
bajo la garantía del derecho de las naciones, y termi- 
nar así la situación anómala en que se encontraban. 

En efecto: los reconocimientos que sucesivamente hi- 
cieron algunas naciones de la independencia de las 
Provincias Unidas del Kío de la Plata, justifican la 
influencia que ejerció en ello las doctrinas norteame- 
ricanas . 

El gobierno de Washington tomaba bajo su protec- 
ción internacional la independencia de los nuevos es- 
tados, cuyos derechos exponía ante las grandes naciones 
marítimas . ; 



(1) Le droit international théoiique et pratique, par Charlea Calvo, 
edit. de 1880. — París, tomo 1er. 



iltSTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA li»7' 

Voy a concretarme al reconocimiento de la indepen- 
dencia de la RepúMica Argentina. 

Para demostrar que las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, la República Argentina o Confederación 
Argentina, bajo cuyos nombres se ha conocido la na- 
ción que está inexorablemente separada de Chile por 
el límite areifinio de las cordilleras, ha conservado los 
mismísimos límites que heredo en esta parte del gobier- 
no español, voy a recordar someramente las diversas ac- 
tas o protocolos en las cuales consta el reconocimiento 
del nuevo estado por las naciones extranjeras, hasta 
terminar por el tratado celebrado con el mismo gobier- 
no de S. M. C, el antiguo soberano de la América 
española . 

En 20 de enero de 1841 el rey de Dinamarca por in- 
tei^edio de un agente real, reconoce en esta ciudad la 
independencia. En el protocolo se lee: "reconoce como 
nación' soberana, libre e independiente a la República 
Argentina con toda la extensión territorial que le per- 
tenece" . 

En 1.° de marzo de IS-té la ciudad libre de Hambur- 
go hizo el mismo reconocimiento, y en los mismos tér- 
minos lo hizo la ciudad libre hanseática y república de 
Bremen en 11 de abril de 1845. El enviado del rey 
de Suecia lo ejecutó en 8 de enero de 1846, y el envia- 
do del rey de Cerdeña en 12 de mayo de 1857. 

En todos los protocolos consta la cláusula: "con toda 
la extensión territorial que le pertenezca", porque, 
vuelvo a repetir, sin territorio demarcado no puede re- 
conocerse el hecho exterior de la nueva soberanía. 

Por último S. M. C. por ol tratado celebrado en Madrid 
a 21 de septiembre de 1863, entre Mariano Balearce, 
ministro plenipotenciario de la República Argentina y 
el marqués de Miraflores por S. M. C, aprobado por el 
gobierno argentino el 7 de octubre del mismo año, re- 
conoció la independencia, en los t-érmiuos siguientes : 
"Art. 1." — S. M. C, reconoce como nación libre, so- 
berana e independiente a la República o Confederación 
Argentina, compuesta de todas las provincias mencio- 
nadas en su constitución federal vigente y de los de- 
más territorios que le pertenecen o en adelante le per- 
tenecieren; y usando de la facultad que le compete con 
arreglo al decreto de las cortes generales del reino de 
4 de diciembre de 1836, renuncia en toda forma y para 



iyS VICENTE O. QUESADA 

siempre, por sí y sus sucesores, la soberanía, derechos y 
acciones que le correspondían sobre el territorio de la 
mencionada república". 

Y bien: cuando S. M. C. reconoció la independencia 
de la república de Chile, lo hizo incorporando a un ar- 
tículo del tratado el de la constitución de aquella repú- 
blica, que señala su territorio entre la cardillera y el 
mar Pacífico, y a su vez ha reconocido la independen- 
cia de la república con el territorio de sus actuales 
provincias y los demás que legítimamente le pertene- 
cían, entre ios cuales figuran, como es sabido, la Pata- 
gonia y el Gran Chaco, como territorios nacionales, 
organizados en gobiernos dependientes directamento 
del gobierno federal. 

De manera, pues, que el gobierno argentino puede inun- 
dar sns títulos al dominio de los territorios del antiguo 
virreinato, en los cual as se constituyó la nueva nación, 
no s^>lo en el hecho de la independencia, sino en el reco- 
nocimiento del antiguo soberano, que le ha cedido todos 
los derechos a los territorios que legítimamente le perte- 
necen, y en cuya posesión se encontraba en 1810; y como 
esos títulos del soberano nadie los puso en duda, él señaló 
como límite divisorio entre los gobiernos del Río de la Pla- 
ta y Chile, la cordillera nevada de los Andes, resulta per- 
fecta y legítimamente comprobado que en esos territorios, 
divididos de Chile por la cordillera, no hay más soberano 
que el gobierno argentino. 

Cliile, por su parte, no puede alegar la cesión de dere- 
chos de S. M. C. sino al territorio situado entre la cordi- 
llera y el mar Pacífico, quedando así expresamente anu- 
lados por un pacto internacional, todos y cualquiera que 
fueran, los que pudiera alegar a territorios no compren- 
didr^s en esa demarcación. Un tratado es la ley suprema 
entre ios contratantes, y Chile no ha obtenido sino una 
cesión de los derechos del antiguo soberano a una exten- 
sión perfectamente demarcada de los dominios que fueron 
del rey de España. 

Todos estos antecedentes constituyen el fundamento 
del derecho histórico y geográñco, y en la evolución de 
los acontecimientos y en el desenvolvimiento natural y 
progresivo de los pueblos, nada hay más implacable que 
las leyes de la naturaleza. La cordillera de los Andes 
constituye por sí misma un límite necesario y natural, 
que divide para siempre los dos grupos hispano-ameri- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 199 

canos de uno y del otro lado, como los dividió duran- 
te el gobierno colonial, que se vio forzado a corregir el 
error de haber olvidado esa ley natural, incorporando a 
los gobiernos de este lado las provincias de Tucumán, 
Juries y Diaguitas primero, y la dilatada provincia de 
Guyo después, precisamente porque reconoció en ese lí- 
mite arcifinio, el que la naturaleza con su lógica impla- 
cable había señalado a dos distintos gobiernos. 

Tan cierto es esto, que la historia administrativa de 
los gobiernos que empezaron en 25 de mayo de 1810, 
muestran una serie de medidas más o menos importan- 
tes, pero que iustifican la persuasión que las tierras de 
la Patagonia y la extremidad austral estaban compren- 
didas en el territorio de las Provincias Unidas, y es evi- 
dente que esta era la creencia general y oficial, porque 
ese fué el distrito del virreinato. 

Me propongo examinar brevemente toda medida admi- 
nistrativa, decreto o ley, que pruebe la jurisdicción que 
los gobiernos del Río de la Plata costinuaron ejerciendo 
en la costa patagónica y Malvinas,como eñ las islas ad- 
3'acentes al cabo de Hornos y Tierra del Fuego. Estos 
actos probarán que jamás ocurrió duda alguna que el, 
nuevo gobierno sucedía en los derechos de posesión y 
propiedad que correspondían al rey en el distrito del vi- 
rreinato de Buenos Aires. 

La junta provisional gubernativa en nombre de Fer- 
nando VII, comunica al real consulado de Buenos Aires 
por o'ficio de 21 de julio de 1810, que queda habilitado 
como puerto menor el río Negro de la costa patagónica, 
con el objeto de propender al progreso de aquel estable- 
cimiento y dar a esos dominios el valor de que son sus- 
ceptibles. Esta medida fió du-tida previo infirme del 
cabildo de Buenos Aires. 

Por una Orden de la Junta de 9 de agosto de 1810, se 
dice, que el puerto del río Negro goza de todos los pri- 
vilegios y derechos de puerto menor, lo cual contribuirá 
al ensanche de las especulaciones mercantiles, y que la 
junta resuelve "que los buques negreros lleguen nece- 
sariamente a aquel puerto, que en él sufran la visita de 
sanidad y la cuarentena en los casos prevenidos. . . que 
ningún buque será admitido sin el puntual cumplimien- 
to de esta providencia". (1) 



(1) Registro Nacional, etc. 



¡dOU VICENTE G. QUESADA 

Bien es verdad que la asamblea del año de 1813. en 
la sesión del 2 de febrero, declaró libres a todos los na- 
cidos en el territorio desde el 31 de enero del mismo año, 
y en la sesión del día 4 ordenó qne los esclavos 
que se introdujesen de países extranjeros, desde la fe- 
cha en adelante queden libres por el hecho de pisar el 
territorio de las Provincias Unidas. Esta resolución dejó 
sin efecto la obligación de que arribasen al río Negro los 
buques negreros. 

La junta por oficio de 15 de junio de 1810 comisio- 
na al coronel Pedro Andrés García para que proj-ecte un 
arreglo de las 'fronteras. Este presenta una memoria en 
26 de noviembre de 1811. Expone que conviene entre 
otras cosas, "extender nuestras poblaciones hasta las 
faldas de la cordillera famosa de Chile, formar provin- 
cias ricas en las producciones de los tres reinos de la 
naturaleza. . . " Praeba, pues, la fama pública que el te- 
rritorio del virreinato tenía por límite la cordillera ne- 
vada. 

Su plan se* concreta al adelantamiento de las fronte- 
ras interiores, es decir, de la línea defensiva de las tie- 
rras pobladas por .cristianos. Dice textualmente: "la na- 
turaleza nos da en los Andes unos límites indisputables, 
y brindan a los de esta parte del noi-te con la posesión 
de terrenos yermos y de preciosidades inestimables, ya 
demasiadas conocidas y ansiadas por los del Sud". 

En 1811 la junta provisional gubernativa ordena el 
abandono transitorio de la población de San José, cin- 
cuenta leguas más al sur del Carmen de Patagones. 

En 1815 se transporta todo el ganado vacuno de 
San José. 

En 21 de enero de 1815, y en atención a lo propuesto 
por el comandante de río Negro, se i-ebajan los sueldos 
de los empleados, que eran los siguientes: el cura pá- 
rroco, oficial de contaduría, otro de comisaría, guarda- 
almacén, ciiTijano, sangrador, contralor, maestro de car- 
pintería, oficial del ramo, herrero y oficial, maestro al- 
iDañil y oficial, panadero, tahonero, capataz, lenguaraz, 
carboneros, patrones, marineros, peones. 

En 1817 se envía la nave de guerra Veinticinco de Ma- 
yo con destacamento de tropas para río Negro. 

Conviene que recuerde que varios caciques de los in- 
dios del sud fueron recibidos en 5 de octubre de 1811, 
por uno de los miembros de la junta provisional guber- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 'AUl 

nativa, Feliciano A. de Chiclana, en audiencia pública: 
venían a reconocer el nuevo gobierno. 

El pensamiento de extender la línea de fronteras del 
sud, preocupó siempre a los gobiernos, antes y después 
de la emancipación. El director supremo del estado, Juan 
Martín de Pueyrredón en 15 de noviembre de 1818, dic- 
tó una resolución para que fuese comunicada al gober- 
nador-intendente de la provincia de Buenos Aires, en 
la cual, invocando resolución del congreso nacional para 
estudiar la línea de fronteras del sud, teniendo en cuen- 
ta razones político-públicas, dice, ha resuelto que se con- 
cedan tierras en merced, bajo condición de poblar en 
el término de cuatro meses, contribuyendo a sostener di- 
cha frontera. "La indispensable precisión de consolidar, 
— dice, — cuanto sea dable toda clase de relaciones con 
los indígenas inmediatos, de que resultará un aumento 
al grado de sociabilidad que ya van estos adquiriendo y 
otras razones políticas y de conveniencia que no se ex- 
presan por demasiado obvias, convencen la necesidad de 
aumentar los establecimientos que están avanzados a la 
expresada laguna o paralelos a la línea de ella, conce- 
diendo tierras a los que quieran dedicarse a la cría de 
ganados e industria agricultora". 

Recuerdo esta medida, aunque se refería a la fron- 
tera interior de Kaquelhuineul, para demostrar la deci- 
dida intención de ocupar unos territorios, cuyo dominio 
a nadie ocurrió poner en duda. No era posible avanzar 
al río Colorado ni llegar al Negro, ni entrar en los te- 
rritorios australes; porc[ue la ocupación de la tierra era 
lenta y paulatina la manera como realengos se transfe- 
rían al dominio privado. La falta de pobladores no afec- 
ta en lo mínimo a la jurisdicción y dominio ejercida 
en ellos por el gobernador-intendente de la provincia, y 
por la autoridad nacional ; pero todas estas medidas, la 
constante preocupación desde pocos meses después de la 
revolución, era avanzar siempre al sud, ensanchar las 
fronteras, dar más desenvolvimiento a la ganadería, en 
la forma salvaje y primitiva de ganados que pastan y 
se reproducen en campos abiertos. 

La disolución del congreso nacional y la descomposi- 
ción política y social del aíio veinte, tan funestamente 
célebre en la historia nacional, explicaría que nada se 
intentase con relación a los indios y a los territorios del 
sud, y mientras tanto, en el campo de Miraf lores a 7 



202 VICENTE G. QUESADA 

áe marzo de 1820, se celebra una convención entre la 
provincia de Buenos Aires y sus limítrofes los caciques 
de la frontera sud de la misma. Los indios reconocen la 
autoridad del gobierno de la provincia, y se reconoce la 
misma por los caciques Aneafilú, Tacuman y Frirnin, 
por sí y como autorizados por los públicos parlamentos 
en el campo de las tolderías del arroyo de Chapagleofú, 
por los otros caciques Curruaquel, Aunquepan, Suan, 
Trintriloncó, Alluné, Lincon, Hulechul, Luiay. El artícu- 
lo 3.° dice: "La paz y buena armonía que de tiempo in- 
memorial ha reinado entre ambos territorios queda con- 
firmada y ratificada solemnemente sin que los mo- 
tivos que impulsan esta manifestación puedan perfur- 
barla en lo sucesivo.'' Señalan como línea divisoria de 
ambas jurisdicciones el terreno que ocupan en la fron- 
tera los hacendados, sin embargo hoy la frontera está 
en el río Negro. Refiero estos antecedentes como noticias 
que explican que nunca jamás pretendió Chile dominio 
ni jurisdicción de este lado de las cordilleras. 

El gobernador Balcarce en 28 de julio del año de 1820, 
concede permiso para la explotación "de la sal del es- 
tablecimiento de Patagones, que no se encuentre en 
terrenos de particular propiedad." 

Y no solo se entendía que en esos territorios había su- 
cedido en los derechos de posesión y dominio del rey, si- 
no también en las provincias del Alto Perú. Una resolu- 
ción legislativa va a comprobar mi aserto. 

En el año de 1820 llegó al frente de Buenos Aires el 
AquUes, bergantín de guerra de S. M. C, a cuyo bordo 
venían como delegados del rey Femando VII, para ace- 
It-rar la terminación de las diferencias existentes y pro- 
curar cimentar la concordia, los señores coronel Manuel 
Herrera, Tomás de Comyn, coronel de artillería Feli- 
cigno del Río, el capitán de fragata Manuel Martín 
IMateo. En 4 de diciembre dirigieron una nota a la Muy 
Honorable Junta de Representantes de la Provincia de 
Buruos Aires, circunstancia original, pues es el P. E. el 
que en estos casos interviene en las negociaciones. En 
el margen de aquella nota se leía: Legación española. 
Solicitaban salvo conducto para sus personas, criados y 
equipajes y para el bergantín de guerra, a fin de ini- 
ciar las negociaciones. La sala de representantes sancio- 
nó en 6 de diciembre del mismo año, la contestación en 
la cual decía: "Nada sería más grato a esta honorable 



HISTORIA DirLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 2ÜÜ 

junta para terminar las diferencias existentes entre esta 
parte de América y el gobierno de España, como el otor- 
gar a V. S. el amplio salvo conducto... en circunstan- 
cias de hallarse existente la guerra abierta, que S. M. C. 
tiene declarada a esta parte del continente, ocupando y, 
Jiostilizando con sus ejércitos la mayor y mejor de las 
provincias altas de este territorio." 

Como se ve, la junta consideraba que las provincias 
de Salta y Jujuy y las del Alto Perú hacían parte del 
territorio nacional, por pertenecer, precisamente, al dis- 
trito del virreinato, y no haberse, entonces, formado la 
nueva república de Bolivia. 

En cuanto a la negociación, exigió como condición 
preliminar el reconocimiento de la independencia, "que 
ésta y las demás provincias en congreso general han 
establecido en la acta, cuyo ejemplar certificado se 
acompaña." Pedían, pues, manifestasen por conducto 
del P. E. si tenían instrucciones pai-a hacerlo y en ca- 
so afirmativo acompañasen sus credenciales, para con- 
ceder el salvo conducto y permaneneia en tierra. La co- 
misión regia se retiró sin contestar, zarpando el Aqui- 
les en la madragada del 7 del mismo mes y año. 

En 1821 se estableció una estafeta de correos en Pa- 
tagones, y en la nota de 24 de setiembre de 1821, dirigi- 
da al comandante militar y político de Patagones, le de- 
cía: "Es preciso que los pueblos se acostumbren a ser 
celosos de sus prerrogativas, y la situación naciente en 
que se halla esa población ofrece a la política la co- 
yuntura más favorable para darle unas bases fimies y 
seguras que la encaminen a su felicidad." 

El gobierno después del desastroso año veinte, volvía 
a reconstituir la administración, y a pesar en el progre- 
so general. 

La legislatura de Buenos Aires sancionó en 22 de oc- 
tubre de 1821, promulgándose en el mismo día por el 
P. E. la siguiente ley: "Art. 1.° Los naturales y veci- 
nos de la provincia podrán exportar e introducir en 
cualquier punto de ella y reexportar libres de todo de- 
recho, los productos de la pesca igualmente que los de 
la caza de anfibios de la costa patagónica en buques 
nacionales; si lo hicieren en buques extranjeros, pagarán 
un peso por tonelada a su salida de aquella costa. Art. 2.° 
Los extranjeros que vienen por temporada a sus faenas 
de pesca y caza pagarán pesos 6 por tonelada. Art. 3.° 



20i Vicente g. quesáda 

Los extranjeros que formen una colonia con seis familias 
cuando menos, transportándolas al efecto y proveyéndo- 
las de casa, ajuar y apero en la^ tierras que les fran- 
quearán libremente por el gobierno, pagarán 1 peso por 
tonelada y gozarán de este privilegio en proporción de 
un año por cada dos familias. Art. 4.° Los extranjeros 
que habiliten y fijen casa para la preparación de aceites 
y pieles de anfibios, pagarán 3 pesos solamente por to- 
nelada. Art. 5." Los extranjeros que hagan un estable- 
cimiento fijo para la salazón de pescados, gozarán de una 
completa libertad a la extracción de ellos por 8 años. Ar- 
tículo 6." El derecho por tonelada se cobrará sobre todos 
las que comprendan en el arqueo del buque, sea o no 
completa &u carga. 

I Se quiere una ley que demuestre más paladinamen- 
te la soberanía sobre las costas marítimas patagónicas í 
Dispone de la tierra, la transfiere al dominio privado, 
impone derechos sobre pesquerías, fomenta la coloniza- 
ción ; actos de jurisdicción que sólo puede ejercer el so- 
berano del territorio. Bien pues; esa ley no suscitó 
protesta de género alguno, no ocurrió al gobierno ¿e 
Chile entonces que tales territorios pudiesen ser de su 
dominio, y sometiéndose al principio de derecho pú- 
blico americano, reconoció en el hecho que tales territo- 
rios pertenecían al antiguo virreinato en cuyos derechos 
habían sucedido las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, cuyo gobierno apenas convaleciente de la anar- 
quía del año 20, dirigía su acción oficial a aquellas re- 
giones apartadas y ricas. 

Ninguna de las grandes potencias marítimas juzgó 
que esa jurisdicción era ilegal, y todas se sometieron a 
Ja reglamentación del soberano territorial. Tal es el he- 
cho histórico. 

Entretanto, la legislatura provincial, convencida que 
esas comarcas hacían parte del distrito geográfico del 
gobierno-intendencia de la pro^nncia metrópoli, dictó 
otra ley en 20 de octubre, promulgada por el poder 
ejecutivo el mismísimo día en que lo fué la anterior. 
Dice así: Artículo I.** Cada fanega de sal patagónica 
pagará a la salida de los puertos de aquella costa un 
real en buques nacionales, y dos reales en buques ex- 
tranjeros. Art. 2.*" La sal así como los productos del 
territorio de Patagones, serán absolutamente libres de 
derechos a su introducción en los puertos de esta pro- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 205 

vinfiia Art. 3.° Después ríe ocho raeses contados desde 
la sanción de este decreto pagará la extranjera 10 rea- 
les fanega a s\i introducción en este puerto. 

Esta ley, puesto que es dictada por la junta de re- 
presentantes, es otra prueba de jurisdicción en las cos- 
tas patagónicas. 

En 20 de diciembre de 1825, treinta y nueve caci- 
ques se reúnen en Bahía Blanca junto con cincuenta 
caciquillo-s representantes de las tribus salvajes y ce- 
lebran el sigaiiente tratado, imitación de los tradiciona- 
les parlamentos: "Art. 1.» Que ellos reconocen por úni- 
co gobierno de todas las provincias al soberano con- 
f^reso 2.° Que la paz debe ser con todos ellos . 
* Los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y Santa J^ e 
estuvieron debidamente representados por comisionados 

ad Jioc. , 

Recuerdo este tratado para demostrar que las po- 
blaciones indígenas del sud, buscaban naturalmente en- 
tenderse con las poblaciones cristianas de este lado de 
las cordilleras, obedeciendo inconscientes a las leyes 
inflexibles de la configuración geográfica del territorio 
y a las tradiciones inmemoriales de los antiguos gobier- 
nos coloniales. ^^ 

Se<mn el coronel Antonio Somellera (1), en i»zo 
nuesí'ro gobierno envió a visitar los puertos de la costa 
patagónica al coronel Francisco Segni, al mando del 
bergantín de guerra General Belgrano, con encargo de 
inspeccionar el estado en que se encontraban, especial- 
mente aquellos que habían sido establecimientos espa- 
ñoles y que se abandonaron en 1811, a consecuencia 
de haber sitiado a Montevideo el ejército patriota. A su 
vec-reso entregó al ministro de guerra y marina, con su 
diario de navegación, el parte detallado y circunstan- 
ciado de srii comisión oficial, que debe encontrarse en 
el archivo. Aquella comisión tenía un fm, y no podía 
ser otro que el establecer nuevas poblaciones, habilitan- 
do uno o más puntos para recaudarse el impuesto de 
pesca y caza de anfibios, a que se refiere el decreto 
de 22 "de octubre de 1821. Sobrevino la guerra con el 
Brasil y aquellos propósitos por entonces no pudieron 
llevarse a cabo. Una vez que hemos hecho mención do 
la expedición del año de 1825, extractaremos lo que de 

(1) El Argentino.— BnenoH Aires, 33 de abril de 1874. 



206 VICENTE G. QUESADA 

más importancia encontramos en los apuntes que llevó 
el segundo comandante del Belgrano, el finado coronel 
Antonio Toll, con referencia a los puertos en que ha- 
bían estado los establecimientos, que dependieron del 
virreinato de Buenos Aires. Sobre el de San José dice: 
''En esta península tenían un establecimiento los es- 
pañoles; pero en 1809 estando todos en la capilla, en 
un día festivo, entraron los indios y mataron a todos. 
Tambián tiene la península dos grandes salinas de la 
mejor clase que se conoce a 5 o 6 millas de la costa (lat. 
sur 42° 20')". "Puerto Deseado. — Este puerto es uno 
de los mejores del continente americano. . . ; se encuen- 
tra una población construida en cal y canto, un fuerte 
con cuatro rebellines cuyas murallas están en ruinas, 
donde se ve doce cañones de a ocho desmontados; tres 
huertas donde se conservan varios árboles frutales y 
hortaliza. Al sur de la entrada del puerto, cuatro ca- 
ñones de a ocho, fábrica Cabada, en buen estado, tendi- 
dos sobre dos tirantes con el oído abajo. Todas las ca- 
sas de la población carecen de techo, por haberlos echa- 
do abajo los pescadores de lobos para llevarse los tiran- 
tes; las azoteas o techos eran de piedra pizarra, de la 
que es muy abundante y de varios tamaños. . . " "Puer- 
to de San Julián. — Este puerto ofrece una segl^ridad 
completa. Tiene una población que está en ruinas, con 
indicios de un fuerte a tierra y batería a la mar; fué 
población española y abandonada cuando el sitio de 
Montevideo... (lat. 49° 46')". "Puerto de Santa 
Cruz. — Este puerto o río ofrece todas las ventajas «lae 
pueden apetecer los navegantes; abundante en pescado, 
mariscos y caza ; puerto de seguridad, con su final al 
sud de un río de agua salada, y al norte desciende 
uno de agua dulce de las cordilleras. Hay algunos ves- 
tigios de población. . . (lat. 50° 17') ". 

Este viaje de exploración y reconocimiento ejecutado 
en un buque de guerra argentino, por orden del go- 
bierno, es una prueba pública e inequívoca de la ju- 
risdicción ejercida, como antes en 1817 se ordenó se 
realizara otro con idénticos propósitos, a la vez que con 
el objeto de llevar tropas para la guarnición de Pa- 
tagones . 

Todos los que han tenido ocasión de visitar estas 
regiones han reconocido que ese era territorio argenti- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA £07 

no. Greenhow (1) ha dicho: ''... que el gobierno de 
Buenos Aires miraba este territorio como si hubiese si- 
do incluido en el virreinato del Río de la Plata, cuando las 
Provincias Unidas se declararon independientes; y a 
la verdad se han hecho repetidamente aserciones a tal 
efecto por la República Argentina..." 

Tan profunda fué la creencia que el distrito geográ- 
fico del virreinato tenía por límite arcifinio la cordi- 
llera, que, además de todas las leyes, decretos y explo- 
raciones que he recordado, citaré la ley del congreso 
general constituyente de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, sancionada el 7 de agosto y promulgada por 
el presidente de la república el 9 del mismo mes de 1826. 
Se autoriza el estudio de una vía fluvial desde los An- 
des hasta la capital para el transporte de las produc- 
ciones de las provincias. Prescindo de la posibilidad de 
pse canal o de la navegabilidad de los ríos del sud, y 
solamente recuerdo el hecho, porque establece inciden- 
talmente el límite arcifinio del occidente. 

En 27 de septiembre del mismo año, el presidente 
de la república dicta un decreto para la nueva línea de 
frontera con los salvajes, porque lo dice el consideran- 
do : "Uno de los objetos que han llamado preferente- 
mente la atención del presidente de la república, es 
poner en completa seguridad nuestra campaña, contra 
las invasiones y depredaciones de los salvajes". La lí- 
nea es interior y provisoria, pero el hecho demuestra 
la constante preocupación de los gobiernos para avan- 
zar hacia el sur, porque allí está verdaderamente el 
porvenir marítimo del país en sus extensas costas, puer- 
tos y caletas ; y en las tierras interiores, vastas exten- 
siones para alimentar numerosas poblaciones. El des- 
arrollo de la vida de los pueblos es lento, no puede pre- 
cipitarse, como el niño no puede hacerse hombre por 
grandes que sean los cuidados de la familia: sólo el 
tiempo en su curso inexorabre convierte en realidades 
las nre^nsiones de los hombres de estado. 

El 27 de febrero de 1827, el presidente dicta otro 
decreto prohibiendo internarse en el territorio que ocu- 
pan los indios fronterizos, sin permiso especial. 

Y bueno es no olvidar nue la situación riolítica del 
país impedía atender con eficacia la población y segu- 



(1) Islas ¡Talvinas. Memoria descriptiva, histórica y política, por 
Roberto Greenhow, traducida por el coronel don José T. Guido. 



208 VICENTE G. QUESADA 

ridad de los desiertos del sur, pues la guerra con el 
Brasil absorbía el tesoro y los cuidados del gobierno. 
Por esto no se habían fundado en ese año los nuevos 
fuertes proyectados; pero el decreto de 5 de mayo es- 
tablece las condiciones para poblar en la nueva pro- 
yectada frontera. 

El 16 de agosto del mismo año se dieta otro decreto, 
cuyo considerando dice; "La necesidad de -extender 
todo lo posible las fronteras del sud de la provincia, se 
deja sentir demasiado; tanto más cuanto que ella fo- 
mentará el puerto de Bahía Blanca". 

No se trata sino de adelantar paulatinamente las 
fronteras, pero esta mesura no significa falta de sobe- 
ranía en los territorios poseídos por los indios, sino di- 
ficultades materiales. El ánimo de poseerlos, de ase- 
gurarlos y poblarlos, es la preocupación oficial, porque 
es la condición indispensable del progreso nacional. 
Por ese decreto se encarga al entonces coronel Juan 
Manuel Rosas, de preparar lo necesario a la extensióii 
de las fronteras del sud y a la vez de mantener la paz 
con los indios. 

En 26 de noviembre del mismo año se reglamenta la 
distribución de la tierra comprendida en la nueva línea 
de frontera, porque no era un mezquino interés fiscal 
el que dominaba en ese lento avance de la frontera sud, 
sino el deseo de transferir la tierra al dominio privado 
para mejorar la condición de los habitantes de las cam- 
pañas y estimular la industria ganadera. 

El 5 de enero de 1828, he recordado ya la concesión 
que el gobierno hace a Luis Vernet de las tierras en 
Malvinas y en la isla de los Estados, para fundar en 
ellas colonias y fomentar la pesca y estimular, por es+e 
medio indirecto la población de las costas del sur. La 
guerra que a la sazón sostenía el gobierno de la repúbli- 
ca contra el imperio del Brasil, hacía materialmente im- 
posible que distrajese su escasa marina de guerra en el 
fomento de nuevas poblaciones en etsas costas e islas; pe- 
ro, como soberano, transfería al dominio privado territo- 
rios a favor de Pacheco y de Vernet, que es la prueba 
más evidente de la jurisdicción territorial. 

Empero, su intención de fomentar la población de 
las islas y costas marítimas patagónicas, no impedía que 
se preocupase de avanzar las fronteras interiores hacia 
el sur, y el 28 de abril del mismo año de 1828, persua^ 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 209 

dido de la urgente necesidad de proceder a designar 
los fuertes en la nueva línea de fronteras, dicta un de- 
creto reglamentario. Aquella línea no era frontera de- 
finitiva: era simple base para adelantarse más al sur. 

Cada vez se hacía sentir con mayor intensidad la 
necesidad de ejercer una jurisdicción efectiva en las 
costas marítimas patagónicas: la pesca y la caza de an- 
fibios atraían a esos lugares solitarios, embarcaciones 
bajo todas las banderas conocidas que, sin pagar dere- 
cho alguno, se apoderaban dentro de la jurisdicción 
marítima argentina de aquella riqueza pública, hacían 
aceite, reunían pieles y en las grandes pesquerías des- 
truían los cetáceos que otrora las poblaban. Los decre- 
tos prohibitivos no se cumplían, los impuestos nadie los 
pagaba. Fué para poner remedio a este mal que el go- 
bierno dictó el decreto de 10 de junio de 1829, creando 
la comandancia militar y politica en las islas Malvinas 
y las adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlán- 
tico y en las costas marítimas patagónicas, para hacer 
cumplir en ellas las leyes de la república. El extenso 
considerando de ese decreto célebre, es la exposición 
clara, terminante y razonada de los derechos de sobe- 
ranía y dominio que corresponden al gobierno argenti- 
no, como sucesor de los que competían al rey, en el dis- 
trito geográfico del virreinato. 

Ese decreto se publicó en todos los diarios, en el Re- 
gistro Oficial de la época, y nadie se atrevió a protestar 
contra él. El gobierno de Chile guardó silencio, porque 
se trataba del ejercicio de la soberanía de un estado 
independiente, dentro de cuyo territorio podía legislar 
en la vía y forma que fuese de su agrado . ¿ Quién podía 
alegar derecho sobre esas islas y costas marítimas? Na- 
die, puesto que el rey de España había ya de hecho y 
tácitamente reconocido la independencia del nuevo es- 
tado . 

En 29 de octubre del mismo, el gobierno argentino 
dictó otro decreto prohibiendo la pesca de anfibios en 
las costas y pueblos de Patagones, y en el mismo año fué 
nombrado comandante militar y político de las referidas 
islas y costas del continente, don Luis Vernet. 

El gobierno argentino desde 1820 volvió a ocupar las 
islas Malvinas, abandonadas transitoriamente después de 
1810. La fragata de guerra nacional Heroína al mando 
del comandante Jewet, izó en ella la bandera nacional. 



210 VICENTE G. QUESADA 

y en 1829 el comandante Pinedo, puso oficialmente en 
posesión de su gobierno al comandante militar y polítÍL'0 
ya nombrado. 

Vernet ocupóse en dar desenvolvimiento al estable- 
cimiento en Soledad, y Greenhom que le visitó en 2 Sol, 
dice que había allí como 100 pobladores o colonos, in- 
cluso 25 gauchos y 5 indios, que se ocupaban en sujetar 
el ganado alzado que las poblaba desde la época del do- 
minio español. Entre los colonos se contaban algunas 
familias holandesas y alemanas, ocupadas en hacer man- 
teca y quesos: ahí estaban además suizos, cuyos servicios 
había contratado Vernet. Los demás colonos eran ingle- 
ses, franceses, españoles y portugueses. Las casas de los 
habitantes eran las que habían ocupado los españoles, y 
que sólo necesitaban nuevos techos. Vernet residía en la 
habitación del primer comandante, un largo edificio ba- 
jo, de un piso, con espesas murallas de piedra; en su 
sala de recibo había una bueña biblioteca de libros in- 
gleses, alemanes y españoles, como también un hermo- 
so piano, en que la señora Vernet ejecutaba música de 
Rossini con mucho gusto... había dividido su isla en 11 
secciones. 

Tales son los pormenores que un testigo ocular, oficial 
naval inglés, Greenhow, publicó con motivo de una "vá- 
sita a dichas islas, en el Lonoon United Service Journal. 

Resulta, pues, que el í^oberno argentino estaba en 
quieta y pacífica posesión de las islas ^Malvinas, donde 
residía un comandante militar y político, un principio 
de colonización bajo el pabellón argentino, y esa pose- 
sión fué recuperada en 1820, pues en 1810 la tenía el go- 
bierno del virreinato. Desde entonces la jurisdicción 
nacional fué ejercida en las costas marítimas patagóni- 
cas, sin protesta de nación alguna, y muchísimo menos 
de la república situada al occidente de los Andes. El co- 
mandante militar y político ejercía jurisdicción en las 
costas marítimas argentinas de Patagonia, para hacer 
cumplir en ellas las leyes y decretos sobre pesquerías e 
impedir que sin derecho utilizasen la riqueza de dichos 
territorios. 

Ahora bien: eslando probado que en 1810 el gobierno 
del virreinato estaba en posesión de las islas Malvinas, 
que abandonó a causa del sitio de Montevideo, y proba- 
do al mismo tiempo que la posesión de Puerto San José 
continuó hasta 1811, en que la junta provisional guber- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 211 

nativa resolvió su abandono provisorio, paréceme que 
queda justificado el uti possidetis de derecJio del año 
diez, con arreglo a las mismas teorías profesadas por el 
gobierno de Chile. 

En efecto : en la larga discusión sostenida diplomáti- 
camente entre los gobiernos de Chile y de Bolivia, Montt 
decía : ' ' que poseer una parte de territorio cualquiera, 
una isla, un desierto, etc., importa poseer el todo, porque, 
dice, no es necesario ni posible poseer materialmente ca- 
da una de sus partes". 

El plenipotenciario de Bolivia, Santivañez, agrega- 
ba: "Esta argumentación tendría fuerza, si se tratase 
de la posesión de un territorio que hace parte de otro, 
al cual tiene uno derecho por algún título; porque en- 
tonces no es necesario ni posible, en efecto, poseerlo ma- 
tei'ialmente todo, como sucede en América, cuyo vasto 
territorio está en su mayor parte desierto y despoblado." 
De manera que la doctrina de derecho público ame- 
ricano sostenida por el ministro chileno y la explica- 
ción y comentario de Santivañez, plenipotenciario boli- 
viano, deciden con-^Iuyentemente a favor de la Repúbli- 
ca Argentina, con arreglo al uti possidetis de derecho 
del año diez. 

El comandante militar y político de Malvinas, en uso 
de la jurisdicción argentina, embargó tres goletas norte- 
americanas por haber djesobedecido reiteradamente a' 
la prohibición de pescar en las costas del continente e 
islas. 

Este . hecho produjo un conflicto internacional. El 
cónsul de los Estados Unidos reclamó del gobierno ar- 
gentino, y he aquí la nota en que Tomás Manuel de An- 
chorena le contestó. Dice: "Si el señor comandante de 
la "Lexington", o cualquiera otra persona dependiente 
del expresado gobierno, cometiese acto alguno, o usase 
de algún procedimiento que tienda a desconocer el de- 
recho que esta república tiene a las islas Malvinas, y 
demás islas y costas adyacentes hasta el cabo de Hornos, 
y para impedir la pesca de lobos que quiera hacerse en 
ellas, y con especialidad en las primeras, el gobierno de 
esta provincia dirigirá su queja formal al de los Esta- 
dos unidos, bajo la firme confianza, etc." (1). Esta no- 
cí) Oolerción de docvmentos oficiales con que el gobierno instruye al 
Cuervo legislativo de la Provincia del origen y estado de las cuestiones 
pendientes con la República de los E. TI. de Norte América sobre las 
Islas Malvinas. Bueno» Aires, imp. de la Independencia, 1832. 



212 VICENTE G, QUESADA 

ta dirigida al señor Slacum está datada a 9 de diciem- 
bre de 1831. 

En todos los documentos oficiales cambiados con el 
cónsul y ministro de los Estados Unidos, el gobierno ar- 
gentino sostiene su derecho de soberanía y dominio so- 
bre las islas y costas marítimas patagónicas hasta el ca- 
bo de Hornos, fundándose precisamente en que ese te- 
rritorio pertenecía al virreinato de Buenos Aires, en 
cuj'os derechos había sucedido a la metrópoli, de la mis- 
ma manera y por id-énticas razones que los Estados Uni- 
dos sucedieron en los derechos de la Gran Bretaña. La 
justicia era tan evidente, la legalidad tan palmaria y 
los hechos tan conocidos por todas las naciones, aue el 
gobierno de los Estados Unidos no pudo negar la evi- 
dencia. 

Recordaré algunos documentos que se refieren a este 
conflicto internacional . 

En la nota que el ministro argentino, Manuel José 
García, pasó al cónsul de los Estados Unidos con fecha 
14 de febrero de 1832, relativa a las ocurrencias con los 
buques pescadores norteamericanos ^en las costas de las 
islas Malvinas, pertenecientes y en posesión de esta re- 
pública, sostenía el procedimiento del comandante mi- 
litar y político, Luis Vernet. 

En el mismo año Manuel Vicente Maza, ministro de 
gracia y justicia y encargado del departamento de re- 
laciones exteriores de la 'república, exponía en nota 
oficial al de igual clase en los Estados Unidos, lo si- 
guiente: "Pero, ¿cómo ha podido cuestionarse este de- 
recho por el señor Slacum? ¿Ignoraba acaso que las is- 
las Malvinas y las costas patagónicas con sus adyacen- 
cias hasta el cabo de Hornos, estaban comprendidos en 
el territorio demarcado por los reyes de España para in- 
tegrar el antiguo virreinato de Buenos Aires, erigido 
después en una nación por el voto y esfuerzos de sus 
hijos? Podrá dudar el señor Slacum que el derecho 
adquirido por la corte de España a lo que había descu- 
bierto, conquistado, poseído y ocupado tanto en tierra fir- 
me como en las islas adyacentes a dicho virreinato, había 
pasado como un título fundamental para los argentinos, 
desde que tomando un ser nacional e independiente se eri- 
gieron en una república, del mismo modo que lo descu- 
bierto, conquistado, poseído y ocupado por la Inglaterra 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 213 

en el territorio y costas del norte de la América, ha 
pasado a sus hijos con ejercicio jurisdiccional que los 
E. U. apropiaron debidamente?..." 

Con motivo de este suceso, el presidente de los Esta- 
dos Unidos dirigió al congreso un mensaje, en el cual se 
lee: "En este año uno de nuestros buques, ocupado en 
un ramo de industria de que siempre hemos disfrutado 
sin oposición, ha sido apresado por una escuadrilla, 
obrando, según decían, bajo la autoridad del gobierno 
de Buenos Aires. He dadp en consecuencia orden para 
la salida de un buque de guerra, que deberá reunirse a 
nuestra escuadra en aquellos mares, y prestar a nues- 
tro comercio toda la protección legal que le fuese nece- 
saria, y en breve mandaré un ministro para investigar 
la naturaleza de las circunstancias y también los dere- 
chos que pueda tener aquel gobierno sobre dichas islas." 

El presidente de los Estados Unidos, que había exigi- 
do informase al de la República Argentina cuál era el 
territorio de la nueva nación, antes de proceder al re- 
conocimiento de su independencia de la corona de Es- 
paña sabía muy bien que el distrito geográfico del vi- 
rreinato del Río de la Plata constituía el del nuevo es- 
tado, según éste lo había entonces expresado por medio 
de su agente de Washington. El reconocimiento de est? 
hecho exterior imponía deberes y creó dfereohos que 
aquel gobierno no podía desconocer. 

Los efectos del dominio eminente consisten en dar a la 
nación derecho exclusivo de disfrutar de sus bosques, 
minas, pesquerías, y en general, hacer suyos todos los 
productos de sus tierras y aguas, ya sean ordinarios, ex- 
traordinarios o accidentales: el prohibir el que se na- 
vegue o transite por ellas, o permitirlo bajo determi- 
nadas condiciones, quedando a salvo los derechos de 
necesidad y de uso inocente y los establecidos por trata- 
dos o costumbres: el de imponer a los transeúntes y na- 
vegantes contribuciones por el uso de los caminos, puen- 
tes, etc. ; el de ejercer jurisdicción sobre toda clase de 
personas dentro del territorio, y el de exigir que las 
naves extranjeras que entran o pasan, hagan en reco- 
nocimiento de la soberanía los honores acostumbra- 
dos. (1) . De manera que, no podía negarse al soberano 
de esas islas y costas marítimas el derecho de prohibir 



(1) Andrés Bello. — Lecciones de derecho de gentet, etc, 



2l4 VICENTE G. QUESADA 

las pesquerías, imponer derechos y hacer observar sus 
leyes y reglamentos. 

El gobierno español, en uso del doi^inio eminente, 
primero, y el gobierno de la república, después, prohi- 
bieron la pesca en las costas e islas adyacentes. De ma- 
nera que el comandante militar y político de Malvinaü, 
cuya jurisdicción se extendía a dichas costas patagóni- 
cas, intimó a todos los buques pescadores la prohibición 
de hacerlo en aquellas aguas. 

El gobierno argentino usó de su dominio cuando pro- 
hibió las pesquerías, y en ejercicio de su imperio dictó 
los reglamentos y las leyes prohibitivas. 

No podía negarse que el virrey de Buenos Aires ba- 
hía ejercido el imperio y el dominio en dichas islas y 
costas, como puedo recordarlo por el oficio que le diri- 
gió al ministro Gálvez en 20 de mayo de 1785, y los de 
los ministros de S. M. C. Soler en 27 de noviembre 
de 1799, y antes el del príncipe de la Paz, de 9 de mayo 
de 1797, enviados al mismo virrey. 

Por ellos se demuestra que el virrey ejercía el im- 
perio y el dominio, que repartía tierras, prohibía la pes- 
ca a buques extranjeros, ejercía jurisdicción y vigilan- 
cia en las costas e islas referidas; que las personas y los 
buques estaban sujetos a esa jurisdicción, juzgando las 
causas de contrabando y decomisando las mercancías 
de ilícito comercio. Esos mismos derechos los eontinu') 
ejerciendo el gobierno republicano, porque emanaban 
¿el dominio y del imperio. 

Para hacer efectivas sus leyes, envió buques de gue- 
rra a las islas y costas, la nave Veinte y cinco de Mayo, 
en 1817, la corbeta Heroína en 1820, el Belgrano en 
1825 y la Sarandí. 

De ese dominio e imperio resulta la potestad de dic- 
tar reglamentos, como dictaron las autoridades argen- 
tinas sobre la pesca y caza de anfibios, sobre coloniza- 
ción de las islas, concesión de tierras en ellas y en tie- 
rra firme para los que quisieran poblarse en ellas, sobre 
impuestos y navegación, habilitando puertos, como el río 
Negro, en 1810. 

Los buques extranjeros que violaban las leyes y re- 
glamentos, reincidiendo en la violación, fueron legal- 
mente capturados por orden del comandante militar y 
político de Malvinas, 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMEHICANA 215 

Empero el presidente de los Estados Unidos envió el 
buque de guerra Lexington, y estando ausente Vernet, 
entró en Malvinas y se apoderó de Soledad, destruyó 
sus poblaciones y tomó prisioneros a los colonos. El 
atentado de la fuerza en plena paz fué tan escandaloso 
como inaudito. Las potencias marítimas juzgan que la 
fuerza prima el derecho, pero la fuerza no será jamás 
la justicia. 

Apenas tuvo el gobierno argentino conocimiento de la 
piratería perpetrada en plena paz, pasó la nota siguien- 
te: "Ministerio de relaciones exteriores. — Buenos Ai- 
res, 8 de febrero de 1832. — Instruido el gobierno por 
el parte del comandante de matrículas fecha 7 del co- 
rriente, del atentado cometido en las islas Malvinas 
por el comandante de la corbeta de guerra de los Esta- 
dos Unidos, Lexington, ha resuelto que el capitán del 
puerto proceda inmediatamente a levantar un sumario 
formal sobre los hechos que se refieren, tomando al efec- 
to las declaraciones más circunstanciadas y prolijas, y 
expresando los nombres de los ciudadanos de este país 
que el comandante de la Lexington mantiene a su bordo 
prisioneros"... — Manuel José Garda. 

Levantado el correspondiente sumario, el gobierno 
pasó la siguiente circular: "Ministerio de relaciones 
exteriores. — Buenos Aires, 14 de febrero de 1832, — 
El gobierno delegado de esta provincia tiene el honor 
de dirigirse al excmo. gobernador de . . . para poner en 
su conocimiento que habiendo sido embargados por el 
comandante militar y político de las islas Malvinas, tres 
buques norteamericanos que hacían en la costa la pes- 
ca de lobos contra las disposiciones del gobierno, se pro- 
cedió inmediatamente al esclarecimiento del hecho. El 
cónsul de aquella república elevó al gobierno sus re- 
clamaciones ; éstas fueron contestadas ; mas sin concluir- 
se la indagación, ni haberse pronunciado un fallo de- 
cisivo, el comandante de la corbeta de guerra de los Es- 
tados Unidos, Lexington, que salió de este puerto con el 
objeto, según se expresó, de recoger a unos hombres que 
habían quedado en una de las islas, invadió el 31 de 
diciembre último el puerto de la Soledad, bajó a tierra 
con gente armada, inutilizó la artillería, incendió la 
pólvora; dispuso de la propiedad pública y particular, 
y mantiene arrestado a su bordo al encargado de la pes- 
ca de la colonia y con prisiones a seis ciudadanos de leí 



2l6 VICENTE G. QUESADA 

república. El gobierno de Buenos Aires está muy dis- 
tante de persuadirse que el de los Estados Unidos pueda 
aprobar una conducta tan opuesta al derecho de las 
naciones, como contraria a las relaciones de amistad y 
buena inteligencia que conservan ambas repúblicas. Por 
el último mensaje del señor presidente de los Estados 
Unidos al congreso, consta que se dispone a enviar 
cerca de este gobierno un ministro que allane cualquier 
inconveniente y desvanezca las dudas que puedan susci- 
tarse. El gobierno espera que todo se allanará amiga- 
blemente y que los derechos de la nación, que está en- 
cargado de defender, serán conservados y sostenidos 
dignamente. El gobierno de Buenos Aires tiene el ho- 
nor, etc. — Juan Ramón Balcarce — Manuel José García." 

Estos documentos fueron oficialmente publicados on 
El Lucero, diario de Buenos Aires. 

Consta, pues, que el gobierno argentino esta vez., co- 
mo a fines del siglo anterior el gabinete de Madrid, con 
motivo de la expedición que el gobernador Bucarelli 
confió al general Madariaga para desalojar los ingleses 
del puerto Egmont, sostuvo una negociación diplomá- 
tica, por defender la soberanía en las islas Malvinas y 
costas marítimas del Atlántico. En una y otra nego- 
ciación, ninguno de los dos gobiernos negaiuu el •\o 
minio sobre esas islas y costas, puesto que al gobierno 
español le pei'tenecían por el derecho de primer ocupan- 
te como descubridor y conquistador. 

De manera que el gobierno argentino, que había su- 
cedido en los derechos de la metrópoli, tenía el justo tí- 
tulo además de la posesión real, y en plena paz no era 
justificable el ataque hecho a la bandera nacional por 
un buque de guerra de una nación amiga. 

Estos actos de jurisdicción efectiva son la mejor 
prueba que ese era el territorio de la república, puesto 
que fué del distrito geográfico del gobierno y después 
del virreinato del Río de la Plata. 

El comandante militar y político de Malvinas no 
guardó silencio en presencia del escandaloso atentado, 
e hizo una representación oficial explicando las causa'? 
por las cuales había procedido al embargo de las tres 
goletas norteamericanas, por haber desobedecido reite- 
radamente la prohibición de la pesca en las costas V 
aguas argentinas. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 217 

Merece recordarse la buena doctrina sostenida por el 
referido comandante Vernet. Dice así: ''1.° las costas 
del mar forman un accesorio del país que bañan ; 2.° son 
por esto una propiedad de la nación dueña del territo- 
rio que forman dichas costas ; *3.° de consiguiente ejercer 
jurisdicción en ellas, hacer uso de sus pesquerías, y 
aprovecharse de cuanto produzcan, pertenece a la na- 
ción dueña del territorio, con exclusión de todas las de- 
más ; 4.° puede por lo mismo "ponerse prohibición de to- 
do uso en las costas, y reservárselo privativamente pa- 
ra sí, la nación a que pertenecen las tierras adyacen- 
tes (1). 

Y cosa singular! en Chile fué muy elogiado este no- 
table documento. El Araucano de 9 de agosto de 1833, 
decía: "Creemos no aventurar mucho nuestro juicio, 
diciendo que no ha aparecido en América ningún do- 
cumento diplomático, que por el vigor del raciocinio y 
la copia de noticias históricas, pueda ponerse en paran- 
gón con el informe del comandante Vernet." 

Ahora bien, si los mismos diarios de Chile recono- 
cían que ese documento, por el fondo y por la forma, 
era de los primeros y más notables que se habían publi- 
cado en América, es evidente que reconocían que esas 
costas del Atlántico e islas adyacentes pertenecían al 
territorio y al dominio soberano de la República Argen- 
tina. Si allí fueron conocidos los hechos y la expor.i- 
ción del derecho, /.cómo guardó silencio ese arobierno si 
se creía con títulos a toda la Patagonia? Este asenti- 
miento viene a justificar el hecho que los Andes eran 
el límite arcifinio históricamente reconoeido, como lo 
establecía la constitución política de la misma repúbli- 
ca de Chile. 

Es en efecto tan notable la exposición del señor Ver- 
net, que voy a reproducir otros fragmentos: "Este es el 
derecho que yo he defendido en las islas Malvinas, di- 
ce, sus costas y demás que forman aquel grupo inme- 
diato a la Tierra del Puego y cabo de Hornos, a vir- 
tud de la concesión en propiedad, que de una de las is- 



(1) IteprexpntfjHón de don Lvix Yernet, comandante político y mili- 
tar de las Islán Malvinas, manifestando el modo y formalidad con que 
procedió en la d'^tención de tren goletas americanas por su reincidencia 
en la pesca de anHhios en ami ellas costas: hecha ante el iuzaado especial 
comisionado para la resolución de este asunto en primera instancia, de- 
mostrando al mismo tiempo el derecho de propiedad de esta repiíblica en 
las expresadas islas y adiiacencias hasta el Caho de Hornos. Publicado 
en el diario de Birerios Aires El> LuCERO. 



218 VICENTE G. QUESADA 

las Malvinas y la de Steteland se me ha hecho por de- 
creto de 5 de enero de 1828, y del uso de la pesca de 
las demás para mí y los colonas establecidos, y de los 
que progresivamente se estableciesen en dichas islas con 
la reserva de diez leguas cuadradas en la bahía de San 
Carlos, según consta del título testimoniado, que obra 
a f. 8. Además del derecho de propiedad en aquellas 
costas, por el principio ya explicado, los españoles sse 
posesionaron de las Malvinas, manteniendo en la del 
este, llamada Soledad, un establecimiiento permanente 
\' un buque de guerra ; y aunque en 1765 el comodoro 
Byron se apoderó de una ' de las islas, y formó en el 
pueito E'gmont un pequeño establecimiento, éste fuíé; 
cedido algunos años después a la España, bajo cuyo do- 
minio permanecieron un cierto tiempo después del me- 
morable sacudimiento de 25 de mayo de 1810." Dice 
después: "Las Provincias del Río de la Plata han en- 
trado a ejercer soberanía en todo el territorio, costas 
marítimas e islas comprendidas en la demarcación del 
virreinato de Buenos Aires; aquél tenía jurisdicción en 
toda la costa patagónica hasta el cabo de Hornos; en 
las islas Malvinas estableció desde 1780 un presidio con 
destino a los criminales condenados a la deportación, el 
cual permanecía el año de 1810; mas no es sólo el tí- 
tulo de propiedad que tiene la república en esas islas 
Malvinas. En 1820 se tomó posesión de dichas islas con 
toda la formalidad necesaria, y con asistencia del ca- 
pitán inglés Weddell, quien presenció toda la ceremo- 
nia, oyó el acta de posesión que se leyó bajo el pabellón 
de la República y el saludo que se le hizo con 21 caño- 
nazos ; cuyo acto fuá autorizado por el coronel mayor 
David Jewit, entonces comandante de la corbeta nacional 
Heroína, al sei'\ñcio de la República, de todo lo cual hace 
mérito en su obra el mencionado Weddell. Si es que 
aun pueda desearse mayor conocimiento de nuestro de- 
recho sobre las islas Malvinas y las costas de aquella 
parte del continente de Sud América, creo que éste se 
presenta más incontestablemente en el informe oficial 
que Mr. de Bougainville, comandante de la fragata 
francesa de guerra llamada la Boudeuse, dio a su go- 
bierno del viaje que llevando a sus órdenes la urca 
Etoile, hizo alrededor del globo en 1766, 67, 68 y 69. Re- 
lativamente a esas islas dice lo que sigue: "En el mea 
de febrero de 1764 la Francia había empezado un esta- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 219 

blecimiento colonial en las islas Malvinas. La Espaí.a 
reclamó esas islas, como una dependencia del continen- 
te americano; su derecho, habiendo sido reconocido por 
el rey, recibí orden para ir a entregar nuestro estable- 
cimiento a los españoles, y de seguir después viaje a 
las Indias occidentales. En Montevideo me reuní con 
las írasatas españolavS Esmeralda y la Liebre, que ha- 
bían salido del Ferrol el 17 de octubre de 1766, y sali- 
mos para Malvinas el 28 de febrero de 1767. El 1." ae 
abril de 1767 entregué nuestro establecimiento a los es- 
pañoles, quienes tomaron posesión enarbolando el pabe- 
llón de España, que de tierra y de los buques fué sa- 
ludado con 21 cañonazos al nacer y al ponerse el sol. . . 
La Francia habiendo reconocido el derecho de S. M. C. 
a las islas Malvinas, el rey de España, por un principio 
de derecho público reconocido por todo el mundo, no 
debió ning-ún desembolso de estos gastos . " 

Sin embargo Carlos Calvo asegura que se le asignó 
la suma de 618.108 libras, como indemnización a la 
compañía de Saint Malo, habiendo cubierto el saldo de 
la suma el tesoro de la ciudad de Buenos Aires, con- 
tra el cual giró el ministro universal de Indias, el bay- 
lio fray don Julián de Arriaga, por la cantidad de 
65.625 pesos, según el recibo de Bougainville de 4 de oc- 
tubre de 1766, cerca de la mitad de la indemnización 

total . 

Ahora bien : resulta de estos antecedentes los hechos 
históricos siguientes: en 1765 el comodoro Byron, de la 
marina inglesa, se apodera de una de las islas INlalvi- 
nas, y se establece en puerto Egmont; Bueareln en 
1770 comisiona a Madariaga para que los desalo.ie por 
la fuerza, y el capitán Farmer, comandante de la co- 
lonia, capituló y las fuerzas españolas tomaron posesión 
de ellas en 1.° de junio del mismo año de 1770 que 
fué empero restituida la colonia por un convenio de 
statu Quo firmado en Londres a 21 de enero ¿e 17-1; 
pero fué entregado después en 1774, puerto Egmont 
al gobierno español. Bougainville hizo entrega en nom- 
bre del gobierno del rey de Francia, del establecimien- 
to que había comenzádose en una de las dichas islas en 
1764, y la devolución tuvo lugar oficialmente el 1.° de 
abril de 1767. El rey de España creó en el estableci- 
miento de la Soledad un gobierno sujeto al de Buenos 
Aires, el cual permaneció hasta después del 25 de mayo 



220 VICENTE G. QUESADA 

de 1810, en -que fué transitoriamente abandonado a cau- 
sa de la revolución. En 1820 el comandante Daniel Je- 
wit, de la corbeta Heroína, al servicio del gobierno de 
Buenos Aires, y por orden de éste, toma posesión pú- 
blica de ellas, levanta la correspondiente acta e iza el 
pabellón nacional con la salva de ordenanza, y en 1820 
se establece en Soledad la conmandancia militar y polí- 
tica, desempeñada por Vernet. En 1831 el comandan- 
te de la corbeta de guerra de los Estados Unidos, Le- 
xington, toma por la fuerza dicho establecimiento de la 
Soledad, destruye la propiedad pública y privada, apri- 
siona a los colonos y comete este atentado en plena paz, 
con motivo del eríibargo ejecutado en buques americanos 
que habían violado las leyes y reglamentos argentinos. 

Este es un verdadero atentado. "Los límites jurisdic- 
cionales de un estado comprenden no solamente su te- 
rritorio, sino aun las aguas que lo atraviesan o los ríos 
y los mares enclavados en su territorio. El uso general 
de las naciones permite — dice Carlos Calvo — igual- 
mente a los Estados ejercer su jurisdicción hasta tres 
millas marinas o al alcance de tiro de cañón de sus 
costas. El buque fué capturado dentro de la jurisdic- 
ción marítima argentina, de modo que fué un acto de 
piratería el ejercido por el comandante de la Lexing- 
ton. 

Los hechos históricos prueban de la manera más con- 
cluyente que esas islas, como las costas marítimas del 
continente, pertenecían al dominio del rey de España y 
formaban el distrito geográfico del virreinato cuando 
estalló la revolución de 25 de mayo de 1810. Las Pro- 
vincias Unidas del Río de la Plata se constituyen en 
nación independiente con los límites geográficos del vi- 
rreinato, el hecho exterior es reconocido por las grandes 
potencias marítimas, y el nuevo estado toma su rango 
entre las personalidades del derecho de gentes. De ma- 
nera que el uti poí^sidetis de dereclio del año diez com- 
prueba que esos territorios hacían parte integrante del 
nuevo estado, cuyos límites se obligó a respetar la re- 
pública de Chile por los tratados de 1826 y 1856. 

En defensa de su soberanía agredida inicuamente 
por el comandante de la Lexington, se promueve un se- 
rio conflicto internacional. 

Estos sucesos tienen lugar sin que nunca jamás ocu- 
rriera al gobierno de Chile que tales territorios habían 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 221 

sido comprendidos en las capitulaciones para el descu- 
brimiento y conquista de aquel país, y mucho menos 
que tales títulos importasen un minutio mdjestatis, una 
abdicación de la soberanía del rey en favor de los des- 
cendientes de los descubridores, cuyas acciones parece 
intenta ahora hacer valer aquel gobierno, rompiendo 
para ello su propia constitución política, que señaló los 
Andes como límite oriental de esa república. 

La importantísima exposición del comandante militar 
de Malvinas, defendiendo los derechos de dominio a fa- 
vor del gobierno argentino, lejos de despertar el celo del 
gobierno de Chile, le arranca a su prensa oficial enco- 
mios y elogios por la importancia de ese documento. De 
manera que reconocía así la legitimidad del derecho in- 
vocado, y estuvo muy distante de ejercer una tercería 
en el conflicto diplomático, cuyos antecedentes acabo de 
recordar . 

■ Vernet decía: "Resulta, pues, que la propiedad a las 
Malvinas, y los actos jurisdiccionales que ejercemos en 
ellas, y los demás sobre las costas hasta el cabo de Hor- 
nos, están fundados en un principio del derecho de las 
naciones, y garantidos por reconocimientos y actos po- 
sitivos de la Francia y de la Inglaterra. " 

El ministro de gracia y justicia encargado del minis- 
terio de relaciones exteriores de la República Argentina, 
en nota de 7 de agosto de 1832, dirigida al de igual cla- 
se en los Estados Unidos, le decía: que ni el señor For- 
bes, encargado de negocios de ese gobierno cerca del 
argentino "se permitió el más ligero reclamo contra es- 
ta medida, ni individuo alguno de los Estados Unidos 
se atrevió a poner en duda el derecho de la república 
a disponer como viese conveniente de un territorio del 
estado argentino, tal como ha sido reconocido sin con- 
tradicción por el mismo gobierno de Washington," 

De manera, pues, que el cónsul Slacum no podía des- 
conocer ese derecho, ni menos ignorar, observaba acer- 
tadísimamente el ministro argentino, "que Malvinas }' 
las" costas patagónicas con sus adyacencias hasta el ca- 
bo de Hornos estaban comprendidas en el territorio de- 
marcado por los reyes de España para integrar el anti- 
guo virreinato de Buenos Aires, erigido después en una 
nación independiente." 

Todos los documentos argentinos, sin que se cite uno 
solo en contrario, han reconocido y defendido que toda 



ii22 VICENTE G. QUESAUA 

la Patagonia e islas adyacentes al cabo de Hornos, in- 
clusa la Tierra del Fuego, hacían parte integrante del 
territorio de la república. Jamás dejaron claudicar es- 
te derecho, y para consolidarlo ordenaron sus autorida- 
des la toma de posesión de Malvinas en 1820 ; que había 
sido abandonada después del 25 de mayo de 1810, y es- 
ta larga, pública y no interrumpida posesión fué sólo 
perturbada por el inaudito atentado perpetrado por el 
comandante de la corbeta norteamericana en 1831, con- 
tra el pabellón y las autoridades nacionales en la So- 
ledad de Malvinas. El título de dominio y la posesión 
tona fíele impiden todo reclamo ulterior, toda reinvi- 
dicación por parte de la nación limítrofe, que siempre 
reconoció, y así lo expresó en todas sus constituciones 
políticas, que la cordillera de los Andes era su límite 
arcifinio . 

Si la prescripción es una necesidad en el orden civil 
y en el derecho privado, su conveniencia es más incon- 
testable en el derecho público, y por eso es un modo de 
adquirir el dominio reconocido en el derecho de gentes, 
como lo enseñan Vattel, Wheaton, Calvo y otros trata- 
distas. "Los estados — dice Carlos Calvo — pueden 
adquirir propiedad por cualquiera de los modos que 
emplean los individuos. Pueden obtenerla por cesión, 
compra o cambio, herencia o prescripción." 

"¿Podrán considerarse la usucapión y la prescrip- 
ción como modos de adquirir propiedad de los pueblos 
y estados? Vattel, después de una larga discusión, de- 
cide que la usucapión y la prescripción, como medios 
de adquirir la propiedad, se fundan en el derecho natu- 
ral. Establecido este principio, llega fácil y lógicamente 
a sostener que así como estos dos modos de adquirir la 
propiedad son de derecho de gentes y deben aplicarse a 
las naciones: "la usucapión y la prescripción son de 
uso más necesario entre los estados que entre los par- 
ticulares. Las cuestiones que surgen entre los primeros 
son de otra importancia que las individuales; sus dife- 
rencias no terminan ordinariamente sino por guerras 
sangrientas, y por este motivo la paz y la dicha del gé- 
nero humano exigen con más razón que no se turbe fá- 
cilmente la posesión de los soberanos y que si no ha sido 
disputada en un gran número de años, se considere co- 
mo inquebrantable y legítima. Si fuese permitido para 
justificar la posesión de un estado, ir retrocediendo 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 22ü 

siempre a los tiempos antiguos, pocos soberanos estarían 
seguros de sus derechos y no habría paz sobre la tie- 
rra. " (1). 

Lo que el derecho internacional europeo enseña, fun- 
dado en tan serias razones, en América está resuelto por 
la admisión de la regla jurídica, de la verdadera ley 
internacional, puede decirse, del uti possidetis de dere- 
cJio de 1810 . Ninguna indagación puede ni debe equi- 
tativamente ser permitida siempre que sea anterior a 
aquella fecha; el hecho de la posesión en ese año pone 
término a toda cuestión, y no es dable que de indaga- 
ción en indagación se llegue hasta discutir las ubicacio- 
nes de las mercedes territoriales que el rey concedió pa- 
ra la conquista y descubrimiento, puesto que, con pos- 
terioridad y por el mismo soberano, se hicieron nuevas 
y muy diversas divisiones territoriales para el gobierno 
de sus colonias americanas: divisiones que forman loa 
territorios de las soberanías de los estados indepen- 
dientes . 

Para evitar cambios perturbadores en la geografía 
política hispanoamericana, todas las repúblicas han con- 
venido, como he tenido ya oportunidad de _ recordarlo, 
en que sus límites internacionales estén sujetos al iiti 
possidetis de derecJio del año diez. Esa es la regla ju- 
rídica que debe aplicarse, la que garante la estabilidad 
y la paz, la, que pone término a las cuestiones y conti-a 
la cual no pueden sublevarse hoy las repúblicas que tie- 
nen tratados en que han pactado sus deslindes. La Re- 
pública Argentina no puede violar ese pacto. Ni los mi- 
nistros de relaciones exteriores, ni los plenipotenciarios 
en los debates diplomáticos, pueden obrar válidamente 
contra el derecho' escrito ; sus declaraciones impremedi- 
tadas, sus negligencias, sus omisiones, no dan ni quitan 
derecho porque no se modifican los tratados internacio- 
nales sino con la aprobación de los parlamentos y pre- 
vio canje del nuevo pacto. 

Así como en derecho privado no es válida la obliga- 
ción que viole las leyes de orden público, idéntica doc- 
trina es aplicable en las discusiones diplomáticas hona 
fide. Todo lo que es contrario al texto de un tratado 
equivale a una nueva obligación, que no es perfecta 
mientras le falte sanción legislativa y no tenga lugar el 



(1) Derecho internacional teórico y práctico de Europa y América, 
por Carlos Calvo.— París, 18C8, vol. 1, p. 128. 



224 VICENTE G. QUESADA 

canje del nuevo pacto. La violación de las leyes in- 
ternacionales, de la regla jurídica del uti possidetis de 
derecho del año diez, perturbaría el equilibrio actual de 
las nacionalidades, sin que hubiese otro medio para 
evitarlo que la guerra, desde que no es costumbre con- 
vocar congresos o conferencias de plenipotenciarios de 
las naciones del continente, para intervenir en los cam- 
bios de la geografía política. Para evitar esas pertur- 
baciones, en Europa las grandes potencias se reúnen y 
deciden, como en el congreso de Berlín. Las nuevas na- 
cionalidades nacen así bajo el patronato y el consenti- 
miento general : la paz está garantida por la previsión, 
a pesar del perturbador principio: la fuerza prima el 
derecho. 

La República Argentina no puede, le está absoluta- 
mente vedado, apartarse de esa regla, de esa ley, de ese 
tratado. De manera que la discusión tiene que contraer- 
se a la posesión de 1810, y por ilegítima que fuese, esa 
posesión ha sido reconocida y convenida para el des- 
linde. Por consiguiente, la comprobación de este hecho 
es lo único conducente para la solución pacífica de la 
cuestión, así lo aconseja la recíproca conveniencia de 
pueblos vecinos, destinados a vivir en relaciones fre- 
cuentes y a ligarse por los intereses del comercio. To- 
do lo demás sería despedazarse imprudentemente por 
cuestiones de territorio; pero hay en esta materia una 
necesidad suprema, ineludible: la conservación de los 
límites arcifinios, el sometimiento a la configuración 
geográfica del suelo, tal cual con singular prudencia de- 
marcó el rey los territorios del Río de la Plata y los de 
Chile, poniendo entrambos a los Andes, como límite fi- 
jado para siempre por la inexorable ley geográfica. 
"Otra de las grandes bases sobre que descansan los de- 
rechos de propiedad que las naciones tienen es, como di- 
ce Wheaton, el de que la larga y no interrumpida po- 
sesión de un territorio por una nación, excluye los de- 
rechos de otra cualquiera al mismo territorio. Este 
principio, que se funda en el consentimiento general de 
los hombres es obligatorio para todos los estados. Esto 
es de tal fuerza, a causa de la sanción que ha recibido 
por su continua observancia, que puede 'considerarse 
como un contrato o como un derecho positivo de las na- 
ciones. " 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 225 

A veces, por desgracia, la fuerza y la violencia des- 
conocen el derecho y los principios que reglan las rela- 
ciones de los estados ; pero esos abusos quedan como una 
protesta que la historia recoge y como una enseñanza 
para los estados débiles. 

El conflicto internacional que he historiado breve- 
mente no tuvo consecuencias más graves. Los Estados^ 
Unidos no pretendieron retener por la fuerza la pose- 
sión de la Soledad, y el atentado del comandante de la 
corbeta Lexington terminó por negociaciones diplomá- 
ticas. El pabellón de la república continuó izado en 
aquellas apartadas islas del océano ; pero otro conflicto 
internacional más grave, más inicuo, puesto que no ha 
terminado todavía, sobrevino el año siguiente de 1833. 

En vez de comentarios, dejo que los documentos re- 
velen toda la sangrienta verdad. "A bordo de la corbe- 
ta de S. M. B. Clio, Berkley Sound, enero 2 de 1833.— 
Debo informar a Vd. que he reeibido órdenes de S. E. 
el comandante en jefe de las fuerzas navales de S. M. B. 
estacionadas en Sud América, para llevar a efecto el de- 
recho de soberanía sobre estas islas, en nombre de 
S. M. B. Es mi intención izar mañana el pabellón na- 
cional de la Gran Bretaña en tierra, donde pido a Vd. 
se sirva arriar el suyo, y retirar sus fuerzas, llevando 
consigo todos los efectos etc. pertenecientes a su go- 
bierno . Soy, señor, su muy obediente y humilde servi- 
dor. — S. F. Onsloio (comandante) . — A S. E. el coman- 
dante de las fuerzas de Buenos Aires en Puerto Luis, 
Berkley Sound . ' ' 

¿ Qué comentario puede hacerse ante este escandalo- 
so abuso de la fuerza en plena paz? ¿Qué acción reinvin- 
dieatoria podía deducir la Gran Bretaña, que había en- 
tregado a la España la colonia de puerto Egmont, re- 
conociendo así que esas islas pertenecían al soberano 
de las costas del continente ? ¡ No es derecho lo que invo- 
ca : es la fuerza, y la fuerza no funda derecho ! 

El gobierno argentino inició así sus reclamos: ''Minis- 
terio de relaciones exteriores. — Buenos Aires, 15 de ene- 
ro de 1833. — Año 24 de la libertad y 18 de la inde- 
pendencia. — Al señor encargado de negocios de S. M. B. 
en Buenos Aires: El infrascripto, ministro de gracia y 
justicia, encargado del departamento de relaciones ex- 
teriores, se dirije al señor encargado de negocios ad in- 
terim de S. M. B. en esta ciudad, para poner en su 



22fi VICENTE G, QUESÁDA 

conocimiento que el gobierno acaba de saber que el co- 
mandante de la corbeta de guerra Clio, de S. M. B., ha 
ocupado en las islas Malvinas la de la Soledad, enarbo- 
lando el pabellón inglés donde flameaba el de la Repú- 
blica Argentina. Este inesperado suceso ha conmovido 
los sentimientos del gobierno de Buenos Aires, y aun- 
que S . E . no encuentra cosa alguna que pueda cohones- 
tarlo, sin embargo, considerando que el señor encargado 
de negocios a quien el infrascripto se dirige, debe ha- 
llarse instruido sobre esta disposición que abiertamente 
compromete los respetos y los derechos de la Eepública 
Argentina, ha ordenado al infrascripto pida al señor 
encargado de negocios de S. M. B. las explicaciones 
competentes. Dios guarde a SS. muchos años. — Manuel 
V. de Maza." 

La contestación dice así: "Buenos Aires, 17 de ene- 
ro de 1833. — El infrascripto, encargado de negocios 
de S. M. B., al acusar recibo de la nota de S. E. el se- 
ñor doctor don Manuel Vicente de Maza, ministro en- 
cargado del departamento de relaciones exteriores de la 
República Argentina, tiene el honor de poner en co- 
nocimiento de S. E. que no ha recibido instrucciones de 
su corte para poder contestar al gobierno de Buenos 
Aires sobre el asunto a que se refiere la nota de S. E. El 
infrascripto se apresurará a ponerlo en conocimiento del 
gobierno de S. M. y aprovecha esta oportunidad, etc. — 
Felipe G. Gore". 

La prudencia me obliga a ser impasible narrador en 
estos estudios, cuyas incidencias irritan el espíritu má-s 
sereno. 

Continuaré reproduciendo los documentos: "Minis- 
terio de relaciones exteriores. — Buenos Aires 22 de 
enero de 1833. — Al señor encargado de negocios de 
S. M, B.^ don Felipe Gore. — El infrascripto, ministro 
de gracia y justicia, encargado del departamento do 
relaciones exteriores de la República Argentina, tiene 
orden de su gobierno para dirigiree al señor encargado 
de negocios de S. M. B. en esta ciudad, para manifes- 
tarle que la corbeta de guerra Clio ha fondeado el 2 
del corriente a las 9 de la mañana en el puerto de San 
Luis de la Soledad en las islas ^Malvinas, con el obje- 
to de posesionarse de ellas como pertenecientes a S. M. B., 
expresando su comandante Onslow que tenía órdenes ter- 
minantes de enarbolar dentro de 24 horas el pabellón 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 221^ 

inglés; lo que ya había practicado en otros puertos de 
las islas, y lo verificó en el de la Soledad no obstante 
las protestas del comandante de la goleta de guerra ^a- 
randí, que se hallaba en aquel puerto en ejecución de 
órdenes del gobierno, que por una fatalidad de circuns- 
tancias imprevistas, no pudo dejar estrictamente cum- 
plidas, resistiendo a viva fuerza la ocupación de dichas 
islas. El infrascripto se abstiene por ahora de detallar 
la incompatibilidad de un procedimiento tan violento co- 
mo descomedido en medio de la más profunda paz, y 
cuando la existencia de estrechas y amistosas relacionas 
entre ambos gobiernos, por una parte, y por otra, la 
moderación, cordialidad y pureza de m^enciones de que 
ha hecho ostentación la Inglaterra, no daban lugar a 
esperar que tan bruscamente quedase engañada la con- 
fianza en que descansaba la República Argentina. Por 
lo tanto, en cumplimiento de las órdenes de S. E. ya su 
nombre, y por lo que debemos a nuestra propia dignidad, 
a la posteridad, al depósito que las Provincias Unidas 
han encargado al gobierno de Buenos Aires, y, en su- 
ma, al mundo todo que nos observa, protesta el infras- 
cripto del modo más formal contra las pretensiones del 
gobierno de la Gran Bretaña a las islas Malvinas y la 
ocupación que ha hecho de ellas, como igualmente con- 
tra el insulto inferido al pabellón de la república y por 
los perjuicios que ésta ha recibido y puede recibir a con- 
secuencia de los expresados procedimientos y demás q.ue 
ulteriormente tengan lugar por parte del gobierno in- 
glés a este respecto. Quiera el señor encargado de ne- 
gocios a quien el infrascripto se dirige, elevar esta pro- 
testa al conocimiento de su gobierno, manifestándole la 
decidida resolución en que se halla esta república de 
sostener sus derechos, al mismo tiempo que desea man- 
tener ilesas las buenas relaciones que ha cultivado hasta 
aquí con la Gran Bretaña, y que sea próspera y per- 
petua la paz entre ambos estados. — Dios guarde, etc.— 
Manuel V. de Maza" . 

En la sala de representantes se dio lectura al siguien- 
te mensaje en la sesión pública de 28 de enero de 1833: 
"Buenos Aires 24 de enero de 1833, año 24 de la li- 
bertad y 18 de la independencia. A la honorable sala de 
representantes de la provincia de Buenos Aires. — Si 
grande ha sido para el gobierno el disgusto que ha te- 
nido con la noticia de violencia y abuso de la fuerza en 



228 VICENTE G. QUESADA 

las islas Malvinas, ejecutado por un buque de guerra de 
¡S. M. B. en deshonor del pabellón argentino, en ofensa 
de la integridad del territorio de la república y con 
agravio de sus derechos, de su justicia y de la fe debida 
a las relaciones de amistad y buena inteligencia, culti- 
vadas sin interrupción con el gabinete de íáaint James, 
no es menos el que tiene al hacer partícipe de él a los 
señores representantes, poniendo en su conocimiento la 
nueva escandalosa agresión, que ha cometido sobre las 
islas Malvinas, un comandante de la marina inglesa, más 
notable aun por las recíprocas relaciones de amistad y 
comercio entre ambos estados, que la que en el año an- 
terior cometió otro comandante de otra nación amiga, la 
de los Estados Unidos de la América del Norte". 

No es mi ánimo juzgar este escandaloso atentado de 
la fuerza, violatorio del derecho de gentes, de las bue- 
nas relaciones internacionales y de la fe de los tratados 
públicos, pues desde 1825 la Gran Bretaña había ce- 
lebrado un tratado con la República Argentina. Lo re- 
cuerdo, muy a pesar mío, para comprobar que jamás mi 
país renunció tácita ni expresamente a la soberanía y 
dominio de las costas marítimas del sur hasta ei cabo 
de Hornos y sus adyacencias, 

"La República Argentina conserva — dice Carlos Cal- 
vo — y conservará por mucho que dure y se prolongue 
el despojo cometido en sus dominios por el gobierno in- 
glés, el derecho de propiedad sobre las islas Malvinas en 
cuestión, derecho que le transfirió tácitamente el gobier- 
no de España, que fué reconocido solemnemente cuando 
en 1820 la república tomó posesión de ellas, y que se ha- 
lla sólo interrumpido en su ejercicio, a consecuencia de 
un inconcebible e injustificable abuso de la fuerza. In- 
glaterra se ha apoderado de las Malvinas en 1833, del 
mismo modo que en 1807 trató de apoderarse de Co- 
penhague. Y aun el caso de las primeras es más ex- 
traño todavía y opuesto a los principios del derecho in- 
ternacional" (1) . 

Este abuso de una gran nación marítima que atre- 
pella los derechos de una república, cuya independencia 
no contaba entonces un cuarto de siglo, y cuya mari- 
na de guerra comenzaba recién sus primeros ensayos en 
la guarda de sus islas lejanas, es una lección para los 



(1) Derecho internacional teórico y práctico de Europa ?/ América, 
por "Carlos Calvo. — París, 1868. págs. 129 y 130. col. 1. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 229 

estados débiles, cuya existencia, exenta de peligros, só- 
lo puede obtenerse por la severa obson^ancia de los tra- 
tados y por la sumisión a las reglas y doctrinas del dere- 
cho internacional. 

Recuerdo además este hecho para mostrar que sólo an- 
te la fuerza se retiraron las autoridades de la república 
de aquellos dominios: su derecho está vivo, aunque en 
esas islas se halle interrumpido su ejercicio. 

Vernet, que apenas había reposado de las consecuen- 
cias abusivas del atentado de la Lexington, se encontra- 
ba ahora en\aielto nuevamente en el perpetrado por la 
Clio. Voy a reproducir su exposición: "Por consiguien- 
te, aun cuando no se hayan tenido en vista los princi- 
pios del derecho de gentes y se ignorasen los reclamos 
repetidos hechos por parte de España sobre la propiedad 
de las islas Malvinas; ni que por virtud de dichas recla- 
maciones habían desalojado colonias extranjeras estable- 
cidas en ellas por franceses e ingleses, ni de los recono- 
cimientos de propiedad en favor de España; ni, final- 
mente, que ésta con motivo de prepararse una expedi- 
ción inglesa hacia las islas Malvinas y costas inmediatas, 
hizo por medio de su embajador en Londres, pedir ex- 
plicaciones del objeto de aquella empresa, protestando 
no consentirla toda vez que el plan fuese el de tráfico 
o comercio, y mucho menos el de formar algún estable- 
cimiento : mas prestándose a proporcionar cuantos co- 
nocimientos pudieran desearse, si la expedición se ha- 
bía proyectado solamente con el fin de adquirir conoci- 
mientos físicos, cuyo paso dejó sin efecto esta expe- 
dición", 

Carlos Calvo, en su importante obra Le droít interna- 
tional ihéorique et pratique, edic. de 1880, trata con 
acopio de noticias históricas esta cuestión (1) . 

El almirante Byron en 1765, ignorando quizá el esta- 
blecimiento comenzado por Bougainville, recaló en Mal- 
vinas y tomó posesión en nombre de S. M. B., olvidando, 
dice Calvo, "que 20 años antes el gobierno inglés ha- 
bía reconocido los derechos de los soberanos de Castilla 
sobre las mismas islas". 

Expulsado de Puerto Egmont por las fuerzas marí- 
timas que por orden del gobernador de Buenos Aires 



(1) Cito las diversas ediciones de la obra del señor Calvo, siendo la 
más importante y completa de 18S0-1881 que se com;jone de 4 gruesos 
voltimenes. 



230 VICENTE G. QUESA.DA 

Bucarelli, comandó Madariaga, el hecho hubo de pro- 
ducir la guerra entre la Inglaterra y la_España. En el 
tratado de 22 de enero de 1771 se convino el statu quo, 
obligándose el gobierno español a devolver las propieda- 
des inglesas; pero "esta satisfacción, dice el publicis- 
ta citado, no tuvo sino un efecto transitorio, porque tres 
años más tarde (1774) los ingleses abandonaron com- 
pletamente Malvinas, y desde entonces la España que- 
dó dueña exclusiva de todo el grupo, sin ser turbada 
en su posesión por ninguna otra nación extranjera". 

En la Soledad se creó un gobierno político que fué de- 
pendiente y subordinado del de Buenos Aires, el cual 
permaneció hasta después del 25 de mayo de 1810. 

El tratado celebrado entre S. M. C. y la Gran Bretaña 
en 28 de octubre de 1790, "para poner término a las di- 
ferencias, estipula que los subditos británicos no podrían 
ni pescar ni navegar en los mares del sur sino a la distan- 
cia a lo menos de diez millas marinas ocupadas por los 
españoles, y que les sería prohibido a los subditos respec- 
tivos de formar en el porvenir ningún establecimiento al 
sud de las costas e islas adyacentes pertenecientes a la 
corona de España ; tendrían solamente la facultad de 
erigir constinicciones temporarias para la explotación de 
la pesca". 

Este tratado prueba que la Gran Bretaña había reco- 
nocido la soberanía y dominio de la España en dichas is- 
las y costas marítimas del continente, cuya circunstancia 
hace más irritante el atentado perpetrado contra el pa- 
bellón de una nación relativamente débil. 

El ministro plenipotenciario de las Provincias Unidas 
del Eío de la Plata, Manuel Moreno, protestó ante la cor- 
te de Londres en 17 de junio de 1833, en un notable do- 
cumento tanto por la solidez del razonamiento" como por 
la templada firmeza de la forma. "Es notorio, — dice, — 
a todo el mundo, que por la revolución que tuvo lugar en 
25 de mayo de 1810, y la declaración solemne de indepen- 
dencia en 9 de julio de 1816, se constituyó en la juris- 
dicción de Buenos Aires una comunidad política bajo el 
título de Pro\dncias Unidas del Río de la Plata, que ha 
sido reconocida por la Gran Bretaña, y otras naciones 
principales. Esta comunidad política no podía existir sin 
territorio, pues donde no hay independencia de territorio, 
no puede haber estado soberano: y así como adquirió el 
derecho de los tratados, el de comercio, y el derecho de 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 231 

las negoeiaciones con las potencias extranjeras, adquirió 
también el derecho de propiedad de estado (jus in patri- 
monium repuhlicae) . Las Provincias Unidas sucedieron 
por consiguiente a España en los derechos que esta na- 
ción, de qne se separaban, había tenido en aquella juris- 
dicción. Las islas IMalvinas habían sido siempre una par- 
te de aquel país, o de aquel distrito ; y en tal calidad com- 
pusieron una parte del dominio o propiedad pública del 
nuevo estado (patrimonmm repuhlicoe piiblicum) : y fue- 
ron reclamadas, ha^bilitadas y guarnecidas por sus subdi- 
tos. La soberanía de las islas, que cesaba en el gobierno 
español por la independencia americana, no podía pasar 
en sucesión a Inglaterra, ni revivir una cuestión y pre- 
tensiones extinguidas. Apoyado en tantos y tan sólidos 
fundamentos, fuerte en la justicia de su causa, y en la 
conciencia de sus derechos, el gobierno de la república 
protestó en 22 de enero de 1833, ante la Legación Britá- 
nica de Bneiios Aires contra la expulsión de su guarni- 
ción y estableciinento en Malvinas, y contra la usurpación 
de soberanía que se ha hecho en ellos a nombre de la Gran 
Bretaña, etc., mandando al infrascripto que reproduzca 
aquella protesta al gobierno de S. M. El infrascripto, pues, 
en cumplimiento de sus órdenes e instrucciones, protesta 
fonnalmente en nombre de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, contra la soberanía asumida últimamente en 
las Malvinas por la corona de la Gran Bretaña y contra 
el despojo y erección del establecimiento de la Repú- 
blica en Puerto Luis, llamado por otro nombre Puerto 
Soledad, por la corbeta de S. M. B. Clio : con las repa- 
raciones que son de demandar por la lesión y ofensa in- 
feridas: igualmente por todo acto consiguiente a aquel 
procedimiento." 

Ahora bien : la República Argentina ha asumido la 
responsabilidad de los hechos ejecutados por sus auto- 
ridades en Malvinas, ha sostenido dos complicaciones 
diplomáticas por defender la soberanía y dominio de 
las islas y costas marítimas patagónicas, y si aun no ha 
obtenido justicia en sus reclamos contra la Gran Bre- 
taña, siT derecho está incólume. Mientras tanto ?,qué 
ha hecho Chile en estas emergencias? Su prensa ha lo- 
giado los documentos oficiales de la cancillería ararenti- 
na, y jamás se le vio deducir tercería nara reivindicar 
su soñado derecho. Creo haber demoistrado con documen^ 
tos oficiales, que el gobierno argentino nunca dejó de 



232 VICENTE G^ QUESADA 

defender su dominio territorial, sin protesta ni reclamo 
por parte de Chile. 

Conviene que recuerde que en 6 de junio de 1831, se 
había derogado el decreto de 28 de octubre de 1829, 
que prohibía la pesca de anfibios en las costas maríti- 
mas patagónicas, por cuanto en esa época no había bu- 
ques de guerra que las guardasen e impidiesen que frau- 
dulentamente hicieran los extranjeros la prohibida pes- 
quería. El art. 2 de este decreto imponía el derecho de 
cinco pesos metálicos por cada tonelada a las embarca- 
ciones pescadoras. Ya en 1833, la goleta de guerra Sa- 
randí, ejercía la vigilancia en esas costas e islas, y a su 
comandante fué, como lo he recordado, la autoridad 
a la cual le intimó la Clío la resolución tomada por S. 
M. B. de apoderar.se por la \nolencia de Malvinas. 

Pero en ninguno de estos conflictos internacionales, 
negó al gobierno de Buenos Aires que las costas mairí- 
timas patagónicas fuesen del dominio de la república. 

Por ley de 6 de junio de 1834 se donó a Rosas la isla 
de Chuelechuel en el río Necrro, dando por fundamento, 
"que ha conducido y terminado gloriosamente la ^em- 
presa de extender las fronteras", el donatario renunció 
la donación y le dieron en cambio sesenta leguas en tie- 
rras de la pro-vnncia. De manera que a la vez que se 
atendía a la defensa de las costas marítimas en la for- 
ma que era posible, se avanzaba la línea interior de fron- 
teras para asegurar a los moradores de las camnañas 
contra las depredaciones de los indios. La expedición 
al desierto ejecutada en 1833. compmeba también que 
los territorios del snd pertenecían al dominio del estado, 
aun cuando estuviesen ocupados por los salvajes. En 
prueba de ello se donaron cincuenta leguas a los jefes 
que tomaron parte en esa expedición. 

Un nuevo conflicto internacional impidió se atendie- 
se la vigilancia de las costas marítimas del sur, -pues se 
sabe que en 1838, fué bloqueado el puerto de Buenos 
Aires por fuerzas -marítimas de Francia. Ténarase bien 
presente, que la población de esas costas no ha podido 
protegerse por acontecimientos oue no extinsTuen el de- 
recho, ni hacen pei'der el dominio nacional en sus terri- 
torios. 

Durante el largo gobierno de T?osf<s nada «e hizo pa- 
ra el fomento de esos territorios, pero anualmente rei- 
teraba en el mensaje a la sala de representantes la pro- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AME RICAN A 233 

testa contra la Gran Bretaña por la indebida retención 
de las islas Malvinas, protesta que el ministro repetía 
al gabinete de Saint James. 

Si el gobierno de Buenos Aires en su doble carácter 
de provincial y de encargado de las relaciones exterio- 
res de la república, ejerció los actos de jurisdicción y 
dominio que he señalado, conviene que no olvide los 
ejercidos por el gobernador de la provincia de Mendoza 
en los temtorios del sud. De esta manera se verá que 
ora sea en las costas marítimas del océano Atlántico o 
en las tierras interiores del sud, son las autoridades ar- 
gentinas las que continúan después de la independen- 
cia en el ejercicio de la jurisdicción territorial. 

La legislatura de la provincia de Mendoza sancionó 
el 7 de octubre de 1834, la ley sisruiente: Art. 1.° Siendo 
constante la guerra injusta y dolorosa que los indígenas 
del sur han hecho a la provincia por más de cinco 
años, y que los perjuicios han ascendido a una suma 
incalculable con la pérdida de tantos habitantes, con 
inelusión del excmo. señor gobernador y plana mayor, 
ha resuelto no se les admita a los de la frontera a nues- 
ti-a amistad, sin la calidad de una sujeción absoluta. 2." 
Conforme al anterior artículo se declaran poT límites 
de la frontera de la provincia de Mendoza los siguien- 
tes : por el sur la costa del océano Atlántico, por el oes- 
te la cordillera de los Andes ; quedando los del este has- 
ta nue las autoridades de acuerdo eon las de la pro- 
vincia limítrofe, los dema.rnuen. 3.° El territorio que 
comprende el artículo anterior es, desde esta fecha, una 
proniedad de la provincia". 

Esta ley fué promulgada el mismo día y año, y pos- 
terionnente fué incoi-porada a la constitución de la pro- 
vincia, que fué aprobada por el congreso del Paraná 
en 22 de agosto de 1855. 

Tampoco protestó Chile por la sanción de esta ley, 
que señalaba la cordillera como su límite arcifinio, ver- 
dad que ese mismo es el límite que la constitución po- 
lítica de aquella república ha establecido. 

De modo que, cuando se celebró el tratado con Chi- 
le en 1856, sabía que el congreso argentino sostenía que 
la cordillera era el límite arcifinio, como éste sabía que 
ese era el límite señalado por la constitución de Chile. 
Estos actos producen obligaciones v deberes, y aun cuan- 
do son leyes de derecho privado, afectan inteireses Ínter- 



23i tícente g. quesada 

nacionales por cuanto se refieren a la demarcación te- 
rritorial del estado. Ahora bien, si dados estos antece- 
dentes, se celebra entre los dos países nn tratado que 
reconoce como territorio respectivo, el poseído civilmente 
por cada uno en 1810, la cuestión de deslinde no puede 
ultrapasar esa -demarcación, cualesquiera que sea el tí- 
tulo que se quiera invocar. 

Si aquella república creía tener derecho a todaí la 
Patagonia ¿por qué no reclamó por esta apropiación del 
territorio? ¿Por qué no protestó? 

Mientras tanto, el gobierno de Buenos Aires en 1835 
protestó por una misión de carácter religioso que se ha- 
iDÍa introducido en el estrecho de Magallanes, porque 
ese era distrito del virreinato, en cuya posesión civil y 
dominio había sucedido el gobierao argentino al eman- 
ciparse de la dominación española. 

Vuelvo a los antecedentes históricos y legales de la 
provincia de ]\Tendoza. 

Manuel A. Sáez, (1) hace la historia de las posesio- 
nes mendocinas en los Arholcs y Piñales, potreros lla- 
mados de Cordillera, y recuerda las expediciones de 
José F. de Amigorena. 

Refiere las exT)edieiones del comandante de armas 
de Mendoza y dice: .., "influyeron poderosamente en 
el establecimiento de las paces p-enerale.s que nef^o'^ió 
Amigorena dos años después, en 1794 con los naturales, 
bajo la condición de reconocer y someterse ^ la autori- 
dad de Mendoza, paces que duraron ha.'íta 1827. año en 
nne anarecen los indios volviendo a incomoda'r ei^ la 
frontera. Tíesde 1824 empezaron a poblarse los eamnos 
al sur del Diamante, entre otros, por dos «opíf^dade»? in- 
glesas, y una de los señores Correa v Escalada, d^l n^'-e 
se. encuentran en el río Neero, el Salado o Chalileo y el 
Atnel. y del nue al occidente se halla situado entre el 
Diamante v el Salado, de proniedad hoy de los spñores 
Cuiñazú. Correas. Eeorueira. Gutiérrez. Carcía. Gonz^- 
les Rodrírruez, Correa, Setrura. Bombal. herederos del 
doctor Guillies y otros. Dos año? más tav'de. en 18''6, 
prinniríiaron también a serlo los del sur del Atuel. des- 
de Ai«ol hasta Soitué y que hoy peHeinecen a Páez. 
Abei\astain, Lima y otros, con una extensión de diez le- 



(1) Limites y posesiones de la provincia de Mendoza, con una expo 
sición del derecho provincial en la cuestión de territorios nacionales, por 
M. A. Sáez. — Santiago de Chile, 1873, 1 v. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 235 

guas desde la marjíen del río. En 1833, las fuerzas de 
la provincia expedicionaron a las órdenes del igieneral 
Aldao, llegando hasta la laguna de Cnrraco y Urre-lan- 
qnen, después de haber pasado el Atuel, un poco más 
arriba del Salto Nihuil y costeado por el occidente la 
laguna Yaneanelo... Las fuerzas expedicionarias reco- 
nocieron toda esa parte del territorio de la provincia, 
en ejercicio de la autoridad de su gobierno, a cuyas ór- 
deoies obedecían. En 1846 el poder ejecutivo, por los 
servicios prestado.s en la frontera, dio en propiedad 
al coronel don Juan Antonio Eodríguez, los campos del 
Chacay, situados entre los ríos Salado y Malargüé. Des- 
de este mismo año fueron ellos poblados, y después de 
él por don Vicente Gil, cuyo hijo, don Augusto, ha te- 
nido que retirar su.s haciendas hace tres o cuatro años, 
por la insesruridad de la frontera." 

En el mismo año. según lo asevera Saez, el gober- 
n-ador Pedro Pascual Segura indultó al cacique Trai- 
pan, dándole en posesión los campos situados entre los 
ríos Malargüé, río Grrande y Acrua Nueva, ouien los ocunó 
y cultivó. Concedió después el mismo gobernador al ca- 
pitán Juan Epuñan. parte de dicho campo, el de Buta- 
mnlliu, al sur del Mailargüé, y al sur del río Grande al 
cacioue Nahuel Ñirre y sus tribus. 

Epuñan en 1850 se sublevó y fué preciso someterlo por 
la fuerza. Fué nombrado cacique-gobernador de las tri- 
bus Nahuel Ñirre, tribus a las que se les habían señala- 
do campos al sur de Barrancas. Este cacique tuvo que- 
jas contra el comandante de San Rafael, con motivo 
del cobro de talajes en los potreros de la cordillera, al 
sur del río Barrancas. Le atendió su queja y mandó 
que en los puntos al sur de los ríos Barrancas y Gran- 
de, les demarcasen los terrenos cedidos, y los distritos 
de cordillera, de que el gobierno sacaba renta, y a la vez 
conservasen buena amistad : fué comisionado para todo 
ello el teniente Plácido ZebaHos. 

Desde 1849 se creó un juzgado de paz en Chacay, 
con jurisdicción hasta río Grande, y en esa «poca había 
como cien pobladores en Laguna Blanca, Chacay, Malar- 
güé, río Grande y Barrancas. Antes de jurarse la consti- 
tución de 1853, la legislatura de la provincia dictó una 
ley afectando en favor del colegio las tierras publicas 
comprendidas entre el río de los Angeles y las sierras 
de Malargüé, Butralauquen hasta la laguna de Malbarco 



236 VICENTE G. QUESADA 

Igxial hipoteca estableció a favor de las escuelas de pri- 
meras letras en las tierras que se encuentran entre las 
lagunas Malbarco, río Neuquén y laguna de Lincomay. 
En favor del hospital general y hospicio, de los terrenos 
situados entre el Neuquén, Sierra de Butralauquen y río 
Colorado, Por último eñ favor de los conventos de Agus- 
tinos, casa de ejercicios y expósitos y casa penitenciaría 
y de corrección, las sierras situadas en el Pallen, Cha- 
lileo 3^ la laguna Urre-lauquen y el Colorado. Y los po- 
treros de las cordilleras se declararon propiedad mu- 
nicipal. 

He entrado en estos detalles para demostrar que la 
autoridad de Mendoza entendía que los territorios dfíl 
sur eran de la provincia, aunque no estuvieron todos 
materialmente ocupados, y por ello dispuso como de do- 
minio provincial. 

Tomo estas noticias de la obra de Saez, después á'¿ 
haber reproducido extensos parágrafos textualmente 
para demostrar que tanto los gobiernos de provincias, 
como la autoridad nacional, jamás dejaron de ejercer 
jurisdicción y dominio en los t-erritorios situados de es- 
te lado de los Andes: esa jurisdicción concui*rente a ve- 
ces, excluye otras, se explica por la forma de gobierno 
de la república; pero la organización interna no afecta 
en lo mínimo el dominio eminente y el imperio que co- 
rresponde a la Nación Argentina. Estos hechos sucesivos, 
esta jurisdicción nunca protestada, prueba de un modo 
concluyente que el distrito del virreinato, que es el de 
las Provincias Unidas del Eío de la Plata o República 
Argentina, estaba separado de CRile por la cordillera 
nevada de los Andes. Las tierras ñscales han sido trans- 
feridas en zonas limitadas al dominio privado, que es la 
manera más elocuente de comprobar la soberanía terri- 
torial: se ha avanzado lentamente hacia el sur, pero se 
ha aA^anzado siempre. 

No tendría explicación racional ni posible que la re- 
pública de Chile hubiese tradicionalmente consentido la 
apropiación de un territorio cuya posesión civil tenía el 
estado limítrofe, pero al cual supone ahora tener dere- 
cho, guardando silencio por una serie no interrumpida 
de años ; y lo que es más obrando de este modo de acuer- 
do con su constitución política y con toda la legislación 
propia y creyese lícito después desconocer la regla ju- 
rídica internacional sobre deslindes y los tratados ex- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 237 

presos de 1826 y 18Í56, que establecen como obligación 
perfecta entre los dos contratantes el uti possidetis de 
derecho del año diez, para sostener ahora que tiene de- 
recho a toda la Patagonia. Es decir, que violando obli- 
gaciones internacionales, como son las que nacen de los 
tratados; que desconociendo la historia y las resolucio- 
nes reales, la confesión y reconocimiento de sus propias 
autoridades, congresos constituyentes y legislativos, pre- 
sidentes y ministros, pretenda introducir un cambio en 
la geografía política del continente, prescindir de los 
límites arcifinios e intentar apoderarse de las costas so- 
bre los océanos Pacífico y Atlántico. Y todo porque ha 
recordado un contrato celebrado entre particulares y el 
rey para el descubrimiento y conquista, en el cual se 
señalara esta o aquella extensión territorial! A pesar 
que tal contrato no estaba vigente al emanciparse de la 
metrópoli, por cuanto el rey dividió sus dominios seña- 
lando los límites arcifiniosj pero, según las insensatas 
pretensiones de ultra cordillera, esto y mucho más no de- 
be tener valor legal, ante el contrato ya recordado. Y 
con quá título ha sucedido en los derechos civiles que de 
ese contrato se deducen ? Con ninguno ; las repúblicas 
hispano-americanas han sostenido que han sucedido en 
los derechos de posesión y dominio del rey, y como éste 
es uno de los obligados en los contratos o capitulaciones 
para la conquista, resultaría que el gobierno de Chi- 
le sólo ha heredado las obligaciones y derechos de la co- 
rona; pero como lo que pretende es que ésta no pudo 
cambiar la demarcación de los territorios que señalara 
a los conquistadores de Chile, porque supone inmuta- 
ble tal demarcación, resultaría que es el contratista o 
los representantes de su acción civil a los únicos que 
pudiera corresponder el reclamo. ¿Es, por ventura, la 
república de Chile heredera o compradora o cesionarin 
en los derechos de los conquistadores? Esta pregunta 
pueden contestarla los plenipotenciarios que han inter- 
venido en el debate; a mi juicio, la pretensión es tan 
ilegal como absurda e insostenible. 

El gobierno de Mendoza no limitó su jurisdicción a 
trasmitir sucesivamente la tierra fiscal al dominio pri- 
vado, dictó en 4 de diciembre de 1846, el decreto si- 
guiente: "Deseando el gobierno adelantar en lo posible 
los conocimientos sobre los terrenos y sus límites, que 
comprenden los potreros Teso, los Angeles, Montañez y 



238 VICENTE G, QUESADA 

Valenzuela, situados al sur de la provincia, acuerda y 
decreta: 1.° Nómbrase una comisión que integrarán los 
ciudadanos don Carmen José Domínguez y el agrimen-. 
sor teniente coronel don Nicolás Villanueva, para que 
practiquen un reconocimiento sobre dichos valles, levan- 
ten un plano de la situación topográfica, curso de sus 
aguas y cuanto tenga relación con los objetos que el go- 
bierno se propone. 2° Comuniqúese. — Segura. — Ce- 
ledonio de la Cuesta". 

Esta comisión se expidió en 27 de abril de 18-47, y 
de este informe voy a reproducir lo siguiente: ''Las 
cordilleras de las Llaretas y el Planchón que van desig- 
nadas en el plano adjunto, son una prolongación de las 
anteriores, y .los valles Valenzuela, Montañez, el Yeso y 
los Angeles, que están en la misma situación que el de 
Tunuyán, no pueden, por manera alguna, considerarse 
como parte integrante del territorio chileno. Los' ríos 
que de ellos salen, como se verá en el plano, son afluen- 
tes del caudaloso Colorado que desagua en el Atlántico 
en la costa patagónica, y tanto éstos como los anterio- 
res, son tan abundantes, que sólo al frente del Valen- 
zuela puede pasarse río Grande, aunque peligrosamen- 
te; de su coníluencia para abajo es navegable ya, so- 
bre cinco o seis pies de profundidad aumentándose su- 
cesivamente al sur. Para patentizar más la infundada 
pretensión a los valles en cuestión, se ha extendido el 
plano que presentamos hasta los nacimientos del río 
Grande, y en su vista debe deducirse que se hallan en 
igual caso el valle Hermoso, el Cobre, Santa Elena, etc., 
de los que nada se reclama a pesar de estar pagando 
pastajes, desde más de diez años atrás, los hacendados 
chilenos. Este hecho y la confesión franca que hicieron 
a la comisión los varios vecinos de Talca, que se halla- 
ban con sus ganados allí, de que ellos no podían ne^ar 
que aquel territorio era efectivamente argentino, y por 
lo tanto, pagaban a esta provincia los pastajes, prueba 
de un modo indudable que el excelentísimo gobierno de 
Chile ha sido sorprendido por uno o más individuos in- 
teresados en la posesión de aquellos fértiles valles. . . — 
Carmen José Rodríguez. — Nicolás Villanueva". 

Este documento establece cuáles eran las cuestiones 
que originaban el desacuerdo respecto de la línea diviso- 
ria en las fronteras arcifinias de la cordillera de los An- 
des. Imposible darles una solución positiva sin reconocí- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 239 

mientos científicos y topográficos, para señalar la divi- 
sión de las aguas y hacer el trazo divisorio entre am- 
bos países. 

Esta operación no es materia que puede ser sometida 
a la decisión arbitral, porque falta el antecedente fun- 
dameutal que es el estudio de los sitios, que la equidad 
exige sea hecho por comisiones de peritos nombrados por 
ambas naciones, y cuj'os informes deben ser la base de 
la discusión definitiva, de acuerdo con la regla jurídica 
internacional en la materia, o lo que es lo mismo, el uti 
possídetis del año diez, bien sea la posesión efectiva o 
la posesión civil. Si esto no fuese posible, porque no hay 
medio de probar hasta qué punto ejerció jurisdicción es- 
te o aquel gobierno, tendría que tomarse como base el 
divortia aquarum, y averiguar dónde tiene lugar ese 
divorcio de las aguas es la consecuencia del estudio cien- 
tífico y topográfico. 

Evidente es que implícitamente se reconocía por la 
naturaleza misma del reclamo, que no se pretendía cam- 
biar el límite arcifinio de la cordillera, sino trazar en 
ésta la línea de demarcación. Desde luego, la Patago- 
nia no estaba, no podía racionalmente estar en discu- 
sión : no se trataba de su propiedad y posesión, porque 
estaba expresamente convenido por el artículo 3." del 
tratado celebrado en Santiago de Chile a 20 de noviem- 
bre de 1826, entre el general Ignacio Alvarez v Tomás, 
plenipotenciario argentino, y el ministro de Chile Ma- 
nuel J. Gandarillas. que ambas partes se obligaban a 
Q-arantir la integridad de sus territorios... reconocidos 
antes de la emancipación. /,Y cómo podían hacer efec- 
tuar esa garantía? /, Cuáles eran los territorios recono- 
cidos antes de la emancipación? Pienso que la respues- 
ta es fácil : para la Eenública Argentina los señalados 
por la cédula de 1776 que creó el virreinato; para Chi- 
le la resolución de 1786 que independizó la capitanía sre- 
neral de la subordinación al virrev de Lima, con los dis- 
tritos de las intendencias de Santiago y Concepción, que 
constituían el de la capitanía. Y tanto para una como 
para otra, estas resoluciones eran el título legal, y el uti 
possidetif! del aíw diez, el hecho aue pudiera o debiera 
probar la posesión efer^tiva, si hubiera duda, y en cuanto 
a lo civil, bastaba el título. 

La duda, pues, estaba limitada al trazo de la línea di- 
visoria, pero de ninguna manera a desconocer que la cor- 



240 VICENTE G. QUESADA 

dillera nevada era el límite areifinio reconocido antes de 
la emancipación. 

En todos los documentos argentinos posteriores a la 
revolución de 25 de mayo de 1810, se reconoce como lí- 
mite occidental esa cordillera ; en ella termina el terri- 
torio nacional, del otro lado se encuentra una nación 
diversa . 

La república de Chile a sn vez en igual período, ha 
expresado oficialmente la misma aseveración, y ese re- 
conocimJento libre, espontáneo, constituye precisamen- 
te la mejor comprobación del ufi possidetis de derecho 
del año diez. 

Dos pactos internacionales celebrados con treinta años 
de diferencia entre ambos países, establecen esa regla 
jurídica como la que debe obsei'A^arse en el trazo de la 
línea de demarcación de sus fronteras; y esta obligación 
internacional, fundada en el derecho histórico y geográ- 
fico, es ley para ambas partes, no pueden separarse de 
ella sin la pre^áa denuncia de los tratados, sin la guerra, 
en una palabra. 

Iré adelantando en el examen de los documentos ofi- 
ciales de origen argentino. 

En el Mensaje del gobernador de Buenos Aires, encar- 
gado de las relaciones ext<íriores de la república, de 27 
de diciembre de 1847, se dice: ... "Posteriormente el 
gobierno de Chile comunicó una nueva violación del mis- 
mo territorio, acompañada de circunstancias agravantes, 
ejecutada por una partida de ]\fendoza. Propuso, como 
medida preliminar para la terminación definitiva de la 
disidencia sobre dominio y propiedad de lo.s terrenos 
disputados, con el fin de evitar sensibles conflictos, la 
exacta demarcación de lo.s linderos entre el territorio de 
ambas repúblicas: punto que, por haber perteneciao ^u 
otra época los dos países a un mismo gobierno, no podía 
menos de hallarse en un estado completo de ineerti- 
dumbre ' ' . 

Conviene que ll^me la atención sobre este punto: es 
el comienzo de la discusión, son sus orígenes y es el fun- 
damento para seguirla en las evoluciones y variantes 
que en el debate ha ido presentando. 

La cuestión se concreta a la disputa sobre la juris- 
dicción y dominio de los potreros de cordillera, cuya 
exacta demarcación es lo que se pide, para evitar sen- 
bles conflictos: luego, pues, no se trata, no se discute, 



lllSTÓUIA DÍl'I.OM ATHA HlSl'ANO - AMK ilK ÁN .\ 211. 

no se proloiide los territorios de esto lado de los Ande.s, 
reconocidos como del dominio y soberanía de la Kepíi- 
bliea Argentina y en esos territorios se hallaba induda- 
blemente comprendida la Patagonia toda. Lo estaba en 
efecto, porque estaban reconocidos como distrito del vi- 
rreinato de Buenos Aires en la época de la emancipa- 
ción, con poblaeiones en sus costas marítimas como río 
Negro y puerto San José, y en las islas adyacentes, co- 
mo el gobierno establecido en la Soledad de Malvinas, 
desde donde las naves de guerra por orden del virrey, 
vigilaban aquellas costas e islas adyacentes del cabo de 
Hornos. 

La posesión efectiva de todas y cada una de las par- 
tes de los territorios americanos, no ha constituido nun- 
ca el uti possidetis. 

"Desde 1825, — dice Bermejo, — con motivo de las de- 
claraciones terminantes del gobierno de los Estados 
Uiiidoí:, el reeonoci miento de que las tierras ocupadas 
por los indios, pertenecían exclusivamente a las naciones 
que en América se habían erigido sobre los antiguos do- 
irtini:>s de Inglaterra y España, llegó a constituir un 
principio de derecho público americano". 

De manera que el principio del uti possidetis del año 
diez significó la posesión civil con sujeción a los límites 
reconocidos en la époea de la emancipación : la posesión 
real de una parte de la misma comarca y la posesión 
civil del resto, es, pues, la regla jurídica para la demar- 
cación internacional entre las reptíblicas hispano-ame- 
ricanas. Por ello Chile en la época a que se refiere el 
Mensaje de 1847, gestionaba el trazo de la línea diviso- 
i'ia en los Andes, límite areifinio tradicionalmente co- 
iiocidf). 

La cuestión internacional estaba circunscripta al do- 
minio de los potreros linderos a la provincia de Talca, 
(.'hile no intentó reclamo dé ninguna especie más allá 
de la línea divisoria, del divortia aquarum; porque es- 
pHcitamente reconocía, de acuerdo con la constitución 
política de ese país, que la cordillera limitaba su terri- 
torio. Evidentemente, iniciada una discusión diplomá- 
tica so1)re límites teiTÍtoriaPes no hay posibilidad de 
pretender que se pedía el trazo de la línea en la cordi- 
llera, para gestionar, andando los años, el territorio si- 
tuado al svtd del río Negro; porque no se inician estas 
cuestiones parcialmente, desde su principio se establece 



2i'2 VICENTE G. QUESADA 

el reclamo para evitar "sensibles conflictos'' como lo 
decía el presidente en el mensaje. 

Este silencio prueba que sometiéndose aquel gobier- 
no al principio internacional americano del ut¿ posside- 
tis de derecho del año diez, y al tratado de 1826, no in- 
tentaba producir un cambio en la geografía política del 
continente; que, aun en la hipótesis que pudiera tener 
un título superior en fuei'za legal a la división hecha 
por el rey en 1776, y luego en 1786, ese derecho se ha 
extinguido, se ha preseripto; lo perdió y renunció por 
la declaración de sus propias constituciones políticas, 
que expresa y terminantemente reconocieron como lími- 
te oriental el mismo que el re^^ había señalado como so- 
berano, y luego por el ejercicio de la jurisdicción y do- 
minio de las autoridades argentinas de uno y otro te- 
rritorio. Cualquiera que sean, pues, sus conveniencias, 
no tiene derecho alguno para pretender rectiíficar sus 
fronteras, que tampoco lo ha pretendido bajo esta for- 
ma, sino a título de reivindicación. 

Tan evidente es que el gobierno de Chile reconoció 
siempre que la eordillera nevada era el límite divisorio, 
que, cuando se ha tratado de la cuestión de indios, se 
ha sostenido la conveniencia de obrar de acuerdo de 
uno y de otro lado de los Andes, a fin de someterlos 
en una campaña militar bien combinada. ¿Por qué bus- 
caba este acuerdo si ahora pretende que el territorio 
patagónico pertenece a Chile? Lo natural era ejercer 
su jurisdicción, si se creía con derecho. Mientras tanto, 
las autoridades de uno y otro país, por tradición inme- 
morial, no han ultrapasado el límite de la cordillera 
sin reconocer que entraban en territorio de otro gobier- 
no. 

Conviene que cite todavía algunas palabras del men- 
saje del gobierno de Buenos Aires en 1847: "Y en 
cuanto al medio propuesto, dice, por el gobierno chileno 
de una exacta demarcación, le manifestó que reiteraba 
encarecidamente al de ]\Iendoza, el .envío de los necesa- 
rios informes que ya antes le había pedido; y le eran 
indispensables para expedirse sobre la demarcación... 
Repetidas veces llamaron la atención del gobierno las 
relaciones que se dahan por el de la república de Chile 
al congreso nacional, sobi*e una colonia que se había 
mandado formar en las costas del estrecho de Magalla- 
nes. — Sus urgentes delicadas atenciones le han impedí- 



HISTORIA niI'I.OMÁTICA HISPANO - AMlTirCANA 2J3 

do hasta hoy organizar seguros datos sobre hi posición 
geográfica de ella. Está situada en territorio argentino, 
Puerto San Felipe, generalmente conocido hoy por los 
geógrafos por Puerto Hamhre, yacente en lo más aus- 
tral de la península de Brunswieh, casi al centro del 
estrecho. — El gobierno se ha dirigido al de Chile de- 
mostrándole los incuestionables títulos y perfectos de- 
rechos de soberanía que tiene la Confederación sobre el 
territorio en que se ha establecido la colonia. De ellos 
siempre estuvo en posesión ílesde el tiempo de la mo- 
narquía española, el gobierno de Buenos Aires, a cuyos 
virreyes, durante aquél, se daban órdenes para la poli- 
cía y vigilancia del estrecho de Magallanes, de sus is- 
las adyacentes y de la Tierra del Fuego, como autori- 
dades a las que estaba sujeta toda esa parte del terri- 
torio. — Se ha anunciado, asimismo, instruía al ministro 
argentino, que debe salir para Chile, con plenos ante- 
dentes, a fin de so.stener y discutir el reclamo de este 
gobierno, si el de Chile, eontra la justificada esperan- 
za del de la Confederaeión, no llegase a eonside>rar su- 
ficientes las razones en que justamente se funda''. 

Es, pues, el origen oficial de la cuestión do límites con 
la vecina república . Comienza por la demaix^ación de 
la línea divisoria en las cordilleras, y se complica luego 
por el reclamo que hizo el gobierno argentino de la co- 
lonia chilena situada en Puerto del Hambre, en el es- 
trecho de Magallanes. Dos extremos comprende ; demar- 
cación científica en las cordilleras — discusión sobre el 
derecho de dominio al territorio de la colonia chilena en 
^fagallanes. El gobierno argentino invoca ante todo, co- 
mo dejo apuntado en los documentos transcriptos, el 
título que da la posesión civil, el conocido principio del 
uti j)Ossidelis de dereelio del año diez. Ni uno ni otro 
estado tenía posesión efectiva del suelo; pei'o el gobier- 
no argentino reclama contra la violación del territorio 
de su soberanía, en cuya posesión civil estuvo el virrei- 
nato, al que sucedió el gobierno independiente en los 
territorios de su demarcación, como repi'csentante de los 
([ue le correspondían al soberano. 

El fundamento de este redamo diplomático es per- 
fectamente claro, sencillo y legal. Dentro del distrito 
virreinato se halla el territorio de la eolonia chilena en 
^ragallanes y dentro de la demarcación que correspon- 
de a la Reptjblica Argentina, porque era evidentemente 



244 VICENTE G. QUESADA 

el territorio reconocido como del virreinato en hi épo- 
ca de la emancipación. ¿ Cómo ,se arribaba a resolver la 
desidencia? Discutiendo necesariamente las últimas di- 
visiones hechas por el rey : la que creó el virreinato en 
1776 y la que en 1786 separó a la capitanía general de 
Chile de la su1)ordinación al virrey del Perú, es decir, 
el territorio que formaron las dos intendencias de San- 
tiago y Concepción. 

Pero el título solo da derecho a poseer, se dirá ; y para 
convertir el título en un hecho sobre el suelo se necesita 
la demarcación, el deslinde, el amojonamiento, la opera- 
ración científica en una palabra. Esto es indiscutible, y 
por eso debió empezarse por convenir en el título, y lue- 
go practicar el estudio del territorio por comisiones de 
uno y de otro gobierno, como lo ejecutaron la.s coronas 
de España y Portngal en la secular disiputa de los lí- 
mites de sus territorios en América. 

No se trata, pues, die rectificar 'fronteras, ni de pro- 
bar cual sea la más conveniente demarca^íión interna- 
cional, sino que, por el origen mismo de la controversia, 
se trata simple y sencillamente de probar el mejor de- 
recho al terreno en que se estableció la colonia chilena, 
observando como regla jurídica para decidir la cuestión 
el uti possidetis de dereclio del año diez : derecho para 
poseer, posesión efectiva y posesión civil, porque los 
límites así poseídos por una y otra república, son los 
que se han obligado a reconocer como el territorio na- 
cional respectivo. 

Conviene para la más fácil ai)reciacióu de la contro- 
versia, que no me separe del tenor literal de los docu- 
mentos . 

En el McnsajC' del gobierno de Ikíenos Aires, encar- 
gado de mantener las relaeiones extei'iores con las otras 
nacione.«!, datado a 27 de diciembre de 1848, se dice lo 
siguiente: "'Os di cuenta de la reclamación dirigida al 
gobienio de Chile, con motivo del establecimiento de 
una colonia por parte de éste, en las costas del estrecho 
de ]\ía.gallanes, situada en el territorio argentino; y el 
anuncio que al mismo tiempo le hizo este gobierno de 
que instruiría al ministro argentino que debía salir para 
Chile, con i)lcnos antecedentes a fin de soste- 
ner y discutir el reclamo de este gobierno, si el de 
rehile, contra la justificada esperanza del de la Confede- 
ración, no llegase a considerar suficientes las razones en 



iiisumáia I)1I'I,(i.ma ri( a iiiscano - amkricana 245 

que juslaiiu'iite lo íuiKlal);i.— KJ gobicnio de Chile, en 
Hu cuntestación inanii'est(j sorpresa por el amuiicio de él, 
respecto do un tei^i'iforio que expresó, se había mirado 
¡siempre como ])arte iutegi'aiile del reino de Chile, y 
ahora de la Kepnbliea en (pie fué constituido. Declinó 
de contraerse a una contestación formal, ni a iiiani'tes- 
tar los títulos que creía jii-stificahan el indisputable de- 
recho que agregó tener el de Chile, no sólo sobre el te- 
rreno que ocupa la colonia recientemente establecida en 
Alagallaucs, sino a todo el estrecho, a las tierras adya- 
centes, y demás que ellos designan, en virtud del anun- 
cio que le hizo el go))iorno argentino <lie la partida del 
ministro noml)rado cerca de aquella Repiíblica, compe- 
tentemente instruido para tratar este asunto. — Con- 
testó el gobierno Tcchazando la declaración del de Chile 
sobre el derecho que alega tener a todo el terreno que 
ocupa la colonia do ^Magallanes, así como a todo el es- 
trecho, y a las tierras adyacentes, fundado en títulos 
que dice justificarlo. Se manifestó la seguridad que 
tiene este gobierno de que cualquiera que esos títulos 
fuesen, no pueden invalidar los numerosos, muy claros 
e intergiversables que él po.see para demostrar" sus de- 
rechos de soberanía sobro el estrecho y tierras adyacentes 
inclusa la del Fuego y que haoen una demostración, la 
más evidente, de que dichos territorios siempre han 
pertenecido, y pertenecen a la República Argentina, no 
habiendo sido jamás parte integrante de Chile. Y lo 
significó, que como no había tenido a l)ien hacer men- 
ción do eso.s títulos, sino en una manera general, y se 
i-eservaba tratar este gravo asunto con el ministro ar- 
gentino nombrado cerca de él, este gobierno repelía 
simplemente cualquier derecho que se alegase tener so- 
bre esos ten-enos, e instruiría al ministro argentino para 
sostener una discusión detenida, amigable y franca. — 
El gobierno de Chile observó fiue, como en las cuestiones 
se alegaban títulos que cada una de las partes clasifi- 
caba de claros, auténticos o incontestables; y oran ma- 
nifiestos los inconvenientes que de semejante conflicto 
de pretensiones podrían resultar en perjuicio de los 
particulares ciudadanos de una u otra nación, y en pe- 
ligro de que se alterasen las relaciones de cordial amis- 
tad y fraternidad que tanto importaba cultivar entre 
aquella Reptíbliea y la Confederación Argentina, pare- 
cía propio de la justicia do los dos gobiernos manifos- 



246 VICENTE G. QUESAUA 

tarse recíprocamente lus fuudauíeutuü de ¡sus reclama- 
ciones, y proceder a la exacta deanarcación de los lími- 
tes en que se tocan el territorio chileno y el de las pro- 
vincias confederadas. jMani'festó también aquel gobier- 
no que éste era un objeto, sobre el que había procurado 
antes de ahora hacer partícipe al de la Confederación 
de la viva solicitud que le animaba ; y que no podía 
menos que repetir esforzadamente sus. instancias para 
que no se demorase más tiempo un arreglo en que veía 
comprometidos intereses de no pequeña magnitud .... 
Habiéndole anunciado el gobierno argentino hallarse 
deseoso de evitar diferencias entre países amigos y ve- 
cinos, y proponerse instruir sobre el negocio de los po- 
treros de la cordillera al ministro argentino que estaba 
nombrado para Chile; haciéndole igual anuncio relati- 
vamente a la cuestión del territorio de Magallanes, de- 
seaba saber si tardaría algún tiempo la traslación de 
aquel ministro a su destino ; y si en tal caso no sería 
])osiblc ventilar el asunto de los potreros por comisio- 
nados de ambas partes que se dirigieran al terreno dis- 
])utado, se exhibiesen mutuamente sus títulos, hicieran 
valer razones (jue a su juicio los corroborasen, examina- 
]'an las localidades, y en vista de todo trazasen la línea 
divisoria, sujetándola a la ratificación de los respecti- 
vos gobiernos..." — Complacióse el gobierno en ex- 
presarle haber mirado con solícito interés estas aprecia- 
bles observaciones. Concurriendo en toda su extensión 
con los amistosos sentimientos (jue en ellas acredita el 
de Chile, le manifestó, que aun cuando siempre ha con- 
siderado los derechos de la Confederación a los territo- 
rios del estrecho de Magallanes, y sus adyacentes, lo 
mismo que los potreros en la cordillera, los más claros. 
l)ositivos y convincentes, en la discusión había estado 
dispuesto, como lo estaba, a llevarla con la mayor fran- 
queza y lealtad. En fuerza de esta convicción, y de su 
anhelo por conservar ilesos los vínculos de fraternidad 
que unen a ambas repúblicas, creía que para el mejor 
éxito de esos reclamas, era indispensable que ambos go- 
biernos se comunicasen recíprocamente sus respectivos 
títulos a los territorios disputados." 

Se ve, pues, que se concreta la discusión a los terri- 
torios de Magallanes y al trazo de la línea divisoria en 
los Andes: uno y otro gobierno ofrecen exhibirse sus 
títulos para probar la posesión civil, pues que estaban 



HISTOHIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMf.RICAN A ¿47 

convenidos y ligados por el tratado de 1826 a reconocer 
como sns respectivas rleniarcaciones la que tenían en la 
épo'ca de la emancipación. Son reclamos directos entre 
los dos gobiernos, pues no se da entonces cuenta de ha- 
berse enviado el prometido ministro diplomático de la 
República Argentina . 

En el Mensaje del gobierno argentino, de 27 de di- 
ciembre de 1849, se dice: ..."Aquel gobierno participó 
posterionnente que el cobro de talajes de propiedad chi- 
lena, en la cordillera que separaba el territorio argeji- 
tino de la provincia de Talca, había continuado por dis- 
posición del gobierno de Mendoza, no obstante que por 
la última nota del argentino sobre estos asuntos, abri- 
gaba el de Chile la esperanza de que, hasta discutirse el 
punto entre el gobierno de Chile y el encargado de las 
relaciones exteriores de la Confederación, «por medio 
del enunciado ministro, se evitaría la repetición de ac- 
tos que no parecían compatibles ni con los principios de 
justicia ni con la amistad y buena inteligencia que el 
gobierno de Chile se esmeraba en cultivar con las Pro- 
vincias Unidas del Río de la Plata." — En esta cues- 
tión se habían puesto en contacto dos cosas esiencialmente 
diversas: el derecho de soberanía de la provincia de 
Mendoza y del de la Confederación Argentina; y el de 
propiedad particular que podía pertenecer a chilenos 
como a otros extranjeros en territorio argentino, a la 
manera que podían gozarlo ciudadanos argentinos o de 
otras na-ciones en el territorio de Chile. En cuanto a 
la soberanía y dominio de estado sobre los potreros en 
cuestión, el gobierno argentino se consideraba con títu- 
los Justos en su favor; cumplía y cumplirá con el deber 
de sostenerlos; hallándose siempre dispuesto a demos- 
trarlo por medios diplomáticos." 

No puede exponerse con mayor claridad cual ea-a la 
materia en discusión. Tanto el gobierno argentino co- 
mo el de Chile se expresan con minuciosa detención: 1." 
la propiedad de los terrenos que se hallan situados en 
los potreros de la cordillera — Montañez, los Angeles, 
el Yeso y Valenzuela ; 2.° los territorios del estrecho de 
Magallanes. Nada más comprendía la controversia. 

Tan es así que la pron.sa chilena de aquella época, se 
expresaba en los mismos términos. 

El Progreso del 27 de octubre de 1848, decía: ''Esta 
es la cuestión del derecho internacional que pertenece al 



24:8 VICENTE C. Q'íESADA 

exclusivo düuiinio de bus transacciones diplomáticas, y 
que debe apoyarse en documentos febacientcs, y <?n el 
exacto conocimiento de las bjcalidades di.sinitadas. ]\Iu- 
cbo dudamos que el párrafo (jue transcribimos (se re- 
fiere a la Gaceta Mcrcani'd de Buenos Aires), sea exacta 
expresión del sentir del gobierno argentino, puesto que 
la.s razones se apoyan en generalidades de tan mezquino 
fundamento: y mientras que la redacción de la Gaceta 
de Buenos AÍ7'es no aduzca títulos de más pCvSO pa^-a 
revocar en duda los de la Kepública de Chile a la pro- 
piedad del terrUorio chileno de Magallanes y a las islas 
(iflyacenteF. deberíamos eximirnos del cargo de contes- 
tarle. Bajo la dominación española, fué el territorio 
de la capitanía general de Chile reconocido y explorado 
much^ antes (lue .semejante cosa sucediese con el de la 
capitanía de Bueno.s Aires. Chile no solamente se ex- 
tendí.! entonces a lo largo de la costa del Pacífico hasta 
los mares del eabo, como en el día se pretende hacer 
creer, sino que penetraba y se extendía en lo que fué 
muclio tiempo después virreinato de Buenos Aires, co- 
mo lo acreditan las fundaciones de las ciudades de ]\Ien- 
doza y San Lui.s. hechas por gobernadores de Chile; y 
el virreinato de Búhenos Airefs, que es uno de los de nue- 
va creación erigidos en la América Española, fué for- 
mado muy ])ostcriormente por retazos del territo- 
rio chileno y del peruano ; a la vista están Cuyo y e] 
Alto Perú, Así, \n\os, muy lejos de que nuestro, te- 
rritorio de ^lagallanes haya estado .siempre aílscrii)to 
política y territorialmentc al gobierno de Buenos Aires 
en tiempo del dominio español en la América ]\Ieridio- 
nal, dos de las 'provincias más pingües del territorio ar- 
gentino pertenecieron a Chile y dependieron de él cosa 
de 200 años. Cuyo formaba entonces, y forma altora, 
la caheza scjjfentrional de la inculta Peitagonia." 

Todavía más claro es el escritor chileno Espejo, autor 
de CvSte artículo, en el párrafo siguiente: "Ahora pre- 
guntaremos — ¿ cuáles son las pretensiones del gobierno 
argentino? ¿Quiere acaso que volvamos a las antiguas 
divisiones territoriales, o quiere cpie nos atengamos a 
las naturales y precisamente demarcadas por nuestra 
constitución? En el primer caso, medrados estaríamos, 
y a fe que la República Argentina no .sería entonces 
de las más aventajadas: en el segundo, más justo y ra- 
zonable eá el callarse. I'no de los motivos que nuis 



HISTORIA niri.dM \rn A hisi'Ano - amehicana 2ilt 

Jian coiiti'Jbuído a ])i'()i)ajíar el error do ereor (juc el le 
rritoriu de Magallanes no es parte integrante del nues- 
tro, es el ningún eonoeiniiento de las loealidades, es 
creer que nuesitro establecimiento t'stá al oriente de la 
eordillera de los Andes. La base de ]iuestro,s Andes iio 
es tan angosta como lo ]n-esumc equivocadamente el ba- 
rón de Hund)oldt : El ángulo meridional de la América, 
el archipiélago del Fuego, es todo el extremo de ese gi- 
gante de las montañas que después de recorrer tres mil 
leguas, se desmorona y se sepulta en los mares del cabo. 
A cualquiera que conozca la corografía, basta el que g3 
le indique que está más de veinte leguas al poniente 
del cabo Negro, para que no le quede la más remota 
duda sobre la justicia y el indisputable derecho que 
tiene el gobieamo de Chile en considerar, como hasta 
ahora, el estrecho y sus dependencias, ])arte integrante 
de su territorio . ' ' 

■De modo que, iiu])lícitani'ente reconoce: 1." que la 
eordillera nevada divide ambas gobernaciones: 2.*^ que 
los territorios del oriente de la cordillera no perteiieeían 
a la capitanía general de Chile: 3." que los límites que 
'señala la constitución ele esa i-epública, son los iinicos 
a que tiene derecho. 

Espejo fué atacado por algún esei-itor argentino, pre- 
tendiendo que guardaba un silencio poco honesto sobre 
la cuestión de Magallanes, apenas iniciada en aquella 
época. Se defendió reproduciendo los parágrafos trans- 
criptos, para demostrar que había emitido una opinión 
franca y leal, declarando que al publicar tal artículo 
había solicitado del ministerio de Santiago los docu- 
mentos ciue hacían relación con el asunto. El ministro 
contestó: "que después de haber escrito nuestro ar- 
tículo del día anterior, como una protesta ante los aser- 
tos avanzados por la Gazeta Mercantil de Buenos Aire.«. 
creía prudente el silencio, en tanto que el gobierno ar- 
gentino no presentase sus títulos al territorio que re- 
clamaba." (1) 

Ahora bien: si esa ei-a la creencia de los periodistas, 
si esa era la opinión chilena, es evidente que los terri- 
torios materia de la controvereia no fueron, no pudie- 
ron estar implícitamente comprendidos con toda la Pa- 
tagonia como ahora se pretende. 



( 1 ) ¿7 l'ioijrcso de 2 de nia.vo d^ 13-1§, 



250 VICENTE G. QUESADA 

Es históricamente cierto que el reino de Chile sufrió 
dos grandes desmembraciones, precisamente para colo- 
car entre ese gobierno y los de este lado, el límite arci- 
finio de la cordillera nevada de los Andes; pero es his- 
tóricamente falso, que dependiesen doscientos años de 
aquel gobierno . Las provincias de Tucuraán, Juries y 
Diaguitas, íueron jdesmembradas del reino de Chile, 
l)or real cédula de Felipe II en 1562, luego es falso que 
hubiesen dependido de aquel gobierno dos siglos, puesto 
que la América fué descubierta en 1492. La dilatada 
provincia de Cuyo estuvo adscripta a ese gobierno has- 
ta 1776, y precisamente ésta estaba separada de aquel 
r-eino por la cordillera nevada, formaba una tenencia 
de gobierno, sujeta a Chile, pero con una demarcación 
especial como se ve en la misma Recopilación de Indias. 

Cito ese fragmento de El Progreso de Chile para com- 
probar con un testimonio de la prensa coetánea al ori- 
gen de la cuestión, que no entró en la mente de aquel 
gobierno ni del pue1)lo chileno, disputar toda ni parte 
de la Patagonia. 

La Ilustración Argentina de Mendoza de 1.° de junio- 
de 1849, contestando a un artículo del diario chileno La 
Crónica, decía: "A las cajas de Buenos Aires impuso 
(el rey) la obligación de costear esas fundaciones, de 
conservar esos destacamentos; a sus autoridades, las de 
defender el estrecho y sus tierras adyacentes, y ellas 
aceptaron y cumplieron aquellos deberes haciendo gran- 
des erogaciones y esfuerzos recomendables. En confor- 
midad de una real orden expedida en 1781, destinó el 
gobierno español seis buques de guerra al cuidado y vi- 
gilancia de las nuevas posesiones, y éstos fueron paga- 
dos por el tesoro de Buenos Aires en la suma de 83.509 
pesos. De este modo el estrecho de Magallanes, sus is- 
las y tierras adyacentes, fueron desde su descubrimiento 
adscripciones políticas y territoriales de la Eepública 
Argentina. Los costos y erogaciones que demandaron 
fueron tambiién obligaciones de nuestro tesoro, y la poli- 
cía y la vigilancia de aquellas localidades estuvieron 
siempre encomendadas al gobierno de Buenos Aires. 
Cuando en 1766 sospechó la corona de España que los 
ingleses intentaban fundar un establecimiento colonial 
en Magallanes, inmediatamente ordenó al gobierno de 
Buenos Aires enviase buques de guerra que penetrasen 
en el estrecho, lo navegasen con cuidado, evitasen que 



lUSTORIA Ull'LOMÁTUA UISPAM > - AMI'.RICAXA 2ol 

embarcaciones extranjeras invadieran aquellos dominios 
de la corona, v "demoliesen toda especie de tolderías, 
barracas, etc., que hallasen pertenecientes a los ingleses, 
embarcando v comisando todos sus efectos y embarcacio- 
nes". Así consta de despachos dirigidos por el gobierno 
español en 1766 y 1767 que tenemos a la vista, y que_ fue- 
ron cumplidos con exactitud. En virtud de órdenes igua- 
les se remitían a disposición del gobierno de Buenos Ai- 
res los marchantes, contralandistas o sospechosos que 
se encontraban en el estrecho, y a los que violaban en 
aquellos lugares las leyes y disposiciones sancionadas por 
el gobierno espaííoT'. 

De esto deducía que era inexacto que se hubiera ejer- 
cido por Chile jurisdicción en el estrecho y sus costas 
hasta 1843, como lo sostenía La Crónica. El gobierno de. 
llío de la Plata antes y después del virreinato ejerció 
allí jurisdicción y vigilancia, porque hasta, el cabo de 
Hornos era el distrito de su gobierno, por voluntad del 
soberano del territorio, que era el monarca dueño y se- 
ñor de Sud América. 

Esa posesión no era de mero hecho, era el uíi possidc- 
tis legal, puesto que tenía por título .resoluciones de 
S. M. tan expresas como reiteradas, tan terminantes co- 
mo religiosamente cumplidas. 

Para justificar cuál era la opinión de los periódicos 
de la época, citaré las palabras del Arcliivo Americano 
(1) refiriéndose a la Memoria presentadca por el mi- 
nistro de relaciones exteriores de Chile al congreso de 
aquel país, de 27 de junio de 1850, dice así: "En las di- 
ferencias sobre límites, tanto respecto del dominio del es- 
trecho de Magallanes, como sobre varios potreros en la 
cordillera, el gobierno argentino posee títulos que com- 
prueban plenamente los derechos de dominio y propiedací 
de estado que sostiene justamente sobre esos^ territorios. 
Advertiremos a este respecto una equivocación padecida 
en la Memoria, cuando se refiere que el gobierno argen- 
tino no ha respondido a la proposición del de Chile, de 
nombrarse comisarios autorizados por una y otra parte 
para trasladarse al territorio disputado, y trazar de co- 
mún acuerdo la línea divisoria entre los dos estados. Por 
el mensaje del general Rosas, fecha 27 de diciembre de 
1848. consta que nuestro gobierno contestó propia y sa- 



(1) Archivo Americano— 21 de sepüembre de 1850. 



252 VICENTK (1. OUESAÜA 

IJsfactoriainente sobre este piuito. oii los fundados í-^r- 
minos y i-azoiies que se detallan. . . "creía que para esos 
reclamos, era indispensable (|ne ambos «robiernos se co- 
municasen sus resi)ectivos títulos a los territorios dis- 
putados". 

Se ve, por estas transcripciones, cuáles eran los pun- 
tos materia del litigio, concretados al dominio del es- 
trecho y al trazo de la línea divisoria en los Andes: nu 
se disputaba más. no se pretendía más, no se intentaba 
anexión territorial por una ni otra nación. 

Tan es así, que el ministro chileno en París publicó un 
folleto, reproducido en la Ilustración Argtniina de Men- 
doza de 1." de octubre de 1849 y en los diarios de Chi- 
le, bajo el título: Apunte<i sobre Clülc, dedicados a sus 
conciudadanos por Francisco X. Fosales, París, 1849. 

Este caballero chileno fué durante muchos años en- 
cargado de negocios de esa república cerca del gobierno 
francés, demuestra en el citado folleto '"que el estrecho 
de Magallanes pertenece a la República Argentina, acon- 
sejando, en consecuencia, a su gobierno el abandono de 
la Colonia y su entrega -al gobierno argentino". Véase 
la Gaceta Mercantil de Buenos Aires de 28 de enero 
de 1850. 

Hago por ahora estas simples citas de publicaciones de 
la prensa chilena, para comprobar cuál era la opinión 
pública allí respecto a los territorios, materia de la pre- 
sente controversia . 

Y es evidente también que uun^'-a se entendió por uno 
ni por otro gobierno, que tal reclamo comprendía toda 
la Patagonia. porque era histórico y legalmente conocido 
que la cordillera era el límite de cada una de las dos re- 
públicas, puesto que ese fué el de la capitanía general 
de Chile en 1786, cuando en dicho territorio se organi- 
zaron las dos intendencias de Santiago y Concepción, 
cuyos territorios formaron todo el que constituía la di- 
cha capitanía que se separó de la subordinación del vi- 
rrey de Lima, así como el virreinato creado en 1776, tu- 
vo por límite occidental la misma cordillera nevada de 
los Andes y toda la Patagonia pertenecía al gobierno-in- 
tendencia de la provincia metrópoli, como distrito de 
la diócesis de Buenos Aires, de la jurisdicción judicial 
de la audiencia y del real consulado. En las reprodu*^- 
ciones de los Mensajes dirigidos por el gobierno de Bue- 
nos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la 



1 



lltSrORlA DIPLOMÁTICA ftlSPANü - AMI.RtCANA 'j'^S 

república, ¡se extracta la correspondencia oficial del ga- 
binete de Santiago, de cuyos extractos resulta perfecta- 
mente circunscripto al territorio de Magallanes y al 
trazo de la línea de demarcación en las cordilleras, la 
cuestión de límites cuya discusión había empezado. Dis- 
cusión que estaba además subordinada a las estipulacio- 
nes del tratado de 1826 y a las doctrinas de derecho pú- 
blico americano. En esta situación se encontraba la 
cuestión, cuando se celebró el tratado entre Chile y la 
República Argentina, el cual aprobado por los congresos 
de uno y otro estado y promulgado por los presidentes 
de ambas repúblicas, fu-é canjeado en Santiago en 29 de 
abril de 1856. 

De manera que el artículo 39 que establece: ''recono- 
cen como límites de sus respectivos territorios, los que 
poseen como tales al tiempo efe separarse de la domina- 
ción española en 1810"', es el terminante reconocimiento 
del límite arcifinio de la cordillera. Y en cuanto a la 
controversia sobre límites se estipula: ''convienen en 
aplazar las cuestiones que han podido o puedan suscitar- 
se sobre esta materia, para discutirlos después pacífica 
y amigablemente". 

Como Chile sólo pretendía derecho al territorio que 
ocupaba la colonia y a las islas adyacentes al territorio 
lie Magallanes, del cual no estuvo en posesión real ni 
civil en 1810, es de evidencia que sólo ese era el punto 
discutible, puesto que la demarcación en las cordilleras 
debía ser la consecuencia del estudio de comisiones pa- 
ra señalar el divoríia aquarum. Estos eran los dos tópi- 
cos ¿el de])ate en la época de la celebración del tratado, 
y es claro que sólo a ellos pudo referir el pacto. Todos 
los demás territorios (piedabaii reconocidos como de sus 
respectivos estados, en cuya posesión civil se hallaban 
en 1810 al emanciparse de la dominación española, en 
cuyo año había en la costa patagónica los establecimien- 
tos de San José y río Negro, y en la Soledad de :\ralvinas 
el gobernador que ejercía jurisdicción en las islas adya- 
centes al cabo de Hornos y costa patagónica. No entró 
en la mente de los negociadores, porque habría sido un 
absui'do, englobar en hi controversia territorios no dis- 
putados y regidos por la cláusula que los reconocía re- 
cíprocamente como de la soberanía de cada una de las 
dos naciones contratantes. 

No es arreglado a las reglas de la licrinenéutica inter- 



2bi VICENTE O. QUESADA ' 

pretal' las palabras, las cuestiones "que puedau susci- 
tarse", de manera que sea contraria, a 'la cláusula del 
mismo artículo, que coloca los territorios poseídos en 
1810 como fuera de toda discusión, y expresa y recípro- 
camente reconocidos como límites respectivos. Tal iii- 
terpretación conduce al absurdo. 

Menos puede entenderse por territorios adyacentes al 
estrecho de Magallanes, los que eran conocidos y denomi- 
nados por Patagonia; ni es racional que se pretenda que 
la vastísima comarca comprendida al sur del río Negro, 
sea una adyacencia de las tierras magallánicas. Adyacen- 
te, junto, inmediato, próximo, es la inteligencia del vo- 
cablo, y no se encuentra en este caso la Patagonia 

Son adyacentes de las tierras magallánicas las islas 
cercanas, próximas; pero no lo son las distantes. Esto 
es ¿e simple buen sentido. Adyacentes llaman en la pe- 
nínsula española a las islas Baleares, porque yacen in- 
mediatas; pero no es una adyacencia del estrecho de 
Magallanes parte considerable del continente, desde el 
océano hasta las cordilleras, desde el río Negro al sur. 
Basta una rápida ojeada sobre el mapa para persuadirse 
que esa comarca no es una adyacencia de las tierras ma- 
gallánicas. 

■"La extensión verdadera de las fronteras marítimas 
de un país es una cuestión cuya Importancia no puede 
ser desconocida, pues de ella afecta a la misma segu- 
ridad del estado, y que las costas están aún más expues- 
tas que las fronteras terrestres a los ataques súbitos e 
imprevistos. El límite natural de un estado del lado del 
mar está señalado por el contorno de las costas en el lu- 
gar donde son bañadas por las olas y donde comienza el 
dominio marítimo". 

¿Cuáles son, pues, las adyacencias de esas costas? 
"Las islas situadas cerca de tierra firme, se las conside- 
ra — dice Calvo — como dependencias naturales, a rae- 
nos que un estado extranjero haya adquirido títulos a 9'i 
propiedad". 

Ahora bien: tratándose de los territorios magalláiú- 
cos y de las islas adyacentes, es evidentísimo cjue no 
puede interpretarse que sean adyacencias de éstas la 
tierra firme del continente, la comarca extensísima des- 
de el río Negro hasta la cordillera y el océano. Y menos 
puede comprenderse que se tratase de un accesorio, co- 
mo sería las tierras magallánicas y las islas, si se hubie- 



HISTORIA ntPLÍlMATICA HISPANO - VMRniCANA ¿5') 

se querido disputar el territorio patagónico, parte del 
cnal, como río Negro, forma nn curato de la provincia 
de Buenos Aires, y aquél hacía parte integrante de la 
diócesis, de la provincia metrópoli, cuyo gobierno-inten- 
dencia tenía los mismos límites territoriales del obispa- 
do. Si el virreinato tenía ironteras marítimas, éstas 
pertenecen a la Reptíbliea Argentina, porque esta])an 
civilmente poseídas en 1810. 

Contrario a los antecedentes históricos es suponer que 
los negociadores al poner en el artículo 39 del tratado, 
las palabras "reconocen como límites de sus respectivos 
territorios, los que poseen como tal al tiempo de sepa- 
rarse de la dominación española", intentaron o supusie- 
ron que ese expreso reconocimiento dejaba en duda cuál 
era el uti possidetis del derecho del año diez. El go^ 
bierno argentino sabía, como lo sabía también el de Chi- 
le, que la cordillera era el límite histórico y legal de 
ambos territorios: sabía que en 1811 la junta provincial 
gubernativa por Fernando VII mandó levantar la po- 
blación de San José, cincuenta leguas más al sur del 
Carmen de Patagones; sahía que en 1815 hizo recoger los 
ganados que habían sido allí dejados: que en 1817 se 
mandaron tropas en la nave de guerra 25 de Mayo pa- 
ra río Negro, a cuyo comandante se encargó el cuidado 
de las costas; que en 1810 fué creado como puerto me- 
nor el río Negro, y por último que desde la época de la 
emancipación hasta la de la celebración del tratado, el 
gobierno argentino había sostenido dos conflictos inter- 
nacionales en defensa de su soberanía en las costas pa- 
tagónicas e islas adyacentes al cabo de Hornos. Si la 
dilatada provincia de Cuyo formaba antes de separarse 
de la gobernación de Chile, como lo forma ahora, según 
decía el diario chileno en 1849, ]a cabeza septentrionül 
de la inculta Patagonia: si en 1810 había poblaciones 
en las costas paiagónieas y en Malvinas, y si la pose- 
sión de parte de un territorio" importa la posesión civil 
de todo el resto, cuando tal territorio tiene límites arci- 
finios sobre todo, es fuera de toda cuestión de buena fe, 
que el \iti possidetis de dereclio del año diez establece 
la posesión civil y real en favor de la República Argen- 
tina de los territorios comprendidos entre la cordilla' 
ra al occidente y el mar Atlántico al oriente, inclnsas 
las islas adyacentes del cabo de Hornos, por r-uanto la 



LTjfi VICENTE O. OIÉSAÜ.V 

gobernación de la Soledad de Malvinas tenía por oijjolo 
la jurisdicción en ellas y en las costas marítimas. 

Dados estos antecedentes históricos, estos hechos, pa- 
ráceme evidente que la cláusula del art. 39 del tratado 
de 1856, no permite la discusión sobre la soberanía y do- 
minio de esas comarcas, reconocidas por ese mismísimo 
artículo como propiedad de la Kepública Argentina, 
puesto que estaba en su posesión en la época de la 
emancipación de la dominación española. 

La única excepción a este reconocimiento general, se 
limita a los dos puntos cuestionados: la colonia de Ma- 
gallanes y la demarcación divisoria en la cordillera ; pe- 
ro no hay cuestión que haya podido o pueda suscitarse, 
que importe abrogar el iiti 2)oss{(Ietis de derecho del año 
diez, porque esa es una interpretación que conduce al 
absurdo. Tales cuestiones tienen una limitación: la po- 
sesión del año diez. Y por más grande y exquisita (lue 
sea la argucia de los negociadores en el actual conflicto, 
las cláusulas del artículo 39 del tratado de 1856, tienen 
que ser interpretadas observando las reglas de la buena 
hermenéutica . 

Podría citar numerosos ejemplos de cesiones de te- 
rritorios americanos, cuyo dominio está fundado con el 
título de la conquista y la pos3SÍón, pero la posesión 
de parte del territorio, sin que se haya pretendido ja- 
m.ás que fuese posible la posesión de todas y cada una 
de las partes. 

Eli 30 de abril de 1803 fué comprado en París por los 
Estados Unidos la Luisiana, celcbí'ándose un tratado 
internacional al efecto. En 1867 y 1868 las Antillas 
danesas, y después la América rusa : el título de domi- 
nio invocado era el del descubrimiento y !a posesión, 
pero había territorio.s desiertos y no ocujjados, que ni- 
dio pretendió eran res niillius. La Luisiana hrd)ía sido 
cedida por la España a la Francia en noviembre de 
1762, y la retroversión del mismo territorio hecha por 
el gobierno español en 1800, fué sancionada por el tra- 
tado entre aquel gobierno y el francés en 21 de mayo 
de 1801, La España cedió la Florida a los Estados 
Unidos en virtud del tratado de 22 de febrero de 1819, 
y en todas estas transacciones internacionales el título 
traslativo de dominio era el del descubrimiento y con- 
quista. 

Pi'cci.'íamentG en derechos de igual origen sucedieron 



iiTsrorjA niiM.oMAi i( A hispano - AMiaíicAXA :2.'7 

al gobiei'Jio e.spañol los estados que se emanciparon de 
la metrópoli, y los límites de sus territorios fueron los 
(lue el rey de España había señalado para sus gobier- 
nos coloniales, en cuya posesión civil se encontraban en 
1810. De manera que la regla jurídica del uti ¡Jossi- 
dcUs (le de recito del ,año diez, se funda en la historia 
y en la geografía; todo cambio en la geografía política 
importa una perturbación, desde que no habría título 
hábil que pudiera invocarse válidamente. 

Esa demarcación hecha por el soberano español es la 
que constituye los límites jurisdiccionales de los nuevos 
estados, que han buscado como garantía de paz recí- 
proca señalar una época para establecer la posesión civil, 
quedando así expresamente prohibida toda indagación 
anterior que introduciría la incertidumbre y el más grave 
desorden . 

Así, pues, desde que el rey separó de la capitanía ge- 
neral de Chile en 1776 la dilatada provincia de Cuyo 
y puso la cordillera nevada como el límite arcifinio en- 
tre el gobierno del virreinato del Río de la Plata y aque- 
lla _ capitanía general, este título constituye la posesión 
civil de 1810. Si a este título se agrega la posesión 
efectiva de parte de esas comarcas, el dominio y sobe- 
ranía de la República Argentina está plenísimamente 
comprobado, y garantido por el artículo 39 del tratado 
de 1856. 

La cuestión de límites, pue«, no puede destruir una 
cláusula expresa del tratado, pucvSto que las cuestiones 
debatidas cu la época de su celejl)ración sólo afectaban 
a territorios detewninados y relativamente pequeños; 
por cuanto la demarcación de la línea divisoria en las 
cordilleras, es materia de un reconocimiento científico. 

Recordaré estas palabras del Mensaje de 18-19 a la 
legislatura de Buenos Aires: "Está pendiente la cues- 
tión sobre el estrecho de Magallanes", y respecto de 
los incidentes sobre el cobro de derechos de pasaje en 
l^a cordillera, entra en minuciosos detalles, que no creo 
necesario recordar. 

En esa época, pues, ni el gobierno, ni la prensa chi- 
lena pensaron en reclamar toda la Patagonia, y por eso 
juzgo que era acertada la resolución de'l ministro argen- 
tino en su nota de 9 de abril de 1873, que ordenaba no 
se discutiese sino el territorio disputado de Magallanes, 
porque efectivamente sólo ese era materia de la con tro- 



258 VICENTE G. QUESADA 

versia. Lo demás ero inconducente, por cuya razón 
ordenaba terminar toda discusión "si se aprovechasen 
para alegar dereclios a la Patagonia". 

En confirmación de lo expuesto, recordaré la nota del 
gobernador de Mendoza, Alejo Mallea, datada en aque- 
lla ciudad a 10 de diciembre de 1849, y dirigida al 
ministro de relaciones exteriores, Felipe Arana, publi- 
cada en la Gaceta Mercantil del sábado 4 septiembre 
de 1850. Transcribe íntegra la nota del ministro Arana, 
y dice: ''Algunos ciudadanos chilenos asociados en es- 
peculaciones de negocios, han dirigido a este gobierno 
propuestas de compra y de arrendamiento en los terre- 
nos plaiios de la costa del río Grande, y una parte de 
los valles de la cordillera en las fronteras del sud de 
esta provincia. Los valles son justamente en el terri- 
torio sobre que ha intentado reclamo el excelentísimo 
gobierno de Chile, y cuya cuestión ha dispuesto S, E. 
el gobernador encargado d^ las relaciones exteriores, 
remitir a los arreglos que deberán ha<3ei*se, cuando el 
ministro encargado de la legación argentina, pase cerca 
de aquel gobierno. Con este antecedente el gobierno 
infrascripto ha contestado negativamente a las propues- 
tas de compra en la parte comprendida en aquellos va- 
lles, y sobre los terrenos planos ha exigido a los em- 
presarios qu€ presenten un plano topográfico de la ex- 
tensión que solicitan, para con demostración resolver 
sobre la admisión o negativa de esas propuestas. Pres- 
cindiendo entretanto este gobierno de las atribuciones 
que tiene declaradas por la representación provincial, 
para el repartimiento y enagenación de terrenos valdíus 
que pasen a propiedad particular, cree muy necesario 
consultar previamente al encargado de los negocios ge- 
nerales de la república, si por la naturaleza del pre- 
sente caso, o bajo las distintas vistas en que pueden con- 
siderarse tales asuntos, atendidos los arreglos futuros 
de lo general, habrá algunas instruciones que recibir 
de S. E." ■ - 

A esta nota se contesta en estos términos: "Aiiuque 
el gobierno encargado de las R. E. y asuntos genera- 
les de la Confederación Argentina podría en virtud de 
aquella autorización nacional, entender en este asunto 
oyendo previamente al de V. E. ya los demás de la 
república en la misma forma, considera que no es con- 
veniente, ni tampoco oportuno tratar de las proposicio- 



tlISTORIA mPI.OM.vnCA IIISI'AXO -AMERICANA 2^9 

nos lieolias por algunos ciudadanos chumos, de compra 
y arreudaiuieuto en los terrenos planos de las costas 
(leí río Grande y una parte de los valles de la cordillera 
en las fronteras del snd de esa proAnncia. No sólo 
obstan a ello los inconvenientes predichos sino que aun 
])cnden para la oportunidad correspondiente los futu- 
ros deslindes de los límites territoriales respectivos de 
cada provincia de las que 'forman la Confederación, 
asunto solamente adecuado para nn tiempo de profun- 
da paz. Además para esa misma época únicamente po- 
dría ocuparse el gobierno general de entender en ol 
asunto misímo de la propuesta, enajenación y arrenda- 
miento y dar los pasos necesarios al efecto.'' 

■Recuerdo este incidente para demostrar que la opi- 
nión pública en Chile, reconocía que la cordillera era 
ol límite divisorio arcifinio, que nadie pretendía dispu- 
tar ni desconocer; por cuya razón ocurrían al gobierno 
argentino para comprn.r o arrendar la tierra fiscal de 
este lado de los Andes. 

Nunca se entró al fondo del debate, pues de hecho 
;|uedó aplazada la discusión entre los plenipotenciarios 
de ambas naciones. Ocurrió entonces la revolución del 
1." de Mayo de 1851, para derrocar el gobierno de Eo- 
sas, quien fué vencido el 3 de febrero de 1852 . La re- 
volución do 11 de septiembre del mismo año, dio por 
resultado la separación temporaria de la provincia de 
Buenos Aia-es de las trece provincias organizadas en 
confederación. Durante la separación, dos hechos se 
produjeron que se relacionan directa o indirectamente 
con la cuestión: a saber la sanción de la constitución 
de Buenos Aires en 1854 y el trataido celebrado entre 
la República Argentina y Chile en 1856. 

Conviene que reprívduzca el texto del artículo de la 
constitución del Icstado de Buenos Aires. Dice: 2. 
"Sin perjuicio de las ce.sioncs que puedan hacerse en 
congreso general, se declara que su territorio se ex- 
tiende noi'te sud, desde el Arroyo del IMedio hasta la 
entrada, de la cordillera en el mar, lindando por una 
línea al oe.ste y sudoeste con los ríos Paraná y Plata 
y con el Atlántico, comprendiendo la isla de ^Martín 
(rarcía y las adyacentes a sus costas fluviales y ma- 
rítimas . '" . . . -, 

Ahora bien: cuando se sancionó la constitución de 
Buenos Aires y después se celebró, ratificó y canjeó el 



260 VICKNTE G. QUESADA 

tratado de 1856, la controversia so1n-e límites entre la 
República Argentina y Chile estaba concretada a los 
explícitos términos expuestos en los Mensajes de 1S4S 
y 1849. De manera que los" constituyentes de Buenos 
Aires en 1854 ejercieron un aei'echo e invocaron títulos 
de dominio en los cuales creyeron haber sucedido al 
gobierno español, ejercieron el mismo derecho que los le- 
gisladores de Mendoza en 1834, incorporando después 
en su propia constitución provincial la demarcación de 
los territoi'ios que sostenían pertenece ríes. Quedaba por 
estas dos sanciones iniciada una controversia interpro- 
vincial sobre mejor derecho a la Fatagonia y exlrcmi- 
dad austral; pero esta cuestión fué terminada por la ley 
promulgada en 5 de octubre de 1878, la cual deslindó los 
teri'itorios nacionales colindantes con las provincias de 
Buenos Aires, Mendoza y San Luis. 

Mientras no se dictó esta le}' nacional, las provincias 
de Buenos Aires 3' Mendoza tenían buen derecho para 
pretender que sus territorios alcanzaban hasta el estre- 
cho de Magallanes, aun cuando no tuvieran la posesión 
real, puesto que basta la posesión civil de los territo- 
rios ocupados por los indios, según se ha probado por las 
diversas cesiones territoriales hechas por la España, la 
Francia, la Inglaterra y la Rusia, respecto de los que 
poseían cu Am-érica con el título de descubridores y con- 
quistadores. 

Estas cuestiones de límites interprovinciales no modi- 
fican en manera alguna el dominio eminente y la so- 
beranía de la nación, y esos derechos eran excluyentos 
respecto de Chile, que nunca tuvo posesión civil de este 
lado de los Andes, después que le fué desmembrada la 
dilatada provincia de Cuyo en 1776. 

La disputa surgió por la colonia fundada en 1843 y 
estaba circunscripta al territorio que ocupaba la colonia 
de Magallanes e islas adyacentes, y además a la demar- 
cación de la línea divisoria en los Andes, en cuya ope- 
ración quedaba resuelta implícitamente la de los potre- 
ros de cordillera. 

Insisto en recordar con toda lealtad el origen y es- 
tado de la cuestión de límites en la época de la celebra- 
ción del tratado, porque este conocimiento es indispen- 
sable para interpretar los términos del art. 39, con arre- 
glo al cual debe resolverse. Quiero buscar la soliició)i 
con honradez v buena fe, y no obscurecer el punto en 



HISTORIA nil'HUI.VlH-.V HISl'AVO - AMKRICAXA ¿61 

discusión con la>s cümplieacioues siibsiguieutes que lian 
extraviado el debate, agriado los espíritus y sublevado 
pasiones que conviene calmar. 

Preciso es convencerse que no es fácil cambiar los lí- 
mites arcifinios e históricos entre dos estados, sin pro- 
fundas perturbaciones o la guerra : todo cambio violento 
en la geografía política, cuando no tiene origen en ios 
medios pacíficos del derecho de las naciones, no tiene 
hoy otro fundamento sino la victoria, la violencia. Aun 
cuando se diga cpie se trata de territorios despoblados, 
el cambio del límite arcifinio de la cordillera importaría 
el aplazamiento de otra, guei'ra, porqu.e hoy hay profun- 
davS divergencias entre las dos agrupaciones latinas' do 
uno y otro lado de las cordilleras. 

La República Argentina defiende sus límites maríti- 
mos y terrestres porque son límites naturales que geo- 
gráficamente constituj^en el territorio de una sola na- 
ción, consultando su defensa, su independencia, su pro- 
pia conservación . 

La repíiblica de Chile por el hecho de abandonar sus 
límites históricos y geográficos, entra en corrientes pe- 
ligrosas, porque la agregación del territorio dividido por 
la cordillera no será jamás el territorio geográfico de la 
nacionalidad chilena, y se vería forzada a pretender ex- 
tenderse hacia el norte y a ensancharse desde las ribe- 
ras de un mar hasta el otro; y es fuera de cuestión que 
tendría que ser nación conquistadora, y además vence- 
dora de la República Argentina. El odio entre unos y 
otros sería tan profundo, que sería la guerra de Car- 
ta go y Roma. 

No puede, pues, prudentemente buscarse un cambio 
en los límites arcifinios e históricos de estas dos nacio- 
nes, y es de toda evidencia que la resolución de la con- 
troversia está regida por el art. 39 del tratado de 1856, 
que comprende dos extremos: reconocimiento de los lí- 
mites poseídos en 1810 como demarcación respectiva y 
discusión de las otras cuestiones, es decir, territorio de 
la colonia y línea divisoria en los Andes. De manera 
que como no pueden negarse los hechos tantísimamente 
recordados que pnieban la posesión en 1810 de las cos- 
tas marítimar, y IMalvinas. posesión real y- a la vez civil 
con arreglo al derecho ])úl)lico amcí'ieano. la primera 
parte está eliminada de la discusión, debe estarlo, s^. 
hay buena fe: la república conserva así sus límites ar- 



262 VICENTE G. OTESADA 

cifhíios, Y Chile los suyos. Queda sólo como cuestión las 
tierras magalláiiicas donde se estableeió la colonia, y co- 
mo la posesión es posterior a 1810. a esto queda reducida 
la controversia; porque el divortia aquarum tiene que 
ser el resultado de estudios practicados por los comisio- 
nados de ambos gobiernos. 

Es evidente entonces que tanto una como otra repú- 
blica, han podido ejercer la soberanía y dominio sobro 
los territorios que no pueden ser materia de discusión, 
porque están reconocidos como demarcación ]"espectiva 
con arreglo al nti j)Ossidctis de derecho del año diez, sin 
que ese ejercicio altere el sfatu quo. 

Luego, pues, la cuestión no es saber a quién pertenece 
la Patagonia, porque esto está ya sabido y sólo puedo 
ponerse en duda por ignorancia o mala fe ; la cuestión 
es simplemente averiguar a quién pertenece el territorio 
de Magallanes donde está situada la colonia e islas ad- 
yacentes . 

Y sin embargo, el ministro de relaciones exteriores de 
Ohile en su nota de 29 de octul)re de 1872, tratando de 
ciertos proyectos de transacción, prematuros porque no 
se había establecido con claridad el punto controverti- 
do, ni aun estudiado la topografía de las tierras sobre 
las cuales se hablaba ligera y poco reflexivamente de 
hacer léste o aquel deslinde; ese ministro decía: ''Esta 
propuesta no puede ser otra que la de dividir el terri- 
torio de la Patagonia, que es lo que se cuestiona entre 
las dos repúblicas, a partir del río Diamante que forma 
el límite sur de la provincia "de Cuyo, segregada de lu 
capitanía general de Chile por disposición del gobierne 
español, i)ara incorporarla al virreinato de Buenos Ai- 
res, y teniendo por límite occidental la cadena de los 
Andes que a la vez es la oriental de Chile. " 

Los que hayan seguido el extraviado debate diplomá- 
tico, no podrán comprender como la cuestión de Ma- 
gallanes ha sido sustituida, ni ha podido serlo, por la 
cuestión Patagonia. sin que se haya modificado el tra- 
tado de 1856. El extravío del debate no modifica las 
estipulaciones de un tratado: las declaraciones de un 
gabinete no son leyes ; caído" el gabinete eaml)ia la polí- 
tica. Recientemente se retira lord Beaconsfield y entra 
Grladstone. y la política exterior de la Gran Bretaña 
cambia radicalmente. En la repú])lica argentina, país 
constitucional, se han sucedido los ministerios, v el con- 



HISTORIA DlrLOMÁriCA HISP.VXO - \ MF-PxICANA ^63 

greso ha nuiíiif estado su voluiilad precisanionte sobre es- 
ta cuestión por la desaprobación de los tratados Fierro^ 
Sarratoa, como las cámams chilenas desaprobaron el 
tratado Barros Arana-Elizalde. Luego, no se pretenda 
que los negociadores, cualquiera que haya sido su mó- 
\'il, obligan a los gobiernos para seguir las declaracio- 
nes del debate. Desaparecieron de la escena pública con 
los proyectos de solución desaprobados por los congre- 
sos: la' cuestión está, pues, tal cual fué planteada en 
la época de la celebración del tratado en 1856, si los 
ministros son hábiles, y si conocen su deber. 

Por esta razón decía el ministro de relaciones exte- 
riores, Irigoycn, en el informe dirigido al presidente de 
la república, en 15 de abril de 1877, lo siguiente: ''Re- 
sistí esta proposición, manifestando al señor ministro 
de Chile que era inadmisible todo pensamiento que en- 
volviese la cesión por nuestra parte, de un punto cual- 
quiera sobre la costa del Atlántico. Manifesté a S. B. 
que esa proposición no era subsistente en presencia del 
tratado de 1856 y de los actos y documentos oficiales del 
mismo gobierno "de Chile. El tratado, dije, establece co- 
mo límite de ambas repúblicas los que poseían en^ 1810 
al separarse de la dominación española. La cuestión es- 
tá reducida a esclarecer si Chile o la República Argenti- 
na tenían en 1810 la posesión legal del Estrecho y de 
su territorio; y toda desviación será insubsistente ante 
la letra clara y concluyente del artículo 39 del tratado." 

Estas palabras son emitidas en la discusión con 3l 
plenipotenciario chileno Barros-Arana, y establecen la 
verdadera doctrina; toda desviación en el debate es in- 
subsistente ante el texto del tratado. 

La Patagonia no está en discusión, por más que po- 
co meditadamente se haya tratado de ella, puesto que 
los ministros que de ella se ocuparon han desaparecido 
de la escena política, sin haber obtenido resolverla pol- 
los únicos medios que el dercciio de gente reconoce: un 
tratado. 

Como no pretendo hacer la historia de las negociacio- 
nes, muy curiosa, por cierto, prescindo de ella; pero ya 
que he "citado antes las palabras de la nota del minis- 
tro de relaciones exteriores de Chile, debo hacer notar 
las equivocaciones históricas que contiene, aseverándo- 
las con un dogmatismo verdaderamente lastimoso. 

Primero, la Patagonia no pudo discutirse, y aun dis- 



264- VICENTE G. QOESXdA 

cutida, lio es materia de la controversia porque ese te- 
rritorio está reconocido como perteneciente a la Repú- 
blica Argentina por el mismo tratado de 1856, puesto 
que en 1810 se hallaba el gobierno del virreinato en po- 
sesión de ella y fué sólo en 1811 que la junta provisio- 
nal gubernativa, que sucedió al gobierno del virrey des- 
pués de la revolución de 25 de mayo de 1810, mandó 
levantar la población de San José, 50 leguas al sur de 
Río Negro, y como el que posee una parte del territorio 
se entiende que posee todo el resto, es evidente que el 
gobierno de P)uenos Aires estaba en posesión de toda la 
Patagonia, en 1810,. y Chile ha reconocido que esa po- 
sesión constitnye el dominio y reconoce la soberanía de 
su limítrofe. Esto es claro, no hay argucia que valga. 
Más aún : en 1810 había un gobernador en Soledad de 
Malvinas, con jurisdicción precisamente en las costas 
marítimas patagónicas y en las islas adyacentes al cabo 
de Hornos, todo lo cual prueba legalmente la posesión 
civil de estas comarcas a favor del virreinato. Establez- 
co hechos históricos. 

Por otra parte, es históricamente falso que la dilata- 
da provincia de Cuyo tuviese los límites que arbitraria- 
inente indica el ministro de Chile. Para probar el erroi- 
bastará que recuerde el auto de la junta de poblacio- 
nes de Chile de 20 de septiembre de 1752, de la cual 
formaba parte el presidente de Chile, el decano de la 
audiencia de Santiago y el oljispo, por el cual resulta 
que la provincia de Cuyo estaba separada del reino por 
el límite arcifinio de la cordillera y llegaba hasta el es- 
trecho de Magallanes. Es evidente que la dilatada pro- 
vincia de Cuyo, cuyo territorio era conocido y se de- 
marcaba, como acabo de exponerlo, fué expresamente 
desmembrada del gobierno de Chile para formar parte 
del virreinato del Río de la Phita. por la real cédula de 
1.° de agosto de 1776. Además, el territorio de la capi- 
tanía general de Chile fué demarcado por el virrey del 
Perú, caballero de Croix. y por el intendente general 
subdelegado de aquel reino, Jorge Escobedo, señalán- 
dole los distritofí de las intendencias de Santiago y 
Concepción en 1786, resolución que aprobó el rey, por 
la cual dicho gobierno fué independizado del Perú. 

De manera que es históricamente falso que en 1810 
tuviese la capitanía general de Chile territorios de este 
lado de los Andes, porque pertenecían al virreinato, en 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 265 

cuya posesión civil se encuentran el 25 de mayo de 
1810. Estos son hechos históricos. 

Y en virtud de estos antecedentes legales, históricos 
y geográficos, resulta que la Patagonia no es ni puedo 
ser materia de la controversia, mal que le pese al se- 
ñor ministro de relaciones exteriores de Chile y a los 
que incautamente le hayan seguido en esa discusión, 
que no es pertinente. 

El gobierno de Chile no tiene derecho para indagar 
la validez del título argentino; desde que sean cédulas 
y resoluciones de S. M., tiene que reconocer la pose- 
sión civil, el uti possidetis de dereclio del año diez, en 
virtud del artículo 39 del tratado de 1856. El gobierno 
argentino a su vez no puede ni debe aceptar esa discu- 
sión, y eso explica perfectamente el rechazo del pacto 
Montes de Oca-Balmaceda. El congreso no quiere, no 
puede, no debe separarse de lo estipulado, porque no ha 
consentido en que sea la estipulación modificada de un 
modo indirecto y solapado. 

No entro a juzgar de la habilidad o inhabilidad de 
los negociadores; estudio la cuestión a la luz del trata- 
do, guiado por la historia y por la lógica. 

Según las palabras del Mensaje del presidente de 
Chile al congreso, en 1849. citado en la nota oficial del 
ministro chileno de 7 de abril de 1873, decía: "Están 
pendientes con el gobierno de Buenos Aires... sobre 
reclamos particulares, sobre pretendidas violaciones de'i 
derecho de gentes por nuestra parte; sobre la soberanía 
del territorio en que está situada nuestra colonia en el 
Estrecho y en general sobre demarcación de fronteras." 

Estas palabras confirman mi exposición, porque es en 
efecto demarcación general de fronteras el trazo de la 
línea divisoria en los Andes, y el territorio en que se 
hallaba la colonia de Magallanes, que eran los únicos te- 
rritorios limítrofes de las dos naciones, puesto que el 
uti possidetis de derecho del año diez impedía toda in- 
dagación contraria a los títulos o demarcaciones de la 
época del hecho posesorio. Es la misma parte contraria 
la que oficialmente señala al congreso de aquel país cuál 
era la controversia sobre límites, y hoy bajo pretexto 
alguno no puede, sin violar el tratado, desconocer el iiti 
possidetis del año diez, la regla jurídica que dirime to- 
da cuestión. Principio de derecho público americano 
que garante la estabilidad de los nuevos estadas. 



266 VICENTE G. QÜESADA 

Es, pues, completamente equivocada la afirmación de 
Ibañez, ministro de relaciones exteriores df. (Jhile, pre- 
tendiendo interpretar las anteriores palabras del mensa- 
je chileno en 1849, en esta forma: ''que no sólo había 
cuestión sobre el estrecho, sino en general sobre demar- 
cación de fronteras, sobre títulos, en fin, a toda la Pa- 
tagonia, que es donde no están aún definidos esos tí- 
tulos." 

Olvida el buen señor que el artículo 39 del tratado 
de 1856, dice: "reconocen como límites de sus respecti- 
vos territorios, los que poseen como tales al tiempo de 
separarse de la dominación cspafiola en 1810." Luego, 
pues, probada la posesión en ese año, queda eliminada 
la cuestión sobre los títulos, en virtud de un convenio 
que es la ley entre los contratantes. Y como no puede 
racionalmente negarse que la prueba de la posesión real 
y civil en favor de la Kepúbliea Argentina es abundan- 
te, clara y perfecta, resulta prohibida toda indagación 
sobre el título en virtud del cual se posee. La Repú- 
blica Argentina ha discutido empero hasta sus títulos, 
pero por mera condescendencia, que yo reputo debili- 
dad ; pero tal discusión no abroga el texto del aiiículo 
citado, al cual tiene que ajustarse el arbitro 'juris, sino 
no hay arreglo directo. 

Y como los ministros argentinos han cambiado, cayen- 
do con ellos su política internacional; como la opinión 
de^ congre«n es conocida, no cabe la mínima duda que la 
discusión futura tiene que partir del texto del citado 
artículo y no extraviarse en seguir la filiación de un 
debate completamente insubsistente. La historia en ca- 
so contrario ganaría en ello, pero no el derecho claro 
que deriva de la leal interpretación de lo pactado. 

Esta cuestión ha crecido como la bola de nieve aumen- 
ta su volumen. Hoy se presenta bajo abultadas propor- 
ciones, pero es efecto del debate extraviado ; restable- 
cerlo a los puntos controvertidos con sujeción al trata- 
do, es la misión de los negociadores actuales. Se requie- 
re sólo profundo conocimiento de los hechos y del dere- 
cho, nada más, si hay buena fe recíproca. 

La demarcación de fronteras, según las terminantes 
exposiciones de los mensajes argentinos y chilei^ns an- 
teriores a la época de la celebración del tratado de 1S56, 
pero posteriores al celebrado en 1826, estaba concretada 
a la demarcación, en los Andes y al territorio de la co- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO ■ AMERICANA 267 

lonia o^^ el Estrecho. Tan cierto es esto que el mismo 
gobierno de Chile propuso el nombramiento de una co- 
misión que proyectase el trazo del divortia aqiiurum; 
porque, como decía en esa época el diario chileno El 
Progreso, aun el reclamo sobre la propiedad del tvirrito- 
rio de la colonia tenía por orií?en suponerla siti'iada al 
occidente de los Andes cuando estaba ?1 oriente i'espec- 
t(- al territorio chileno. 

Es, pues, necesario tener en cuenta estos antecedentes 
históricos que explican el alcance de las cláusulas del 
art. 39 del tratado de 1856, porque en ello se interesa 
la fe pública, la seriedad en las relaciones internacio- 
nales e ilustran y aclaran la Interpretación de las obli- 
gaciones confi'aídas. Esos antecedentes determinaron 
la estipulación ; para buscar una solución se pactó el 
arbitraje, y es por ello que sirven para comprender el 
alcance de lo convenido. 

Es completamente inexacto pretender que el gobier- 
no argentino admitiera la discusión sobre el dominio y 
soberanía de la Patagonia, y es contrario al texto mis- 
mo de los documentos chilenos el sostener que al referir- 
se a las fronteras y su demarcación, se intentara discutir 
la del río Negro, que nunca jamás fué frontera del rei- 
no de Chile, y mucho menos después de creado el vi- 
rreinato en 1776 y la capitanía general con sus inten- 
dencias de Santiago y Concepción, en 1786. Lo que fu<e 
materia de controversia consta en los mensajes de ambos 
gobiernos. 

La misión diplomática confiada por el gobierno de 
Chile a Lastarria, que inició el debate en esta cuestión, 
porque hasta esa fecha sólo existían protestas, reclamos 
directos de gobierno a gobierno, y el tratado de 1856, 
que dejó en pie la cuestión, conviniendo en reconocer 
como limitas respectivos los poseídos en 1810, merece le 
consagre breves recuerdos . 

La nota del plenipotenciario chileno de 22 de agosto 
de 1866, publicada en el diario de Buenos Aires La 
Tribuna, de fecha 26 del mismo mes y año, dice: **Ni 
en la discu.sión verbal, ni en las proposiciones escritas 
se hizo por mi parte cuestión ni siquiera mención de los 
territorios de la Patagonia dominados por la República 
Argentina. ' ' 

Este distinguido chileno se mostraba lógico en siis 
convieciones, yj-epetía oficialmente lo mismo que había 



268 VICENTE G. QUESADA 

dicho en su conocido libro Lecciones de geografía mo- 
derna. "La república de Chile, — decía, — situada en la 
parte sur-oeste de la América Meridional, se extiende 
d^sde el desierto de Atacama hasta el cabo de Hornos. 
La gran cadena de los Andes la separa de la Confede- 
ración Argentina, y el océano Pacífico la baña al oeste." 

La calidad de ministro no le hizo olvidar lo que había 
escrito para enseñar a los chilenos. 

De manera que las declaraciones oficiales del pleni- 
potenciario chileno dirigidas al ministro de relaciones 
exteriores de la República Argentina, confirman la exac- 
titud de lo que dejo expuesto, y será corroborado en el 
examen de los documentos chilenos posteriores al año 
de 1810. 

Conviene antes que reproduzca algunos otros párrafos 
de la nota del señor Lastarria. "V. E. recordará. — 
decía, — que ni en esta ni en las otras conferencias en 
que lo tratamos, tampoco se debatió sobre el dominio 
de la Patagonia. . . siendo de notar que el punto relativo 
al dominio de la Patagonia no ha figurado en las discu- 
siones, ni ha sido por supuesto un embarazo para ter- 
minarlas amigablemente. ' ' 

¿Porqué el plenipotenciario chileno se empeñaba ofi- 
cialmente en declarar que el dominio de la Patagonia 
no había sido materia de discusión, ni motivo de disi- 
dencia? ' ' ' ] 

Porque esa no era cuestión que fuera lícito discutir 
en presencia del tratado de 1856. La cuestión pendien- 
te era la que he recordado con repetición, nada más. El 
testimonio de Lastarria confirma, pues, la justicia de 
mis observaciones. 

Y es necesario que recuerde que el plenipotenciario 
chileno solicitaba del minisitro argentino, que oficial- 
mente declarase que el dominio de la Patagonia no había 
sido materia del debate. Y en efecto, no podía serlo, no 
debió serlo, puesto que es un territorio incuestionable- 
mente argentino. 

En la época de esta nota la prensa había pretendido 
que: "Chile procuraba la guerra para apoderarse de 
la Patagonia, aprovechando la circunstancia de que la 
Eepública Argentina, el Brasil y la Oriental del Uru- 
guay, se encontraban en guerra con el Paraguay; para 
desvanecer todo temor, restablecía la ■\'£rdad. haciendo 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 269 

pública y solemne declaración oficial, a saber: — ''que 
no se había discutido el dominio de la Fatagonia." 

Es evidente que un publicista y jurisconsulto como 
Lastarria, no habría incurrido en el absurdo de intentar 
discutir el dominio de la Patagonia, territorio que con 
arreglo al uti possideiis de dereclio de 1810, pertenece 
incuestionablemente a la República Argentina, porque 
bastaba para comprobarlo el artículo expreso del trata- 
do, cuyo cumplimiento debía ser el guía y el objetivo de 
la discusión. 

El gobierno argentino a la vez no pudo suponer que 
estando reconocidos como territorios de la soberanía y 
dominio de la República los que poseía como tales el 
25 de mayo de 1810, se intentase eludir esta estipulación 
y se entrase en una discusión s;obre la validez de los 
títulos, cuando cualesquiera que estos sean, se ha con- 
venido que la posesión del año diez resuelva toda cues- 
tión. Por ello continuó ejerciendo el dominio y juris- 
dicción dentro de los territorios poseídos civilmente en 
1810, puesto que las cuestiones posteriores al tratado 
de 1856, no abrogan sus obligaciones, sino por un nuevo 
tratado negociado, aprobado y canjeado. Absurdo fuera 
que un reclamo contrario al texto mismo de dicho pacto, 
diese por resultado suspender el ejercicio de la sobe- 
ranía . 

La colonia de Punta Arenas no fué fundada en terri- 
torios que poseyese Chile civilmente ol año diez; ese 
territorio no está regido por el uti possidetis, y preci- 
samente por esto nació la controversia, y era de buena 
fe conservar a su respecto el statu quo, puesto que ese 
es el punto o la cosa litigada; y respecto de la línea de 
demarcación en los Andes, nada se ha avanzado ni con- 
venido, hay verdadero statu quo. 

Dentro del territorio que la República Argentina 
poseía el 25 de mayo de 1810, su imperio y jurisdicción 
es soberana, y usando de su derecho concedió en 25 de 
julio' de 1871, tierras sobre el río Santa Cruz a ífavor 
de Ernest Rouquad. Este caballero debía formar allí 
un establecimiento de pesquería, con todos los ramos ac- 
cesorios a esta industria. Para ello fletó el buque Ra- 
hiick de novecientas toneladas, hizo venir de Burdeos 
pescadores de profesión y dio la vela para su estableci- 
miento a bordo de L' Etincelle. En el Rahuck cargó el 
material para construcción de casas, almacenes y demá^ 



270 VICENTE G. QUESADA 

accesorios para su industria. "Todo este personal, — 
dice, jRouquad, — reunido a costa de tan enormes sacrifi- 
CX.S y mandado con grandes gastos, halló el medio de 
abandonar mi estaiblecimiiento en plantel, con armas, 
equipajes y fondos adelantados, de modo que cuando 
llegué a Santa Cruz no hallé a ning-uno de mis operarios 
y peones. Todas las lanchas y embarcaciones de pesca 
habían sido previamente desatadas en la noche que pre- 
cedió a la fuga: la corriente las arrastró." 

Atribuye su desastre a maniobras de la administra- 
ción chilena, y hace notar que la nota de 25 de junio 
de 1872, lo confiesa así, pues asevera que Blest Gana, 
entonces agente diplomático de Chile, le ma.nifestó que 
su gobierno lo haría desalojar, llegando a intimarle que 
se usaría de la fuerza. En efecto, se apoderaron o des- 
truyeron la naciente tentativa de colonización. 

Cito este hecho para comprobar la inteligencia que el 
gobierno argentino daba al artículo del tratado, y como 
DO pudo consentir tácita ni expresamente en suspender 
el ejercicio de su dominio sobre territorios poseídos ci- 
vilmente en 1810, y reconocidos por lo tanto como de la 
soberanía argentina . 

Conviene para el mejor exclarecimiento de la verdad, 
que reproduzca la nota del ministro de relaciones oxtor lo- 
res de la república, fecha 30 de julio de 1875, y diri- 
gida a Guillenno Blest Gana, ministro plenipotenciario 
de Chile: "El primer hecho con que se abrió en mayo 
de 1872 la discusión de límites, íué el solemne compro- 
miso contraído por el gobierno chileno de no estorbar 
la jurisdicción argentina en las costas del Atlántico: 
siendo de advertir que Chile se imponía tal obligación, 
después de ejecutados los actos posesorios en dichas cos- 
tas a que se refieren las leyes dictadas por el congreso 
en 1868 y 1871, en virtud de las cuales llevó su jurisdic- 
ción hasta la extremidad del continente, esto es, hasta la 
isla de los Estados. Es de advertir, además, que dos 
meses después, el mismo gobierno chileno se comprome- 
tió también a no avanzar de Punta Arenas, a no vender 
el guano en las islas vecinas a la colonia...'' 

Expone en seguida las violaciones del statu quo por 
parte de Chile, y dice: "Ha habido violación, puesto 
que Chile que estaba en 1872 en Punta Arenas, ha avan- 
zado hasta la boca oriental del estrecho, despreciando a 
la vez sus promesas y nuestras protestas. Ha habido 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 271 

violación de aquel pacto : puesto que se ha apoyado con 
buques de guerra las expediciones de Mr. reriinat en 
La Tierra dcl-buego, en la que las autoridades cüiienas 
no habían puesto el pie antes üe 1872 y en donde se han 
hecho graiideá concesiones de tierras. No cuntento el 
gobierno de V. Jii . con innovar la posesión existente al 
tiempo de comenzar el debate; no contento con que la 
liepuDliea Argentina no haya dado un sólo paso adelan- 
te desde entonces, ha pretendido más; ha pretendido 
hacernos retroceder mientras él avanzaba; ha pretendido 
impedir nuestra jurisdicción en la misma costa patagó- 
nica, donde se obligó a respetarla. Varias agresiones 
han tenido lugar en esa costa: primero al Kío üallegos, 
después al Kío fcSanta Cruz. Se nos ha dicho que eran 
meras (meras f) exploraciones, pero forzoso es convenir 
en que revestían otro carácter, cuando se levantaban ca- 
sas y se traían pobladores a ambos lugares. Al fin el 
gobierno de V. E. nos ha declarado que no ocupará 
ningún punto de la costa patagónica; pero ha agregado 
que no tolerará tampoco que la República Argentina 
ejerza actos de soberanía al sud del Kío Santa Cruz. 
Esto importa exigirnos el abandono de ese río, que es 
la única poblada, en la que se han realizado los hechos 
posesorios autorizados por el congreso nacional, y donde 
ha estado enarbolada la bandera argentina. ...El go- 
bierno de V. E. quiere que abandonemos el territorio 
que nos disputa sus títulos, y en lenguaje más parecido 
al de la amenaza, que al que debieran usar los repretien- 
tantes de países ligados por tantos vínculos, nos dice 
por boca de V. E. que no consentirá que las leyes ar- 
gentinas se cumplan en esa parte del territorio de la ye- 
pública. El pueblo argentino no está habituado, señor 
ministro, y no se habituará jamás a que su gobierno 
implore el consentimiento de autoridades extrañas para 
la ejecución de sus leyes, y no. era de Chile que sabe el 
respeto que nos inspiró siempre su independencia, de 
quien debiéramos esperar que hasta ese punto descono- 
ciera los fueros de la nuestra. Ya antes de ahora puso 
V. E. a dura prueba nuestra moderación, cuando en 
una comunicación que no ha podido guardar el archivo 
de este departamento, pretendió ejercer una intervención 
tan inusitada como incomprensible en un asunto muy 
ajeno a las atribuciones de un agente diplomático, ha- 
ciéndonos saber que se retiraría de esta cinüad si subía 



272 VICENTE G. QUEDADA 

a uno de ios ministerios del gobierno nacional el eiu- 
ciuciadano üamauo a ocuparlo, reno esa imocleracion 
tiene su limite; y lioy, en cumplmuento ele las orcienes 
que lie reciüido üei presidente de ia repuüiica, recnazo^ 
la protesta ae V. Jii, por ser de todo punco uifunücida 
en ei loncio, y como maüiistosa en ia íornia, deciaranclule 
que mi gobierno e¿ta deciüido a dar ciuiipiímiento a las 
leyes dei congreso nacional en todas las partes del terri- 
torio argentino." 

Esta nota la firma Pedro A. Pardo, que desempeñaba 
a la sazón el cargo de ministro de relaciones exteriores. 

!áu lectura demuestra cuánto se liabia extraviado el 
debate, y cuántas complicaciones graves habían venido 
a entorpecer su solución equitativa. Apartándose com- 
pletamente del tenor literal del art. 3y del tratado de 
Iboü, parecía que habían olvidado que, ambas partes, 
"reconocen como límites de sus respectivos territorios, 
los que poseen como tales al tiempo de separarse de la 
dominación española en 1810" — ¿Estaban o no po- 
seídos esos límites en la época señalada V liespondo con 
plenísima conciencia y buena fe, que sí. 

Basta para comprobarlo, para no repetir el cúmulo de 
pruebas que ya he expuesto, citar simplemente y sin 
comentarios, dos tratados internacionales: el celebrado 
por Chile con la España, y el celebrado por ést^ y la 
República Argentina. 

El tratado celebrado entre S. M. C. y la República 
de Chile, datado el 25 de abril de 184-4:, dice así: "Art. 
1." S. M. C, usando de la facultad que le compete por 
Decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de di- 
ciembre de 1836, reconoce, comiO nación liVre, soberana 
e independiente a la república de Chile, compuesta de 
los países especificados en su ley constitucional, a saber : 
todo el territorio que se extiende desde el desierto de 
Atacama hasta el cabo de Hornos, y desde la cordillera 
de los Andes hasta el mar Pacílfico, con el archipiélago 
de Chiloé y las islas adyacentes a la costa de Chile. Y 
S. M. renuncia, tanto por sí, como por sus herederos 
y sucesores, a toda pretensión al gobierno, dominio y 
soberanía de dichos países." 

Ahora bien, los nuevos estados han sucedido en los 
derechos que tenía la metrópoli como nación descubri- 
dora en América, y por los tratados internacionales los 
transfiere de una manera expresa y temiinante; pero ^a 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO ■ AMERICANA 273 

transferencia sólo es con referencia a los dichos países 
comprendidos y claramente expresados en el artículo 
citado. ¡Sobre todas las demás comarcas ¿qué derecho 
puede invocar la república de Chile "^ Únicamente el uti 
possidetis del año diez, es decir, los territorios que po- 
seía civil o materialmente eai dicho año, y es Lo ha cui- 
dado de especificarlo así en el artículo de su constitu- 
ción, declaración que forma hoy parte de un tratado in- 
ternacional, precisamente él, de la cesión de territorio . 

Chile, pues, no tiene derecho que pueda hacer valer 
para la reivindicación de otros territorios, porque 
S. M. C. sólo le ha transferido los que le correspondían 
sobre dichos países, nominalniente designados en el tra- 
tado: nada más. Por eso he sostenido, y por muchas 
otras razones, que los límites arcifinios de aquella repú- 
blica no pueden ser modificados : la historia, la geografía 
y el derecho internacional han fijado ese deslinde, que 
es- inmutable mientras nuevos tratados, cesión, compra, 
conquista o prescripción no le dé derecho a mayor ex- 
tensión territorial. 

"Los derechos "substantivos" de las naciones, — dice 
Holland, — están tan íntimamente ligados a la propiedad 
de un territorio que el primer artículo de derecho de 
la paz concierne a la naturaleza y adquisición de un te- 
rritorio internacional. En julio de 1875, el presidente 
de la república francesa dio su decisión, que decidió una 
cuestión pendiente después de mucho tiempo, relativa- 
mente a la propiedad del territorio vecino a la bahía de 
Delagoa sobre la costa oriental de Ai'rica. El derecho 
internacional exige para la adquisición de un territorio, 
no solamente el descubrimiento, sino también la ocupa- 
ción subsiguiente, y aplica a las cuestiones que pudie- 
sen resultar de la ocupación la doctrina del derecho 
romano de la posesión. Se admitía que los portugueses 
habían devscubierto toda la región, y se habían estable- 
cido sobre las costas del norte y al oeste de la bahía si- 
tuando en ella factorías y fuertes. Se trataba de saber 
si su descubrimiento había sido seguido por la ocupa- 
ción de la costa meridional. El gobierno británico sos- 
tenía que ese no era el caso. Admitía que los portu- 
gueses habían bien ocupado el terreno sobre e' imal se 
encontraban sus fortalezas y el terreno protegido por los 
cañones de ellas, pero negaba la extensión más grande 
de la ocupación. Debe haber un límite en al^na parte, 



274 VICENTE G. QUESADA 

la independencia o dependemcia de los habitantes se 
convierte en la sola piedra de toque según la cual se 
pueden fijar estos límites." Sostenía en cuanto ai hecho 
que los reyes indígenas al medio día de la bahía eran 
independientes de los portugueses y habían cedido su 
territorio a la Inglaterra. La cuestión fué sometida ai 
arbitraje y decidida en favor del Portugal. (1) 

De manera que esta decisión robustece cuanto he ex- 
puesto sobre la cesión de acciones hecha por la España 
a favor de Chile: el derecho de conquistn y deisiabri- 
miento ha sido limitado a señalado territorio, y como 
todo el resto ha sido reconocido en favor de la iiepúbiica 
Argentina, su derecho es inatacable, porque estaba en 
su posesión civil el año diez y en part« tenía posesión 
real. 

Y bueno es recordar que la colonia, origen de la cues- 
tión, fué fundada el 21 de septiembre de 1843, es decir, 
antes de que la España hiciese el reconocimiento de la 
independencia de la república de Chile, que sólo obtuvo 
se le transfiriera los derechos de dominio a las islas ad- 
yacentes a la eo.s^ta de Chile, en cuyo caso no se encuen- 
tran las del archipiélago magallánico y Tierra del 
Fuego. 

Por lo tanto, "la ocupación no es por sí misma un tí- 
tulo suficiente y legítimo para adquirir la propiedad, 
porque para ocupar, es necesario ante todo tener el 
derecho de hacerlo." Tal es la doctrina de derecho pú- 
blico moderno, porque ha pasado ya la época de los 
descubrimientos; pero todas las naciones europeas re- 
conocieron que el descubrimiento era un título hábil de 
dominio, tratándose de América, aun cuando el. terri- 
torio estuviese ocupado por los indígenas, puesto que 
éstos o fueron sometidos y conquistados, o de fa.cto se 
les consideró incorporados en los territorios del dominio 
de la nación descubridora, y esta es la doctrina aplicada 
en 1875 en el arbitraje entre el Portugal y la Gran 
Bretaña. 

Sobre esta materia los modernos tratadistas sostienen 
doctrinas diferentes; pero no niegan que la historia, los 
tratados y el expreso reconocimiento de la.« naciones 
marítimas, eleva al rango de un principio ríe dereclio pú- 
blico que el descubrimiento era título legal para adqui- 



(1) Eevue de droit intcrnational ct de legislation comparée, tamo 10, 
1878. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 275 

rir el dominio y soberanía. Prescindienido de la justicia 
de estos principios, constituyen un hecho, y son la base 
sobre la cua! descansa la oogunización de '.o.s nuevos as- 
tados, estas nuevas personalidades que se han incorpo- 
rado al movimiento del mundo moderno, bu.io los privi- 
legios y garantías que las constituyen entidades colectivMS 
libres, con las mismas obligaciones de las demás naciones. 
Estado alguno tendría el derecho de desconocer el título 
con que poseen las tierras de 'su dominio. 

Thiers dijo en un discurso célebre, pronunciado en la 
sesión de 14 de mayo de 1867: "Nuestra nacionalidad 
es lo que el tiempo ha hecho de nosotros, haciéndonos 
vivir durante siglos los unos con los otros, imponiéndonos 
los mismos gustas, haciéndonos atravesar lais mismas vici- 
situdes, dándonos durante siglos los mismos goces y los 
mismos dolores. He aquí lo que con.^tituye una nacio- 
nalidad, y esta es la sola que sea verdadera, la sola uni- 
versalmente reconocida por los hombres..." 

Los nuevos estados que sucedieron en los derechos de 
las naciones descubridoras, sea en la América inglesa, 
portuguesa o española, lo han sido en los territorios de- 
marcados por las respectivas metrópolis, sin que se haya 
exigido la posesión electiva de todas y cada una de las 
partes del territorio: se consideró suficiente título la 
posesión civil, y para evitar complicaciones, las naciones 
de origen español en América, establecieron como prin- 
cipio de derecho público — el uti possidetis de derecho 
del año diez. 

Sin embargo, cuando han conseguido el reconocimien- 
to de su independencia por S. M. C. y han obtenido 
la cesión expresa de sus derechos de soberanía y domi- 
nio, han cuidado de expresar cuále.s eran los países y 
territorios sobre los cuales la metrópoli hacía la cesión 
de su título legal ; y por consiguiente, no tienen derecno 
alguno que invocar para pretender que sucedieron en 
las acciones y títulos de la metrópoli sobre los otros terri- 
torios limítrofes. Esto es de toda evidencia. 

Chile, pues, no tiene ningún título legal para justificar 
la indebida posesión que tomó en 1843, en el territorio 
de la colonia de Magallanes, situada al occidente de los 
Andes, porque la España sólo le ha transmitido ^ sus 
derechos al comprendido entre las cordilleras y el océano 
Pacífico. "Los publicistas dicen que la propiedad se 
adquiere por tratados; que en caso de guerra, se regla 



276 VICENTE G. QUEDADA 

por lili tratado de paz los intereses de los beligerajites, 
y la propiedad recibe las modificaciones aceptadas por 
este tratado de paz." 

Pues bien, los tratados celebrados con Chile y S. M. C. 
en 184:4, y entre la República Argentina y el mismo so- 
berano en 1867, son tratados de paz, que han modiíicado 
la propiedad de los dominios españoles, y los han cedido 
y trasmitido a los dos nuevos estados, con la demarcación 
expresa/da en cada tratado, y nada, nada más. 

"Admitimos, — dice Fiore, — que una nación pueda 
ceder a otra una parte de su territorio; y si la cesión 
es voluntaria, la miramos como válida y obligatoria." 

Calvo, hablando de los medios como los Estados ad- 
quieren la propiedad, dice: "Tienen además un medio 
que les es propio, consistiendo en la apropiación del 
territorio por derecho de conquista, el cual se hace un 
título translativo de propiedad de los más regulares y 
de los más legítimos desde que ha recibido la sanción de 
un tratado fonnal de cesión." (1) 

Este principio general del dominium eniinens es apli- 
cable a todas las posesiones, — dice Phillimore, — que 
pueden .ser adquiridas (whether) : 1." por recientes ad- 
quisiciones, por medio del descubrimiento y legal ocu- 
pación ; 2° por legal cesión o enagenación ; 3.° por con- 
quista en tiempo de guerra, debidamente ratificada por 
tratado; 4.' por prescripción." (2) 

Si en vez de tantas protestas y agresivas reclamacio- 
nes, los gobiernos hubieran tomado como ba«:^- para deci- 
dir la demarcación, el texto del tratado de 1856 y el 
t.'if possidetis de derecho del año diez, la cuestión argen- 
tino-chilena habría sido tenninada amistosa y ennitnti- 
vamente. La petulancia de los diplomáticos chilenos, 
ha buscado una guerra como solución del conflicto, para 
cubrir así. si la ^netoria les sonreía, sus ambiciones terri- 
toriales, la fiebi'e de expansión de territorio cnn que 
sueñan, pretendiendo cambiar la geografía política de 
la América meridional. 

La ■República Ai*gpn+inq y S. M. C. celeb-^an e' tra- 
tarlo firrnado en INFadr-d a 20 de s"P+iemb-"e de 1863. y 
ra+ifir'aclo por el presidente de la T?p-núbliea Arsrentina 
el 7 de octubre del mismo año, dice : " S . ^I . C . reconoce 



(1) Lt droil international théorique et platique, par Charles Calvo, 
3.e edit. tomo 1er. — París, 1880. 

(2) Commentaries upon international law by Sir Robert PhillimoTe. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA. HISPANO - AMERICANA 277 

como nación libre, soberana e independiente a la Repú- 
blica o Confederación Argentina, compuesta de todas 
las provincias mencionadas en su constitución federal 
vigente, y de los demás territorios que legítimamente le 
pertenecen o en adelante le pertenecieren; y usando de 
la facultad que le compete con arreglo al decreto de las 
cortes generales del reino de 4 de diciembre de 1836, 
renimcia en toda Ifoniia y para siempre, por sí y sus 
sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le co- 
rrespondían sobre el territoriio de la mencionada 
república." 

Compárese el texto de uno y otro pacto, y se verá que 
S. M, C. transfiere a favor de la República Argentina 
todos los derechos y acciones que le correspondían al 
territorio de la mencionada república, compuesto de las 
provincias que legítimamente le pertenecen : legitimidad 
que, quedaría bien com.probada, con el acto del reconoci- 
miento de la independencia de Chile, cuyo lími+(! cU'ciñnio 
se determina por la cordillera de los Andes y el mar Pací- 
fico; a los demás territorios ning-ún derecho transfirió 
S. M. C. a favor de Chile, y los transfirió expresamente 
a favor de la República Argentina, puesto que se refiere 
a los territorios que legítimamente le pertenecen, y estos 
eran los demarcados por el rey en 1776, y posterior y 
nnteriormente como gO'bernación del Río de la Plata. 

"Hoy día las naciones no constituyen más una especie 
de rebaño, — dice Calvo, — cuya adjudicación a tal o 
cual país se decide en torno del tapete verde de un con- 
greso; en adelante, para convertir en definitivas y válidas 
las cesiones, la transferencia o la venta de un territorio, 
es necesario que los mismos ha.bitantes del país llamado 
a cambiar de nacionalidad den su consentimiento expreso 
o tácito. Es esta nueva regla de derecho internacional 
la que he prevalecido en el tratado de Turín de 24 de 
marzo de 1860 para la cesión de la Saboya a la Fran- 
cia, en el tratado de Londres de 13 de julio de 1863 
para la anexión de las islas Jónicas al reino de Grecia, 
en fin en el artículo 5.° del tratado de Praga de 1866 
para la toma de posesión definitiva de los distritos 
septentrionales de Schleswig, y en el tratado de Viena 
del mismo año para la retrocesión eventual por la Fran- 
cia a la Italia del territorio veneciano." 

En América la voluntad de los nuevos estados se halla 
expresada por la victoria para obtener su independencia. 



278 VICENTE O. QUESADA 

¿Cuál es el valor jurídico de la-s cláusulas de los tra- 
tados entre España y Chile y la Kepública Argentina 
y S. i\r. C? Es una cesión de los títulos de dominio del 
gobierno español a favor de los nuevos estados, y desde 
luego los cesionarios no tienen más acciones y derechos 
que los que le transfirió el cedente. Como la cesión ha 
sido limitada a determinados territorios, paréceme e\á- 
dente que Chile no puede invocar títulos de origen real 
a territorios no comprendidos en la cesión misma. Nin- 
gún arbitro juris podría resolver la cuestión sino en 
derecho estricto. Chile no tiene acción válida, cual- 
quiera que sean los papeles que posea, no tiene título 
hábil translativo de dominio a su favor, sino los que le 
otorgó S. M. C. por el art. 1.' ded tratado de 25 de 
abril de 1844. Por el contrario, la cesión de derechos 
y acciones a favor de la República Argentina compren- 
den todos los territorios que legítimamente le pertenecen, 
y puede válidamente hacer valer todos los títulos ema- 
nados del rey de España, que constituyen el uti posside- 
tis de dereclio del año diez. 

La nota del ministro argentino que he transcripto, 
al exponer que estaba resuelto a cumplir todas las leyes 
del conarreso relativas a las costas marítimas patagónicas, 
asaba de un derecho perfecto, que nación alguna puede 
disputarle, y si se trata de la fuerza, ésta sería repelida 
con la fuerza. 

Cada nación como personalidad' jurídica tiene el de- 
recho de agrandar sus elementos, de desenvolver sus re- 
cursos siempre que no ofenda al derecho df» las otras 
personalidades colectivas, que tienen ei mi?mo dercc-ho 
y deben simultáneamente obrar en el mismo tiempo. '*De 
aauí se sigue, — dice Fiore — que cada nación puede no 
solamente ejercer plenamente todos los derechos, tanto 
naturales como adquiridos, sino que puede r.dquirir todos 
los objetos necesarios y útiles para existencia, acrecen- 
tar OTis fuerzas financieras, militares, federativas, exien' 
der sil territorio, ocupar tierras aun no ocupadus, con- 
traer alianzas y ligarse con otras naciones, hacer trata- 
dos de comercio, siempre que. tanto en su desarroro moral 
como p^aterial no use de medios' ilegítimos que estén en 
contradicción con el derecho primitivo o secundario." 

Los actos ejercidos por el gobierno argentino eran 
perfectamente legítimos, tendían a ocupar sus tierras, a 
colonizar, a aumentar así su producción, su riqueza, su 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 279 

comercio ; y como tales actos tenían por base la soberanía 
de su territorio, nación alguna podía oponerse, y menos 
la limítrofe que hasta de acción válida carece para in- 
vocar los títulos de dominio del gobierno español sobre 
territorios no compi-endidos dentro de los países que ex- 
presa el artículo del tratado de reconocimiento de su 
independencia, y cesión de acciones de la nación descu- 
bridora y primera ocupante de esos territorios. 

Perfectamente claro es el derecho argentino, y solo la 
fuerza puede oponerse a su libre ejercicio soberano. 

"Todo pueblo que ha establecido su domicilio fijo en 
un lugar, y que, por justos títulos', se ha apropiado una 
extensión de territorio para satisfacer a sus necesidades, 
tiene el derecho de poseer este territorio que ha hecho 
suyo, de modo de no ser turbado por nadie en su pací- 
fica posesión. Este derecho colectivo exige de parte de las 
otras naciones una inacción de tal naturaleza, que no 
debe herir de ninguna manera los derechos de este pue- 
blo, y no impedirle de sacar por sus trabajos y por sus 
productos todas las ventajas que pueda alcanzar del te- 
rritorio nacional." 

Estos vulgares principios del derecho internacional han 
sido vulnerados por el gobierno de Chile, pretendiendo 
poner trabas e impedir el ejercicio de actos de dominio 
en el territorio de la República Argentina, poseído con 
arreglo al uti possidetis de derecho del año diez, y a los 
cuales tiene derecho y títu'os por haber sucedido por 
cesión expresa por un tratado intemacional. en los que 
tenía y con los que poseía la nación descubridora. 



CAPITULO TERCERO 



Los verdaderos límites de U üepúlilica hro^nlina 
con üaliiiia 



Las repiiblieas hispano-amerieanag se han formado to- 
mando por base de sn dominio territorial el uti possidetis 
del año diez, es decir, la posesión civil o real que con arre- 
glo a lafi demai'caciones gubernativas había señalado el 
rey para sus dominios de América. Naturalmente surgie- 
ron como nuevas personalidades jurídicas en el derecho de 
gentes, las poblaciones que habitaban en el distrito com- 
prensivo de los virreinatos: — México. Perú, Nueva Gra- 
nada. Río de la Plata. Además de estas grandes circuns- 
cripciones gubernativas, el rey había creado gob.ernaciones 
o capitanías generales con gobiernos autónonivis. y esos te- 
rritorios formaban también nuevas entidades colectivas, 
entre otras, la capitanía general de Chile, que no se 
asimiló a ninguno de los otros estados. 

La revolución de la independencia rompió los lazos que 
unían la metrópoli con sus colonias, que tuvieron que 
gobernarse a sí mismas. Entonces se produjo por la natu- 
raleza misma de las cosas, un movimiento instintivo que 
agrupó la población dentro de los mismos deslindes geo- 
gráficos que había trazado el rey; para conservarse y 
defenderse contra el enemigo común primero, para pre- 
sentarse recíproco apoyo después, y conservar el orden por 
último. Este hecho era natural y lógico: en los últimos 
tiempos el gabinete de Madrid se había preocupado de 
trazar las demarcaciones gubernativas, teniendo en cuenta 
la geografía y la topografía, para lo cual señaló límites 
areifinios como medio de evitar conflictos jurisdiccionales, 
agrupando a la vez las poblaciones afines bajo un mismo 



282 VICENTE G, QUESADA 

gobierno, en lo que obedecía al desenvolvimiento progre- 
sivo de las poblaciones y cumplía una ley histórica que 
concentra los intereses en ciertos grupos, aunque todos 
tengan un mismo origen, hablen un mismo idioma y pro- 
fesen la misma religión. Estos vínculos se habían desarro- 
llado durante el gobierno colonial por medio del comercio 
recíproco, de manera que el cambio de autoridades no 
traía la necesidad de ensanchar los territorios. Así cada 
gobernación se conservó dentro de sus propios deslindes, 
que los consideró legales' y recíprocamente aceptados por 
sus linderos y condueños. 

]\Iil causas complejas contribuyen a formar las nacio- 
nalidades: la geografía y la topografía son los factores 
más poderosos que las constituyen, por la comunidad de 
costumbres, de intereses, de relaciones mercantiles y civi- 
les, y por conveniencias estratégicas para la común de- 
fensa, de modo que en la formación de los estados, la 
afinidad de población constituye un vínculo de unión. 

Evidente es que las poblaciones mexicanas no tenían 
vínculo alguno mercantil ni económico con las pcjblacio- 
nes del Río de la Plata, y desde luego la geografía políti- 
ca establecía sólo relaciones legales, que eran el lazo de 
unión colonial, pero las relaciones de intereses, que son un 
•víncu'o más sólido que las demarcaciones gubernativas 
establecidas por la ley, dependían exclusiva medite de 
la situaeión geográfica respectiva. El rey había estu- 
diado estas necesidades, y las nuevas gobernaciones tenían 
por ob.jeto satisfacerla, de manera que, ora fueran colo- 
nias o naciones libres, esas afinidades persistieron, por- 
que obedecían a leyes naturales y fijas, y fueron la base 
natura^ de los nuevos estados soberanos. 

Dos naciones europeas se dividieron el derecho escrito 
para la conquista y descubrimiento de la América del 
Sud, y fué una bula la que trazó la línea imaginarla que 
debía dividir los territorios que se descubriesen, para 
evitar la guerra entre los descubridores, subordinados 
entonces por la unidad religiosa al arbitro más poderoso 
de aquellos tiempos, al soberano pontífice Alejandro VI 
adoptó como medida política, en su célebre bu'a de 4 
de mayo de 1493, el trazar una línea divisoria marcando 
un meridiano convencional, entre los dominios españoles 
y portugueses. 

Concilladas en cu?.nto era posible las ambiciones de 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMKRICAN A 283 

España y Portugal, continuaron las conquistas, no sin los 
celos que engendran las rivalidades, que hicieron tan 
célebre y tan profundamente grave la cuestión de de- 
marcaciones entre los dominios americanos de las dos 
coronas. 

Los descubrimientos españoles s^e daban por comisio- 
nes a capitanes o empresarios, y el rey nombraba ade- 
lantados, asignándoles límites imaginariors de territorios 
no conocidos geográficamente. Así permaneció la em- 
brionaria colonia hasta 1514. 

Felipe II fundó el primer virreinato sobre ias ruinas 
del antiguo y extensísimo dominio incásico, que com- 
prendió, exceptuando la parte oriental de Sud An^érica, 
perteneciente a Portugal, todo el continente sudamericano 
desde su extremidad austral hasta el istmo de Panamá, 
tanto las tierras conocidas como las desconocidas o por 
de=icubrir. Así Caracas, Nueva Granada, Quito, Chile y 
Río de la Plata, formaban una unidad gubernativa tan 
inmensa como vaga en sus deslindes. 

El virrey de Lima gobernaba nominalmente estas co- 
marcas. 

Los dominios portugueses a la sazón estaban gubdivi- 
didos en capitanías, y sólo en 1550, bajo Juan III de 
Portugal, formóse un solo gobierno, imitando quizá a 
la nación rival. 

No se había creado todavía el virreinato del Perú, 
cuando Almagro comprendía el descubrimiento y con- 
quista de Chile: siguiendo las tradiciones incásticas, tras- 
montó los Andes a la altura de Copiapó, y sin éxito 
definido, regresó de su conquista al Perú bien desencan- 
tado él y sus tropas' Sucedióle luego Pedro de Valdivia. 
Juan Díaz de So^ís entretanto descubría el Río de la 
Plata, y despertaba con sus descubrimientos la ambición 
de Pedix) de Mendoza, el rico mayorazgo de GuadÍN'. Ijos 
expedicionarios de este adelantado subieron la corriente 
del Paraná y descubrieron el Paraguay. 

Había sido creado el virreinato del Perú, en 1514 ; 
Vaca de Castro encomendó a Diego de Rojas la conquista 
de Tucumán, comprendido en los primeros tiempos den- 
tro de los límites de cien leguas de ancho señaladas a la 
gobernación de Chile. Descubrimientos y guerras, cuya 
historia no entra en mi propósito. Felipe II, apercibién- 
dose después' del inconveniente de que las comarcas de 
allende y de aquende los Andes formasen un solo go- 



284 VICENTE G. QUEDADA 

bierno. separó en 1567, de la gobernación de Chile a la 
Provincia de Tucumán. No influyó poco en esta medida 
los disturbios entre Francisco de Aguirre, nombrado 
teniente de Valdivia, y Juan Núñez de Prado, nombrado 
por el virrey del Perú, arabos para descubrir y poblar 
en Tucumán. 

Los conquistadores penetraron también en el Río de 
la Plata ; ^Mendoza fundó a Buenos Aires en 1535, y su 
teniente Ayolas remontando el Paraná para buscar la 
comunicación con los conquistadores del Perú, fundó a 
la Asunción. Abandonada la embrionaria población de 
la embocadura del Plata, sus restos se aglomeraron en 
la Asunción. 

La conquista se operaba por divei-sos caminos: desde 
el Perú los conquistadores fueron escalonando en el 
interior del país, en la provincia de Tucumán, varia.s 
ciudades que pusieron en recíproco contacto a los colo- 
nos: descendían de las montañas del Alto Perú y se 
dirigían al sur; mientras tanto por la vía fluvial baja- 
ban de la Asunción del Paraguay para poblar sus; costas 
fluviales, y fundaban a Contentes, a Santa Fe y repo- 
blaban a Buenos Aires, sin descuidar el interior, donde 
fundaron la Concepción del Bermejo. Con tanta prisa 
querían apropiarse el territorio, que simultáneamente 
fundábanse Córdoba del Tucumán y Santa Fe de la 
Vera, encontrándose así los conquistadores venidos del 
Alto Perú y los que habían descendido el Paraná, desde 
el Paraguay: a'lí tuvo lugar la primera disputa sobre 
demarcación territorial en estos países, 

Y mientras así se poblaba la tierra, de Chile trastnon- 
taban la Cordillera, fundaban a Mendoza, a San Juan 
y a San Luis. El territorio era inmenso, poeos los colo- 
nos, y más reducido su número desde que el gobierno 
español no permitía que viniesen extranjeros. Los con- 
quistadores que de Flandes y Países Bajos han venido, 
lo hicieron como subditos de Carlos V y Felipe II. 

Esas ciudades fundadas con sesenta y ochenta pobla- 
dores, eran colonias miserables, que se apropiaban a los 
indios pomo encomienda, a la manera de verdaderos sier- 
vos de los señores de la tierra conquistada. Esa conquista 
no podía extenderse más al Sur, porque el núeleo_ colo- 
nial fué el Perú, desde cuyo centro gubernativo.^ impe- 
raba el rey por sus capitanes primero, por sus virreyes 
después ; y las minas de Potosí, atraían y deslumhraban ; 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 285 

las costas marítimas del Atlántico quedaban desiertas, 
porque era difícil defenderlas. 

Entre tanto la división hecha del dominio de América 
por Alejandro VI no Jiabía contenido la ambición lusita- 
na, cuyos colonos invadían sin cesar las fronteras espauo- 
las, ora apoderándose de la Colonia del Sacramento, ora 
avanzando siempre sus descubrimientos, ya para apo- 
derarse de los neófitos de las misiones y llevarlos como 
botín y venderlos como esclavos, ya adelantando .siempre, 
a mano armada, o sordamente. 

El gobierno español tuvo que poner un dique al vecino 
invasor, y para ello era preciso ante todo, que la auto- 
ridad suprema que debiera defender sus dominios del 
Atlántico, no residiera allá en la ciudad de los reyes, 
porque la distancia hacía ineficaz la vigilancia. Entonces 
resolvió crear el virreinato del Río de la Plata, desmem- 
brando del de Lima las cuatro provincias del Alto Perú, 
— La Plata, la Paz, Potosí y Cochabamba — y desmembran- 
do también de Chile la dilatada provincia de Cuyo, puso 
así como límite arcifinio del nuevo virreinato aquella 
cordillera, y colocó estratégicamente la residencia del 
nuevo gobierno en la embocadura misma del Río de la 
Plata, cuyas costas fluviales y marítimas debía guardar. 
No era esto bastante, era preciso afirmar esta creación 
con una poderosa expedición militar que reconquistase 
las poblaciones usurpadas por los portugueses, y apoyase 
con la fuerza de las armas, lo que la voluntad del rey 
había decidido: — conservar sus dominios del Atlántico 
hasta el cabo de Hornos. 

La expedición fué confiada al \nrrey Ceballos, y con 
éxito tan cumplido, que creado el virreinato en 1776. al 
año siguiente se celebraba el famoso tratado de límites 
entre las coronas de España y Portugal, relativos a sus 
dominios de América. La victoria había, pues, afinnado 
el derecho y fijado legalmente la demarcación pactada 
tantas veces y tantas veces burlada. El tratado de 1777 
puso el sello a la lucha armada. Volvía a surgir la lucha 
de la doblez y de la intriga : la lucha entre los demarca- 
dores de las fronteras. La astucia sustituía a la fuerza, 
y el tratado no se cumplió. 

Sucesos que no es necesario recordar, trajeron la gue- 
rra entre España y Portugal, y por último, la forzada 
abdicación de Carlos IV. la presión ejercida sobre Fer- 



286 VICENTE G OUESADA 

liando VII, su cautiverio al fiii, llevaron al trono español 
a José Bonaparte. 

Las colonias hicieron entonces su movimiento insu- 
rreccional, tentaron el gobierno de sí mismas, primero 
en nombre del rey caiUivo, luego en su propio provecho. 

En esta situación, cada virreinato constituyó un go- 
bierno autonómico, y sus poblaciones, más o menos entu- 
siastas, quisieron ser en adelante soberanas y libres. La 
época de la colonia había terminado : empezaba la época 
difícil de las nuevas nacione.s de origen español. 

Buenos Aires, capital del virreinato, asiento de las 
autoridades superiores, inició el movimiento y depus:o 
al virrey: no limitó la revolución a la ciudad, sino que 
quiso extenderla lógicamente a las provincias que com- 
ponían el virreinato. Por eso envía una expedición a 
las provincias del norte y al Alto Perú, y confía otra 
al general Belgrano para la Intendencia del Paraguay. 
La guerra se concentra después en las provincias del 
A'to Peró, porque allí, y en el virreinato de Lima, estaba 
el asiento poderoso de los sostenedores de la colonia. 

Quince años dura la guerra de la independencia en el 
Alto Perú, guerra que se hacía dentro de las fronteras 
del mismo virreinato del Río de la Plata, mientras se 
dejaba aislada, previo el tratado de 1811, la provincia- 
intendencia del Paraguay, que negándose a tornar parte 
en la guerra magna, preparaba los elementos bárbaros 
que habían de consumir su propia población, como un 
castigo de su egoísmo. 

I Cómo y en virtud de qué pacto se respetaban las 
fronteras generales de cada gobierno? Fué una evolu- 
ción natural; las nuevas nacionalidades surgían dentro 
de los propios deslindes coloniales : no se confundieron', 
y si se auxiliaban, era como aliados. 

Las tropas de los nuevos estados no seguían un mismo 
estandarte, y las banderas, ese símbolo de la persona- 
lidad internacional, fueron creadas para distinguir los 
ejércitos, que ya eran extranjeros los unos respecto de 
los otros, aunque aliados por la comunidad de los inte- 
reses en la guerra magna. (1) 



(1) "Mientras resonaba en las selvas americanas el estruendo del 
cañón libertador y se peleaba con la desesperación del patriotsimo por 
asegurar la independencia de los nuevos estados, — dice M. N. Corpincbo, 
— el vti possidelis se admitió de una manera táctia pero muy significati- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMliRtCANA 287 

Las Provincias Unidas del Río de la Plata, inclusas 
las cuatro del Alto Perú, tuvieron la bandera azul y 
blanca : Chile levantó la suya, el Perá, Colombia, México, 
por los cuatro vientos pusieron de pie las nacionalidades 
fundadas por la metrópoli : eran sus hijas emancipadas, 
que tumultuosamente rompían los antiguos lazos, la su- 
misión y la obediencia. 

Pero dentro de ^a guerra magna venía el germen del 
localismo, la ambición de los militares vencedores ex- 
plotaba las preocupaciones provinciales, los celos y las 
rivalidades de las ciudades crecieron con una rapidez 
feroz: el populacho se había hecho fuerte, las clases di- 
rectivas habían enmudecido en medio de la lucha intensa. 
Artigas, el caudillo oriental, se ^evanta contra el gobierno 
central ; el taciturno y feroz Francia, apoderado del go- 
bierno del Paraguay, cierra las fronteras de su provin- 
cia a todo contacto exterior, y barbariza en el aislamiento 
a aquel pueb'o. mezcla de guaranís y de criollos': en el 
Alto Perú domina por último Bolívar. La guei-ra de la 
independencia está terminada, y comieuza la guen-'a 
civil del fracción amiento y del desorden! Se alzan gran- 
des figuras y menguadas entidades. 

Entretanto el Portugal extieude sus garras e incorpora 
a su corona la Banda Oriental ! 

No era posible dejarlo enseñorearse de lia margen 
opuesta, consumando la secular aspiración del Portugal. 
Aun cuando el cabildo de Montevideo, servil a Lccor, 
envió dos diputados cerca del rey don Juan VI manifes- 
tando su voluntad de anexarse al Reino Unido del Par- 
tugal y el Brasil, este monarca no s'e manifestó en el 
fondo del pedido, y dejó pendiente tan grave negocio 
del cuerpo" legislativo. Pero declarado independiente ©1 
Brasil y formado el Im.nerio. se juzs-ó como incorporada 
de hecho la Banda Oriental, llamada provincia cispla- 
tina, parte de los dominios imperiales. El pueblo oriental 
sumiso, pero en manera alguna conforme con esta con- 
quista, se preparaba a la lucha. Lecor fué inhábil, y 
apes'ar de los traidores que le rodeaban, no pudo impe- 
dir ove los treinta y tres orientales de.«e7iTbarcados en 
el Uruguav fuesen la señal del levantamiento general. 



va. Se celebraron entre ellos alianzas, convenios de subsidiso, como si 
ya estuviesen en pleno ejercicio de su soberanía, y los e,iércitos del uno 
entraban en el territorio del otro con el consentimiento de la autoridad 
y en calidad de auxiliares." Revista de Lima, tomo IV, pág. 60, año 1861, 



288 HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 

El gobierno provisorio declara que la provincia oriental 
era parte integi^ante da la Repiiblica Argentina, y re- 
chaza ]a dominación brasileña. El congreso constituyente 
de la república declaró en sn consecuencia re/ncorpo- 
rada al estado aquella provincia, y manifes'tó que to- 
maría las armas y ocurriría a la guerra para defenderla 
Bajo estos auspicios tenninaba el año de 1825. 

Bolívar, engreído con los prestigios de sus victorias', 
imperaba en las cuatro provincias del Alto Perú, desde 
cuyas alturas creía dominar el escenario político de Sud 
América: Sucre, el mariscal más tarde asesinado, convoca 
en ellas una asamblea constituyente: de facto daba así 
ia espalda a las Provincias Unidas, al núcleo, a la base 
del antiguo virreinato, en el momento de su gran con- 
flicto, cuando para conservar la integridad territorial 
y poner coto a la ambición imperial, armaba de nuevo 
e"" brazo de sus gueiToros, que descansaban apenas de las 
luchas de la o-uerra magna. 

Conviene estudiar someramente la situación del país. 

En Í825 la tormenta política se presentaba amena- 
zante. 

Las Provincias T'^nidas se habían reunido en congreso 
constituyente, pero bajo qué condiciones? 

La provincia de Salta reconocía la ley que dio el con- 
greso en 24 de enero del mismo año. pero con la condi- 
ción que este se integre "con la concurrencia de las de- 
más provincias de la antigua unión en próxima aptitud 
de incorporarse" (1) La base para la constitución no 
estaba acordada: los unos querían el centralismo unita- 
rio: los otros la federación de los e-stados. 

Mientras tanto, la provincia de Montevideo había sido 
incorporada al Imperio del Brasil bajo el nombre de 
provincia cisplatina, desde 1821. 

El Paraguay permanecía encerrado en sus fronteras, 
sin tomar pai-te alguna en la lucha, doniiinado por un 
tirano sombrío. 

El general Arenales, gobernador-intendente de Salta, 
consultaba entonces al P. E. N. qué medidas podía adop- 
tar para "que las provincias que han quedado libres 
de enemigos" concurran al congreso, o impedir que in- 
voquen la reunión de una convención de diputados del 



(1) Ley de 19 de marzo de 1821, sala de sesiones en Salt». 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 289 

Alto Perú para que se proiiiineie sobre el futuro destino 
de aquellas. 

El P. E. consultaba a su vez el congreso,: inicertidum- 
bre en todos los espíritus, temores de desquicio, rencores 
no extinguidos de la lucha civil y social interna, zozobra 
por las inminentes' probabilidades de una guerra inter- 
nacional, el partido de Bolívar parado en la frontera, 
como ave de rapiña esperando caer sobre la presa, tris- 
teza y sinstibores por el desquicio del año veinte ! Tal era 
la situación. Un estado en embrión : sin tesoro nacional 
y sin ejército. 

Sin embaj'go de las sombras' del cuadro, estudiado a 
la luz de las discusiones del congreso y de los documen- 
tos oficiales, estaba de pie el pueblo, que apesar de todo 
y contra todo, tenía fe profunda en su poder y en su 
voluntad. Las masas populares eran libres, y amaban 
su libertad con pasión. La opinión popular era una 
fuerza : lo había sido, y poderosísima, en la guerra social 
del año veinte, y podía ser la base inconmovible para 
organizar el país, si se tomaba en cuenta la opinión po- 
pular preponderante. 

En todas las fronteras nacionales', se marcaban las 
tendencias de división, de desmembración territorial: la 
unidad histórica que hubiera sido el molde grandioso de 
la nacionalidad, intentaban romperla las ambiciones y 
los celos: la integridad del antiguo virreinato estaba en 
peligro. 

Las cuatro provincias del Alto Perú: — La Plata, La 
Paz, Potosí y Cochabamba habían sido definitivamente 
libertadas por los ejércitos de Colombia y e-1 Perú; el 
mariscal Sucre, sumiso al libertador, había coronado la 
victoria, y este avanzaba con la arrogancia de presidente 
de Colombia encargado del mando supremo del Perú, 
y dueño ya de las cuatro provincias que habían perte- 
necido al virreinato del Kío de la Plata, sólo le faltaba 
deseender a los llanos' y asumir, si hubiera sido posible, 
el mando de las Provincias Unidas, o cuando menos, el 
del ejército sudaraerieano que hubiera intentado formar 
para estrechar como un arco de acero al Imperio del 
Brasil, y removiendo los tradicionales destinos de las 
dos colonias, cons'umar la obra de su ambición, derri- 
bando al naciente coloso lusitano (1) 

(1) "Desde aquel teatro colocado en la cima de los Andes, — dice Ló- 
pez, — Bolívar pudo pasear sus imiradas sobre todo el continente. Hacia 



290 VICENTE G. QUESADA 

Coloso de los militares del Plata, quería nuevas con- 
quistas bajo la iniciativa y la bandera de Colombia. 

San Martín, previsor y grave, le había abandonado el 
escenario y se condenaba a voluntario ostracismo: Bolí- 
var no admitía iguales ni superiores; él libertador, era 
una personalidad en torno de la cual las demás que- 
daban opacas, (1) 

Los guerreros argentinos miraban con desconfianza a 
este petulante caudillo, (2) no le amaban y jamás le 
perdonaron hubiese utilizado las ventajas adquiridas 
bajo las banderas de San Martín para consumar luego 
sin grandes dificultades la independencia americana. La 
verdad es que colombianos y argentinos se tenían recí- 
proca ojeriza. 

Entretanto Sucre, dominaba ya las cuatro provincias 
del Alto Perú, después de vencer a Olañeta, y fomenta- 
ba los celos y las rivalidades contra las Provincias Uni- 
das. Los ejércitos patriotas que desde la capital del vi- 
rreinato les habían llevado la iniciativa y el apoyo revo- 
lucionario, fueron a la vez un torrente devastador, un 
núcleo de filósofos decididos, que alarmaba a las clases 
conservadoras y aristocráticas de las engreídas ciudades 
de Chuquisaca. Potosí y La Paz: la guerra había pro- 
ducido las perturbaciones inevitables, y sus males se atri- 
buían a esas guerreros improvisados. Aquellas poblacio- 
nes amaban la independencia, es verdad, pero no acep- 



nl norte, por su pspaUla, dejaba pueblos que lo recon oíiii jm: .su .-üudi.Io, 
y en donde su nombre y suü glorias tenían todo el prestigio de la na- 
cionalidad. Una vez que hubiese triunfado de los españoles que domina- 
ban el Bajo y el Alto Peni, no le fsltaba más, para hacerse el hombre 
continental y reunir en su persona todo »>1 poder americano, que dominar 
Chile y la República Argentina. Dueño entonces de esta inmensa fron- 
tera, y de las fuerzas que en ese caso hubiera podido reunir bajo su im- 
pulso," echaba ya sus miradas soberbias sobre el Brasil, cuya frontera 
habría ceñido con una densa faja de bayonetas desde el norte hasta el 
sud, y cuya espalda toda le estaba entregada casi sin defensa." 

(1) "Déspota y caudillo, — dice ' Vicente 1 idd JíÓ,)"7.. — no tenía más 
regla que sus pasiones y sus intereses, ni quería contar con más medios 
que el de la fuerza armnda para gobernar. Después que triunfó de la 
España, no tuvo más anhelo que el de atacar la independencia de las 
otras fr<".ccioiies dd ocníineute, para ib min .r "ibrc el ti) li. 1' sólo c^i.mfio 
la anarquía y las defecciones empezaron a hacer vacilar en su país el 
cimiente de su poder, fué cuando tuvo que desistir de su loco empeño"' 
(Prefacio para los Apuntamientos para la historia o sea manifestación 

que el general José María Ohando hace a sus contemporáneos, etc.). 

(2) "I-a alegría mis:iia tenía algo de báquico y de rabioso en é!. 
Cuando en los numerosos convites que se le dieron, se sentía ya satis- 
fecho y algo tocado por el vino, alzando más arriba de la cabeza una 
copa que rebosaba, se trepaba sobre la mesa, calzado con la gruesa bota 
granadera que llevaba armada de las espuelas y llena de lodo, y se pa- 
seaba sobre los manjares; y todos sus tenientes saltaban tras él con en- 
tusiasmo, para completar la fiesta." — (López, obra citada). 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 291 

"taroR g-ustosa.s el papel secundario de acatarla por la 
fuerza. 

Por otra parte, la existencia del virreinato del Eío de 
la Plata había sido efímera hasta cierto punto. Fonnado 
en 1776, la revolución estalla en 1810: las cuatro pro- 
vincias de La Plata, La Paz, Potosí y Cochabamba, no ha- 
bían creado todavía los vínculos profundos que forman 
la cohesión nacional; sus tradiciones las arrastraban ha- 
cia el Bajo Perú, de cuyo virreinato fuei-oii desmeanbra- 
das. Chuquisaca la doctoral, estaba ofendida porqne su 
antigua andiencia de Charcas hubiera sido subordinada 
a la modernísima audiencia pretorial de Buenos Aires, y 
no sin pena había visto que la capital del nuevo virrei- 
nato fuese la mercantil ciudad de Buenos Aires : los celos 
pequeños y las rivalidades no habían tenido tiempo de 
extinguirse: la ciudad favorecida por la voluntad de 
Carlos III fué así la ciudad odiada, el blanco de la 
envidia de poblaciones mediterráneas, tanto más profun- 
da, cuanto menoiS movimiento y actividad tenía la vida 
tranquila de aquellas poblaciones coloniales, en las cuales 
preponderaban como clases directivas' — los doctores y los 
clérigos. 

El general Arenales conocía la evolución que se ope- 
raba en las cuatro provincias vecinas, y antes de que 
fuese vencido Olañeta, había combinado con el gobierno 
de Buenos Aires una expedición auxiliar de la indepen- 
cia de aquella parte del territorio que fuera distrito del 
virreinato (1). Los sucesos se precipital)an. 

]Me veo forzado a detenerme en detalles históricos para 
demostrar los orígenes de la desmembración de las cuatro 
provincias del Alto Perú, que como parte integrante del 
virreinato, fueron representadas en los congresos del año 



(1) El Keneral Arenalps haLí.i, dado cuenta ni general r,as lleras, go- 
bernador de Buenos Aires y encargado del P. E. N., de la expedición 
([ue emprendía sobre los restos de las fuerzas españolas en el Alto Perú, 
donde ya había la idea de independizarse de la Unión ; he aquí su con- 
testación : "Buenos Aires, 8 de abril de 1825. — Excmo. señor gobrena- 
dor de la provincia de Salta. — El gobierno encargado del Ejecutivo 
Nacional se ha enterado por la comunicación núni. 6 del señor goberna- 
dor de la provincia de Salta de 22 de imarzo pasado, del movimiento que 
se había visto obligado a emprender el general del rey don Pedro Ola- 
ñeta replegándose y concentrando todas sus furzas principales en la Villa 
de Potosí ; lo mismo que de los movimientos de la ciudad de la Plata, 
Tarija, etc., substrayéndose de la obediencia del dicho general ; y eii 
virtud de todo ello, y de las consecuencias naturales que deben acompa- 
ñar aquellos, igualmente que de las apuradas circunstancias a que se 
vé reducido éste, se lisonjea el gobierno encargado del Ejecutivo Nacio- 
nal, que el señor gobernador de Salta con sólo mover y marchar la expe- 



292 VICENTE G. QUESADA 

de 1813 y 1816 y firmaron la acta de la independencia 
y la constitución del año de 1819, y quiero demostrar, 
cómo y porqué no concurrieron al congreso constituyente 
de 1825, y prefirieron constituirse, en estados indepen- 
dientes. 

El mariscal Arenales, se hallaba eu el Alto Perú con 
la expedición auxiliar argentina, y recibió en Chuquisiaca 
la nota del general Cruz de 8 de abril de 1825; y &e 
dirigió entonces a las municipalidades de Charcas, Co- 
chabamba, La Paz, Oniro y Santa Cruz, para manifes 
tarles ' ' que estaban en libertad pa>ra adoptar la forma de 
gobierno que creyeren más conveniente a su felicidad." 

La municipalidad de Chuquisaea contestó en 9 de mayo 
de 1825, la sala capitular de Oi-uro en 20 del mismo mes 
y año, el ayuntamiento de La Paz en 20 de junio, la de 
Cochabamba en 20 de mayo, la de Santa Cruz en 27 
del mismo. (1) 

El a>T.intamiento de Chuquisaea, agradecido, dice ''que 
se ha depositado lo más precioso de nuestro derecho en el 
próximo congreso." Ninguno, absolutamente, recuerda los 
antiguos vínculos nacionales, y hablan del nuevo con- 
greso, como si la palabra les fuera dirigida por un ge- 
neral aliado : la emancipaeión estaba ya resuelta. 

El congreso argentino a su vez tomó en consideración 
la consulta del mariscal Arenales, y con el mismo estoi- 
cismo mira indiferente la desráembración del Alto Perú. 

Voy a detenerme en ese estudio de las discusiones del 
congreso nacional (2) . 

La comisión nombrada para informar sobre este asun- 
to, la componían: Juan Ignacio Gorriti, José Miguel de 



I 



dkión que ha realizado, logr.iiá todo el fruto a que podía aspirar para 
ver las provincias del Alto Perú libres de las únicas fuerzas que aún 
pretenden tan irracionalmente tiranizarlas; y sin tener que combatir con 
enemigos, empleará sólo sus esfuerzos y respetos para proteger el orden 
y dejar la libertad a los pueblos para que adopten la forma de gobierno 
que crean más conveniente... — (Firmado): Francisco de la Cruz." 

El general Arenales recibió esta nota en Chuquicaca, y en cu.niplimien- 
to de lo ordenado se dirigió a las municipalidades de las provincias de 
Charcas, Cochabamba, I.a Paz, Oruro y Santa Cruz, que eran entonces 
las que representaban la soberanía de estos pueblos, manifestándoles la 
voluntad del gobierno argentino. — (Límites con BoHvia, por Juan M. 
Leguizamón). El estudio de Leguizamón es importantísimo por los docu- 
mentos, y el más notable publicado sobre la materia. 

(1) L,as notas originales pueden verse en el importante libro: Limi- 
tes con Bolivia, por Juan M. Leguizamón. — Jurisdicción de Salta, por 
D. Casiano J. Goitia, y Apuntes históricos de Salta, por Mariano Zorre- 
guieta, (publicación ordenada por el excrao. gobierno. — Salta, 1872, 

(2) Diario de Sesiones del Congreso general constitui/ente de las Pro- 
vincias Unidas del Rio de la Plata. — Buenos Aires, año 1825. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 293 

Gegada, Manuel A. Acevedo, Manuel Antonio de Cas- 
tro, Elias Bedoya. Se expidieron en 20 de abril de 1825 
y decían : "... Se ha presentado ante todo a la comisión 
la idea de que las provincias del Alto Perú, desde el 
tiempo de la dominación española, pertenecían a un mis- 
mo gobierno con las nuestras; que hecTia la revolución 
en ésta y demás provincias del Río de la Plata, aqué- 
llas la siguieron inmediatamente, comprometieron c 
identificaron con nosotros su suerte y su destino, y que 
desde entonces toda vez que han sacudido la opresión 
se han incorporado a nuestro estado y asociación. Estos 
fuertes motivos conmovieron al congreso en los momen- 
tos siguientes a la gran victoria de Ayacucho en que 
creyó posible auxiliar su más pronta libertad, y se sir- 
vió' recomendarla especialmente con fecha 25 de febre- 
ro al ejecutivo nacional, que como hemos visto ha coi-- 
respondido anticipada y cumplidamente a los deseos del 
congreso. Es visto, pues, que el primero y principal ob- 
jeto de la expedición es la intención del cuerpo nacio- 
nal la pronta y absoluta libertad de las provincias^ her- 
manas, y la expulsión de toda fuerza y poder español . ' ' 
Y agregan estas palabras: "En cuanto al destino de 
las cuatro provincias del Perú Alto, ellas deben elegirlo. 
El congreso ha reconocido y consagrado el principio de 
que el origen legal de toda sociedad política es la libie 
elección de los asociados . ' ' 

Estas teorías disolventes de las nacionalidades no pre- 
valecieron en la guerra de secesión en los Estados Uni- 
dos del Norte, y si en vez de esa libertad desquiciadora 
se hubiera conservado la unidad histórica y tradicional, 
no habría perdido la república las cuatro provincias del 
Alto Perú, la provincia de Montevideo, la del Paraguay 
y la misma Tarija. Al amparo de tales doctrinas, la 
desmembración fué forzosa y lógica. 

Presentaron un proyecto de decreto, que es la bandera 
de la secesión y la anarquía: "Declara igualmente que 
desamparadas del poder español deben quedar en plena 
libertad para decidir 'de su destino." ¡Ese fuá el con- 
sejo! 

El 2 de mayo de 1825 el presidente anuncia al^con- 
greso que habían desaparecido |las fuerzan" españolas! 
que oprimían al Alto Perú, e insta en consecuencia por 
una resolución en su anterior consulta, pues aun no se 
había discutido el dictamen de la comisión, 



294 VICENTE G. QUESADA 

El mariscal Sucre, por oficio dictado en La Paz a 20 
de febrero del mismo año, y dirigido al gobernador de 
Buenos Aires, le manifiesta que libertado el Bajo Perú 
por las victorias de Junín y Ayacucho, pasó el Desagua- 
dero para libertar las del Alto Perú. "S. E. el Liber- 
tador al prevenirme este movimiento — dice — creyó 
que al acercarse el ejercito sería proclamada la indepen- 
dencia de estas provincias por el general Olañeta, que 
nos había ofrecido su amistad, y así S. E. excusó dar- 
me otras instrucciones que exigir del general español 
este paso que terminaba la guerra . ' ' 

De manera que el móvil de Bolívar fué desmembrar 
del territorio de las Provincias Unidas las cuatro del Al- 
to Perú; eso importa la categórica aseveración del ma- 
riscal Sucre, y a eso tendían también las declaraciones 
de la comisión del congreso constituyente argentino. 

Pero Sucre es más explícito, más revolucionario: "Li- 
bertada la mayor parte de este territorio, agrega, y sin 
un gobierno propio que se encargue de su dirección, en 
circunstancias que las provincias argentinas no han aún 
organizado su gobierno central, y que el Perú nada dis 
pone respecto de estos pueblos, he creído de mi deber, 
como americano y como soldado, convocar una asamblea 
de estas provincias, que arreglando un gobierno pura- 
mente provisorio . . . Juzgo de mi obligación poner en 
conocimiento de los diferentes gobiernos de las Provin- 
cias Unidas este paso, a que he sido forzado por las cir- 
cunstancias, mientras instalado el gobierno general ar- 
gentino, pueda someterse a su consideración, como lo 
hago al gobierno del Perú." 

Sucre había dictado en el cuartel general, en La Paz, 
el decreto de 9 de febrero de 1825, cuyo tercer conside- 
rando dice : ' ' Que el antiguo virreinato de Buenos Ai- 
res, a quien ellas pertenecían a tiempo que la revolución 
de América estallara, carece de un gobierno general 
que represente completa, legal y legítimamente la auto- 
ridad de todas las provincias, y que no hay por consi- 
guiente con qui.én entenderse para el arreglo de ellas " 

Keconocía la unidad histórica, alegaba una situación 
transitoria y protestaba organizar provisoriamente un 
gobierno, en todo lo cual no revelaba propósito anár- 
quico ; pero en el 4.° considerando de ese decreto ya in- 
sinuó que el arreglo debía ser el resultado de la delibe- 
ración de todas las provincias y de un convenio de los 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 



295 



congresos del Perú y del Río de la Plata. ¿Qué inter- 
vención legítima podía arrogarse el congreso peruano? 
Aquí estaba la mano de Bolívar ; presidente de Colom- 
bia encargado del gobierno supremo del Bajo Perú, am- 
bicionaba lisumir el mando de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, comenzando por imperar en el Alto Pe- 
rú y dominar así la América del Sur. Ambición que, 
desconociendo la situación de aquéllas y estas repúbli- 
cas, preparaba una disolución estrepitosa y la guerra ci- 
vil que de ella naciera (1). ' n 
El mariscal Sucre, venezolano de origen, no tenia aíi- 
nidades que lo ligasen con el Río de la Plata; capitán 
de Bolívar, compañero en sus campanas, militando bajo 
las mismas banderas, la base de su carrera futura estaba 
en mantener la influencia colombiana y destruir y ex- 
ting-uir la que hubiera conservado el gobierno del Río 
de la Plata, 

Obraba así como militar y como americano, según 
sus intereses personales. 

Evidente es que después de la derrota de las fuerzas 
españolas en aquellas provincias era necesario organi- 
zar un gobierno en las cuatro provincias libertadas con 
los elementos nativos; eso era natural, equitativo y ne- 
cesario. ^.^- , ,^ 
Sucre supo en Potosí que el congreso constituyente de 
las Provincias Unidas liabía elegido presidente provi- 
sorio, antes de dictar la constitución. El 6 de abril de 
1825 Sucre se dirige desde Potosí al presidente de^ las 
Provincias Unidas, felicitándolo en nombre del ejerci- 
to libertador por la instalación del gobierno nacional. 
Le anuncia que la asamblea que él ha convocado se re- 
unirá el 25 de mavo, y celebra que de este modo el go- 
bierno argentino pueda establecer las relaciones con 
esta asamblea v con el gobierno del Perú. Asumía una 
actitud que importaba la formación de una asociación 
independiente, pues los congresos constituyentes no po- 
dían funcionar dentro del mismo territorio nacional. 



(1) "La guerra civil desorfcanizó a Colcmbia, — dice López, — y se 
fraccionó en "^tres repúblicas independientes. Lo singular es que Bolívar 
mismo, por triunfar de sus adversarios, coadyuvó a esta desorganización 
Floras el famoso Flores, que a trueque de reconquistar su dictadura 
hubiera desembarcado en América con un eíéivUo español s, hubiera po- 
dido se hizo dueño del Ecuador, e hizo de Quito su capital Paez se 
hizo su lote con Venezuela; y Bolívar se adjudicó la Nueva Granada, 
(Obra ya citada), 



296 VICENTE G, QUESADA 

Sucre, pues, notificaba indirectamente su propósito dft 
segregarse en nombre del derecho de la victoria. 

¿Qué empeño tenía en mezclar al gobierno del Perú 
en los negocios internos? Es que Bolívar había asumi- 
do el mando de aquella república y esto importaba so- 
meter a la decisión del libertador la suerte de las cua- 
tro provincias recién libertadas. 

"Mi único objeto — dice en tanto el mariscal Sucre 
— ha sido salvarlas de la dislocación que las amenazr.ba, 
e\átarles la anarquía y formar una masa que precavi^-ie 
el desorden de las provincias disueltas, ai mismo tiempo 
que evadirlas del peso de un gobierno militar que hicie- 
se aborrecible a los -libertadores, constituyendo un go- 
bierno propio, aunque puramente provisorio." 

La explicación parecía razonable, pero en ella no s-? 
ve ni una palabra que recuerde el vínculo nacional que 
unía a todas las provincias para mantener la integri- 
dad del territorio ; aquella organización pudiera refe- 
rirse al gobierno local, al gobierno propio, ¿pero cuál 
es el pensamiento nacional? 

Sucre era el mero ejecutor de la voluntad de Bolí- 
var, y éste, no pudiedo asumir el mando supremo del 
territorio del antiguo virreinato, prefería dividirlo pa- 
ra asimilarlo; reuniría así bajo su mando al Bajo Pe- 
rú, a Colombia y las cuatro pro\dncias del Alto Perú. 
Sucre sometía la suerte de estas provincias a la resolu- 
ción de los gobiernos de La Plata y del Peni: "creo — 
decía — que será para ambos un servicio importante la 
oportuna concurrencia de sus representantes en un arre- 
glo que tanto les interesa . ' ' 

El protestaba volverse al otro lado del Desaguadero ; 
daba por terminada su misión guerrera. 

En la sesión de 9 de mayo de 1825 se dio lectura del 
despacho de la comisión, y se sancionó el siguiente pro- 
yecto: "El congreso general constituyente de las pro- 
vincias Unidas del Río de la Plata ha acordado y de- 
creta: 1. El P, E. dispondrá que a la mayor brevedad 
salga a las provincias del Alto Perú una legación bas- 
tantemente caracterizada, que en nombre de la nación 
argentina felicite al benemérito libertador Simón Bolí- 
var, presidente de la república de Colombia y encar- 
gado del mando supremo de la del Perú, por los altos 
y distinguidos servicios que ha prestado a la causa del 
Nuevo Mundo, cuya libertad e independencia acaba dfi 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 297 

afianzar irrevocablemente, transmitiéndole al mismo 
tiempo los sentimientos más sinceros de gratitud y re- 
conocimiento de que están animadas las provincias 3e 
la Unión por los heroicos y generosos esfuerzos del ejér- 
cito libertador, que después de haber dado la libertad 
a las del Alto Perú, ha tomado sobre sí el noble empeño 
de sostener en ellas el orden, libertarlas de los horrores 
de la anarquía y facilitarles los medios de organizarse 
por sí mismas. 2, La legación reglará con el libertador, 
como encargado del supremo mando de la república del 
Perú, cualquier dificultad que pueda suscitarse entre 
aquel y este estado, de resultas de la libertad en que 
hoy se hallan las cuatro provincias del" Alto Perú, que 
han pertenecido siempre a las de la Unión. 3. Se enten- 
derá igualmente con la asamblea de diputados de di- 
chas provincias, que ha convocado el gran mariscal de 
Ayacucho, Antonio Jos de Sucre, general en jefe del 
ejército libertador, incitándolas a que concurran por 
medio de sus representantes al congreso general cons- 
tituyente, que se halla legal y solemnemente instalado. 
4. La invitación de que habla el artículo anterior y las 
instrucciones que la legación reciba del Supremo P. E. 
reconocerán por base, que aunque las cuatro provincias 
del Alto Perú han pertenecido siempre a este estado, es 
la voluntad del congreso general constituyente que ellas 
queden en plena libertad para disponer de su suerte 
según crean convenir mejor a sus intereses y a su fe- 
licidad. 5. Esta resolución reglará la conducta del ge- 
neral don Juan Antonio Alvarez de Arenales, y con 
arreglo a ella el P. E. le comunicará las órdenes corres- 
pondientes . ' ' Formaban la comisión : Gorriti — Gómez — 
Bulnes — Agüero — Acosta. 

La desmembración se sancionaba sin ambajes, poi- un 
liberalismo desquiciador y disolvente, Aplicadas esas 
doctrinas a las provincias que formaban el núcleo de las 
Unidas del Río de la Plata, el desquicio, la anarquía y 
la desmembración eran consecuencias inevitables ; mu- 
chas de ellas habían pretendido constituirse en repu- 
bliquetas libres tanto en el interior como en el litoral; 
otras eran autonomías apenas creadas a consecuencia 
de la disolución del año veinte, y otras conservaban las 
pretensiones de una soberanía indómita, enviaban di- 
putados con intenciones limitadas, se reserrvaban apro- 
bar o desaprobar la constitución misma que se dictase. 



298 VICENTE G. QUESADA 

No había propósitos patrióticos, ni verdadero amor a la 
Unión . 

Las doctrinas disolventes de la Unión, contenidas en 
el artículo 4.° de la citada ley, son tanto más graves 
cuanto que esa teoría la había aplicado el ministro bra- 
sileño Luis José Carballo y Mello al contestar al Memo- 
rándinn que le pasara en 15 de septiembre de 1823 Va- 
lentín Gómez, como plenipotenciario argentino y dipu- 
tado al mismo congreso que sancionó aquella ley. 

El ministro brasileño decía : ' ' Que en cuanto al dere- 
cho de disponer libremente de sus destinos, apartándo- 
se de la antigua Unión, Montevideo lo tiene perfecto, 
como lo tuvo el virreinato de Buenos Aires para desli- 
garse de la metrópoli y otras provincias de ese virreina- 
to para separarse de Buenos Aires, tales como Córdoba, 
Tucumán, Santa Fe. . . el gobierno de S. M. I. en vis- 
ta de tan graves razones no puede entrar con el de Bue- 
nos Aires en una negociación que tenga por base funda- 
mental la cesión del estado cisplatino." Ahora, pues, 
si un gobierno extranjero, precisamente el mismo Bra- 
sil, con cuyo país estaba en guerra la república, recogía 
tales doctrinas, las utilizaba para romper la unidad ar- 
gentina, ¿ ciué criterio, qué razón de estado, qué plan po- 
lítico "jus-tifiear pudiera aquella malhadada sanción? La 
integridad nacional se despedazaba por intrigas exterio' 
res, por imprevisión y culpa de los gobernantes, por la 
falta de esa política internacional tranquila, seria, pre- 
visora y continuada, que garante la paz de los estados 
y salva a los pueblos de fraccionamientos deplorables. 
La anarquía era una epidemia entonces, los hombres y 
los pueblos la fomentaban con indisculpable ligereza, la 
duda se había apoderado de los espíritus, vacilaban y se 
dejaban arrastrar por los acontecimientos que no habían 
sabido prever. 

Esas doctrinas, pues, emitidas y sancionadas por el 
congreso, eran una amenaza para la unidad nacional; 
así resultó el desquicio y la caída del congreso y de la 
presidencia, por no atender la opinión popular domi- 
nante. El localismo engreído y -\nctorioso, en una pala- 
bra, venció al unitarismo doctrinario (1) imprevisor y 
petulante . 

(1) Para justificar este jnifio. y la incierta y vacilante direccicn, en 

la política intern^ y en las cuestiones externas, sin verdadera conciencia 

del poder y sin la voluntad viril de vencer los obstáculos con prudencia 

pero con firmeza, dudando de todo, cortejando a todos, sin plan serio 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA • 299 

Sólo Vélez observó que por el artículo 2.° parecía quo 
el congreso reconociese en el libertador autoridad par.i 
entender en los negocios de aquellas provincias del 
Perú (1). 

Contestóle Agüero: para reglar cualquier diferencia, 
si se suscita duda sobre, límites, por ejemplo. 

Replicábale Yélez, justicia séale hecha: "Es precisj 
al menos que se diga al P. E. cine el congreso jamás en- 
trará con el libertador en trato ninguno sobre el destino 
de las cuatro provincias del Alto Perú. 

Eecuerdo las incidencias del debate, porque se trat-'i 
de la primera desmembración territorial, y se la mira 
con indisculpable desdén, con criterio poco avisado. 

"Aquellas provincias — decía Agüero — han perte- 
necido siempre a este estado. El congreso debe mirarlas 
hasta hoy como parte integrante de <él. Lo primero que 
le corresponde es invitarlas a que concurran por medio 
de sus representantes al congreso general, que se halla 
légalmente instalado . " 

Querían que la delegación que debía enviarse entendie- 
se y tratase hasta en el caso que aquellas provincias qui- 
siesen constituir un gobierno independiente, o sobre las 
condiciones bajo las cuales pretendiesen incorporarse a 
la Unión. 

Ninguna voz se alzó para defender la integridad te- 
rritorial de la nación, ninguna protestó por la tendencia 



y sin ninguno de los rasgos que caracterizan a los hombres de estado, 
citaré como una prueba las ruidosas discusiones sobre la forma de go- 
bierno del concreso general constituyente reunido en Buenos Aires, la 
sanción de 20 de junro de 1825 y el dictamen de la comisión de nego- 
cios constitucionales de 4 de junio de 1826, aconse.iando se formule la 
constitución sobre la ba^e de iin gobierno consolidado en unidad de 
régimen. Por la ley de 20 de junio se disponía consultar a las provin- 
cias sobre la forma de gobierno, pero reservándose el congreso sancionar 
la constitución más conforme a los intereses generales — jpara qué con- 
sultaba entonces la opinión de las provincias? ¿qué objeto racional y 
serio tenía esta exploración previa? f no tenía el congreso constituyente 
conciencia de sus propios deberes? Ksta ley era la prueba de la vacila- 
ción, de la debilidad, de la anarquía profunda que trabajaba a ese cuer- 
po más de doctrinarios, que de legisladores, sin conciencia de la opinión 
pública del país. í Qué resultó de aquella estrafalaria consulta previa? 
"En result.TS, — dice el informe de la comisión de negocios constitu- 
cionales, ■ — - se han pronunciado las juntas provinciales de Córdoba, San 
Juan, y Santiago del Estero, por la forma de gobierno republicano re- 
presentativo federal. Las de Salta, Tucumán y Rioja han opinado por el 
mismo representativo republicano de unidad. Las de Oatamarca, San 
Luis y Corrientes, han comprometido absolutamente su opinión en el voto 
del congreso: pero Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y la 
Provincia, Oriental no se han pronunciado todavía." Y sin embargo, la 
comisión se expide aconsejando el régimen consolidado de unidad 1 

(1) Diario de Sesiones, niim. 34. — Sesión 43 del 9 de mayo de 1825, 
pág. 7. 



300 VICENTE G. QUESADA 

disolvente, que podía ser el desquicio nacional; dejá- 
banlas en absoluta libertad para disponer de su suerte, 
después de los sacrificios de sangre y dinero con que tan- 
tas veces' las ayudaron, para emanciparse. Aquella dis- 
cusión estoica no conmovió el patriotismo de ninguno de 
los ilustres proceres que formaban el congreso: la elo- 
cuencia y los grandes debates se gastal)an en discutir 
la forma de gobierno bajo la cual debía constituirse el 
país!. . . 

Así se acostumbró la nación a perder su territorio, así 
comprometió la integridad del virreinato. El egoísmo, 
la zozobra por la propia suerte, los temores por el porve- 
nir de la provincia de ^Monteviedo, hecha ya imperial 
l)ajo el nombre de provincia cisplatina, las probabilidades 
de una guerra próxima para arrancarla de las garras 
imperiales, explican pero no disculpan la indiferencia con 
que el congreso abandonaba a sus propios instintos, el por- 
venir de las cuatro provincias del Alto Perú, y anticipa- 
damente consentía en que formasen un nuevo estado in- 
dependiente! Prenda que arrojaron quizás a la inquie- 
ta ambición de Bolívar. 

Gómez decía entonces: "se dá facultad al gobierno 
para que nombre una legación, para invitar a las pro- 
vincias a que concurran al congreso . " ¡ Legación diplo- 
mática acreditada dentro del territorio nacional ! P]sta 
ofuscación en las ideas, esta falta de claridad en los pro- 
pósitos, no se concibe en aquellos espíritus viriles y en- 
tendidos. Descúbrese empero la indiferencia con que 
miraban fraccionarse el territorio de las Provincias Uni- 
das y que sus despojos se creasen nueVas naciones! Pu- 
diera ser estoico, pero no era patriótico. 

¡El proyecto fué sancionado con ligeras enmiendas! 

En aquella misma sesión, ocupándose el congreso de 
la ley sancionada por la legislatura de Salta, en 10 ue 
mayo de 1825, de esa ley por la cual una provincia obe- 
decía bajo condiciones j reservas las leyes del congreso 
nacional, mostrando así el germen disolvente que traba- 
jaba la vida embrionaria de la nación, la anarquía pro- 
funda entre los que gobernaban las provincias y el con- 
greso, la confusión en los propósitos, en los objetos, en 
los medios y en los fines de la constitución que trataba 
de darse a la nación, mostraba Gómez con singular tem- 
planza que Salta tenía en mira la incorporación de los 
diputados del Alto Perú, porque con esas provincias es- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - A'MERICAN'A SOl 

taba aquélla ligada por intereses y por relaciones socia- 
les, civiles y comerciales. ¿Y qué se resuelve? ¡que el 
congreso pida explicaciones sobre el espíritu de aquella 
ley ! . . . 

Todavía voy a citar otro ejemplo. El general Cruz, 
ministro de la guerra, por nota oficial de 16 de mayo 
de 1825, dirigida al gobernador de Corrientes, le decía: 
"En circunstancias que la guerra se ha encendido en- 
tre nuestros desgraciados hermanos los habitantes de la 
Banda Oriental del Río de la Plata, y los brasileños que 
la ocupan, perder un solo momento en prepararnos pa- 
ra todos los compromisos y consecuencias que tal ocu- 
rrencia trae necesariamente al estado entero, será in- 
dudablemente mirar con criminal indiferencia los fa- 
tales resultados que le amenazan, considerada la justi- 
cia de la causa de los primeros y el carácter particular y 
temerario del emperador, sus principios en entera opo- 
sición con los que rigen a los gobiernos de las Provincias 
Unidas. . . circunstancias todas que ejecutan la reunión 
mayor posible de tropas en los límites que por ahora pi- 
san nuestras fronteras en esta parte. . . " 

¿Qué contestó el gobernador de Corrientes? 

Juzgúese por estas palabras del mismo ministro ¿e la 
guerra: "El P. E. al ver la respuesta del gobierno de 
Corrientes no ha podido dejar de sorprenderse afectán- 
dose del natural sentimiento que ha debido causarle al 
ver que aun no se han removido desputés de tantos 
años de experiencia y de desgracias de la más funesta 
trascendencia, los motivos o "pretextos de desconfianza 
que justa o injustamente se ha alegado para conducir 
la república al estado de nulidad y disolución en que aun 
se halla, principalmente cuando se sentía halagado de 
la agradable persuasión de que era llegada la época de 
reorganizarla ..." 

Cito estos ejemplos porque son una prueba evidente 
de la gravísima situación política, de la flojedad de los 
vínculos nacionales, del espíritu anárquico quisquilloso 
y disolvente que dciminaba en las provincias del norte, del 
oeste y del litoral, donde la guerra acababa de inicíame 
en la provincia de Montevideo y era p^recursora inevitable 
de la guerra nacional más grave para una nación en el 
estado embrionario en que se encontraban las Provin- 
cias Unidas. 

Y era en estos momentos que el mariscal Sucre eonvo- 



g02 VICENTE G. QUESADA 

caba una asamblea de las cuatro provincias del Alto 
Perú y Bolívar llegaba a Potosí! (1) . 

En esa misma sesión del 9 de mayo de 1825 el go- 
bierno da cuenta que la guerra se . ha encendido en la 
Banda Oriental del Río de la Plata, ¿y qué pide?: ''L^ 
situación actual de la nación demanda en este caso, di- 
ce la nota, la cooperación del congreso nacional, a fin de 
que las respectivas provincias de la Unión se decidan a 
enviar a este objeto el número de tropas que no les sean 
necesarias para el servicio interior de ellas, poniéndolas 
a disposición del gobierno general ..." Y se trataba de 
la tranquilidad del estado, de la seguridad de sus fron- 
teras ! 

No había en la autoridad nacional el nervio ni la 
conciencia de su fuerza; las provincias eran soberanas 
a las cuales se les suplicaba se decidiesen a enviar las 
fuerzas que no les hicieran falta. ¿Podía con estos me- 
dios y en tal situación salvarse la integridad nacional 
comprometida en la provincia de Montevideo y en las 
cuatro provincias del Alto Perú? 

Expongo brevemente estos hechos para que se eoi/i- 
prenda cuáles eran los medios de que podía valerse un 
congreso constituyente, para salvar la integridad nacio- 
nal, amagada de una disolución inmediata, Bolívar es- 
taba en la frontera del norte, digo mal, no era entonces 
frontera : ocupaba parte del territorio que fuera del 
virreinato podía marchar sobre las provincias anarqui- 
zadas, sobreponerse a la anarquía, reasumir como en el 
Perú el mando supremo y ponerse al frente de la gue- 
rra contra el Brasil. Amagos por el norte, la guerra 
encendida por el este ! ¡ El imperio sobre las armas ! 
¡ Qué situación! (2) . 

(1) "No bien Fe puso en contacto poi- las fronteras del Alto Perú 
(boy Bolivia), — dice López, — con la República Argentina, cuando 
la enemistad y el encono estallaron con violencia. El despecho que le oca- 
sionó la resistencia que encontró a sus locas ambiciones, la rabia que 
reventó en él al ver la imposibilidad de colmar el gigantesco proyecto 
de engrandecimiento dictatorial, se reflejó en mil escenas curiosas que 
patentizaron su indómita soberbia, y sus groseros hábitos de vida. No 
pueden enumerarle las miserables pequeneces de odio, de envidia, de 
celos, que cometió contra todo lo qne era argentino, y contra todo lo 
que, por ser constitucional y teorista, llamaba él porteñadas, acompañan- 
do el dictado de adjetivos a cual más cínico y desvergonzado; porque era 
hombre que no conocía superior en decir cN? un hilo palabras obscenas." 

(Obra citada). 

(2) "Nada podía presentarse a Bolívar de más favorable para sus 
fantásticas imiras. — dice López. — Hubo vlu momento en que ya todo 
lo creyó conseguido; quería ponerse a la cabeza de la lucha; ofrecía 
atacar" en toda su extensión las fronteras del imperio, invadiéndolo por 
varios puntos, y con varios cuerpos de ejército. Pero su principal mira 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 303 

Algunos escritores bolivianos pretenden que el Alto 
Perú no hacía parte integrante del virreinato del Río 
de la Plata en 1824, y por ello han pretendido desconocer 
el principio de derecho público americano : — el iiti possi- 
detis del año diez, cuando aun supuesto el liecJio, la 
aplicación del principio no se cambia ni modifica. Creen 
de esta manera, obtener mayores ventajas en la demar- 
cación; olvidando que se vendría siempre a resolver 
la controversia por la demarcación del gobierno-inten- 
dencia de Salta, tratándose de la cuestión de Tarija. 

Sin embargo, ella me obliga a establecer con la posible 
concisión los ante-oedentes legales de aquella desmem- 
bración territorial. 

El mariscal Arenales, en cumplimiento de la orden 
que le comunicó el ministro de la guerra general Cruz, 
se dirigió desde la ciudad de La Plata al libertador Bo- 
lívar, comunicándole aquella resolución oficial. El se- 
cretario de Bolívar, general José Cabriel Pérez en noia 
fechada en Arequipa a IG de mayo de 1825, le dice: 
"Antes de ahora S. E. el general en jefe del ejército- 
unido libertador había adoptado la medida de convocar 
una asamblea general de representantes con el mismo 
objeto, siguiendo los deseos de las mismas provincias, 
y los principios de conducta más liberales. S. E. el 
libertador nada había resuelto hasta hoy en que la nota 
de V. S. y lois deseos de los habitantes de las provincias 
del Alto Perú, y la resolución del soberano congreso 



era centralizar en su persona, y bajo su mando, toflo el poder militar 
del continente..." Los celos, como he dicho, impidieron la aceptación 
de este plan, y los gobernantes argentinos "desecharon con menosprecio, 
— dice López, — las maquiavélicas propuestas de Bolívar", y yo digo, 
con imprudencia y petulancia. Hábil habría sido hacerlo aliado, o cuando 
menos no irritar sus pasiones. El historiador Gérvinus, en su BWoria 
del siglo XIX, dice sin embargo, lo siguiente: "Desde que Bolívar llegó 
a Potosí, fué rodeado por los embajadores del Plata (octubre ?.5) que 
solicitaban su auxilio para proteger la Banda Oriental contra el poder 
del Brasil." Mientras tanto, López asevera que era Bolívar el que aspi- 
raba a tomar el mundo en la guerra contra el Brasil. Parece empero 
cierto, que Bolívar «nanifestó a los plenipotenciarios argentinos, que el 
Alto Perú, en vista de la ley del congreso argentino de 1825, debía 
cooperar a la guerra con un cuerpo auxiliar de cuatro mil hombres. Si 
esa oferta se hizo oficialmente lo ignoro, pero algún colombiano se su- 
blevó mucho después, pasó al territorio argentino, precisamente para 
lomar parte en la guerra contra el Brasil. Concreta su juicio con estas 
palabras: "No hemos encontrado en los primreos pasos de la carrera de 
Bolívar la fuerza moral que hubiera necesitado desde su más tierna in- 
fancia para enfrenar su ambición presuntuosa : le faltaba el apoyo mo- 
ral que da al hombre el sentimiento reaVnente generoso de su propio 
valor: sentimiento que funda la verdadera nobleza en una reservada y 
desinteresada modestia." Le era pues imposible no dejarse aturdir por 
el incieso que desde sus primros triunfos se le quemó en su país 
a&tal. . ." 



304 VICENTE G. QUESADA 

eanstituyeníte del Perú de 23 de febrero de este año le 
han estimulado a dar el decreto que me honro en incluir 
a V. S. I." 

El mismo Bolívar le escribe al mariscal Arenales, di- 
ciéndole: "He visto con mucha atención lo que V. se 
sirve decirme sobre el deseo del gobierno del Río de la 
Plata de colocar las provincias del Alto Perú en la ac- 
titud de pronunciare libremente sobre sus intereses y 
gobierno. . . yo no tenía instrucción alguna de parte del 
eopgreso del Perú, de quien dependo, no había autoriza- 
do esta medida por no -hallarme facultado para ello. 
Pero como aliora V . me expresa que las miras de su 
gobierno son enteramente conformes con las del gran 
mariscal de Ayacucho, me he decidido a dar el decreto 
que oficialmente acompañaré a V. S. Me atrevo a decir 
a V. francamente que el congreso del Perú fué instado 
oficialmente por mí para que marcase los límites de la 
fepúbli<?a y ordenase la conducta que debíamos observar 
en el Alto'Perú. . . " (1) 

No estaban empero seguros del éxito, el mismo ma- 
riscal Sucre parecía dudar de la manera inusitada en 
que el gobierno del Río de la Plata cedía su derecho, 
consentía en la desmembración del territorio. Por eso 
en 20 de abril del mismo año de 1825, le dirige desde 
Potosí al mariscal Arenales una nota, en la cual se 
lee... "creo de mi deber solicitar de V. E. una decla- 
ración franca que manifieste si el gobierno de las Pro- 
vincias Unidas, de que V. E. es el representante, tiene 
algún obstáculo a la reunión de esta asamblea." 

El proceder del gobierno del Río de la Plata introdu- 
cía un precedente disolvente en la formación de los 
nuevos estados: las demarcaciones coloniales, el uti pos- 
sidetis del año diez, se desfrozaban para dejar que cada 
agrupación, cuya importancia sólo podían lapreciarpe 
por las circunstancias, decidiese de sú suerte como juz- 
gase conveniente. ¿Por qué se atacó entonces ía repú- 
blica federal de Tucumánf ¿Por qué se trató de semi- 
bárbaras las pretensiones localistas y disolventes de Ar- 
tigas titulándose el Protector de los pueblois libres ? 
/, Cuál sería en adelante el criterio para fundar las na- 
cionalidades? 

Bolívar a su vez, en su insensata ambición, creía que 
podía fomentar el fraccionamiento, estimular los celos 



(1) Limites con Solivia, ya citado, pág. 53. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 305 

locales, levantar el espíritu pequeño de los circulillos, 
sin pensar que sancionaba la disolución dg Colombia por 
esos mediois. Las trece repúblicas en que se fraccionó 
bajo pretextos de constitucionalismo contra las miras 
dictatoriales de Bolívar, no era en el fondo sino el triunfo 
del localismo disolvente. 

Bolívar, aguijoneaba a Sucre para separar del Río de 
la Plata las cuatro provincias del Alto Perú, al mismo 
tiempo que instaba al congreso constituyente del Perú 
para que fijase los límites de la república peruana, con 
la mira de asegurar deslindes favorables para Colombia, 
y que el Bajo Perú se indemnizara sobre los territorios 
de las cuatro provincias del Alto Perú que habían cons- 
tituido y constituyeron el virreinato del Eío de la Plata 
en la época del uti pvssidetis del año diez. 

De manera que desde el norte se predicaba la diso- 
lución de las nacionalidades embrionarias todavía y desde 
él sud, con un desprendimiento sin alcances y sin pa- 
triotismo, se dividía el territorio del virreinato por amor 
a las teorías del contrato social, Desipués de la lucha, 
había sucedido el desaliento y predomina.ban los teori- 
zadores: el militarismo vencedor, se dividía los territo- 
rios como galardón por el triunfo obtenido, y fundaba 
naciones sin poder para satisíaeer sus propios y per- 
sonales intereses . 

De estos principios disolrve'intes, soirgieron multitud 
de conflictos. 

No hacía un mes que el congreso constituyente argen- 
tino sancionara la ley de 9 de mayo de 1825, confirmando 
la misma doctrina expuesta por el ministro de la guerra, 
general Cruz, y comunicada por el mariscal Areaiales a 
los cabildos y ayuntamientos de las cuatro provincias del 
Alto Perú y al mismo Bolívar, cuando por medios vio- 
lentos, antes de organizarse aquel país, ya pretendían 
eiiisanche de territorio y ya iniciábase la controversia 
sobre demarcación de fronteras, controversia no resuel- 
ta aún. 

Desde la ciudad de La Plata, en nota de 20 de mayo 
de 1825, el mariscal Juan Antonio Alvarez de Arenales, 
decía al general en jefe del ejército libertador del Perú, 
Antonio José de Sucre, lo siguiente : ' ' Desde mucho antes 
de nuestra gloriosa revolución, el territorio de Tarija, 
en virtud de disposiciones de la autoridad que entonces 
regía, fué parte integrante de la provincia de Salta: en 



306 VICENTE G. QUESADA 

este concepto, durante la lucha por nuestra independen- 
cia, aquella diclia provincia íha hecho repetidos y muy 
considerables esfuei-zos y sacrificios por defenderlo: en 
los últimas acontecimientos de la guerra, cuando pudo 
sacudir el yugo de la tiranía, pidió a Salta auxilios de 
armamento, pertrechos y alg-ún dinerp, que se le remi- 
tieron. Después, cuaildo estaba dispuesta a nombrar y 
destinar diputados electos con arreglo a las instituciones 
que rigen en la expresada provincia, para que incorpo- 
rados a la honorable junta que ejerce el P. E., se com- 
pletase la representación de todos los pueblos que la com- 
ponen, una orden del corourel O'Conor prohibió la finali- 
zación del acto. Yo me preparaba a exigir de V. E. una 
reparación de esa medida con que el citado señor coronel 
contrariaba las generosas, sanas y pacíficas intenciones 
que V. E. me ha manifestado con respecto a las provin- 
cias y pueblos del Río de la Plata, y hoy estoy impuesto 
y cerciorado de que últimamente ha pasado a la villa de 
Tarija, y despojado al teniente-gobernador doctor don 
Felipe Echayú, y al procurador general, de la autoridad 
y representación que les dio el pueblo, ha constituido i^n 
nuevo gobierno y establecido una caja general de hacien- 
da. Como delegado del gobierno supremo de las' provin- 
cias Unidas y como capitán general de Salta, me creo en 
el deber de decir a V. E. que en el enunciado territorio 
de Tarija con pleno conocimiento de lo que llevo indicado, 
y libre de toda coacción y fuerza, es que la masa general 
de aquella población, contrariando a algunos ignorantes 
o mal intencionados innovadores, procedió al nombramien- 
to de diputados que la representasen en la honorable 
junta de Salta. Es también seguramente en el mismo con- 
cepto, que cuando V. E. decretó la reunión de diputados 
del Alto Perú y designó los departamentos que debían 
nombrarlos, omitió a Tarija como perteneciente a una 
provincia que no entra en el número de las del Alto Perú, 
para aquel designio. En consecuencia, me es indispensa- 
ble rogar a V. E. se digne ordenar al señor coTonel O'Co- 
nor, restablezca la autoridad y representación que halló 
constituidas en dicho territorio, y fodo el régimen que 
tenía, sin innovación alguna, omitiendo en lo sucesivo todo 
acto de autoridad s^obre un departamento que es de la 
provincia de Salta, teniendo a bien instrairme para ele- 
var al conocimiento de mi gobierno, de las razones, moti- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 307 

VOS y objetos que hubiesen impulsaido las órdenes de que 
reclamo. ' ' 

Este reclamo del delegado del gobierno argentino, es la 
primera pieza del proceso internacional. 

El singular desprendimiento del congreso y del P. E. N., 
era contestado por una violación de territorio, por un acto 
subversivo dentro del distrito del gobierno-intendencia de 
Salta, pues Tarija hacía parte de esa intendencia y obis- 
pado desde 1807, en virtud de real cédula del Rey, obe- 
decida y cumplida por Francisco de Paula Sauz, gober- 
nador-intendente de Potosí, de cuyo gobieruo se separó 
el nominado territorio de Tarija. De modo que, cuando 
se hablaba de las cuatro provincias del Alto Perú, im- 
plícitamente se entendía que su demarcación territorial 
era la que le correspondía eon arreglo al uti possidetis 
del año diez. Las modificaciones posteriores y transitorias 
que se hicieran a causa de la guerra, no podían alterar, 
ni. alterai'on el deslinde legal, base de las nuevas nacio- 
nalidades. Pero, al desprendimiento argentino, se le re-i- 
pondía con la violencia y la usurpación, y se introducía 
en el seno mismo de las pocas intendencias argentinas, 
el espíritu revolucionario y anexionista, que predicaba las 
tendencias de Bolívar y sus partidarios. O'Conor era un 
instrumento de ajenas ambiciones. 

Mientras tanto, el gran mariscal de Ayaeuoho, desde 
su cuartel general en Chuquisaca, contestaba en 30 de 
mayo de 1825, al mariscal Arenales, en los términos si- 
guientes: "La provincia de Tarija ha sido sometida al 
ejército libertador no como un país que perteneciera a 
Potosí o a Salta, sino como un territorio que dominaban 
los españoles, y era preciso arrancar de sus manos. Des- 
pués de libertada han ocurrido allí algunas novedades, a 
las cuales mi responsabilidad no podía haicerane indi'fe- 
rente : mandé en consiecuencia que el coronel O 'Oonor, 
jefe de la columna del sur, fuese allí y lo arreg^lase todo; 
pero no conozco aún qué medidas ha tomado, hasta que 
V. E. me impone de ellas por su nota. El señor presidente 
de Potosí me ha dirigido reclamos sobre Tarija, como 
perteneciente a aquel departamento : desde muy atrás, yo 
tuve dudas sobre es'a pro-vñncia, y dejé de convocarla en 
la asamblea general, para tomar mejores informes; por- 
que no hay derecho para hacerla coa-responder a Potosí 
por una resolución mía, si ella era de Salta en 1810; la 
pertenencia de Tarija en esa época de la revolución, dehe 



308 ' VICENTE G. QUESADA 

servir de guia en el caso. Abora el jefe que la mandaba sfc 
titulaba capitán general, y este motivo se añadía a mis 
dudas sobre la verdadera situación. He preveaiido al co- 
ronel O 'Conor que prescinda de todo conocimiento en la 
provincia de Tari ja. . . " 

Este documento oficial, eananado precisamente del jefe 
del ejército libertador, reconoce expresa, clara y termi- 
nantemente el principio del uti possidetis del año diez, 
como regla jurídica decisiva en materia de demarcación 
territorial. Asi declara, que si Tarija pertenecía a Salta 
en 1810, eso debe servir de giiía en el caso. De manera 
que, si la controversia se hubiera seguido en el terreno 
de la ley, la habría decidido con la simple exhibición de 
la cédula de 1807, que creó el obispado de Salta, desmem- 
brando a Tarija del gobierno-intendencia de Potosí, y 
agregándolo al gobierno-intendencia de Salta, cuyos lími- 
tes geográficos fueron asignados a la diócesis del nuevo 
obispado. 

Escritores bolivianos mal informados, como Matienzo, 
desieonocen estos hechos, y tratan de hacer confusiones 
malísimas, negando el título legal, y hasta oponiéndose 
insensatamente a reconocer la regla jurídica del uti ¡possi- 
detis del año diez. Tendré oicasión de demostrar su error. 

El mariscal Arenales, contestaba a Sucre en 4 de mayo 
del misano año. desde la ciudad de La Plata, muy satis- 
fecho: "sirva de guía para saiber a donde pertenece el 
territorio de Tarija, la dependencia que él reconocía e] 
año de 1810 ; pues que viendo sin duda, que entonces y 
]nuy de'^antemano era parte integrante de la provincia 
de Salta, ninguna debe existir ya en lo que debe ser al 
presente; y para el caso que llegara (como no es de es- 
perar) a cuestionarse esta materia tan sin disputa, arre- 
glándose a dicho principio, creo que la resolución jamás 
podrá ser contraria a provincia de Salta." 

De manera que conjuntamente con la controversia, se 
reconoce la regla jui'ídica que debe resolverla. Así queda 
probado, que el principio conservador del nti ¡possidetis 
del año diez, era espontáneamente acatado en el origen 
mismo de la formación de los nuevos estados. Los con- 
dueños y limítrofes lo proclaman como un principio que 
decide fundamentalmente toda controversia, y no pue- 
den ahora, abogados de causas perdidas, introducir otras' 
dcetrinas desquicia doras para perpetuar los celos y hacer 
permanente la zozobra entre países linderos. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 309 

Pero, debo reconocer, empero, que el general Sucre es- 
peraba al libertador para que interviniese en el arreglo 
definitivo de esta cuestión. (1) 

Entretanto, en cumplimiento de la ley del congres^o ge- 
neral constituyente de las Priovineias Unidas, de 9 de 
mayo de 1825, el presidente nombró como ministros ple- 
nipotenciarios cerca del gobierno del Perú, y para cum- 
plimentar al libertador, al general Cai-los María de Al- 
vear y a José iMignel Díaz Vélez. 

La diputación permanente de la asamblea del Alto 
Perú, se dirigió a los plenipotenciarios argentinos, en es- 
tos terminaos: "Diputación permanente — Cbuquisaca, 18 
de noAdembre de 1825. — A los excelentísimos señores 
plenipol^enciarios argentinos. — ■ El gran mariscal de 
Ayacnclio a los pocos" días de la instalación de la asam- 
blea general, puso en su conocimiento la ley del congreso 
constituyente de las Provincias Unidas del Río de la 
•Plata, feclia 9 de mayo último, cuya copia pasan a VV. 
EE. Tan franco y generoso procedimiento de Buenos Ai- 
res determinó al Alto Perú entre una multitud de razo- 
nes, a constituirse separadamente, no por ingratitud o ene- 
mistad, sino como dos hermanos que dejan la casa pater- 
na para cuidar y atender mejor sus intereses. Jamás Bo- 
livia siente un placer más verdadero que cuando se con- 
sidera ligada a una república que debe serle tan apre- 
cia ble, y que tiene unos derechos tan santos a todas las 
solicitudes del amor y de la fraternidad. Será lo pri- 
mero de que la diputación permanente dé cuenta a la 
asamblea constituyente del estado... — Manuel María 
JJrcidlú, presidente. — . José Ignacio de San Ginés, se- 
cretario . ' ' 

He querido citar este dceumento oficial, para probar 
la influencia decisiva que- ejerció la ley de 9 de mayo 
de 1825, la cual fué la bandera y el a])oyo de los nuevos 
patriotas separatistas, de los que predicaban la doctrina 
de la segregación, para constituir estados pequeños, des- 
tinados a satisfacer ambiciones locales. Es:a ley dio 
formas legales a la desmembración, consumió la segre- 
gación ! Con\nene entretanto se teniga presente este 
antecedente histórico, que tiene importancia grande en 
la controversia sobre límites' entre las dos repúblicas. 

Es indispensable me concrete únicamente a lo que se 



(1) .T. M. Lpgmzainún — Límitex <'on Btilivia — ya citado. 



310 VICENTE G. QUESADA 

i'elacioiía con la cuestión de límites ya iniciada, y con 
la declaración que dejaba libres a las cuatro provincias 
del Alto PeiTÍ, pertenecientes en 1810, al virreinato del 
Río de la Plata, para decidir libremente de sus des-* 
tinos. 

El 25 de octubre de 1825, des'de Potosí, los plenipo- 
tenciarios dirigieron una nota a Bolívar, como encar- 
gado del mando supremo del Perú, en que decían:... 
"que se hallan con órdemes de su gobierno para recla- 
mar a S. E. la devolución del territorio de Tari ja, 
ocupado por una división del ejército unido libertador. 
Los que .suscriben han manifestado ya a S. E. esto 
mismo antes de ahora, en las conferencias privadas que 
han tenido sobre la materia, y llenos de satisfacción 
por la conformidad de sentimientos de S. E. hacen 
ahora la proclamación formal y expresa en que ha con- 
venido S. E. y que creen los que suscriben neces.aria 
para evitar en lo sucesivo cualquier motivo de diver- 
gencia que pudiera ocun-ir en un negocio tenninado 
definitiva v solemnemente entre autoridades competen- 
tes..." 

Solicitan, en consecuencia, las siguientes declaracio- 
nes: 1.° Que reconoce anárquico el principio de que un 
territorio, pueblo o provincia tenga el derecho de sepa- 
rarse, por su propio y exclusiva voluntad, de la asocia- 
ción política a que pertenece, para agregarse a otra 
sin el consentimiento de la primera, "2.° Que en vista 
de los documentos presentados a S. E. resultando jus- 
tificado, que antes de los acontecimientos de la revolu- 
ción el territorio de Tarija pertenecía a la provincia 
de Salta, reconoce como parte integrante de aquella pro- 
vincia, y por consioTiiente, de la república de las Pro- 
vincias Unidas del Río de la Plata, dicho territorio." 

Eli la tercera conferencia entre el libertador, el gran 
mariscal de Ayacucho y los ministros plenipotenciarios 
argentinos, celebrada el 27 de octubre de 1825, consta 
lo siguiente: El libertador dijo, que el gran mariscal 
de Ayacucho no estaba conforme con la entrega de 
Tarija. Después de varias observaciones corteses y be- 
névolas. El gran m.'iriscal expuso: que él consideraba 
a las provincias del Alto Perú expuestas a perder su 
libertad siempre que las Provincias Unidas lo quisiesen, 
si Tarija pertenecía a dichas provincias, porque hacien- 
do un ángulo entrante en el corazón del Perú, un ejér- 



IIISTOrxIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 311 

cito que se formase allí aniag'aba a un mismo tiempo a 
Chuquisaea v a Potosí, amenazando también a Cmti y 
Chie)ias: que por otra parte, Tarija era eonsidea^ado 
como el granero del Peni, el cual suplía toda especie 
de granos y ganados de su territorio : que era una linea 
de demarcación muy viciosa aquella que permitía que 
un territorio extranjeix) se introdujese en el eo.razón del 
estado vecino: que la voluntad de los habitantes de Ta- 
rija era decidida a unirse al Alto Peni : que el general 
Arenales, como delegado del gobierno de las Provincias 
Unidas, había sentado el pi-ineipio -en la reclamación de 
Atacama de que la voluntad de los pueblos debía &erxiv 
de guía para incorpora,ree al estado que quisiesen, y que 
este principio esta.bleciidoi por este gieneral, daba un 
derecho para admitir la incorporación de Tarija. El 
general Alvear contestó: que a su modo de ver nada 
sería tan impolítico, ni perjudicial a los nuevos estados 
americanos como promjover una cuestión de límites, que 
esas cuestiones habían envuelto a la Europa en guerras 
interminables, y que el mismo resultado tendrían en 
América : que fuese cual fuese el defecto de las líneas 
de demarcación establecidas antes de la emancipación 
de los nuevos estados, era más prudente partir de esta 
base: que si se abandonaba ésta, no teniendo un punto 
fijo de donde partir, todo sería pretensiones que agitan- 
do los ánimos, llevarían las desaA^enencias hasta un pun- 
to el cual no era fácil calcular: que el general no mi- 
raba a Tarija como un punto militar tan importante 
como lo miraba el señor mariscal, que en primer lugar 
no podía suponerse ni aun remotamente que pudiera 
haber una guerra entre las provincias del Bajo Perú 
y las Unidas Argentinas; que en segundo, la internación 
de la provincia de Tarija en el corazón de las del Alto 
Perú la ponía en la posición de ser un punto militar 
muy desventajoso para el caso que el señor maris'eal 
había indicado : que el ejército que allí se formase sería 
envuelto, y sus comunicaciones interceptadas con las 
Provincias Unidas de donde debía reunir todos sus ele- 
mentos: que la distancia que había de Tarija a Potosí 
y a Charcas ponía a estas ciudades en la imposibilidad 
de ser sorprendidas por una rápida maa*cha clel ejército 
y que tampoco se podía hacer esta sin que fuese sabedor 
el ejército peruano: que no habiendo más que treinta le- 
o-ua's de Cb arcas a Potosí, y habiendo sobre noventa de 



312 VICENTE G. QUESADA ' 

cualquiera de estos puntos a Tarija, teniendo el ejército 
peruano menos caminos que hacer para cubrir cual- 
quiera de esos dos puntos que el ejército de las Provin- 
cias Unidas, llegaría siempre con anticipación a éste: 
que la razón que el señor mariscal había dado de que era 
viciosa aquella demarcación... si el señor mariscal que- 
ría seguirla con respecto a las provincias del Alto Perú se 
vería indudablemente en la neceáidad de entra en cues- 
tión con el gobierno de Lima por ocupar Arica y Arequi- 
pa, una posición igual respectivamente a estas provincias 
que la que ocupa Tarija : que por cualquier lado que se 
mire la cuestión no se hallan más dificultades e inconve- 
nientes, siempre que nos separemos de la base de las de- 
marcaciones establecidas antes de la revolución: que el 
principio sentado por el general Arenales no podía dar 
ningún derecho al Alto Peni sobre Tarija, aun supueto el 
caso que la voluntad de Tarija fuese agregarse a este 
estado, ni podría llevarse como un principio establecido 
por el gobierno de las Provincias Unidas, por no estar 
sancionado por él: que cuando más seria la opinión par- 
ticular de dicho general, pero el señor mariscal no po- 
día menos que reconocer que si un principio semejante 
se establecía, se echaba por tierra la .base de todas las 
sociedades, y se metían en anarquía los estados: que tan 
pronto veríamos a Potosí haciendo un movimiento para 
agregarse a las Provincias Unidas, como a Jujuy quizá 
haciendo otro para unirse al Alto Perú: que no liabría 
estabilidad en ninguna parte, ni ninguna línea de de- 
marcación fija : que después de la generosidad con que 
el congreso de las Provincias Unidas se había mane- 
jado dejando en plena libertad a das del Alto Perú, no 
podría menos que resaltar un sentimiento de indigna- 
ción al ver que éstas querían, traspasando sus límites, 
apoderarse de un territorio que pertenecía a los Provin- 
cias Unidas: que éstas quedaban sumamente débiles can 
lia separación- del Perú, relativamente a las fuerzas del 
imperio, con las cuales están en más contacto y más pe- 
ligro que ninguna otra república: que la política bien 
entendida de las repúblicas de América debía ser tratar 
de robustecer las Provincias Unidas, y no debilitarlas, 
para que pudiesen resistir y servir de barreo-a al poder 
formidable del Brasil, y que la segregación del territo- 
rio de Tarija aun contándola por una población de 40 
a 50 mil almas, era una desmembración de mucha con- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 313 

sideración para las Provincias Unidas, después de la 
que aeabalian de sufrir de las del Alto Perú. 

Este protocolo tiene una importancia histórica notable 
por lo eminente de los personajes que tomaron parte en 
la conferencia, por la elevación y la seriedad del proce- 
der y del debate, y sobre todo por la manera cómo ter- 
mina y la resolución que se dicta en consecuencia. 

El mariscal de Ayacucho expone la necesidad que 
como militar y político obliga a que las provincias del 
Alto Perú retengan a Tarija; se funda en la topografía 
y manifiesta los peligros estratégicos a que quedaría su- 
jeto aquel nuevo estado, si ese territorio quedase como 
parte integrante de las Provincias Unidas. No apoya su 
pretensión en títulos escritos, sino en necesidades mili- 
tares y políticas. Militarmente se había ocupado, el jiaís 
estaba sometido a la acción militar y era bajo la resolu- 
ción de esta autoridad que debía hacerse o no la resti- 
tución , 

Bolívar había iniciado el debate por una declaración 
categórica y franca, manifestando la oposición que hacía 
el gran mariscal para entregar a Tarija. 

Bajo estos auspicios y en presencia de estas dos gran- 
des figuras, el general Alvear, tan mal juzgado hasta 
hoy, toma la palabra y expone como hombre de estado, 
como político, como guerrero y como diplomático, la jus- 
ticia y el derecho que defiende, el alcance político de la 
devolución territorial que solicita, la buena doctrina in- 
ternacional sobre la cual reposa la estabilidad de los es- 
tados y levantándose a una altura notable, combate la 
errada estratégica del mariscal Sucre, y a grandes ras- 
gos fija la fisonomía política y la misión futura a que 
están llamados los nuevos estados, y demuestra de una 
manera profunda, la necesidad, la justicia, la conve- 
niencia de devolver a Tarija, ocupada militarmente, a 
las Provincias Unidas, a las cuales pertenece. 

Es la primera vez que tratándose de estas materias se 
ejíponen previsoras consideraciones políticas y razones 
de estado que denotan la penetración, la seriedad y el 
conocimiento de la historia y del derecho internacional; 
colocó la suerte de las nuevas naciones más arriba de 
los intereses y de las intrigas efímeras de los partidos 
locales, apartándose intencional y marcadamente de la 
política ligera, disolvente y sentimental de los doctores 
que en el congreso argentino se inspiraban en el con- 



314 VICENTE G. QUESADA 

trato social y en las utopías de los doctrinarios france- 
ses; se eleva a la altura de un verdadero hombre de es- 
tado, y razona con tanto acierto, y convence con tanta 
intensidad, que Bolívar, a quien se acusa de petulante, 
orgulloso y autoritario, fascinado por aquella exposición 
calorosa, termina la conferencia declarando que el Alto 
Perú debe renunciar a sus pretensiones sobre Tarija. 

¡Qué triunfo para el militar diplomático! Y al miismo 
tiempo es necesario reconocer la imparcialidad y la no- 
bleza con que Bolívar cede, y como libertador cumple su 
resolución. Si es grande el triunfo diplomático de Al- 
vear, no es menos grande la actitud de Bolívar, que su- 
po sacrificar su ambición, ante los verdaderos intereses 
de dos nuevos estados! 

Conviene recordar siempre como ejemplo de altísima 
cordura, de verdadero dominio de sí mismo y como ac- 
titud imparcial y justiciera, estas palabras con que el li- 
bertador termina aquella conferencia memorable: 

"Señor mariscal — díjole a Sucre: — es preciso que 
el Perú se desprenda de sus pretensiones sobre Tarija". 

Así consta del protocolo firmado, y que ha publicado 
Leguizamón . 

El libertador obró de acuerdo con esta opinión: he 
aquí la prueba. "Palacio de gobierno de Chuquisaca, 6 
de noviembre de 1825. — A los señores ministros pleni- 
potenciarios y enviados extraordinarios de la Eepública 
Argentina. — El abajo firmado, secretario general de 
S . E . el libertador, tiene el honor de someter a la consi- 
deración de los señores ministros plenipotenciarios de la 
República Argentina, que a consecuencia de la respe- 
table nota que con data de 25 de octubre último en Po- 
tosí, dirigieron a S. E. los señores ministros, el secreta- 
rio general ha recibido orden para responder a los se- 
ñores plenipotenciarios que es muy conforme con los 
principios que profesa el libertador, el primer artículo 
cuya declaración por parte de S. E. desean los seño- 
res ministros del Río de la Plata; y en cuanto al se- 
gundo artículo, S. E. reconoce el derecho clásico que asis- 
te a las provincias de la Unión para reclamar la de Ta- 
rija, como tantas veces se ha repetido a los señores mi- 
nistros plenipoteiiciarios por parte del libertador en sus 
diferentes conferencias privadas. Mas S. E. el liberta- 
dor se cree obligado a ofrecer a la consideración de los 
señores ministros, dos previas observaciones antes d(í- 



HISTORIA DlFLOMÁTlCA HISPANO - AMERICANA 315 

mandar entregar el territorio de Tari ja al gobierno del 
Río de la Plata. "Primero: la provincia de Tarija está 
incorporada eventualmente, y por un efecto puramente 
militar al territorio de las provincias del Alto Perú, cu- 
ya independencia de las del Río de la Plata ha sido 
solemnemente declarada por la asamblea de Cliuquisaca. 
Así S. E. considera como un reconocimiento implícito de 
la independencia del Alto Perú por parte del gobierno 
del Río de la Plata, la demanda parcial que se hace aho- 
ra de la provincia de Tarija, porque a no ser así la pro- 
vincia de Tarija, como el resto del antiguo territorio del 
Río de la Plata, debería seguir una suerte misma, y su 
reclamo debería ser total, si tales fuesen las pretensio- 
nes de aquel gobierno. Segundo: S. E. considera que 
hallándose la provincia de Atacama en un caso bastan- 
te semejante al de Tarija, S. E. no puede menos de 
exigir a los señores ministros" plenipotenciarios del Río 
de la Plata, una renuncia formal a nombre de su gobier- 
no de la provincia de Atacama a favor del territorio del 
Alto Perú". 

Bolívar, sin embargo, después de haber resuelto la res- 
titución de Tarija, quiso obtener una renuncia de dere- 
chos sobre Atacama, y en esta nueva emergencia los ple- 
nipotenciarios argentinos sostuvieron su buena doctrina, 
y de un modo tan concluyente, que esa cuestión quedó 
para siempre eliminada del debate. 

En 10 de noviembre del mismo año de 1825, los minis- 
tros argentinos contestaban: "'. . . deben asegurar a S. E, 
que aceptando el primer artículo de la nota de 25 de oc- 
tubre, ven con satisfacción reconocido por S. E., como 
lo esperaban, un principio que es el que sirve de base a 
todas las sociedades conocidas. Que particularmente la 
admisión del segundo deja fuera de toda duda el dere- 
cho con que las Provincias Unidas reclaman el territorio 
de Tarija; y, por consiguiente, los ministros conside- 
ran concluido este negocio. S. E. cree — continúan — 
que la reclamación del territorio de Tarija por el gobier- 
no argentino, envuelve el reconocimiento tácito' de la in- 
dependencia de las provincias del Alto Perú, declarada 
por la asamblea de Chuquisaca, en el mismo hecho de 
no hacerse la reclamación por todo el Alto Perú. Los 
ministros que suscriben respetan altamente la opinión de 
S . E . , mas creen oportuno decir con claridad, que la 
iey de 9 de mayo que deja al Alto Perú en libertad do 



3ltí VICENTE G, QUESADA 

disponer de su suerte, es la que, a su juicio, comprende la 
sanción de su independencia por el estado argentino. En 
efecto : el limitarse el gobierno de la república del Kío 
de la Plata a reclamar únicamente el territorio de Ta- 
rija, que no pertenecía al Alto Perú, es una consecuen- 
cia de aquella ley. Seguramente ella es la garantía más 
fuerte que puede tener el Alto Perú de que su indepen- 
dencia será reconocida por la república del Río de la 
Plata, pues aquel gobierno no podía sin caer en inconse- 
cuencia, desaprobar la determinación que estas provin- 
cias tomasen después de autorizarlas para tomar la que 
más les conviniese. Habla luego S. E. del territorio de 
Atacama, y poniéndolo en un caso semejante al de Ta- 
rija, exige de los infrascriptos una renuncia completa y 
formal, a nombre de su gobier;io, de aquel territorio a 
favor del Alto Perú. S. E, conoce bien que para hacer 
semejante renuncia sería menester que los infrascriptos 
que constribuye a dar fuerza a este cálculo es que ha- 
tador, reconocían que Tarija pertenecía a las Provincias: 
recibiesen una autorización especial del gobierno que re- 
presentan, y no habiendo podido prevenir este caso, tam- 
poco han podido, por consiguiente, ser autorizados para 
ello. Mas los que suscriben no creen necesaria la renun- 
cia que se les pide, porque perteneciendo Atacariía, como 
parece haber pertenecido al departamento de Potosí, ella 
está incluida en la ley de 9 de mayo y correrá la suerte 
del departamento a que pertenezca. Otra circunstanci;) 
que contribuye a dar fuerza a este cálculo es que ha- 
biendo recibido los que firman instrucciones de su go- 
bierno para la declamación de Tarija, carecen de ellaíj 
con relación al territorio de Atacama". 

El reclamo diplomático se circunscribe, pues, al terri- 
torio de la provincia de Tarija, que Bolívar reconoce ser 
de las Provincias Unidas, pero que declara estar even- 
tual y militarmente ocupado. ¿ Cuando y cómo debía ce- 
sar esta ocupación? Este era un tópico que debieron 
aclarar los plenipotenciarios argentinos. 

Empero, por oficio datado en el palacio de gobierno, 
en Chuquisaca, a 17 de noviembre de 1825, dirigido a 
los plenipotenciarios argentinos, consta : "El abajo fir- 
mado tiene la honra de poner en conocimiento de los 
señores ministros plenipotenciarios de la República Ar- 
gentina, que íá. E. el libertador ha accedido a la entrega 
de la provincia de Tarija, demandada por segunda vez 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA ÍJIT 

por los señores ministros, en la nota fecha 10 del presen- 
te que se sirvieron dirigir a S. E., y en su virtud ha 
mandado librar las órdenes necesarias para que se ve- 
rifique la entrega dicha". 

Esta entrega se hacía bajo la condición de que el te- 
rritorio de Atacama quedase como perteneciente al Al- 
to Perú. 

La resolución de Bolívar de 17 de noviembre de 1825 
venía a nulificar el pronunciamiento del cabildo de Ta- 
rija de 13 de agosto, hecho bajo la presión del coronel 
O'Connor; y aun cuando tuvieron por mira el hacer in- 
corporar a la asamblea del Alto Perú los diputados po;^ 
Tarija, aquella corporación había tenido la previsión de 
aplazar la resolución por ardid, como consta de la nota 
contestación de 29 del mismo mes y año, que decía así: 
"Pero siendo preciso, para resolver sobre la incorpora- 
ción a este cuerpo de los diputados que se han electo, 
tener a la vista el acta de la independencia de ese de- 
partamento de la República Argentina, espera la asam- 
blea se la remita a la brevedad posible. — Dios guarde 
a V. E. — José María Serrano, presidente". 

Resiulta de todos los documentos oficiales que dejo trans- 
criptos: 1.' que el gran mariscal de Ayacucho y el liber- 
tador, reconocían que Tarija pertenecía a las' Provineias 
Unidas ; 2.° que se declaraba subversivo el principio de 'a 
voluntad popular para justificar las desmembraciones te- 
rritoriales ; 3.° el acuerdo en el principio fundamental, de 
que las demarcaciones coloniales de 1810, era la base sobre 
la cual debía constituirse los nuevos estados y su sobe- 
ranía y dominio territorial, es decir, el uti possidetis del 
año diez, como regla pa.ra los desiindes de los estados. 

El uti possidetis del año diez, proclamado con singular 
criterio en la exposición del general Alvear, contestando 
al gran mariscal de Ayacucho ; y reconocido por el li- 
bertador, constituye actualmente un principio interna- 
cional americano. 

"El Perú con Colombia y después con el Ecuador,— 
dice Corpancho, — por la provincia de Mainas con los 
pueblos de Quijos y Canelos; Nueva Granada; con el 
Ecuador ; Chile con Bolivia por el desierto de Atacama, 
y con la República Argentina por la extremidad austral 
del continente (Patagonia, islas de los Estados, tierra 
del Fuego y estrecho de Magallanes) ; el Paraguay con 
la misma por Misiones y el Chaco, México con Guatema- 



318 VICENTE G. QUESÁDA 

la por la Provincia de Chiapos; Honduras con Inglate- 
rra por el litoral entre Trujillo y cabo de Gracias a 
Dios, con Nicaragua por el antiguo partido de Nicoya 
(hoy Guanascate) y la margen meridional del río de San 
Juan y con Nueva Granada por la bahía Chirigui; el 
Brasil con los estados condóminos a la hoya del Ama- 
zonas, han fundado sus pretensiones en el mismo título 
y toda la disputa ha rodado en dilucidar cual era el iiti 
possidetis de la época convenida. Esta confonnidad de 
todos los estados americanos, aun en los mismos momen- 
tos de sus controversias de límites, para atacar el valor 
de ese principio, le da una fuerza incontrastable de le- 
gitimidad (1) . 

La misma república de Colombia y el Períi, cuyo go- 
bierno supremo dirigía Bolívar en 1825, celebraron lue- 
go el tratado de 1829, cuyo artículo 5." estatuye — "que 
ambas partes reconocen por límites de sus respectivos 
territorios, los mismos que tenían antes de su indepen- 
dencia los antiguos virreinatos de Nueva Granada y el 
Perú". 

Esta es la doctrina de los tratadistas bolivianos. San- 
tiváñez, en su notable estudio de la cuestión de límites 
con Chile, publicado en 1863, decía: "Una vez determi- 
nadas las circunscripciones territoriales en la primera 
época de la conquista, era necesario seguir la manifes- 
tación de la voluntad soberana sobre evSta materia en las 
leyes, cédulas, órdenes, y otras disposiciones de la épo- 
ca colonial, para tratar de verificarlas en el momento de 
la emancipación de las colonias, ya que las repúblicas 
sudamericanas han adoptado en el deslinde de sus res- 
pectivos territorios, el principio de que sus límites son 
los mismos que los de las secciones coloniales de que se 
formaron ' ' . 

De manera que la resolución del libertador Bolívar 
mandando devolver la provincia de Tarija, ocupada mi- 
litai'mente por O'Connor y fuerzas del ejército unido-li- 
bertador, estando dominadas militarmente las provincias 
del alto Perú por el mariscal Sucre, al mando del ejér- 
cito de que era jefe el libertador, era un acto perfecta- 
mente legal, irrecusable y no sujeto a la vei'sión ni a 
la aprobación de congreso alguno: se trataría de una 
operación militar, como la ocupación de un territorio, y 
resolver su desocupación y entrega, era acto que priva- 

(1) Revista de Lima — El uii possidetis, etc., por M. N. Corpancho. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 319 

tivamente coiTespondía a la autoridad militar. Esa reso- 
lución no era un convenio que cedía territorios, no era 
un tratado de demarcación de fronteras; era el hecho 
militar de desocupar el territorio de la nación limítrofe, 
desocupación ordenada y restitución ejecutada, en vir- 
tud de la demostración de que ese territorio era argen- 
tino, con arreg'o al iiti possidetis del año diez. 

¿Fué o no entregada la provincia de Tari ja después 
de los recordados antecedentes? 

"Reconocidos por el Libertador Bolívar, — dice Legui- 
zamón, — los derechos argentinos sobre Tari ja, dispuso 
inmediatamente sn entrega definitiva a las autoridades 
de esta república. Ya antes de la adopción de esta me- 
dida estaba Tarija incoi-porada a la provincia de Salta; 
pues a mérito de la reclamación entablada por el general 
Arenales, quien probó cumplidamente que ese distrito 
fomiaba 'parte de esta provincia desde mucho antes de 
1810, le !fué entregada por disposición del mariscal Su- 
cre, y en su consecuencia había elegido los diputados que 
debía representarlo, tanto en la honorable junta de R. 
como en el congreso nacional, y para desvanecer las du- 
das que abrigan al respecto nuestros contendores, pu- 
blicamos los siguientes documentos." 

Leguizamón publica, en efecto : 1.° la nota datada en 
La Plata a 3 de junio de 1825 dirigida por el mariscal 
Arenales al ayuntamiento de Tarija, en la que se lee : 
"Expuse, igualmente, a S. E. (mariscal Sucre) los di- 
ferentes títulos que constituyen a Tarija parte integran- 
te de la provincia de Salta, y en contestaciones de 30 a 
31 de mayo próximo pasado, me dice que si Tarija en 
el año de 1810 era de Salta, esto debe servir de guía 
en el caso, y que ha ordenado al señor coronel O'Con- 
nor que prescinda de todo conocimiento en ese pueblo 
y su territorio. En lesta virtud, eietnoo! notorio a ese 
ilustre ayuntamiento que muy antes de 1810, Tarija de- 
pendía de Salta y cuando S. E. prescinde de tomar 
parte e conocimiento en ese país, y ni aún ha mandado 
que se nombren diputados para la asamblea del Altv, 
Perú, he ordenado con esta fecha al señor teniente go- 
bernador doctor don J. Vicente Echazú pase inmediata- 
mente a esa, y que reasumiendo el mando de que fué 
despojado, vigile por el orden, acelere cuanto antes el 
nombramiento de diputados que por las leyes existentes 
corresponden a ese distrito ; y dicte todo lo que convenga 



320 VICENTE G. QUESADA 

a la paz y tranquilidad del mismo:" 2.° El cabildo y 
ayuntamiento de Tarija por o'fieio de 29 de agosto del 
mismo año de 1825 acusa recibo y comunica al capitán 
general y gobernador-intendente de Salta, mariscal Are- 
nales, que en cumplimiento de la referida suprema or- 
den, se han nombrado diputados a la legislatura de Salta 
y dos diputados al congreso nacional reunido en Bue- 
nos Aires, cuyo acto tuvo lugar el día 27 del mismo mes 
y año: 3.° La misma municipalidad de Tarija por nota 
de 9 de febrero de 1826, dirigida al mismo mariscal 
Arenales, le comunica que el ayudante de la legación 
argentina, Ciríaco Díaz Vélez, ha traído el oficio del li- 
bertador en que previene que ha resuelto y decidido que 
Tarija pertenece al estado argentino, y en sli virtud 
se le entregue el mando de la provincia, como se le en- 
tregó el día 4 del corriente — "quedando estos habitan- 
tes muy gustosos y satisfechos con una medida tan aná- 
loga a su felicidad y adelantamientos, y como los seño- 
res enviados extraordinarios no prescriben, sino única- 
mente indican la reincorporación a la de Salta, pareció 
imprescindible a esta municipalidad dar lugar al voto 
general de Tarija por la independencia de aquella ca- 
pital, elevando las razones y fundamentos de sus recla- 
mos a la superioridad del estado donde corresponde": 
4.° La nota datada en Chuquisaca a 17 de noviembre de 
1825, firmada por B. Estenos, como secretario general 
de la república peruana, y dirigida al gobernador de la 
provincia de Tarija, manifestando que el libertador, ac- 
cediendo al reclamo de la legación argjentina, mandó 
entregar el mando de dicha provincia al edecán de la 
legación argentina Ciríaco t)íaz Vélez, para que tome 
posesión de ella : 5.° Nota del enviado extraordinario de 
Bolivia cerca del gobierno argentino, José María Se- 
rrano, dirigida al gobernador y capitán general de Salta, 
datada en la misma ciudad a 22 de enero de 1826, di- 
ciendo — "que la diputación pennanente de la asamblea 
de dicha república, conforme a los saludables consejos 
y laudables sentimientos de S. E. el libertador de Co- 
lombia y el Perú, le ha ordenado que al E. N. del Río 
de la Plata proteste solenmemente, que nunca la repú- 
blica de Bolivia incorporará a su territorio alguno de 
las Provincias Unidas, aun cuando lo deseen y pidan sus 
habitantes, sino fuere en virtud de convenio legal, pa- 
cífico y amigable con el gobierno supremo de esas pro- 



I 



mSTOniA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 32i 

vincias", y -lo pone en conocimiento del gobernador de 

Salta". 

Estos documentos oficiales son concluyentes . Ellos 
prueban la restitución oficial del territorio de Tarija y 
la declaración solemne de que jamás se incorporarán a 
Bolivia territorios ni provincias del estado, sin previo 
acuerdo y convenio entre ambos gobienios. La cuestión 
cjuedaba así terminada, reconocido el derecho y ejecu- 
tado el acuerdo. Los sucesos i)osteriores no cambian la 
faz legal de la cuestión, la presentan bajo otros aspectos 
y la hacen más gi'ave, porque importa una agresión a 
la soberanía y dominio del distrito de la Repiibliea Ar- 
gentina . 

Facundo Infante, ministro de relaciones exteriores de 
Bolivia, por nota de 9 de septiembre de 1826, dirigida 
al gobernador-intendente de Salta, le manifiesta que, a 
pesar de las solemnes declaraciones del gobierno boli- 
viano, el acta de la municipalidad de Tarija, que pide 
su reincoi-poración al Alto Perú, obliga a desconocer las 
anteriores declaraciones, por los fundamentos que ex- 
presa . 

Que habiéndose negado el gobierno argentino a admi- 
tir públicamente al enviado de la asamblea general de 
Bolivia, encargado no sólo de transigir los asuntos pen- 
dientes sino de los tratados de límites, quedan inciertos 
los datos en virtud de los cuales el libertador resolvió el 
asunto de Tarija y por e-lo, reincorpora ese territorio 
a Bolivia, hasta que se decida la demarcación territorial. 

Innecesario me parece demostrar la mala fe del pro- 
cedimiento: Tarija fué entregada por Sucre y por Bo- 
lívar incondicionalmente sin que dependiese la validez 
de ese acto, del tratado de límites que pudiera celebrarse 
en adelante. 

De modo que, cualquiera que fuera La razón que hizo 
aplazar el recibo oficial de Serrano, ese acto no daba 
derecho de reivindica,ción a Bolivia, puesto que había 
ocupado a Tarija müitannente y como medida de gue- 
rra, lo que no es título de dominio por el derecho de 
gentes. Reconocido el principio del uti possidetis del 
año diez como regla legal para las demarcaciones terri- 
toriales de los nuevos estados, es evidente que. cualquie- 
ra que fueran las emergencias supervinientes, el derecho 
no se alteraba, ni se nulificaba un acto consumado y 
una obligación internacional perfecta . 



322 VICENTE G. QUESADA 

Las argucias de que se vale Infante, no a' t eran la cla- 
ridad del principio aceptado, y sólo muestran que, apro- 
vechándose de la guerra que a la sazón absorvía al go- 
bierno argentino, obligado a combatir al imperio, trata- 
ba de ocurrir a las vías de hecho, buscando en la pose- 
sión sin título el medio de consumar la desmembración 
del territorio de Salta. Las circunstancias en que se 
consumaba el atentado, la traición pública a declaracio- 
nes oficiales, constituyen ese acto como el más inicuo de 
los atentados entre las naciones, más" inicuo que el lle- 
vado por la Gran Bretaña apoderándose de las islas Mal- 
\dnas, en plena paz, acaso menos disculpable que la 
conquista que Chile acaba de hacer de todo el litoral 
boli\dano. porque al fin Chi'e invoca el derecho de la 
fuerza y funda su título en la victoria. 

El mismo Infante, cuyos ardides son tan famosos en 
la historia de aquella república, declara, "que ha pen- 
sado que es su deber por el momento, admitir la rein- 
coi-poración de la provincia de Tarija a la república, 
hasta que los resultados de la negociación de límites de- 
cidan un asunto que es en sí tan delicado, y por lo mis- 
mo, no quiere tratar sino muy amigablemente." (1) 
Declara, empero, que resistirá a la fuerza, si Salta o el 
gobierno general recurriese a ella . ¿ Cómo contestó el 
gobierno argentino ? 

El congT'eso general en Buenos Aires a 30 de noviem- 
bre de 1826 sancionó la siguiente ley: "Art. 1.° Queda 
elevada al rango de provincia la ciudad de Tarija, y su 
territorio adyacente. Art. 2." Se le declaran todos los 
derechos y prerrogativas que la constitución y las leyes 
establecen a favor de las provincias." 

El gobierno de Boli\ia entonces declaró que se opon- 
dría por las armas al cumplimiento de esa ley. Era el 
mismo caso que había traído la guerra con e] Brasil : la 
provincia de Montevideo declara pertenecer a las Pro- 
vincias Tnidas, y el congreso dicta la ley reincor- 
porándola, se opone el Brasil y estalla la guerra. La 
actitud de Bolivia constituía un verdadero casiis helli, 
puesto que, entregado oficialmente ese territorio al go- 
bierno argentino, electos diputados a la legislatura pro- 



I 



(1) La nota está datada: "Palacio de gobierno en Chuquisaca, a 9 
de septiejnbre de 1826", y dirigida al excmo. señor gobernador y capitán 
general de Salta. — Vide Limites con Bolivia, por Juan M. Leguizaiaión, 
etc., pég. 69 y 70. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 323 

vincial y nacional, el acta de la municipalidad pidiendo 
incorpora.rse a Bolivia era una anexión a un estado ex- 
tranjero, desde que como parte integrante de la Nación 
Argentina había solicitado del congreso nacional se ele- 
vase su territorio al rango de provincia autonómica, y 
en su consecuencia se había dado la ley. De manera 
que después de la solemne declaración de Serrano, que 
el congreso de Bolivia no aceptaría en caso alguno que 
ese ni otro territorio se anexase a Bolivia. sin la aquies- 
cencia del gobierno argentino, la resolución posterior era 
una ofensa y un atentado, reagravado por la declaración 
posterior, oponiéndose al cumplimiento de la ley, y ame- 
nazando con las armas. 

¡ De qué distinta manera procedió Venezuela en 1830 ! 
¡ Qué notable diferencia entre la nobleza, la seriedad y 
el respeto del gabinete de Caracas, y la intriga ruin, y 
la hipócrita astucia de los que violan la fe pública, sólo 
porque un acto es útil. 

Así como es justo recordar las faltas de los gobiernos 
de que responden los pueblos ante la historia, así tam- 
bién lo es recordar la hidalguía que honran a un gabi- 
nete y refleja en gloria de una nación ! 

Colombia se dividió en 1830, Casanare pidió al con- 
greso de Venezuela la incorporación a su territorio na- 
cional, el congreso se negó, las desmembraciones y las 
anexiones son origen de graves conflictos. Segunda vez 
solicitó Casanare su incorj^oración a la república vene- 
zolana ; alegaba la topografía, su condición pecuaria que 
la hacía continuación de los llanos de Venezuela, y el 
congreso tampoco creyó que podía aceptar la desmembra- 
ción de la nación limítrofe, y todavía Casanare insistió 
por tercera vez, porque tenía la voluntad de ser venezo- 
laaia ? ¡ Tampoco fué escuchada ! 

Mientras tanto, el gran mariscal de Ayacucho, había 
sido el instrumento para arrebatar a Tarija, faltando a 
compromisos solemnes; para violar la entrega que de 
el^a hizo el libertador. Su país natal más tarde, daba 
a las naciones vecinas una lección hermosísima, de cómo 
proceden los gobiernos honestos! Esa es la condenación 
histórica de la deslealtad del gran mariscal de Ayacucho, 
en el fatal asunto de Tarija. 

El ministro nacional Julián S. de Agüero, por nota 
10 de noviembre de 1826, dirigida al gobernador de Sal- 
ta, le manifiesta que, a pesar de la resolución del gobier- 



324 VICENTE G. QUESADA 

no boliviano de oponerse por la fuerza a que Tari ja sea 
argentina, le ordena en nomBfe del presidente de la re- 
pública, "que quiere no obstaiite que el señor general a 
quien se dirige el infrascripto, en ningún caso haga uso 
de la fuerza para restablecer -el orden de cosas existen- 
tes antes de aquel movimiento" . 

Esta actitud débil y medrosa dejaba comprometido el 
prestigio del congreso, cuyas leyes no cumplía el P. E. 
encargado de ejecutarlas: los tarijeños partidarios de la 
unión argentina quedaban sin apoyo, entregados a las 
iras de sus adversarios, y la actitud desleal ofensiva del 
gobierno boliviano resultaba triunfante. No hay gobierno 
posible cuando no se tiene la ciencia del derecho, en cu- 
ya defensa debe usarse de la fuerza ; la prudencia no 
puede justificar la debilidad y la indecisión. Mejor hu- 
biera sido menos apresuramiento en el reclamo, si ante 
las vías de hecho se había de inclinar la frente ; si ante 
la amenaza se había de dar la espalda y taparse los 
oídos. 

Verdad que la situación política era gravísima : que 
la Eepúbliea Argentina estaba empeñada en una gue- 
rra internacional con el Brasil, y no era prudente afroii- 
tar otra con Bolicia, detrás de la cual estaba Colombiíi 
y el Perú. Pero el hecho es que esa actitud era com- 
pletamente pusilánime e indecisa ; importaba confesar la 
más absoluta impotencia. 

El triunfo diplomático del general Arenales, Alvear y 
Díaz Vélez era desmoralizado por la inconsecuencia dei 
E. N., pero el hecho queda en toda su fuerza, que lo 
hace gravísimo para el crédito de una nación: su sobe- 
ranía era desconocida, la integridad de su territorio vio- 
lada, y agravando la actitud la amenaza de usar de la 
fuerza y apelar a las armas. La ^dolencia suprimía el 
derecho, y el estado de paz se tornaba en un verdade- 
ro estado de fuerza. 

Soy de los que piensan que la verdad histórica no de- 
be ocultarse, que puede explicarse ; pero que la virilidad 
de un pueblo consiste en conocer sus propios errores, 
y que hay cobardía en adular las preocupaciones popu 
lares y la vanidad nacional. Esa política indecisa, no 
amengua en nada el derecho, y quizá se explica en las 
personas que estaban en la dirección de los negocios, 
porque conocían los elementos anárquicos que al fin de- 
rrocaron al gobierno nacional, en plena guerra con el 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 325 

Brasil, y si a pesar de una situación tan precaria, de 
complicaciones tan serias, se resolvió con honra la ^e- 
rra con el imperio, esto basta para tranquilizar las sus- 
ceptibilidades retrospectivas . 

El 26 de noviembre del mismo año, el citado ministro 
del gobierno nacional, decía al gobernador de la provin- 
cia de Salta: "Como la protección que el gobierno de 
Bolivia ha ofrecido a Tarija es acaso un pretexto que se 
busca con estudio para hostilizar nuestro territorio, y 
amenazarnos con las fuerzas que se acantonan en Mojos, 
según instraye el señor general gobernador en su comu- 
nicación de 14 del pasado, ha dispuesto S. E. se le pre- 
venga muy particularmente guarde a este respecto toda 
la prudencia y moderación que sea compatible con el 
honor nacional ; y que despreciando las fanfarronas ame- 
nazas del coronel O'Connor, se dedique con actividad y 
celo a la organización de la fuerza que ha puesto bajo 
su mando, y de la que sólo deberá hacer uso en el caso 
de ser atacado alevosamente..." 

¿Qué causa indujo al gobierno argentino a aplazar el 
reconocimiento de la independencia de Bolivia ? ¿ Qué ra- 
zón de estado explica ese procedimiento? Tanto el E. 
como el congreso habían oficialmente manifestado que 
las cuatro provincias del Alto Perú podían resolver li- 
bremente sobre su suerte y gobierno. 

Más aún : los mismos plenipotenciarios Alvear y Díaz 
V-élez, habían declarado oficialmente que la indepen- 
dencia de Bolivia tenía su origen en la ley de 9 de mayo 
de 1825, que era innecesario declaración alguna poste- 
rior; ¿por qué entonces aplazar la mera fórmula de un 
acto de reconocimiento explícito? ¿Era serio reconocer 
implícitamente el hecho, y negar las conveniencias lega- 
les que de él fluyen? No es posible explicar ni compren- 
der la política marista y nebulosa del gabinete argenti- 
no, tan inferior en las miras políticas a las vistas acer- 
tadas y justas manifestadas por el plenipotenciario ge- 
neral Alvear. 

Estas contradicciones en las relaciones internaciona- 
les, esta falta de seriedad y de consecuencia en los pro- 
pósitos, causa con frecuencia conflictos muy graves, por- 
que nada se prevé, y son los acontecimientos los que mar- 
can e' rumbo, cuando es calidad de los hombres de esta- 
do dirigirlos para evitar ser envueltos por lo imprevisto. 

De manera que Agüero, para explicar al gobernador 



326 VICENTE G. QUESADA 

de Salta el plan político que había creído deber seguir 
en Bolivia, le decía: "será necesario instruirle, que ha- 
biéndose negado a acceder a las gestiones del señor Se- 
rrano, encargado de solicitar el reconocimiento de aque- 
lla nueva república, y declarándole terniinant-eraente S. E. 
el señor presidente, no creían aun llegado el caso de pno- 
ceder a aquel reconocimiento, el gobierno de Bolivia se ha 
manifestado resentido, por no haber encontrado en el se- 
ñor presidente una deferencia a que no podía prestarse 
sin comprometer el honor y los intereses de la república 
que preside. El resentimiento lo ha conducido a exigir 
explicaciones sobre este particular, confesando al mismo 
tiempo que nada se le debe de justicia, y que este gobier- 
no no puede ser forzado a prestar el reconocimiento que 
se exige, sino en el modo y forma que él juzgue conve- 
niente". 

El mismo Agüero confesaba que esa resolución no ha- 
bía escapado a la censura en Buenos Aires, y, en efecto, 
era cuando me^ms pon+raria a la nota en que el ministro 
de la guerra dirigió al mariscal Arenales; a la circular 
aue éste pasó a los cabildos y avuntamientos del Alto 
Perú y al mismo Bolívar: no podía; por otra parte, ex- 
plicarse esta contradicción, después del éxito que había 
obtenido la misión Alvear-Díaz Vélez, y la entrega he- 
cha de la provincia de Tarija, ocupada entonces mili- 
tarmente y como medida de guerra. 

Acaso aquellas declaraciones oficiales no importaban 
dejar a las cuatro provincias del Alto Perú en pleno de- 
recho de constituir un nuevo estado? Supóngase que no 
se hubiera querido consentir esa desmembración, debió 
decirse con lealtad y buena fe, cuando Sucre interpe- 
laba al general Arenales, para saber si el gobierno ar- 
gentino ononía algún obstáculo para la reunión de la 
asamblea del Alto Perú, cuál era el verdadero alcance de 
esa Ipv. tal como pudiera comprenderla e interpretarla 
el gabinete de Buenos Aires. 

Si la intención fué limitada a la organización interna 
de esas provincias, o más claro, a la adopción de la for- 
ma unitaria o federal, cuestión ardiente de la época, de- 
bía decirse, sin embargo; pero de toda la corresponden- 
cia oficial se induce que era una facultad amplísima e 
incondicional para decidir de su suerte como en aquella 
asamblea se quisiere, y por lo tanto entraba la facultad 
y el derecho de formar un nuevo estado independiente. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 327 

No defiendo la resolución del congreso argentino ; creo 
que fué impremeditada y dio fuerza a las tendencias di- 
solventes; pero el hecho tenía consecuencias, contra las 
cuales no podía oponerse con equidad y justicia. Convie- 
ne establecer por qué procedía de esa manera el gobier- 
no argentino. 

En 10 de noviembre de 1826, por el departamento de 
relaciones exteriores, se dirige un oficio al ministro de 
relaciones exteriores del gobierno del Alto Perú, con- 
testando la nota en que se pedían explicaciones por no 
haber procedido al reconocimiento de la independencia, 
como lo había solicitado Serrano, enviado de aquel go- 
bierno. Dice: "El reconocimiento de la soberanía e in- 
dependencia de esas provincias, por sólo el hecho de ha- 
ber pertenecido siempre al territori© argentino, no ha de- 
bido prestarse por parte de este estado, sin que ajus- 
tasen al mismo tiempo los arreglos que eran consiguien- 
tes a la nueva posición en que quedaban ambos estados- 
Mas la disposición poco favorable que desgraciadamente 
se ha dejado sentir en las provincias del Alto Perú, con- 
venció a S. E. que sería poco prudente pensar hoy en 
un arreglo semejante. En este estado no ha podido ha- 
cer otra cosa que suspender por ahora el reconocimien- 
to que exigía. Entretanto él se esforzó por su parte en 
allanar aquella dificultad ; con ese objeto dispuso se 
considerase a^ señor Serrano, como agente confidencial, 
medio el más natural para que entendiéndose ambos go- 
biernos, se restableciese la confianza que se había perdi- 
do. Si después de esto recuerda el señor ministro la pro- 
testa que ha hecho este gobierno de guardar así en su 
letra, como en su espíritu, la ley de 9 de mayo del con- 
greso general constituyente, se convencerá que de las 
explicaciones que se le han exigido, sobre no ser necesa- 
rias, en su principio, habrían sido al menos impruden 
tes". 

¿Cuál era la causa de las desconfianzas alegadas? Si 
las había, ¿por qué no allanarlas, discutirlas y resolver- 
las con prudencia y firmeza, sobre todo cuando en esos 
momentos aun estaba en Bolívia la legación argentina': 
Las desconfianzas no excusan ni justifican un acto po- 
sitivo de mala voluntad, cuando menos como la ne- 
gativa de reconocer en su carácter público el escándalo 
boliviano. Lo que se ve, y lo que se comprende, es la 
imprevisión, la ligereza, y ¿por que no decirlo sin reato?: 



328 VICENTE G. QUESADA 

el deseo de hacer notorias las malas relaciones entre am- 
bo?? gobiernos. El gabinete argentino temía la influencia 
de Bolívar, y correspondía mal al acto de nobleza hidal- 
ga, con que aquél supo dominar sus ambiciones e hizo 
justicia a la nación argentina, mandando entregar a su 
gobierno el territorio de Tarija, ocupado a causa de la 
guerra y como medida militar. 

Ese acto, cualquiera que fuesen sus móviles, obligaba 
a proceder con la misma nobleza y con igual desprendí 
miento. Aplazar el reconocimiento de la independencia 
de Bolivia, por pretextos frivolos, era cuando menos un 
proceder impolítico e imprudente. Los hechos demos- 
traron bien luego la poca cordura con que se procedió, 
y se 'justificaron las censuras a que se refería el mi- 
nistro Agüero: censuras que por desgracia no fueron 
oportunamente eficaces, puesto que no impidieron las 
complicaciones que tal acto produjo. 
. Esta vez, temía precipitar el reconocimiento del nuevo 
estado y en otra ocasión el gabinete del director pro- 
visorio de la confederación, procedía con ligereza y atur- 
dimiento, como lo hizo en 1852. al reconocer incondicio- 
nalmente la independencia del Paraguay, celebrando un 
tratado en que cedía territorios, neutralizando otros, al 
extremo que fué aplazado, y nulificado por ello en el 
congreso del Paraná. 

Por uno y por otro procedimiento, no acertó a arre- 
glar la demarcación de las fronteras, ni a conservar con 
los nuevos estados, desmembraciones del territorio nacio- 
nal, la armonía que constituye el vínculo fraternal y los 
intereses análogos. 

¿Por qué razón ambos procedimientos han sido inefi- 
caces para eludir inconvenientes? 

Par-éceme fácil la respuesta, porque se procedía sin 
un plan fijo, sin un propósito deliberado; se confiaba 
en el acaso y se dejaba que los acontecimientos señala- 
ran rumbos. 

Si se tenía el propósito de reconocer la independen- 
cia del Alto Perú, bajo ciertas y determinadas condi- 
ciones, la ley de 9 de mayo de 1825 debió señalarlas. Si, 
por el contrario, no había la mira de reconocer esa in 
dependencia, y se concedía únicamente amplia libertad 
para organizar el régimen interno o provincial, también 
debió decirse sin ambajes. Entonces el partido de los 
nuevos 'patriotas, como se decía en el Alto Perú, habría 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 32ÍÍ 

meditado y uegociado precisamente antes de constituirse 
en república independiente; pero una vez constituida, en 
virtud del asentimiento previo de organizarse en plena 
libertad y decidir de su suerte, demorar el reconocimien- 
to del hecho, no tenía objeto práctico ni ventajoso. El 
hecho era tan inevitable, que las mismas notas cambia- 
das importaban el implícito reconocimiento de dos es- 
tados diversos, puesto que son los ministros de relacio- 
nes exteriores los que mantienen el debate. La negativa 
producía inevitablemente recelos y prevenciones. Debía 
sobre todo meditarse bien, que reconocido o no oficial- 
mente el hecho, las doctrinas del congreso y del E. lo 
haijían legalmente estimulado, desde que sostenían que 
la libre voluntad de los pueblos era necesaria para cons- 
tituir la sociedad política. Negar las consecuencias de 
esas malhadadas doctrinas, en medio de un gravísimo 
conflicto internacional, era una imprevisión indisculpa- 
ble. Tal es mi juicio. 

De la misma manera cuando se recionnció la indepen- 
dencia del Paraguay, cediendo a la presión brasileña, y 
en completa contradicción con las anteriores declaracio- 
nes de] gobierno argentino, se debieron establecer condi- 
ciones sobre demarc<iición, si no había intención de hacer 
concesiones, o cuaaido menos hacer expres/a resei'va de 
los derechos. Pero ignoro en virtud de qué instruccio- 
nes se hizo la más insensata pai-tija territorial, y. j. qué 
sucedió? Que no aprobando el congreso aquella impre- 
visión, el Paraguay quedó resentido y celoso en 1852. 
Tal cual pasó con Bolivia en 1S25 : en uno y ota-o caso el 
conflicto tomó creces'. 

Sostengo, pues, que no ha habido plan ni continuidad 
de miras en la dirección de las relaciones exteriores, en 
lo que nos lleva gran ventaja la política fij^a y hábil- 
mente persistente del Brasil. 

La política argentina respecto de Bolivia, participaba 
de las cambiantes que las rivalidades de colombianos y 
argentinos' habían mantenido. Bolívar se ofrecía a to- 
mar la dirección de la guerra contra el Brasil, poner un 
ejército numeroso e invadirlo por la espalda en diversos 
puntos: el gobierno de Rivadavia temió la preponderan- 
cia de Bolívar, y prefirió luchar sólo con el imperio des- 
deñando con menosprecio, — según López, — aquella 
alianza, y luchó y cayó en el naciente orden nacional, 
arrastrando en sus ruinas el congreso. , . 



330 VICENTE G. QUESADA 

Reanudando mi narración sobre la nueva ocupación de 
Tarija, es necesario no olvidar que esa ocupación por la 
manera condicional como fué hecha, no es título que 
pueda alegar Boli\'ia para adquirir el dominio : fué una 
medida de represalia. 

Es una violación evidente a declaraciones solemnes y 
públicas y a la ejecución de un convenio entre las auto- 
ridades y la legación argentina : Tarija fué entregada ofi- 
cialmente al edecán Díaz Vélez, de la legación argentina : 
Tarija eligió diputados provinciales y nacionales, porque 
formaba parte del territorio argentino, y así lo recono- 
cía la autoridad militar que dominaba y el gobierno del 
Alto Peni. ¿Cómo, pues, reincorporó esa provincia? El 
ministro Infante lo dice: "hasta que los resultados de 
la negociación de límites decidan el asunto", de modo 
que reconoce, cuando menos, que el territorio es litigioso, 
y adquiere de hecho una posesión, que no le dará jamás 
título para adquirir el dominio : la retiene como prenda, 
como medida de represalia. 

Importa establecer este antecedente jurídico,, que es 
muy fundamental en la controversia pendiente. 

Bolivia no alega derecho de conquista, se limita a re- 
cuperar una posesión precaria hasta tanto que la 7)(^go- 
ciación de límites decida a cuál de las dos repúblicas per- 
tenece ; desconocer las declaraciones anteriores de su go- 
bierno, y la evacuación y la entrega realizada de csa.pro- 
vincia, como territorio de la República Argentina, bajo 
el pretexto de no habci-se reconocido la independencia de 
Bolivia: es una represalia. Pero la evacuación y entre- 
ga de una provincia ocupada como una medida de gue- 
rra, no era condición para ese reconocimiento: oran dos 
actos diversos independientes por su naturaleza. La re- 
presalia a que se ocurría no era un acto honesto : fué un 
atentado. 

El ministro plenipotenciario argentino elevó la siguien- 
te: "Protesta. — El ministro plenipotenciario y enviado 
extraordinario de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata en el Alto Pem, en nombre del gobierno de .su 
república protesta solemnemente desde ahora contra cual- 
quier acto que pueda tener lugar en adelante, bien ema- 
ne de las autoridades del Alto Perú, bien de los indivi- 
duos que pertenezcan a dicho estado, siempre que tienda 
directa o indirectamente a promover la desmembración 
del territorio de Tarija. u otro cualquiera de la repúbii- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 



331 



ca y sTi agregación al Alto Perú, como autorizan a creer 
qne se pretende la conducta observada por la pasada asam- 
blea del Alto Perú, las inquietudes promovidas en Tarij.i, 
y las disposiciones' que se dejan advertir en dicHo es- 
tado, que aun parece se cree con derecho a tomar alguna 
resolución en este asunto, que está definitivamente ter- 
minado.— Chuquisaca, 15 de Junio de 1826.— Josó Mi- 
guel Díaz Vélez." 

Infante, ministro de relaciones exteriores, dio cuenta 
al- congreso boliviano de la antedicha protesta, por ofi- 
cio del 7 de julio de 1826, en cuya exposición artera y 
maliciosa, se descubre la intriga y el doblez del ministro. 
Dice: "El presidente no ha creído dentro de sus obli- 
gaciones, mezclarse en un asunto que decidió el liber- 
tador como jefe del Perú, cuando estas provincias oran 
de aquel gobierno, y por tanto fué que éste como todos 
los actos del libertador y del gran mariscal, cuan.ílo ejer- 
cían el poder discrecional, se sometieron al congreso 
constituyente. Así es que el gobierno contestaría al se- 
ñor ministro argentino, haciéndose responsable de la 
conducta que el E. observase, respecto de la provincia 
de Tari ja, a no ser que en la citada nota del señor mi- 
nistro se refiera a medidas o pretensiones de la asam- 
blea general, que tampoco conoce el presidente . " 

Infante sabía perfectamente que no hubo pacto, ni 
tratado para esa entrega, porque se trataba simple y 
sencillamente del reclamo de un territorio de las Pro- 
vincias Unidas, ocupado militaimiente y como medida de 
guerra, por orden del mariscal Sucre: ocupación mili- 
tar de cuya validez y oportunidad era juez único^ y 
privativo "el libertador, como general en jefe del ejér- 
cito unido. 

Ahora bien, ante la autoridad militar, puesto que las 
provincias del Alto Perú estaban militarmente ocupa- 
das por el ejército peruano y colombiano, deducen el 
reclamo los plenipotenciarios: el libertador y el gran 
mariscal, en conferencia oficial discuten el caso, a,pre- 
cian el derecho con que se hace, y Bolívar ordena lia 
evacuación militar de esa provincia y la entrega formal 
al representante del gobierno argentino. Este acto no 
puede estar sujeto por su naturaleza y por las leyes de 
la guerra a la aprobación de una asamblea; es válido 
y firme, y es irrevocable y se ejecuta como toda medida 



332 VICENTE G. QUESADA 

militar en la guerra, sin atender a la sanción de los 
congresos . 

Infante, cuya perspicacia no puedo desconocer, co- 
nocía muy bien que no podía ka'berse celebrado pacto 
alguno, tratándose de la evacuación de un punto y de 
su entrega, no al ejiemigo, sino a una potencia aliada, 
puesto que lo era la Argentina, como lo prueba el cuer- 
po de ejército mandado por el mariscal Arenales. Pero 
Infante buscaba pretextos, para violar el compromiso y 
retomar el territorio evacuado. 

¿Qué contestó el congreso boliviano? 

"Si las re-aciones de Tarija, — dice, — desde tiempo 
inmemorial han estado ligadas con el Alto Penii por 
vínculos que su situación topográfica ha hecho indisolu- 
bles, si este pueblo hace su felicidad por los principios 
que la razón y la naturaleza permiten, y su voluntad 
está pronunciada por no dejarse arrancar de Boli\'ia, el 
gobierno ni otra autoridad, o individuos de la república, 
serán responsables de lo que pueda ocurrir. El congreso 
de Bolivia, que marcha francamente en sus deliberaciones 
sin apartarse jamá>s de los principios de la más íntima 
amistad y respeto a su hermana la República x\rgentina, 
se ve en el caso de exigir el tratado de la entrega de 
Bolivia, o el acto por el cual se hizo, y los documentos 
en que se fundó para deliberar. Entretanto no reconoce 
ninguua deliberación que desmembi*e el territorio de la 
república. Tampoco puede prestar su ratificación, ni 
decidir cosa alguna hasta que s^ obtenga de la República 
Argentina un formal reconocimiento de la soberanía e 
independencia de Bolivia, para que entonces la negocia- 
ción que fije límites naturales entre los dos pueblos ten- 
ga la solemnidad necesairia. Así el cuerpo legislativo 
autoriza al gobierno para reglar los límites de la repú- 
blica boliviana con la Argentina procurando que, aunque 
se pre?einda de antiguos derechos, se busque esencial- 
mente demarcar la división del territorio del modo que 
lo esté por la naturaleza. De ello resultará finalmente, 
si la provincia de Tarija en todo, o en parte, pertenece a 
ésta o a aquella nación." 

El congreso boliviano volvía sobre los argumentos de 
Suci-e, exponía necesidad de instituir una frontera inter- 
naciona' estratégica, invocaba los antiguos vínculos que 
ligaron en un tiempo a los pueblos del antiguo virreinato 
de Lima, y recurría a un recurso abogadil, puesto que 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 333 

el elemento forense y chicanero dominaba en la asamblea, 
pedía ante omnia la exliibieión del tratado en virtud del 
cnal se hizo la entrega. Sabía que no hubo, que no 
pudo haber tratado, pues el acto legal se redujo a eva- 
cuar ese territorio niilitarmente ocupado para funciones 
de guerra, y cuando el estado vecino, cuyo cuerpo de 
ejército también ocupaba parte de las provincias del Alto 
Perú, pide la entrega del territorio de su sioberanía, por 
no ser ya una base para operaciones de guerra, el gene- 
ral en jefe del ejército unido libertador, manda evacuar 
esa provincia y la entrega formalmente al representante 
del gobierno argentino. La naturaleza de este hecho, 
operación eminentemente militar, impide hacerlo por 
tratados, y tales entregas se perfeccionan y consuman, 
sin que nunca jamás puedan volver s'obre ellas los con- 
gresos: está en la esencia de la guerra, que todas las 
operaciones que en ellas se hacen, sean válidas, y los he- 
chos que resultan, irrevocables, porque se trata de una 
situación de fuerza en la cual las cuestiones de derecho y 
de fórmula se suspenden. 

¿Podía el congreso rever ese acto de guerra? Eviden- 
temente no : esa provincia fué ocupada por necesidades 
militares, decía el general Sucre; luego cuando las cir- 
cunstancias no harían necesaria la ocupación, cuyo juicio 
exclusivamente depende de la autoridad mi'itar, ésta 
pudo válidamente ordenar la evacuación y la entrega al 
estado vecino, aliado reclamante ; sobre ese acto el honor 
militar no permite se vuelva. La fe pública quedaría 
violada, si en la paz, se pudieran rever y reconocer los 
pactos y las consecuencias de las operaciones militares. 

El ministro de R. E., astuto y hábil, decía al pleni- 
potenciario argentino por nota datada en Chuquisaca a 
28 de julio de 1826: " . . .El gobierno de Bolivia se per- 
mite manifestar al señor ministro plenipotenciario, que 
acaso no ha sido prudente que el gobierno argentino haya 
toeado cosa a'guna al respecto de Tari ja, mientras que 
llegando al acto fomual del reconocimiento de Bolivia, 
hubiera podido entrarse en un tratado de límites y otro 
de amistad entre las dos repúblicas, que, dando recípro- 
cas garantías de sti inte>gridad, sirviesen a la vez a estos 
dos países por loa auxilios mutuos que pudieran pres- 
tarse. Tales eran las intenciones y los cles'eos del señor 
presidente. Sin embargo, el gobierno de Bolivia, unien- 
do sus sentimientos con los del cuerpo legislativo, protesta 



334 VICENTE G. QUESADA 

a las Provincias del Río de la Plata, que jamás" por su 
parte, ningún motivo alterará la nueva inteligencia, y la 
fraternidad que debe ligar a ambos pueblos; porque en 
cualquiera diferencia doméstica, cuenta con 'a buena fe 
del gobierno argentino para transigiría amigablemente." 

El empeño de Infante era mezclar en la cuestión de 
la restitución de Tarija, es decir, de la evacuación del 
territorio por fuerzas militares y para operaciones de 
gueiTa, con la controversia sobre demarcación de fron- 
teras'. Estas dos cuestiones diversas por su esencia, no 
podían equitativamente discutirse simultáneamente, y 
mucho menos, cuando por la fuerza se había nulLñcado 
la evacuación pactada, y se ocupaba el territorio nueva- 
mente, no para funciones de guerra, sino como prenda 
para demarcaciones territoriales. El proceder del go- 
bierno boliviano, buscando en los ardides del procedi- 
miento forense los medios de recuperar una posesión sin 
título, desviaba oon bastante habilidad la cuestión, y 
traía el debate a la discusión de los límites, queriendo 
aplazar para entonces, la resolución de la posesión to- 
mada violentamente, faltando a su fe pública, descono- 
ciendo un acto militar, sobre funciones de guerra, por- 
que otio se había celebrado un tratado en forma, cuando 
constaba el reclamo escrito la discusión escrita, y la re- 
solución escrita. El proceder del gobierno de Solivia, 
es incalificable ante el derecho internacional ; la fe pú- 
blica quedó violada, y en vano la invocarooi luego en 
documentos oficiales revestidos de mentidas promesas y 
falaces demostraciones de amistad. Dicen que así pro- 
ceden en la vida habitual las razas, indígenas del Alto 
Perú, que prometen, lloran luego, y tratan de no cum- 
plir jamás: pero esas pobres razas indias, no conocen la 
importancia de la fe pública! 

El ministro plenipotenciario argentino doctor Díaz 
Vélez, contestó en 2 de agosto de 1826, a la expresada no- 
ta, en los siguientes términos: "... Anfes de entrar en 
materia sobre el contenido de estos documentos, el ple- 
nipotenciario de las Provincias Unidas declara finalmen- 
te que no reconoce autoridad en el congreso de Bolivia 
para intervenir, revocar, ni confirmar la resolución to- 
mada por S. E. el libertador, de restituir a Tarija a la 
República Argentina, ni esta república admitirá jamás 
como válida una resolución tomada por el congreso de 
Bolivia sobre la materia. . . El la dictó, él solo pudo y 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 335 

debió revocarla coino medida de circunstancias y de pu- 
ro hecho ; y el congreso no puede ni debe ingerirse en un 
negocio terminado en el orden en que debió serlo, y con 
la legalidad que corresponde. Si él interviene en lo que 
no es de su resorte, téngase entendido que el gobierno 
argentino no da ningún valor a este acto en cuanto pue- 
da tener relación con sus derechos". 

En efecto : esa entrega era la consecuencia de un con- 
venio trilateral, en virtud de un reclamo diplomático: 
sobre operaciones militares y durante la dominación mi- 
litar, acto jurídico perfecto y consumado sobre el cual 
no podía volver uno de los obligados sin el acuerdo de] 
otro. No era necesario que ese con'venio revistiese deter 
minadas formas desde que por notas oficiales constaba 
el reclamo, en protocolos oficiales se discutió el negocio, 
y en virtud de todo ello, resolvió Bolívar, autoridad mi- 
litar de hecho, suprema y dictatorial, puesto que domi- 
naba por la guerra el país de cuyos derechos se trataba 
y el caso resuelto se refería a una operación de guerra. . 
Por otra parte, el gran mariscal de Ayacucho había re- 
conocido que si Tarija pertenecía a Salta en 1810 ésta 
debía ser la regla para resolver la controversia, que fué 
ocupada para objetos militares, y prescindiendo de la so- 
beranía territorial y luego Serrano declaraba oficialmen- 
te, en nombre del congreso, que Bolivia no aceptaría la 
anexión de ningún territorio sin el consentimiento de la 
nación argentina, tratándose de Tarija. 

Si el plenipotenciario argentino hubiera accedido a 
presentar ante aquel cuerpo los documentos justificati- 
vos del derecho argentino, habría sido reconocerle el 
derecho de rever un acto jurídico perfecto y consu- 
mado, como consecuencia de una operación militar du- 
rante el estado de guerra, puesto que se trató de la eva- 
cuación de un territorio ocupado por fuerzas del general 
en jefe, que resolvió la entrega. 

"Tal conducta — decía — podría reputarse un de- 
sistimiento tácito de la protesta, o al menos un paso po- 
co circunscripto, o aquiescencia desfavorable a la posi- 
ción que ocupa el ministro". No reconociendo competen- 
cia en el congreso para reabrir el juicio, el plenipoten- 
ciario se negó a someterle los antecedentes. 

"El gobierno argentino — agrega — habría olvidado 
el primero de sus deberes, si hubiese permitido que el 
Alto Perú le determinase los límites de su república con 



336 VICENTE G. QUESADA 

desmembración de su territorio : no hizo más, pues, que 
llenar esta obligación con prudencia y oportunidad, 
cuando reclamó de S. E. el libertador la restitución ds 
Tarija"... "debe tenerse presente que Bolivia no tení'i 
existencia política cuando el libertador resolvió la resti- 
tución, y que S. E. entonces revestía el poder dictatorial. 
No habrá quién se persuada que Bolivia se encuentra 
ahora con derecho de confirmar o revocar un acto, si se 
quiere, del poder dictatorial, que es anterior a su exis- 
tencia". 

Y tan e^ndente es esto, que ni se convocó a Tarija pa- 
ra que eligiese diputados a la asamblea del Alto Perú: 
el nuevo estado se formó, pues, del territorio de las 
cuatro provincias. Tarija se declaró argentino. ¿Qué 
acción reivindicatoría podía deducir? Su territorio era 
el que le crearon los estados que concurrieron a su for- 
mación, las Provincias Unidas desprendiéndose del de- 
recho de mantener la integridad del antiguo virreinato 
y el libertador contribuyendo con el ejército unido a 
vencer a los realistas. La nueva república, pues, se for- 
maba con un distrito conocido, circunscrito a las cua- 
tro provincias del Alto Perú; nada más. 

"La %dctoria de Ayacucho — agrega el plenipotencia- 
rio argentino — no puso bajo la autoridad del jefe deJ 
ejército libertador todos los pueblos ocupados por los es- 
pañoles, como dice el congreso, sino solamente el territo- 
rio que le entregaba la capitulación que siguió a aquella 
gloriosa batalla. Tarija no está en este territorio, y fué 
ocupada cuando ni allí había españoles ni frontera ene- 
miga que guardar. Pero supongamos que Tarija se ha- 
llase en el caso que el congreso quiere : si el jefe del 
ejército libertador debía maüdar los pueblos hasta pre- 
sentarlos a las autoridades legítimas, el libertador lo ha 
cumplido así, e instruido de que Tarija pertenecía a las 
Provincias Unidas, la ha entregado a su gobierno". 

Preciso es convenir que Díaz Vélez no fué hábil, pues- 
to que entraba a discutir sobre el título al dominio del 
territorio, y esa no debía ser, no era la cuestión. Lo úni- 
co que debió admitir y a lo que se debió concretar, era 
a pedir la nueva evacuación de Tarija, porque la ane- 
xión por la fuera era la conquista y entonces terminaba 
el estado de paz, no quedaba sino una situación de fuer- 
za. La entrega de Tarija no podía nulificarla el con- 
greso, por las razones tantas veces expuestas. La cues- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 337 

tión sobre demarcación de fronteras era cosa diferente; 
confundirlas y discutirlas conjuntamente, era no com- 
prender su alcance, y permitir qae por la violencia se 
tomase posesión del territorio, que ahora quería" cuestio- 
narse, no como reivindicación de dominio, sino por con- 
venir para señalar una fruntera internacional estratégi- 
ca. El plenipotenciario argentino no debió permitir que 
así se entrase a un debate empezando por la violencia 
que sólo admite la violencia, láu nota es débil en la for- 
ma,- pobre en el fondo, y no se coloca en el terreno que 
su carácter y la situación le demarcaban. 

Pero no debe sorprendernos su nota incolora y vaci- 
lante, cuando el ministro Agüero recomendaba al ma- 
riscal Arenales de no recurrir en ningún caso a las ar- 
mas, sino para defenderse, y mientras tanto los boli- 
vianos recurrían a la fuerza y tomaban por su voluntad 
lo que a su buen querer, les convenía. Indudablemen- 
te el plenipotenciario Díaz Vélez recibiría instrucciones 
de ser exageradamente prudente, y por eso la debilidad 
de su nota, llena de amabilidades. Ya no estaba en la 
legación el general Alvear. 

La legislatura de Salta fué integrada con los tres di- 
putados electos por Tarija: Diego Antonio Arce. Justi- 
niano Muñoz y Vicente Ecliazú, además de M. Barcena, 
M. Echazú, J. P. Heredia y Baca, J. de D, Aparicio y 
N. Flores. "Repetimos aquí los nombres, dice Goitia, 
de los ocho diputados por Tarija que en ese mismo año 
estaban sentados en las bancas de la representación ge- 
neral de la provincia de Salta". 

En la sesión del 14 de septiembre de 1826 se dio lec- 
tura del acta do lui nuevo pronunciamiento, por el 
cual se había depuesto al teniente-gobernador Gordaliza, 
3'- se retiraban los poderes a los diputados de la junta 
provincial y al congreso nacional argentino. El día 27 
del mismo mes y año, la sala de representantes de Salta 
sancionaba la siguiente ley: "Articulo 1.° No se recono- 
ce legal el pronunciamiento de separación de esta pro- 
vincia y del estado a que pertenece, hecho por el cabildo 
de Tarija a consecuencia del movimiento militar de 26 
de agosto. Art. 2.° En su virtud los diputados de Tarija. 
incorporados en esta honorable sala, continuarán funcio- 
nando hasta la resolución de las autoridades nacionales". 

En el informe de la comisión con que fué acompañado 
ese proyecto, se lee : • ' . . . que al presente se toca un gra- 



338 Vicente g. quesada 

ve punto que por su naturaleza corresponde a las autori- 
dades nacionales, por cuya resolución debe esperarse : por 
cuyo motivo la comisión no se ha ocupado en detallar las 
causas que el derecho de gentes señala, para poder una 
provincia o un pequeño estado segregarse de la nación a 
que ha pertenecido". 

Una inmoral asonada militar había sido la causa ceJ 
nuevo pronunciamiento en Tarija. 

Bajo estos antecedentes se dictó por el congreso boli- 
viano la ley de 3 de octubre de 1826, habiendo incorpora- 
do de hecho Tarija el 26 de agosto del mismo año. 

El ministro de gobierno de Salta declaró en la sesión 
de la junta de representantes, que después de la partida 
del ministro argentino Díaz Vélez, el gobierno de Bolivia 
le había oficiado comunicándole la incorporación de Ta- 
rija a aquella república, intimándole que "si las arma.s 
de Salta o las de la república quisiesen sofocar el movi- 
miento de Tarija, este pueblo sería protegido por las de 
Bolivia". 

Ño está aún completa la historia de este escandalo<!0 
atentado. 

El ministro Infante, empero, con el aplomo y descaro 
con que afirma y niega los hechos, no tuvo pudor y se 
atrevió a dirigir al ministro de relaciones exteriores de 
la República Argentina la nota de 9 de octubre de 1826, 
comunicando aquel decreto, verdadera declaración áp 
guerra . 

Decía en esa nota, para hacer más lüriente su conduc- 
ta : " Tiene también un verdadero pesar, de que en Bue- 
nos Aires se anuncie que miras hostiles animan a esto 
gobierno contra la República Argentina ; y que tales 
sospechas distraigan en algún modo las atenciones del go 
bienio del Río de la Plata en su actual honrosa contien- 
da. El que suscribe tiene órdenes de S. E. el presidente, 
para dar todas las seguridades al gobierno de Buenoj 
Aires, de que jamás su conducta será indigna de la que 
corresponde a su posición; y que marchando siempre por 
la senda que le toca como americano, llenará noblemente 
sus obligaciones hacia Bolivia, respetando a la vez la si- 
tuación de la República Argentina y sus derechos. S. E. 
el presidente no piensa que sea preciso jamás ocurrir a 
las armas para arreglar diferencias de hermanos; y cree- 
rá una calamidad, cuando se le fuerce a ocurrir a medios 
violentos para tales transacciones. Este sentimiento^ sobre 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 339 

el que hace las más solemnes protestas, bastará al gobier- 
no del Río de la Plata, para no hacer la injusticia de 
sospechar que el de Bolivia se extravíe hacia el de la rec- 
titud de sus procederes, y el que euscribe está prevenido 
de añadir que, aun cuando el gobierno de Bolivia supiera 
que el de Buenos Aires esperaba desembarazarse, de su 
contienda con el' Brasil, para empeñar una lucha con Bo- 
livia, no variaría un ápice de la justicia con que m'irca 
su conducta ..." 

Esta nota amenazante y ofensiva, era a la vez sarcásli- 
ca e hiriente. Reconocía la difícil situación de la nación 
lindera ; por ello le anexaba el territorio de una provincia 
argentina, y sentía que esto pudiera distraer al jíobierno 
de las atenciones y premiosas exigencias de la guerra con 
el imperio. Hay en ello una ironía que subleva; mejor 
fuera la agresión abierta, franca y leal. Es el bandido que 
pide excusas por la puñalada que da, sintiendo que su 
víctima no pueda continuar su camino! 

Francamente la indignidad de esta conducta es una 
mancha en la memoria del gran mariscal de Ayacucho. 

Y he ahí el resultado de la política vacilante y miedo- 
sa y sin alcances del gabinete argentino. Carísima lección, 
que está aún sin aprovecharse. Estas son las consecuen- 
cias lógicas de las doctrinas disolvéiites de la ley de 9 de 
mayo de 1825 : esas doctrinas son las que establecen los 
considerandos del inicuo decreto del congreso boliviano. 
La voluntad popular, la revolución y la intriga disolvien- 
do las naciones, cambiando la geografía política, incorpo- 
rando provincias de un estado a otro, y la estabilidad y 
el orden y las buenas relaciones internacionales, sin otra 
garantía que la buena fe y la honorabilidad personal de 
los que mandan. Así se ve en esta originalísima cuestión, 
hacer declaraciones en un sentido en nombre del gobierno 
boliviano y en el siguiente mes estaBlecer doctrinas y prin- 
cipios diametralmente opuestos ; prometer bajo la fe pú- 
blica no alterar la situación durante un año, y declarar 
luego incorporada esa misma provincia al estado de Bo- 
livia; declarar solemnemente aplazada la controversia 
hasta el arreglo de límites, y el congreso boliviano des- 
conocer e improbar actos anteriores a su existencia como 
nación ! 

Y cuando con esta fe púnica se obra, se protesta toda- 
vía simpatías, y se expresa el sentimiento de que esta 
emergencia pudiera distraer la atención del gobierno ar- 



340 VICENTE G. QUESADA 

gentino en guerra con el imperio, por cuestiones terri- 
toriales, muy análogas, pero llevadas con más franqueza. 

Ese mismo presidente Sucre que había expresado la 
gratitud profunda del pueblo boliviano por la ley de 9 
de mayo de 1825, es el mismo que manda cumplir el de- 
creto anexando a Bolivia la provincia de Tarija. No es- 
taba aún bien seca la tinta en que oficialmente asegura- 
ba no olvidaría jamás la noble generosidad del congre- 
so argentino de 1825, cuando manifiesta el dolor y la 
pena si se viese obligado de recurrir a las armas para 
cumplir la ley que anexaba una provincia argentina; si 
fuese resistida. 

No es posible calificar la doblez, la perfidia, la ma- 
la fe con que procedió el presidente de Bolivia. 

Así quedó la cuestión hasta hoy, porque no se ha en- 
trado a reclamar la devolución perentoria de una ane- 
xión incalificable. 

Antes de ocuparme del examen de los documentos 
históricos que constituyen el título de dominio a favor 
de la República Argentina con arreglo al uti possidetis 
del año diez, conviene establecer algunos antecedentes 
que sirvan para comprender la manera cómo se ha lleva- 
do este reclamo, y cuál es su actual estado. 

El escritor boliviano Agustín Matienzo sostiene las 
más peregrinas y disolventes teorías, en abierta oposi- 
ción con el derecho consuetudinario latinoamericano: 
"Sólo después de tener en cuenta esa voluntad sobera- 
na, — dice, — que manifestaron los pueblos al constituirse 
en naciones, se pueden invocar los límites que tuvieron 
esos pueblos en tiempo del coloniaje, si aquella voluntad 
fué la de respetarlos". (1) 

Bien, pues, antes de constituir.se en Estado indepen- 
diente las cuatro provincias del Alto Perú, el mariscal 
de Ayacucho, que coif\-ocó y que ocupaba militarmente 
el país, que gobernaba de hecho, In asamblea de Oruro 
reconoció el principio del uti possidetis del año diez, y 
deiclaró al mariscal Arenales que Tarija debía pertene- 
cer a !a demarcación gubernativa que tuviera en 1810. 
El li])ertador reconoció el mismo principio, y mandó en- 
trci-Jiar la provincia de Tarija al gobierno argentino, 
porque constituía parte integrante del gobierno-inten- 
dencia de Salta en 1810. Luego, pues, con sujeción a 



(1) Límites entre Bolivia y la República Argentina, por Agustín 
Matienzo. Buenos Aires, 1872, 1 vol. de 54 págs. en 12. o 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 341 

las palabras del citado abocjado boliviano, está avericrua- 
do qno fué la voluntad leg:al de los mandatarios respetar 
los límites de 1810. Debe, pnes, ajustar a este antcee- 
dent<í su razonamiento, des,9:i'aeiadamente desprovisto 
de los elementos que dan fnerza y convencen, por des- 
conocer la historia y el derecho consuetudinario ameri- 
cano . 

Pretende este escritor que: "Lejos de luibcr Bolivia 
aceptado ese principio (el uti possicUtis) en sus relacio- 
nes con la República Arsrentina, ha aceptado expresa- 
mente, al contrario, un principio más preneral y más 
equitativo y fraternal. Ha aceptado el principio de que 
la po.sesión por sí sola no causa ninírún derecho respecto 
de los territorios de una de las repúblicas, debiendo con- 
siderarse siempre como partes intefírantes de la nación 
a que hubiesen pertenecido desde su orieen." 

¿Y las declaraciones oficiales del ^ran mariscal de 
Ayacucho? ;.Y la resolución de Bolívar de 17 de noviem- 
bre de 1825? i, Y la nota de la asamblea de Chuquisaca 
de 29 de ao;o,sto de 1825? /,No son acaso declaraciones 
auténticas y oficiales, precisamente antes y durante la 
creación del nuevo estado de BolÍAna? 

Conviene fijar alanos antecedentes. 

Las cuatro provincias del Alto Perú. La Plata, La 
Paz, Coehabamba y Potosí se declararon independien- 
tes en 6 de agosto 1825, y íormaron la república boli- 
viana. Esta fué la primera desmembración del distrito 
del antiguo virreinato del Río de la Plata. 

La segunda tuvo lugar por la creación de la República 
Oriental en 1828, y la tercera por el reconocimiento de 
la independencia del Paraguay en 1852. 

Los grandes deslindes geográficos de Carlos III que- 
daron borrados, pero el núcleo de las antiguas provin- 
cias del Río de la Plata, el que conservó la bandera tra- 
dicional, la capital del virreinato y las provincias m-1s 
próximas, están aún de pie, constituido en entidad na- 
cional, y obedeciendo a la ley del trabajo, explora sus 
fronteras, extiende el dominio sobre sus tierras incultas; 
dispuesto a defender los restos territoriales que le que- 
dan de los antiguos dominios del virreinato. No más 
desmembraciones. No es la ambición de territorio, no es 
amor avaro del desierto, es el grito sagrado del grupo 
nacional que está decidido a constituir una personalidad 



342 VICENTE G. QUESADA 

pacífica pero fuerte, templada pero firme. Basta de des- 
membraciones ! 

Y mientras tanto, ciián caro han pagado su egoísmo 
los pueblos que se desraembrarun] Bolivia vive bajo el 
militarismo más abiiimador, vencida ahora moral y ma- 
terialmente por Chile, que le conquista todo su litonal 
sobre el Pacífico, y la deja encerrada entre sus altas 
montañas, desde donde busca nuevas salidas al oriente. 
El Paraguay, cuya población se ha casi extinguido du- 
rante la guerra de la triple alianza, es apenas un cadá- 
ver : el pueblo nativo quedó muerto en sacrificio de las 
tradiciones de Francia y de López! La República Orien- 
tal, empobrecida, vive en la perpetua lucha de sus par- 
tidos locales, tanto más iracundos cuanto más diezmados 
se encuentran. 

De manera que las poblaciones afines, que estaban 11a- 
ma.da.s a constituir una nacionalidad vigorosa, cuyo lí- 
mite geográfico dernarcó Carlos III, lian roto s^us tradi- 
ciones, su historia, sus vínculos, y han preferido, por 
caminos extraviado?;, buscar el bienestar. ¿Se encon- 
trarán algún día? Ese es el problema histórico que no 
pueden resolver pueblos poco poblados', empobrecidos y 
diezmados. , , 

En pos de la desmembración prematura, vinieron las 
cuestiones de demarcación de fronteras. Bolivia no res- 
petó la ley del congreso de 9 de mayo de 1825, y a pesar 
del mandato de Bolívar de restituir a Tarija, territorio ' 
integrante de la gobernación del Plata, expresamente 
separado de la intendencia de Potosí para incorporarlo 
al gobienio-intendencia de Salta y al obisipado de este 
nombre, creado en esta pro^^ncia en 1807, se apoderó de 
su gobierno por el decreto de 3 de octubre de 1826 y de 
hecho lo incorporó sin rabión y sin justicia a la república 
boliviana: el Paa*aguay pretendió territorios de este lado 
del Paraná, en el departamento de Candelaria y del 
otro lado del Paraguay, en el Chaco, traspasando los 
límites de los grandes ríos, para buscar tierra, como si 
tierra le faltara! 

No sólo se alzaron contra la unidad histórica y geo- 
gráfica, sino que ambicionaban ensanches territoriales en 
perjuicio de las Provincias Unidas, que ellos habían aban- 
donado durante el laborioso alumbramiento. 

Estudiar estas cuestiones es mi propósito, y creo de- 
mostrar que Bolivia no tiene derecho a otros deslindes 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 



343 



que los que el rey había demarcado a las proviueías-iu- 
teudencias de la Plata, la Paz, Potosí y Cochabaniba; 
deslindes que constituyen el iiti posf^idehs del ano diez, 
base constitutiva de las nacionalidades hispano -amen- 
canas. Y ¡av! si tal principio se viola! Chile tendría 
entonces legítimo derecho para incorporarse por la cmi- 
quista el litoral boliviano, como Bolívar incorporo a 
Tarija, distrito del gobierno y obispado de Salta en ISiu. 
Para establecer el derecho histórico, origen del princi- 
pio del derecho internacional latino-americano del uh 
possidetis del aíw diez, es indispensable que estudie a la 
luz de documentos oficiales, cuáles eran los límites gu- 
bernativos de las cuatro provincias del Alto Perú: la Pla- 
ta, la Paz, Potosí v Cochabaniba, en la época de la revo- 
lución Esas provincias, con las demarcaciones que las 
constituían, formaban parte integrante del virrematp, 
cuya integridad no podían romper, sm la aquiescencia 
de la ciudad colectiva, porque la conservación de estas 
entidades ha constituido también la base conservadora de 
• los nuevos estados, su recíproca independencia y su so- 
beranía (1) . . • TT -^ 

El congreso constituyente de las Provincias Unidas 
estaba reunido: la nación comprometida en la guerra 
contra el imperio, para- reincorporar la Banda Oriental, 
que lialiía sido mañosamente anexada a la corona im- 
perial • las cuatro provincias del Alto Pei-ú, dominadas 
a la sazón por Bolívar, estaban de hecho segregadas. 
Entonces, para disminuir los peligros, dictó la recordada 
ley de 1825, y en virtud de ella, Bolivia declaró su in- 
dependencia en agosto de 1826. 

De manera que, estableciendo euáiles eran las demar- 
caciones legales de esas cuatro provincias, es evidente 
que s'e prueba cuál es el territorio que se desmembró del 
virreinato : ése y no otro, es el que constituye la sobera- 
nía y el dominio ten-itorial del nuevo estado. 

Esto no impide que exponga otro género de considera- 
ciones que recurra a otro orden de pruebas, a saber: — 
cuál era la demarcación legal de la intendencia de Salta 



(1) El art XVIII del tratado celebrado entre la República Argen- 
tina y Bolivia, firmado en Buenos Aires el 2 de mayo de 186d entre 

rdoc'tor'^don A.^stín Matienzo, plenipotenciario ^° 'J--. ^..^^t^tna^^de 
Rufino de Elizalde, plenipotenciario argentino; dice asi.. Cada una ae 
"s partes contratantes se compromete a no prestar apoyo ni ¿'recto ni 

ndirecto a la segregación de porción alguna de los territorios de la Otra 
ni la creación en ellos de gobiernos independientes en desconocimiento 
de la autoridad soberana y legítima respectiva, 



n44 " VICENTE G. QUESADA 

en 1810. Si dentro de estos límites se hallan territorios 
disfputados por Bolivia, paréceme indiscutible qne carece 
de título para consen:^arlo o para pretenderlo. 

E<íta demostración coTistitnye precisamente el uti pos- 
sidefis dd nño diez, principio internacional que es la re- 
gla .iurídiea que se aplica en toda controversia sobre de- 
marcación territorial entre los estados lii&'pano-america- 
nos . 

En el ti-atado celebrado en 1865 entre la República 
Argentina y Bolivia, el art. 20 establece: "Los límites 
í^ntre la República Argentina y Bolivia serán arregla- 
dos entre los gobiernos por una convención especial, 
después de nor^brar comisarios por una y otra parte que, 
examinando los títulos respectivos y haciendo los reco- 
nocimientos necesarios, presente el proyecto o proyectos 
de la lÍT-ea divisoria. Lo^ gobiernos' se Dond^i-án de acuer- 
do para la ejecución de esta estipulación. Mientras no se 
haga la demarcación de límites la posesión no dará nin- 
gún derecho a territorios que no hubiesen sido primiti- 
vamente de una o de otra nación" (1) . 

Este artículo está mañosamente redactado; no se ha 
pactado franca y lealmente, que ambas partes contratan- 
tes reconocen como base jurídica para el deslinde el uti 
possidetis del año diez, y se obligan a que la controA^ersia 
se arregle por un convenio especial. A pesar, pues, de 
la vaguedad con que se ha querido eludir la dificultad, 
se declara categórica y terminantemente que la posesión 
no da ningún derecho a territorios que no hubiesen sido 
primitivamente de uno o de otro estado, lo que lealmen- 
te traducido al lenguaje Aiilgar, quiere decir, que no es 
válida la posesión sin título, o en otros términos, que 
el título es la demarcación territorial hecha por el rey y 
vigente en la época de la independencia. No tiene, no 
puede tener otro alcance jurídico esta cláusula, pues 
la hermenéutica no pedmite darle interpretaciones ab- 
surdas . ' 

Si han pretendido derogar las últimas demarcaciones 
hechas por el rey, y referii'se a las primitivas, no lo han 
expresado con claridad; no era racional pactar la dero- 
gación de la c-édula, por ejemplo, de 1807, para referirse 
a lo que primitivamcnic hubiese establecido el rey. Si 



(1) Colecrión de tratados celebrados por la República Argentina con 
las naciones extranjeras ; tomo II. Publicación oficial. — Buenos Aires, 
1877, — pág. 26. 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 345 

por primitivamente entienden las capitulaciones para la 
conquista, no pudieron pactar la inmutabilidad de seme- 
jantes concesiones, derogados por el rey. 

Esc adversario se ha introducido con doblez, pero con 
inhabilidad: no puede entenderse que se quiere derogar 
el principio del íiii possidetis del año diez, porque era 
necesario substituirlo por otra base explícita, cualquiera 
que fuera. Ese adversario huele a deseo de quedarse con 
Tarija ; pero la estipulación no es expresa, y la contro- 
versia se deja en pié para el convendo especial que debe 
dirimirla . 

De manera que, con ese artículo, sin ese artículo, o 
contra ese artículo, queda vigente el principio del uti 
possidetis del año diez, puesto que pactan que la nueva 
pos'esión no es bastante para adquirir el dominio terri- 
torial, o lo que es lo misimo. la abroigación del principio 
brasileño del uti possidetis actnal. El decreto del eon- 
gi'eso boliviano de 9 "de octubre de 1826, no es título 
hábil para adquirir dominio, es la resolución de apode- 
rarse el territorio de una provincia entonces argentina. 

Sometido este tratado a \a aprobación del congreso 
boliviano, fué abrogado, porque aplicando hona fide ei 
art . 20, decían que era indispensiable devolver Tari ja . 

En 7 de diciembre de 1858 se había celebrado otro 
tratado de paz. amistad, comeircio 3^ navegación entre 
el gobierno argentino y el boliviano. En las sesiones 
del congreso del Paraná de 1859, se tomó en cuenta di- 
cho tratado, y en la correspondiente al 13 de julio en 
la cámara de diputados, se sancionó la ley aprobatoria, 
con esta expresa adición... "Sin que lo estipulado en 
el artículo 33 perjudique al derecho que la República 
Argentina ha reclamado sobre el territorio de Tarija, y 
que continuará reclamando cuando lo considere conve- 
niente" adición que no fué aceptada por el gobierno de 
Bolivia, y el tratado quedó sin efecto. 

En ese proyectado tratado se estipulaba también la 
obligación de no apoyar directa ni indireietaraente las 
combinaciones o proyectos que tuviesen por objeto la se- 
gregación de una parte del territorio de una u otra re- 
pública; principio idéntico había sido estable^cido en los 
tratados con el Brasil. 

En la discusión de la cámara de diputados sobre ese 
tratado, se manifestó que la adopción de este principio 
no importaba reconocer implícitamente que Tarija fue- 



346 VICENTE G. QUESADA 

se territorio boliviano, aunque de hecho forme parte d(í 
aquella república, por cuya razón se aprobaba el tra- 
tado, manifestando en la ley que el gobierno argenti 
no hacía expresa reserva de su derecho para reclamai' 
la devolución de la provincia de Tari ja . Se expresó en- 
tonces que la posesión de hecho no daba derecho par.; 
adquirir soberanía y dominio de los territorios, por cu- 
ya razón el senado, que era la cámara originaria del 
proyecto, había expresado en la ley la reserva de dere- 
chos a que me refiero. 

Esta sanción legislativa estaba de acuerdo con las doc- 
trinas que predominaron en el congreso del Paraná, po»' 
cuya razón no fué aprobado el tratado celebrado con el 
Paraguay en 1852, ni el celebrado con el Brasil en 1851 . 
Se trataba de la demarcación de las fronteras nacionales, 
y en los tres proyectos de tratados, los negociadores ar- 
gentinos habían cedido territorio iucuestionablcmentí. 
argentino. 

^íás aún : por las mismas razones, cuando el director 
provisorio de la Confederación dio cuenta ííI congreso 
constituyente de Santa Fe del acto de garantía pactado 
con el Brasil y la República Oriental al tratado de lí- 
mites de 12 de octubre de 1851 entre la República del 
Uruguay y el imperio, para salvar por acto a posferiori 
la violación del tratado preliminar de paz de 27 de agos- 
to de 1828, el congreso lo improbó. No podía convenir 
en que el río Uruguay fuese el límite del Brasil, porque 
el gobierno argentino sostiene que tiene ineontestablesi 
derechos a las Misiones Orientales, situadas en la margen 
izquierda del Uruguay, y de las cuales se ha apoderado 
violentamente el Brasil, sin otro título que la fuerza. Y 
como aun las adquisiciones hechas por conquista, nece- 
sitan ser legalizadas en el tratado de paz que subsigue 
a la guerra, y nada se pactó en el de 1828, es evidente 
que las cosas quedan en el estado que tenían ante helium- 
Si ese acto de garantía hubiera merecido la sanción le 
gislativa, podría sostener el Brasil que el gobierno ar- 
gentino implícitamente reconocía su derecho a la ocupa 
ción violenta de las elisiones Orientales. 

De manera que no habiendo aprobado el congreso bo- 
liviano la adición al tratado de 1858, ni el celebrado en 
Buenos Aires en 1865, el ministro plenipotenciario de 
aquella república, coronel Quintín Quevedo, celebró un 



HISTORIA DIPLOMÁTICA. HISPANO - AMERICANA 347 

nuevo tratado con el ministro de relaciones exteriores 
Elizalde, el 8 de julio de 1868. 

En este tratado nada, absolutamente nada, se dice con 
respecto a la cuestión de límites. 

El artículo 18 dice: ''Cada una de las partes contra- 
tantes se compromete a no prestar apoyo directo ni m- 
directo a la segregación de porción alguna de territorio 
de la otra; ni a la creación en ellos de gobiernos inde- 
pendientes con desconocimiento de la autoridad sobera- 
na y legítima respectiva". 

Llama la atención que en este tratado no se diga una 
palabra sobre la cuestión de límites, ni se publique el 
• acta del canje de las ratificaciones. Parece que había en 
el proyecto, y debe constar en los protocolos de las con- 
ferencias, el" explícito reconoeimieuto del principio del 
uti possidetis del año diez, como regla jurídica para re- 
solver la cuestión, y, sin embargo, el artículo en que 
esto se estipulara ha sido suprimido. ¿Fuá el congreso 
boliviano el que lo suprimió? ¿Se dio cuenta de esa su- 
presión al congreso argentino? 

Mientras tanto ahora la cuestión está de hecho apla- 
zada, y es necesario retrotraeña al estado en que la de- 
jaron las diversas misiones diplomáticas. 

La cuestión se encuentra, pues, planteada por el de- 
creto del congreso boliviano de 9 de octubre de lb2b, 
que declaró que Tari ja era territorio del Alto Perú y, 
por consiguiente, comprendido dentro de los limites de 
las cuatro provincias a que se refiere la ley argentina de 
9 de mayo de 1826, que siendo sus habitantes alto-perua- 
nos tenían como todos los dt^más, derecho de decidir de 
sus destinos, que ese territorio por la naturaleza de la 
situación V los antecedentes, es el Alto Perú; que no 
habiendo exhibido títulos (pie prueben la desmembra- 
ción legítima de Tarija, la reincorporan a Bolivia, por- 
que tal es su voluntad en el fondo. 

Ahora bien: no escribo para los que no quieren cou- 
vencerse ; el estado de fuerza no tiene más soluciones que 
las que establece el derecho 'internacional. Estudio es- 
tas cuestiones buscando los principios y los antecedentes 
del derecho histórico, porque el uti possidehs del aw 
diez es l:i garantía única en la estabilidad política geo- 
gráfica . . . ' , , 
¿Cuáles eran los límites de las cuatro provincias del 

Alto Perú en 1810? 



348 VICENTE G. QUES.VnA 

Estudiaré y recordaré estos antecedentes conocidos. 

La real ordenanza de intendentes para el virreinato 
del Río de la Plata dividió en ocho intendencias el dis- 
trito, con los dos gobiernos político-inilitares de Monte- 
video y Misiones, y el rey al aceptar las modificaciones 
propuestas por el virrey y superintendente general, hiz<^ 
extensiva a los gobiernos de Mojos y Chiquitos la ex- 
cepción acordada a los de Montevideo y Misiones. A los 
intendentes se les llamó orobernadores-intendentes y a 
los otros gobernadores político-militares. 

Correspondía a la .iurisdieción de los primeros la cau- 
sa de justicia, hacienda, política y guerra y ejercían el 
vicepatronato real en su distrito gubernativo: los gober- 
nadores militares tenían jurisdicción en las causas de 
guerra, policía y justicia, y en materia ~de hacienda co- 
rrespondía a los jueces especiales que designó el rey. 
La gobernación de ]\fontevideo. en cuanto a hacienda, era 
subordinada al intendente de Buenos Aires, y la de Mi- 
siones a los intendentes de Buenos Aires y Paraguay. 
En cuanto n las orobernaciones de Mojos y Chiciuitos, es 
taban subordinadas a la real audiencia de Charcas. 

Las circunscripciones geográficas para estos gobiernos 
fueron claramente deslindadas, pues la jurisdicción era 
territorial, sin poder ultranasar el límite demarcado. 
Iiiútil es decir que el gobierno supremo o central lo 
ejercía el virrey, que era el sunerintendente del sobera- 
no, aunque todos tenían sus nombramientos emanados del 
vpv. pero el virrev ponía el cúmplase a los despachos de 
los gobernadores-intendentes y gobernadores militares. 

La audiencia de Charcas quedó subordinada a la pre- 
torial de Buenos Aires, y conocían en grado de apelación 
de las sentencias pronunciadas por los gobernadores- 
intendentos a- por los ffobern.n dores-militares. 

En 1810 el virreinato del Río de la Plata tenía las si- 
guientes intendencias: Buenos Aires, Paraguay, Córdo- 
ba, Salta, Potosí, La Plata, Cochabaraba y La Paz, y lo-í 
gobiernos de Montevideo, Misiones, Mojos y Chiquitos. 

Las cuatro provincias-intendencias del Alto Perú eran 
Ija Plata, La Paz, Potosí y Cochabamba. 

Las circunscripciones gubernativas fueron demarca- 
das por el rey en 22 de agosto de 1783, cfue es la fe- 
cha en que se expidieron los títulos de nombramiento 
de autoridades, en esta forma: I.*' Provincia de La Pla- 
ta: todo el distrito. del arzobispado de Charcas, excepto 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 



349 



la villa de Coehabamba y su territorio que se agrega a la 
intendencia y gobierno de Santa Cruz de la Sierra, y 
la de Potosí era todo el territorio de la provincia de Por- 
eo en que está situada, y los de la Chayanta, Atacama, 
Lipes, Chichas y Tarija, que lian de componer la niten- 
dencia de Potosí. 2.<> Provincia de La Paz : tendrá por to- 
do el obispado del mismo nombre y además las provincias 
de Lampa, Carabaya y Azangaro. 3.° Provincia de Poto- 
sí: con todo el territorio correspondiente a la provincia de 
Porco en ciue está situada y los de Chayanta, Atacama, 
Lipes, Chichas y Tarija. 4." Provincia de Coehabamba, 
cuyo distrito se ha de componer del actual gobierno de 
Santa Cruz de la Sierra, y del que le corresponde a la 
villa de Coehabamba (1) . 

El gobierno de Santa Cruz de la Sierra comprendía 
todo el obispado, menos las misiones de Mojos y Chiqui- 
tos, que en 1777 formaron dos' provincias separ-^das con 
sus gobernadores. 

• En los títulos expedidos consta: ''Por cuanto para el 
mejor y más recto gobierno en lo espiritual y temporal 
de las misiones de los indios de I\tojos y Chic{uitos, que 
anteriormente estuvieron a cargo de los regulares expul- 
sos, y en consideración a que para consegTiir el más flo- 
reciente estado de la población de aquellas provincias y 
conocimiento de mi real autoridad por aquellos indios, 
he resuelto separar estas misiones entre sí y que cada 
una de ellas esté a cargo de un gobernador militar oue 
dirija sus pueblos y haga entender a aquellos naturales 
cuanto convenga a mi real servicio", etc. 

Los territorios de estos dos gobiernos pertenecían n 
la diócesis de Santa Cruz, y continuaron perteneciendo, 
pero constituyeron gobiernos políticos separados de la in 
tendencia, lo 'que establecía una excepción a la regla ge- 
neral de hacer concordar dentro de los mismos límites la 
jurisdicción civil y la eclesiástica. 

Con arreglo a estas disposiciones, el gobierno de Ta- 
rija pertenecía a la intendencia de Potosí en 1783. 

El rey podía subdividir a su arbitrio estas demarcacio- 
nes, refundirlas o restringirlns: era soberano y no estaba 
subordinado a autoridad alguna para señalar límites_ gu- 
bernativos en sus dominios. No lo hacía jamás arbitra- 
riamente, por ello se formaba un expediente informati- 



(1) Cuestión de límites entre la República Argentina ;/ Bolivia, por 
M. R. Trelles. 



350 VICENTE G. QUESaDA 

vo para demostrar la conveniencia y utilidad de la mo- 
dificación que se proyectase. Tenía a veces origen en 
petición de esta o de aquella autoridad, y se oía siem- 
pre a todos los que pudieran ser afectados por la nue- 
va demarcación. 

, El gobernador-intendente dé Córdoba, marqués de So- 
bremonte, solicitó, fundando su pedido extensamente, que 
se dividiese el antiguo obispado de Córdoba, se crease 
uno teniendo por catedral la ciudad- de este nombre y 
por diócesis las señaladas al gobierno-intendencia, com- 
prendiendo dentro de ellos a la provincia de Cuyo, y 
otro que se formase con los límites de la intendencia de 
Salta, más el territorio que se creyese conveniente para 
que la catedral y el nuevo obispo contasen con recursos 
suficientes. Se formó el expediente informativo, el rey 
dictó la cédula de 17 de febrero de 1807, y la comunicó 
a todos los interesados. Voy a reproducir textualmente 
la pasada al gobernador-intendente de Potosí. Dice así: 
''El Rey. — Gobernador-intendente de la provincia do 
Potosí. — Para el mayor bien y felicidad de mis vasallos 
de Salta del Tucumán, he tenido a bien mandar a con- 
sulta de mi consejo de las Indias de diez y nueve de oc- 
tubre del año de mil ochocientos cinco, se erija un nuevo 
obispado, cuya capital sea la de aquella provincia, as;g- 
nando a la nueva diócesis, entre otros territorios todo el 
partido de Tari ja de esa intendencia, cuyo partido he 
mandado se ponga bajo la jurisdicción del nuevo obispo 
de Salta, y de su intendencia, separándole de la de Po- 
tosí, como se previene respectivamente en cédula de esta 
fecha. Lo que os participo para que tengan entendido 
quedar sujeto dicho partido a la jurisdicción de la in- 
tendencia de Salta, que hasta ahora ha pertenecido a la 
nuestra, haciendo por este medio más útiles los derechos 
de aquel intendente, por su inmediación al Chaco y sus 
reducciones. En consecuencia, le facilitaréis y remitiréis 
como muy particularmente os lo mando, los autos, docu- 
mentos y papeles que existen en nuestro archivo respec- 
tivo al citado partido de Tarija, así en lo gubernativo 
como en lo contencioso, sin permitir se pongan embara- 
zos o reparos que dificulten o dilaten la remisión de to- 
dos los que sean necesarios para su gobierno, contribu- 
yendo vos por vuestra parte a que tenga el más cum- 
plido efecto esta mi real resolución, por ser así mi vo- 
luntad. Fecho en el Pardo, a diez y siete de febrero de 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 351 

mil ochocientos siete. — Yo el rey. — Por mandato del 
rey nuestro señor. — Silvestre Collar. — Tres rúbri- 
cas. — Al gobernador-intendente de la provincia de Po- 
tosí. — Sobre la separación de aquella intendencia, del 
partido de Tarija y agregación a esta de Salta" (1) . 

Esta real cédula es uno de los ejemplares que se acos- 
tumbraban expedir a todas y cada una de las autoridades 
a las cuales afectaba la demarcación. Lógico y necesario 
era hacerlo saber para su exacto y fiel cumplimiento, al 
gobernador-intendente de Potosí a quien iba dirigida, 
puesto que ella importaba la desmembración del terri- 
torio de su mando; pues tal desmembración era en ]o 
gubernativo y a la vez en lo eclesiástico, y a este res- 
pecto se le hizo saber al arzobispo de La Plata. Así que- 
dó bien expresamente resuelto que los límites de la in- 
tendencia de Salta eran los mismos que los señalados a 
su diócesis. 

El obispo electo de Salta, Nicolás Videla del Pino, se 
dirigía a la audiencia pretorial de Buenos Aires desde la 
ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, por oficio de 11 
de mayo de 1808, diciendo: "He determinado ejercer 
dicho ministerio y dar principio a la general visita ce 
todo el obisi)ado, desde la entrada en los límites de la 
citada intendencia (De Salta) ; suplicando a V. A. síí 
digne aprobar esta mi resolución, por ceder en benefi- 
cio de ambas majestades; pues, aunque es cierto que di- 
cha real cédula de gobierno no designa los límites del 
obispado a ningún rumbo, pero es fuera ~de duda que la 
división que se ha hecho de los de Córdoba y Salta, se 
proyectó según la circunscripción de sus respectivas in- 
tendencias, como que el de Córdoba no tiene otros linde- 
ros. Por la real cédula del 17 de febrero del año próxi- 
mo pasado que igualmente acompaño oñ testimonio ba- 
jo el número 2." se dignó S. M. agregar la villa y juris- 
dicción de Tarija al nuevo obispado e intendencia de Sal- 
ta, mandando que el intendente de Potosí facilite y per- 
mita al de Salta los autos, documentos y papeles que exis- 
ten en su archivo, respectivos al citado partido de Tarija, 
así en lo gubernativo como en lo contencioso, sin permi- 
tir se pongan embarazos o reparos que dificulten y dila- 
ten la remisión de todos los que sean necesarios para su 
gobierno ' ' . 

En la cédula dirigida al obispo electo, que auténtica 



(1) Límites con Bolivia, etc., por J. M. Leguizamón. 



352 VICENTE G . QUESADA 

übra en poder de Juan M. Leguizamón, dice: "El nue- 
vo obispado de Salta tendrá todo el terreno y jurisdic- 
ción de la intendencia de este nombre que es la capital 
de Salta, San Miguel del Tucumán, Santiago del J^ste- 
ro, San Kanión de la Nueva Oran, Catamarca y Jujuy, 
a que lie mandado agregar todo el partido de Tarija de 
la intendencia de Potosí que pertenecía al arzobispado 
de Charcas, cuyo partido he resuelto se ponga bajo la 
jurisdicción del nuevo obispo de Salta y de la intenden- 
cia, separándole de la de Potosí y de dicho arzobispa- 
do, haciendo más útiles sus desvelos por su inmediación 
al Chaco y sus reducciones". 

La voluntad del rey está expresada con toda claridad, 
los límites geográficos de la intendencia y del obispado 
de Salta son los mismos, y a esta intendencia y obispa- 
do agrega todo el territorio de Tarija, separándolo con 
este fin del gobierno-intendencia de Potosí, a que liaoía 
pertenecido hasta la fecha de esta resolución de S . ]\í . 

El obispo electo que recibiera esa cédula, en la cual 
específicamente se detallan los partidos de que se com- 
pone su diócesis recién creada, suplicó como era muy na- 
tural a la audiencia pretorial de Buenos Aires, se sir- 
viese ordenar tanto al arzobispo de Charcas como al ca- 
bildo eclesiástico de Córdoba le remitiesen todos los au- 
tos, documentos y papeles que corresponden a la nueva 
diócesis , 

El virrey del Río de la Plata expidió la resolución si- 
guiente : * ' Buenos Aires, 31 de mayo de 1808 : Cúmplase 
lo que S. M. manda en su antecedente real cédula y sa- 
cándose de ella los testimonios necesarios, fórmese co/i 
uno el respectivo expediente y comuniqúese en primera 
ocasión los demás a los ilustrí'simos señores arzobispo de 
Charcas y obispos de Salta y ChiJe, y al venerable deán 
y cabildo de Córdoba y a los gobernadores-intendentes 
de las dos provincias principalmente interesadas, que 
deben entender en la demarcación de límites de la nue- 
va diócesis, para que cada cual en la parte que le toque, 
cumpla lo resuelto por S. M. con prevención a los di- 
chos ilustrísimo señor arzobispo, venerable deán y cabil- 
do, de que pasen al prelado todas las causas, expedientes 
y papeles pertenecientes al distrito del nuevo obispado, 
lo cual verificado, se comunicarán igualmente copias 
certificadas de la misma real cédula al tribunal de la 
real audiencia y señor fiscal de lo civil para su debido 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 353 

conociniiento, trayéndose otra por separado, a fin de 
dictar las providencias convenientes sobre el arreglo del 
ramo de Sisa que recomienda S. M., a qnien se dará 
cuenta oportunamente de las resultas de todo, sin perjui- 
cio de que se acuse desde luego e! recibo. — Liniers. — 
Don José Ramón de Basavilbaso. 

En vista de estos documentos auténticos, cédulas rea- 
les, bulas pontificias, resoluciones del virrey, de los go- 
bernadores-intendentes, del cabildo de Córdoba, del ar- 
zobispo de Charcas, no puede ponerse en duda que íué 
ejecutada y cumplida la erección de la nueva diócesis y 
desmembrada la intendencia de Potosí, para ser au- 
mentada la de Salta con el territorio de Tarija. 

Comunicada la real cédula de 17 de febrero de 1807, 
al gobernador-intendente de Potosí, expidió el siguien- 
te auto: ''Potosí, 2-1 de marzo de 1808. — Guárdese lo 
mandado por S. M. en esta real resolución, y para su 
más puntual cumplimiento pásese a tomar de razón a 
las cajas principales, real aduana y administración de 
tabacos, a ñn de que inteligenciados sus respectivos je- 
fes de su contesto, obren con arreglo a él, a cuyo efecto, 
y que apronten todos los asuntos contenciosos que co- 
rran en el despacho de los escribanos de esta villa, per- 
tenecientes al partido de Tarija, se hará saber a éstos 
para su pronta y oportuna remisión a la intendencia de 
Salta, evacuándose lo mismo en mi secretaría, por la 
que se pasarán oficios, un testimonio de la citada real 
orden y este auto al muy ilustre cabildo de aquella fron- 
tera y al señor intendente de Salta para su inteligencia 
y gobierno. — Sanz." 

Tres días después, Francisco de Paula Sanz. goberna- 
dor-intendente a la sazón de Potosí, dirigía oficio al de 
igual clase de Salta, José Medeiros, diciendo: "En el 
presente correo de Lima, que arribó a esta villa el 24 del 
que rige, he recibido el real despacho de 17 de febrero 
del año ppdo., por el que se ha servido S. M. separar 
de esta intendencia de mi mando el partido de Tarija, 
mandando en su consecuencia la agregación y reunión 
de éste a ésa, de su jurisdicción, previniéndome a este 
fin pase a usted los asuntos que siendo respectivos a 
dicho partido existan en los diversos archivos de esta 
provincia, a cuyo efecto, y el de verificar su remisión 
con la mayor posible brevedad, tengo dictadas con la 
misma fecha que recibí el real rescripto, las más estre- 



354 VICENTE G. QUESADA 

chas providencias, conducentes al exacto debido cum- 
plimiento de cuanto en él prescribe S. M., como podrá 
V. S. enterarse de todo por el adjunto testimonio au- 
téntico que de dicho real despacho a-compaño, a fin de 
que quede inteligenciado de que por mi parte se hallan 
puntualizadas todas sus prevenciones, quedando en ac- 
tivar con el mayor celo, la oportuna dicha remisión de 
los indicados asuntos, teniendo pasado otro igual tes- 
timonio al cabildo de la villa y partido de Tarija, para 
su inteligencia, y sepa deber entenderse con ese gobier- 
no e intendencia en lo sucesivo, en todo lo concernien- 
te a su jurisdicción y frontera. " 

Estes documentos establecen en forma oficial y con- 
cluyente que se cumplió lo resuelto por el rey, se aca- 
tó la división, se ordenó se obrase en consecuencia en 
adelante y entró la intendencia de Salta en la pose- 
sión civil del partido de Tarija, como el obispo en cuan- 
to se declaró parte de su diócesis. 

De modo que ésta era la situación legal en 1810 y éste 
es el íiti possidetis de ese año. La prueba no admite ex- 
cepciones ni tachas, es concluyente y perfecta. 

El gobernador-intendente de Salta, José Medeiros, 
por oficio de 6 de abril de 1808, se dirige al ilustrísimo 
señor obispo electo de Salta, Nicolás Vidala, diciéndole: 
"Ilustrísimo señor: El señor gobernador-intendente de 
la provincia de Potosí me ha remitido con el presente 
correo la real cédula declaratoria de la agregación de 
todo el partido de Tarija, al gobierno-intendencia de mi 
entero cargo. Es adjunto testimonio de ella, del decreto 
puesto por aquel jefe, sobre su puntual cumplimiento, 
y de su oficio, para la debida inteligencia de S. S. ilus- 
trísima y demás fines ..." 

Este oficio es la confirmación oficial de la posesión ci- 
vil, puesto que quedaba desmembrada la intendencia 
de Potosí, aumentada la de Salta y notificadas todas 
las autoridades del real decreto. Tarija pertenecía en 
1810 a la intendencia de Salta, que es lo que me prome- 
tía probar. 

Para no dejar ni la mínima duda sobre el uti possi- 
detis del año diez, voy a adelantar la justificación, con 
otros documentos complementarios. 

El virrey Liniers expidió la siguiente resolución so- 
bre esta materia: "Buenos Aires, 12 de enero de 1809. 
— Vistas las antecedentes bulas comprensivas de la tras- 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 355 

lación del reverendo obispo del Paraguay, el ilustrísimo 
señor don Nicolás Videla del Pino, a la nueva iglesia 
de Salta, mandada erigir por ambas supremas autorida- 
des pontificia y real, y mediante a hallarse con el pase 
de la real cámara de Indias, y contener igualmente to- 
dos los requisitos y formalidades que prescriben las le- 
yes del reino para que pueda darse curso a las de su 
clase en estos dominios de América, devuélvase a dicho 
reverendo obispo o a quien su poder hubiese a efecto 
de que pueda desde luego tomar posesión del nuevo 
obispado y poner en ejecución cuanto es propio de su 
pastoral ministerio, y de los encargos que S. M. se ha 
dignado conferirle en los ejecutoriales despachados a 
su favor y demás reales cédulas preventivas de aquella 
erección; precediendo el que antes todas cosas se cum- 
pla lo mandado en esta fecha a consecuencia del oficio 
dirigido por el mismo prelado con fecha 25 de diciem- 
bre último, a cu3*o fin se pasarán las expuestas bulas y 
los ejecutoriales que quedan indicados a la escribanía 
mayor de gobierno, con encargo de la pronta expedición 
de las diligencias ordenadas en dicha providencia. — 
Santiago Liniers. — Manuel José Vélez. — Juan Almagro. 

Este auto es la prueba de la toma de posesión, y Ni- 
colás Severo de Idasmendi, coronel de milicias, inten- 
dente y capitán general de la capital de Salta, provincia 
de ese nombre, previo dictamen, dictó un auto en 14 de 
agosto de 1809, que comienza así: "Obedeciendo con el 
justo profundo respeto que merece la real provisión de 
las fojas antecedentes, dada en Aranjuez a 15 de mayo 
de 1807, y que contiene los ejecutoriales de las bulas 
pontificias expedidas a favor del ilustrísimo señor doc- 
tor don Nicolás Videla del Pino, primero y dignísimo 
obispo de la Santa Catedral de esta capital y su dióce- 
sis : Guárdese y cúmplase como S . M . lo manda y como 
lo previene el excmo. señor virrey de estas provincias en 
orden de 17 de enero de este año. Por consecuencia y 
mediante a que S. S. I. tiene hecho y pasado a este 
gobierno el juramento de fidelidad debido al rey..." 

La autoridad superior del virreinato y el gobernador- 
intendente de Salta a/catan, cumplen y obedecen las 
reales cédulas y bulas, y queda por tanto legalmente 
consumada la segregación dé la silla y territorio de 
Tarija, agregada a la intendencia y a la nueva división 
de Salta. Esta era, por consiguiente, la situación legal 



356 VICENTE G. OUESADA 

de todo lo que resulta plenísimamente probado el uti 
possidetis del año diez. 



Para justificar mejor la posesión, que es lo que impor- 
ta en el caso presente el exacto cumplimiento de la re- 
solución del rey, recordaré que en Tarija el 23 de sep- 
tiembre de 1808 el examinador sinodal del arzobispado 
de La Plata, cura rector de dicha villa, expidió el si- 
guiente aecreto: "Cúmplase en todas sus partes y en 
consecuencia publíquese en esta iglesia matriz el do- 
mingo próximo 25 del corriente, al tiempo de la misa 
parroquial, y sacándose testimonio de él para circularlo 
a los curas de este partido : de\aiélvase original a la se- 
cretaría de cámara como lo previene su S. S. ilastrí si- 
ma. — Firmado: Dr. Miguel Zegada." 

Este documento prueba la jurisdicción eclesiástica del 
obispo de Salta; quiero probar ahora la jurisdicción 
gubernativa y de hacienda. Los siguientes documentos 
no dejan duda. 

"D. Nicolás de Villacorta y Oraña, contador, y don 
Antonio Atienza, tesorero, ministros de la real hacienda 
de la provincia de Salta y administradores generales de 
alcabalas, sisa y cruzada ..." Por cuanto el finado D. An- 
tonio de Gasamendi remató en la villa imperial de Po- 
tosí en 10 de julio del año pasado de 1807, por medio 
de su apoderado don Nicolás Manuel de Oliden, el dere- 
cho de alcabala con inclusión del de pulperías que se 
adeudan en el partido de Tarija, agregado posterior- 
mente a este gobierno e intendencia de Salta... Por 
tanto, concurriendo todas aquellas calidades, en el ad- 
ministrador de tabacos de la villa de Tarija, don Josié 
Hurtado de Saracho, usando de las facultades que nos 
están conferidas, lo elegimos y nombramos por receptor 
general de alcabalas, pulperías y demás ramos de la di- 
cha villa de Tarija y su partido, para cuyo manejo se 
arreglará a las leyes ..." 

El gobierno dictó el decreto aprobatorio siguiente : 
"Salta, 25 de junio de 1810. — Apruébase el nombra- 
miento antecedente,-— y por consiguiente haciéndose en 
todo como en él se expresa, la justicia y cabos militares 
darán a don José Hurtado de Saracho los auxilios que 
pida y necesite, del mismo modo que el ilustre cabildo 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 357 

de la ^-illa de Tari ja. — Nicolás Severo de Yasmendi." 
Paréeeme que he probado con documentos oficiales la 
desmembración de la provincia de Potosí y del arzobis- 
pado de la Plata, separándole el partido de Tari ja para 
agregarlo a la intendencia de Salta y al nuevo obisp^ado 
creado en los mismos límites de la intendencia. Esa re- 
solución es dictada por las autoridades de los territo- 
rios de que fué desmembrada Tarija, y es cumplida en 
Tarija por las autoridades gubernativas y eclesiásticas 
de la intendencia y obispado a que fué agregado. La 
prueba de Ja posesión civil y real es perfecta, y por tan- 
to no puede negarse que con arreglo al uti possidetis del 
año diez ese territorio de Tanja hacía parte integrante 
de la intendencia de Salta. 

Por cistas pruebas evidentísimas, aplicándose las de- 
claraciones oficiales del gran mariscal de Ayacueho, 
que mandó tomar posesión de ese territorio en 1825 mi- 
litarmente y para objetos de guerra, declaró que perte- 
neciendo a Salta en 1816, esa debía ser la regla para 
su entrega. Cuando la legación argentina hizo el recla- 
mo ante la autoridad militar, puesto que el país estaba 
bajo el estado de guerra, el general libertador resolvió 
el negocio como de su incumbencia, mandando evacuar 
dicho territorio y entregarlo al soberano. La aplicación 
leal del uti possidetis del año diez resolvió la controver- 
sia, como la resolverá en cualquier tiempo, porque la 
fuerza no constituye derecho, y aun la conquista, como 
título para adquirir dominio, exige el reconocimiento 
del hecho al celebrarse la paz. El decreto del congreso 
de Bolivia de 3 de octubre de 1826, declarando reincor- 
porada a la provincia de Tarija, es una violencia, que 
suprimiendo el derecho, ha dejado la cuestión de hecho, 
pura y simple. Y eomo el único tratado celebrado y 
canjeado entre la República Argentina y la de Bolivia 
ha omitido mencionar ni la controversia pendiente, el 
hecho queda, con todas las consecuencias de la fuerza, 
que no es fuente para derivar derechos; quedan en con- 
ñicto la citada ley boliviana y la argentina de 30 de no- 
viembre de 1826, que elevó al rango de provincia la ciu- 
dad de Tarija y su territorio, igualándola a las demás 
provincias argentinas . 

Y nótese bien, que los plenipoentciarios argentinos 
Alvear y Díaz Vélez, por nota de 25 de octubre de 
1825, habían solicitado del libertador Bolívar la decía- 



358 VICENTE G. qubsaDa 

ración ele este principio: "1.* Que reconoce anárquico el 
principio de que un territorio, pueblo o provincia, ten- 
ga el derecho de separarse, por su propia y exclusiva 
voluntad, de la asociación política a que pertenece, pa- 
ra agregarse a otra sin el consentimiento de la pri- 
mera. " 

El libertador Bolívar, por medio de su secretario ge- 
neral, F. S. Estenos, contestaba oficialmente datando la 
nota en el palacio de gobierno de Chuquisaca, a 6 de no- 
viembre de 1825: "que es muy conforme con los prin- 
cipios que profesa el libertador el primer artículo cuya 
declaración por parto de S. E. desean los señores mi- 
nistros del Río de la, Plata." 

De manera que era una doctrina de derecho público 
internacional convencional . solemnemente proclamada, 
que los territorios o provincias de un estado no podían 
de mutua voluntad anexarse a otro estado: principio 
conservador que tendía precisamente a evitar los aten- 
tados de la naturaleza del que me ocupa. Y esta doctri- 
na garantida por la fe pública de los estados, era la ba- 
se sobre la '^ue debían descansar en lo sucesivo la esta- 
bilidad y la integridad de las nuevas naciones. 

Esa doctrina había sido convenida como una decla- 
ración de derecho internacional positivo publicada ofi- 
cialmente en Chuquisaca, y a pesar de ella, el gran ma 
riscal de Ayaeucho prefirió convertirse en protector do 
revolucionarios, en desquieiador de la integridad de los 
estados vecinos, y entregar a las soluciones de la fuerza 
y de la guerra lo que debía ser el resultado de las nego- 
ciaciones y de la cordura . . . 

Me he ocupado exclusivamente de la provincia de Ta- 
rija para evitar confusiones ; voy ahora a tratar muy so- 
meramente la cuestión relativa al territorio de Chichas. 

En la real cédula dirigida al obispo del Paraguay, 
electo para el nuevo obispado de Salta, fechada en el 
Pardo a 17 de febrero de 1807, se dice: ''Reverendo pa- 
dre, obispo de la iglesia catedral del Paraguay, electo 
para la nueva mitra de Salta, de mi consejo. Siendo 
gobernador-intendente de Córdoba del Tucumán, el 
marqués de Sobremonte me propuso la utilidad que re- 
sultaría a la iglesia y al estado en la di\'isión ¿el obis- 
pado de Córdoba en dos, quedando el uno en la misma 
ciudad con todo el distrito de la provincia de su nom- 
bre y de los tres pueblos de Mendoza, San Juan y San 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 359 

Luis de la provincia de Cuyo, pertenecientes al obispa- 
do de Chile; y el otro en la ciudad de Salta, compuesto 
de la provincia de este nombre, y de los partidos de 
Chichas y Tarija, pertenecientes al arzobispado de Char- 
cas ..." 

Esta era la propuesta que hacía el marqués de Sobre- 
monte. Formado el expediente informativo, apoyado 
por el obispo (difunto en esa fecha) de Córdoba, Ángel 
Mariano Moscoso, informado por los virreyes del Perú y 
de Buenos Aires, por los presidentes de Charcas y Chi- 
le y sus respectivas audiencias, rogado y encargado al 
arzobispo de Charcas y reverendos obispos de Santiago 
de Chile, Córdoba y Buenos Aires, y los cabildos de las 
iglesias metropoliitanas! y catedral, el rey resolvió : 
"mandando se agregue todo el partido de Tarija a la 
intendencia de Potosí." Nada, absolutamente nada dijo 
sobre el partido de Chichas, y como no tengo a la vista 
los informes, ignoro si hubo alguna causal expresa que 
influyera en la resolución real. 

El obispo de Salta, pues, encontró que la cédula de 
17 de enero de 1807, en la parte dispositiva, sólo manda 
agregar a la nueva diócesis el partido de Tarija, sin re- 
ferirse a Chichas, y para evitar dadar, por cartas de 31 
de enero y 3 de febrero de 1810 solicitó que el rey decla- 
rase que en dicho partido estaba comprendido el de 
Chichas. ~ i' ""''i i 

El rey, llenados los requisitos y trámites de estilo, re- 
solvió: "Entendiéndose que debe considerarse in-cluso en 
el territorio de este último, el partido de Tarija con Chi- 
chas. Dado en Cádiz a 2 de marzo de 1811. — Yo El 
Rey", dice la citada cédula. 

La declaración es terminante, clara, intergiversable, 
pero la fecha le quita todo valor jurídico internacional 
en materia de límites, sujeta y regida por el principio 
del uti posskletis del año diez. Por esta razón no se ha 
reclamado a Chichas, porque este partido no hacía par- 
te integrante de la intendencia y obispado de Salta 
en 1810. 

El gobierno argentino ha sido siempre leal a este prin- 
cipio ; no ha sostenido doctrinas acomodaticias, sino que 
ha pedido la aplicación de .aquel principio, nada más. 
' ' Tanto esta fecha — dice Trelles — posterior a la revo- 
lución americana, como la circunstancia de emanar la 
declaratoria de una autoridad solemnemente desconocí- 



360 VICENTE G.,QUESADA 

da por el gobierno argentino, demuestran de nn modo 
bien claro que el territorio de Chichas no podría recla- 
marse por nuestra parte, sin caer en inconsecuencia con 
el principio adoptado para deslindar los territorios de 
nuestras repúblicas. " 

Sobre este punto hay opinión oficial de acuerdo con 
estos antecedentes, y si refiero la opinión de un escritor 
argentino, es sólo para demostrar que todos concuer- 
dan en la lealtad de la aplicación del principio, pres- 
cindiendo de la utilidad. Verdad es que tanto Leguiza- 
nión como Zorreguieta sostienen que Chichas pertenece 
a Salta,- y pertenecería si pudiera cumplirse la cédu- 
la de 1811. 

Zorreguieta, en sus interesantes investigaciones his- 
tóricas (1) ha demostrado con documentos oficiales que 
Carapasí e Itaú pertenecían a la jurisdicción de Salta, 
desde mucho antes que le fuese agregado el partido 
de Tarija. Ha publicado la toma de posesión en 18 de 
octubre de 1798 en nombre del cabildo de Oran, "pues 
ya la tenía real, por el soberano", dice el doeum.ento. 

El valle de Aeoite también pertenece a la mls.ma ju- 
risdicción de Oran como consta por el cal^ildo extraor- 
dinario celebrado en la ciudad de San Ramón de Oran, 
en 4 de septiembre de 1708. 

En Aeoite a 13 de octubre del citado año, el coman- 
dante de armas del distrito, alcalde ordinario de primer 
voto, etc., expuso: "Por cuanto en la fundación de la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Oran valle de Zenta, 
por el señor m^ariscal de campo, caballero de la orden 
de Calatrava, don Ramón García Pizarro, siendo inteden- 
te-gobernador y capitán general de esta provincia de Sal- 
ta, prefijó los límites de su distrito, por el sur el río de 
las Piedras, que la divide en Jujuv: por el norte la de- 
recera ad este del río La Quiaca, o término de la juris- 
dicción de Jujuy : por el poniente la cúspide de la serra- 
nía más alta de Humahuaca y su giro al norte, cuyas 
aguas caen al este, divide a Oran en parte con Jujuy, 
y en parte con el partido de la Puna, hacia donde se 
derraman las aguas para el poniente ; y poa' el naciente 
se extiende dicho distrito de Oran ante las rancherías 
de las Indias gentiles. . . " lo cual fué aprobado por real 
cédula. ■ 



(1) ApiintfS Iiístóricoi de Salta en la época del coloniaje, por Ma- 
riano Zorreguieta. — Salta, 1872. 



HisTor.i.v DIPLOMÁTICA HISPANO - .v\h:ric.\nv 361 

Los vecinos de Aeoitc obedecieron la toma de posesióai 
civil y real por la autoridad de Oran, jurisdicción de la 
provincia de Salta. 

En 30 de octubre del mismo año tomó posesión en 
Bermejo de Areco, y deslindó el territorio en estas tér- 
minos : " . . . respecto a que la derecera de La Quiaea 
que gira al este sea regulada, viene a salir bastante al 
norte de esta habitación, según el sentir de estos prácti- 
cos, y aun perjudicando en algo a Oran, se prefijó por 
mojón divisorio con Tarija, tres morros juntos, llamados 
del Nogal que dista al pie del primero, como un cuarto 
de legua de esta dicha habitación al norte, y a su frente 
al naciente, otro morro, el más elevado, pasando el río de 
las Orosas al lado del de la Soledad." 

En 7 de noviembre del mismo año. los regidores comi- 
sionados dieron cuenta del desempeño de su cargo en esta 
forma; 

"Haber íiprendido en nombre de este cabildo la po- 
sesión personal en la vieeparroquia de Ácoite ; y en los 
lugares de los Toldos, y Bennejo de Areco, fijando por 
lindero, según lo dispuesto por S. M., la derecera de La 
Quiaea al este, y a los tres morros juntos llamados del 
Nogal, y otro más elevíido, pasado el río de las' Oi-osas, 
al lado del de la Soledad. . . " Y el segundo dijo: "que. 
aprendió igual posesión en los pai'ajes de! Carapasí, 
Caisa y Hais, donde formó dos compañías, y fijó de lin- 
dero la cumbre del cerro de Niguaii, su derecera al norte, 
hasta el río de Pilcomayo. por ahora, quedando siempre 
a este cabildo el derecho a salvo por el resto al poniente, 
hasta topar con los legítimos terrenos de la jurisdicción 
de Tarija..." 

Como se ve, la provincia linda con el terrítorio de 
Tarija, que en esa época pertenecía al gobierno-inteu- 
dencia de Potosí. Para que este deslinde no pudiera ser 
tachado, se comunicó ai cabildo de Tarija por oficio, 
exponiéndole que con arreglo a la real cédula de 4 de 
diciembre de 1796 se había procedido a la demarcación 
expi'esada. En ese oficio sfe lee: "Es notorio que esa 
villa, desde su fundación, se extienden sus límites treinta 
a cada uno de los cuatro vientos principales. También 
lo es que esta provincia termina el suyo poiT el norte, 
en el río de La Quiaea en el paso del camino real de 
Potosí. Se extiende desde los últimos deslindes que vie- 
nen del otro siglo, pues antes se comprendía a Socoeha. 



3G2 VlCExXTE G. QUESADA 

Con que el río de la Quiaca por cualquier rumbo que 
vaya, aio ha de ser el dominio de esta provincia, es for- 
zoso lo sea desde diclio camino real en La Quiaca. s-u 
derecera al principal viento este. Habiéndose regulado 
esta derecera por peritos calculadores, que va a salir a 
los tres morros de los Nog'ales en Areco y que aun le 
queda a esa villa más de treinta legiias hacia aquella 
parte, parece que el primer comirsionado se ciñó, a no 
excederse en cosa alguna de su jurisdicción. Siguiendo 
la misma derecera al naciente, por sobre el otro morro 
elevado que está ])asado el río de las Orosas, inmediato 
al de la Soledad, y dejando hacia el sur la misión de 
Itaú; resultan por consecuencia, ser de esta jurisdicción 
de Oran todos aquellos parajes, y con mucha más razón, 
los de Carapasí y Caisa, que se halJlan más ai sur y al 
naciente, desde el centro de esa villa al paraje de Ilais 
más inmediato, hay cincuenta leguas: por lo cual verá 
V. S. que la cumbre del ceiTo de Niquan y su dei-^ecera 
al norte, liasta el río Pilcomayo (habitado de indios gen- 
tiles) no debía ser el lindero, sino donde tei-minase las 
treintia leguas, desde esa villa hacia el este; y aun cuan- 
do el segundo comisionado se hubiera avanzado a toniai- 
posesión del valle de las Salinas, no por eso faltaría a lo 
terminante en la real disposición ; quien pudo sin dispu- 
ta, aun quitar de nua jurisdicción, como lo hizo en los 
partidos de Jujuy y de Puna, suoediendo esto mismo de 
continuo, y sucediera el quitar a Oran, sin pasar mucho 
tiempo, para formar un nuevo partido donde se tenga 
por conveniente. No será .razón lo que se pudiera alegar 
por esa villa, el liaberse extendido sus vecinos por el 
13ennejo de Areco, por Itaú, para reclamarlos por suyo ; 
porque entonces el mismo alegato podía hacer por la fu- 
tura del Río del Valle hasta los extremos de ésta, donde 
en muchas partes está ílo más poblado de tarijeños." 

Paréeenie inútil reproducir un documento en el cual 
se demuestra que la posesión de los vecinos no es prueba 
de jurisdicción gubernativa., pues a vecinos de Potasí se 
puede dar posesión de terrenos en Salta, sin que altere 
los límites admiuistrativos- que esas concesionesi. hechas 
por el gobierno-intendencia de Salta, en faeultad de la 
junta superior de real hacienda, beneficia a los vecinos 
de otra provincia, y no perjudica la propia que los que, 
sin licencias reales, poblasen en tieiTas de enemigos' y 
fuera de los límites de su distrito, incurren en las pena.* 



HISTORIA. DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 



363 



de la le3'. De manera que a esos deslindes llegaba la po- 
sesión real de la provincia de Salta en 1799, y esa de- 
marcación no sie alteró hasta 1810, época del uti posside' 
f¿s internacional. 

Ahora bien, esos territorios no pertenecieron jamás a 
Tarija, y si aprovechándose de graves sucesos, de facto 
se los ha incorporado, tales territorios no pueden ni comr 
prenderae en el reclamo de Tarija: deben ser inmediata- 
mente devueltas a la República Argentina. 



La cuestión del Chaco ha tomado una faz nueva, des- 
pués que el Presidente de los Estados Unidos pronunció 
su fallo arbitral en la cuestión de límites entre la Repú- 
blica Argentina y el Paraguay. Por ese fallo Se declara 
<iue esta república ''tiene legal y justo título al mencio- 
nado territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo y 
Verde, y a la Villa Occidental situada en aquél". 

Esta vastísima región del Chaco se divide en Boreal 
y Austral : los bolivianos pretendían que el primero era 
de aquel Estado, y conjuntamente con ellos lo reclama- 
ban loa paraguayos. 

"El Chaco austral, dice Mitre, que así llamaremos al 
Chaco argentino, se extiende hasta el Pilcomayo". 

El escritor boliviano Aguirre, al señalar las fronteras 
de Bolivia, dice: "El lindero de estos términos en el 
Gran Chaco, lo traza el río boliviano Pilcomayo aguas 
abajo desde el punto que deja a su derecha loa confines 
de Salta y Tarija". 

Parece, pues, que no hay disputa, que el límite arcifi- 
nio es ese, cualquiera que sean los títulos argentinos, de^s- 
de que desde el 23*' hacia el sur, el lauao lo señala como 
lindero con el Paraguay. 

Si los límites argentinos' llegan a. este río, claro es que 
ningún interés positivo había en detenerse en una dis- 
cusión, después que el arbitro pronunció su laudo. La 
cuestión queda ahora entre el Paraguay y Bolivia, pero 
como el fallo sólo comprende el territorio hasta el grado 
23"* (1), los territorios comprendidos desde ese grado 
hasta las nacientes de dicho río ¿son cuestionables? 



(1) R. B. Hayes: — Washington, 12 de noviembre de 1878. 



364 VICENTE G. QUESAD\ 

Considero que son y pertenecen a la República Argen- 
tina, cuyo derecho no arranca del citado fallo, sino que 
es anterior y se funda en el uti possidetis del año di-ez. 

Voy a examinar rápidamente el título o concesión 
real . 

La real cédula de 7 de septiembre de 1767 es el tí- 
tulo expedido a favor de Gerónimo Matorros, el gober- 
nador de la provincia de Tucumán; como la fecha lo 
indica, es anterior a la creación del virreinato de 1776 
y de la ordenanza de intendentes reformada y mandada 
cumplir en 1783. 

En este título se exponen las propuestas hechas por 
Matorras 3' aceptadas por S. M. ; es por ello la prueba 
de un contrato y el señalamiento de jurisdicción guber- 
nativa; no es un mero título de mando, sino que tiene 
las especiales circunstancias a que acabo de referirme,. 
Esas proposi<'iones fueron: Primera, tomar a su cargo la 
importante reducción y población de los dilatados y 
fértilísimos países del Gran Chaco Gualamba, confi- 
nantes con la gobernación del Tucumán, en que afian- 
zando el principal objeto de la conversión de los indios 
bárbaros que habitan en aquellos parajes, se facilitará 
también la importancia del beneficio de las ricas minas 
que hay en ellos. Hegunda, que la expresada reducción, 
digo expedición, se obliga a llevar de España, comprado 
todo de su propia cuenta y riesgo, y libres de derechos 
de embarcos, cuatro cañones de campaña, etc. Tercera, 
para completar el avío competente de doscientos liom- 
bres montados y armados con los utensilios que ofre:.e 
llevar de España hasta ponerlos en cam^paña y estable- 
cer una nueva población destinada a la convcri^ión de 
los mencionados indios, se obliga a facilitar de su pro- 
pio caudal doce mil pesos fuertes". Cede un crédito a 
favor del tesoro y renuncia la propiedad del empleo de 
alférez real en la ciudad de Buenos Aires. Sexta, que 
debiendo organizar con aquella mira las milicias de Tu- 
cumán, . se le confíe el gobierno . Séptima, ofrece afian- 
zar el cumplimiento de sus propuestas para el gobierno 
que capitula y que se anule lo pactado si Pedro de Ce- 
vallos, gobernador que fué a Buenos Aires, o cualquier 
otro ministro, informase que tal empresa es infructuosa. 

"He hallado ventajosas a mi real servicio — dice el 
rey — las referidas propuestas y admitidas en los tér- 
minos mismos que comprenden, mandé que el expresado 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 365 

D. Gerónimo Matorras procediese desde luego a los 
preparativos que debe llevar de España para la citada 
expedición, y que habiéndole liecho y puéstose testimo- 
nio de él en el mismo título, ellos, mi virrey del Perú, 
el presidente y oidores de la audiencia de Charcas, y 
todas las personas estantes y habitantes en la menciona- 
da provincia del Tucumán y su jurisdicción, os hayan, 
reciban y tengan por tal, mi gobernador y capitán ge- 
neral de ella, por término de cinco años, y lo demás que 
yo tuviese por conveniente, arreglándoos a la instruc- 
ción que ahora se os da firmada de mi real mano y re- 
frendada de mi infrascripto secretario y a las demás 
cédulas y órdenes que en adelante se despachen para 
el mejor y más conveniente gobierno y administración 
de justicia en aquel distrito . ' ' 

La real cédula habla ''de la mencionada contrata", 
que constituye la expresada capitulación, de la cual se 
insertan como documentos legales y probatorios, las re- 
feridas proposiciones y su aceptación. Es, pues, la prue- 
ba el contrato y el título para el gobierno del distrito, 
en el cual quedan comprendidos "los dilatados y férti- 
lísimos países del Gran Chaco Gualamba", que linda- 
ban con la provincia de Tucumán, la cual comprendía 
en la fecha de la real cédula las ciudades de Salta y Ju- 
juy, pues es sabido que sólo fué dividida cuando se creó 
los gobiernos-intendencias del virreinato. De manera 
que el rey agregó a dicha provincia el Gran Chaco, y lo 
hizo en virtud de un contrato bilateral y oneroso. 

Leguizamón agrega estas palabras: "Debe existir eu 
los archivos de los virreyes de Lima la memoria que pa- 
só el gobernador Matorras, sobre el empleo que hizo del 
producto del ramo de Sisa para auxiliar la conquista 
del Chaco sabemos que de ese informe pidió testimonio 
dicho gobernador y que se le mandó dar en virtud de 
este decreto: Lima, 14 de mayo de 1772. Cualquier es- 
cribano público o real a quien ocurra el señor don Je- 
rónimo Matorras, gobernador-intendente de la provin- 
cia de Tucumán, debe el testimonio o testim^bnios qu.í 
solicita en cumplida forma y manera que haga fe. — 
Rúbrica del virrey. — Sanz." 

Este territorio quedó de esta manera formando par- 
te de la provincia de Tucumán. 

La provincia de Salta, pues, primera como parte de 
la antigua provincia de Tucumán, y luego como gobier- 



no-intendeucia,. tenía dominio y jurisdicción en parte 
del Gran Chaco, frontero a sus límites. 

"Los establecimientos más avanzados de la antigüe- 
dad, en los territorios que pertenecían a la provincia 
de Salta — dice Zorreguieta — en las márgenes del río 
Bermejo, son las antiguas reducciones de San Bernardo, 
situadas cerca de la laguna de las Perlas y Santiago de 
Moeovie (la Cangallé), ambas en la costa occidental del 
Bermejo, a las 140 leguas aproximadas, río abajo, o sea 
al sudeste de la Esquina Grande (existen sus minas). Es- 
tos lugares fueron visitados por las misiones de Salta 
desde 1774, es decir, cincuenta y cinco años después que 
las fuerzas de Salta recorrieron hasta las costas del Pil- 
comayo ; y ambas reducciones, que se extendían desde 
la Cangallé hasta los potreros de San Bernardo, se 
fundaron el año 1780 por orden del coronel de esta pro- 
vincia (Salta), Gabino Arias, jefe de las fuerzas salte- 
ñas expedicionarias al efecto en aquella época, para la 
conquista de esos terrenos". 

Zorreguieta observa que esas reducciones fueron bien 
gobernadas, a pesar que se fundasen en malísimo mo- 
mento, cuando los indios se levantaban bajo la inicia- 
tiva de Tupac-Amarú ; y, sin embargo, el arcediano Can- 
tillana y pocos, pero meritorios religiosos de la Propa- 
ganda, pertenecieron allí más de diez y ocho años. 
Promovido el arcediano al oljispado del Paraguay, se 
retiró de las misiones, y con su ausencia vino el aban- 
dono, el descuido, la ruina de las nuevas poblaciones. 

¿ Se quiere la exhibición de documentos que prueben 
la posesión real del Gran Chaco Gualamba? 

Es preciso no olvidar el pnncipio de derecho público, 
que poseída una parte de un territorio desierto u ocupa- 
do por ti'ibus nómades, con ánimo de ocupar el todo, se 
entiende ocupado éste hasta los límites arcifinios que lo 
demarcan. Este principio es la regla aplicada en Amé- 
rica en todas las cuestiones de esta naturaleza, y creo 
inútil insistir sobre ello. 

Pues bien; citaré un documento coneluyente: "Don 
Ramón García de León y Pizarro, caballero de la or- 
den de Calatrava, brigadier de infantería de los reales 
ejércitos, intendente-gobernador y capitán general de la 
provincia de Salta, etc. — Por cuanto mis deseos de co- 
rresponder fiel y cumplidamente a todas las confianzas 
que debo al rey nuestro señor ( Q . D . G . ) , me han ins- 



lUSTOHIA Dll'LOMÁJlCA Uli^r.VNO - A.MKlilCAW 



;^ÚÍ 



pirado la fundación de un pueblo de españoles, en el fér- 
til y delicioso valle de Zenta, que hasta ahora Jia sido 
una hermosa parte del Gran Chaco Gualamba, cuya po- 
blación al mismo tiempo que da extensión a los dominios 
de S. M.. etc. . . y por ventura beneficio próximo a los 
indios infieles del mismo Gran Chaco..." 

Este proyecto fué aprobado por la junta de la real 
hacienda y' por el virrey de Buenos Aires por auto^ de 
25 de diciembre de 1793, y en su consecuencia fundó la 
población en 30 de agosto de 1794, le dio nombre de ciu- 
dad, le concedió la formación de su cabildo y dictó or- 
denanzas para su gobierno en 7 de julio de 1795 . El rey 
a quien se dio cuenta documentada de los autos de la fun- 
dación, ordenanzas, términos de jurisdicción y demás, 
por real cédula expedida en Aranjuez, a 4 de mayo de 
1797. aprobó todo. ''La jurisdicción y distrito de la 
ciudad de San Ramón de Nueva Oran, comprendía por 
ahora, dice, desde el río de los Padres por la parte del 
sur, que la deslinda y separa de. la de Jujuy, hasta la 
derecera del. río Quiaca, o términos del distrito de Tari- 
ja por el norte y desde la cúspide de la cordillera Hu- 
mahuaca, por el* oeste, hasta la ranchería de los indios 
bárbaros del Chaco, por la. parte del este". 

De modo que se tomaba así posesión de los países del 
Gran Chaco Gualamba, y si bien es cierto que se man- 
daba una extensión determinada para el ejercicio de la 
jurisdicción, lo demás quedaba en poder de los indios, 
pero poseída dicha comarca civilmente, en nombre de 
S. M., en el cual se hacía también la fundación yá nomi- 
nada, juzgándose que esa población, facilitaría la predi- 
cación del evangelio y la catequización de las tribus que 
la poblaban, con las cuales se estaba en guerra. Esa po- 
blación era entonces ía más avanzada de la frontera cris- 
tiana por aquella parte, pero no era frontera definitiva, 
era la simple demarcación provisoria del^ lento adelanto 
sobre los territorios ocupados por los indígenas. 

Paréceme que queda demostrado de un modo legal, 
que un territorio del Gran Chaco pertenecía a la provin- 
cia de Salta, a la sazón ya constituida en gobierno- 
intendencia, y separada de la antigua provincia de Tu- 
cumán. Si bien es verdad que en tiempo del gobernador 
Matorra, el rey dispuso que el Gran Chaco Gualamba se 
incorporase a" la gobernación del Tucumán, no es me- 
nos cierto que habiendo dado nueva organización inter- 



368 VICENTE G. nCEÍAUA 

ua al gobierno, porque había creado el virreinato del 
Río de la Plata en 1776, quedó el Chaco fronterizo a la 
intendencia de Salta sujeto a la jurisdicción de su go- 
bierno; conociendo cuáles eran las ciudades que compo- 
nían esa intendencia se ve que Jujuy, Salta, San Miguel 
de Tucumán y Santiago del Estero estaban en las fron- 
teras de los países del Gran Chaco, y éste comprendi- 
do' en la jurisdicción del distrito, como lo estuvo en tiem- 
po de Matorras. La diferencia estaba únicamente en el 
nombre y ciudad donde residía el gobernador. 

No fué, pues, necesario que el rey dijese en la cédula 
de 1783 que reformó la ordenanza de intendentes ce 
1782, que el Chaco pertenecía a. esta o aquella intenden- 
cia, porque esos territorios ocupados por los indios no 
formaban gobiernos separados, se consideraban proviso- 
rios del distrito de las ciudades, y como aquellas avanza- 
ban según el desarrollo y las necesidades de los habitan- 
tes, la geografía marcaba el círculo del avance de las po- 
blaciones cristianas. No constituyendo el Gran Chaco 
propiamente un gobierno, porque no estaba poblado, de 
ese territorio no se hacía mención en las ordenanzas; 
pero la primera población que en él se hizo, quedó ex- 
presamente comprendida dentro del distrito del gobier- 
no-intendencia de Salta, como queda demostrado. Y es- 
to induce a suponer que, si otras poblaciones se hubie- 
ran hecho en los mismos territorios, habrían todas per- 
tenecido a la misma intendencia, si el rey no resolvía 
expresamente desmembrarla. 

Trelles (1) analiza la real cédula de 15 de septiembre 
de 1772, cuatro años anterior a la creación del virreina- 
to de Buenos Aires, a fin de señalar cuáles eran los tér- 
minos jurisdicciones del gobierno de la provincia de la 
Plata, en el Alto Ped-ú. 

Habíase formado el correspondiente expediente infor- 
mativo para establecer los medios de defensa del río 
Mamoré en la provincia de Mojos, que corre de la pro- 
\'ineia de Santa Cruz de la Sierra y Mojos, y se interna 
en las posesiones entonces portuguesas, actualmente del 
Brasil, "donde llaman el río de Madera", debiendo for- 
mar para ese fin un pueblo de españoles, pasados los 
Saltos Grandes, de modo que impidiese las usui*paciones 
territoriales, el contrabando y otros perjuicios ''que cau- 



(1) Cuestión ile limitps entrr la Reinihlica Argentina 1/ Bolivia, por 
M. R. Trelles. Buenos Aires, 1872. 



HISTOKIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 36^^ 

san los portugueses iuteniáudose por este río de la ^Ma- 
dera o de los Solimanes, desde el Marañón o de las i^nia- 
zonas y Río Negro", por cuyos caminos — dice — se 
han internado en las inmediaciones de Charcas y Potosí. 
Reconocíase, por otra parte, la urgentísima necesidad 
de cuidar los confínes de Matto Grosso, de que ya en- 
tonces se habían apoderado los portugueses, como tam- 
bién Cuyabá, para todo lo cual se creía muy conveniente- 
funda r otros pueblos de españoles en las lagimas do 
Mamoré, Cuyabá y Tarayes, que hacen tan caudaloso el 
i'ío ParagTiay, 'con las cuales y las que vienen de estas 
lagunas, se hacen caudalosas sus aguas y navegable el 
río ''que atravesando los pueblios niás internos, como la 
Asunción del Paraguay y Corrientes, bajan hasta des- 
embocar en Buenos Aires". Y agrega: "Además de lo 
cual es necesai-io e\'itar las , incursiones por tierra que 
pueden temerse por el camino que se sabe ha-ber abierto 
desde la referida lagnina de Manioré, atravesando entre 
las ilusiones de Chiquitos y Zamucos a la de (Chirigua- 
nos, hasta el corregimiento de Tarija en que encuentran 
al río Pilcomayo, que va atravesando todo el Chaco 
hasta la Asunción del Paraguay, de forma que por tie- 
rra pasan a los confines de la Plata, atravesando por 
agua los términos y posesiones internas hasta el Pa- 
raguay " . 

Ahora bien, si para pasar por tierra hasta los confi- 
nes de la Plata, era indispensable atravesar por las 
Misiones de Chiquitos y Zamucos, hasta encontrar loa 
Chiriguanos y corregimiento de Tarija, es claró que los 
confines del Alto Perú no tenían posesión alguna del 
Chaco, como que estaban asimismo separadas del Alta 
Pem desde 1777 'las provincias de Mojos y Chiquitos; 
que dependían directamente del virrey de Buenos Aires. 
Como documento oficial de valor irrecusable pare, 
confirmar el deslinde de la provincia de La Plata, pued-. 
consultarse el informe i)asado por el gobernador-inten 
dente en 1797, y dirigido al virrey de Buenos Aires, 
Meló de Portugal. Se , componía de los partidos de 
Yamparas, Tomina, Pilaya, Paspaya, Oruro, Paria y 
Carangas, de manera que esos partidos, y no otros te- 
rritorios, formaban el distrito del gobierno-intenden- 
cia de la Plata y presidencia de Charcas, como decía 
Joaquín del Pino en su citada nota ; esa era la provin- 
cia de su mando, y nada más. 



370 VICENTE G. nUESADA 

"Esos eran los seis partidos — dice Trelles — de que 
se componía toda la jurisdicción del mando del subordi- 
nado presidente de Charcas. El límite este del más orien- 
tal de sus partidos, esto es, del de Pilaya Paspaya, cuya 
•capital era Cinti, se encuentra mareado en el mapa de 
Cano y Olmedilla a más de tres grados al occidente del 
meridiano más oriental del río Parapití, y a más de ^ra- 
do y medio, también al occidente, del límite más orien- 
tal del distrito del Tarija". 

De modo que la jurisdicción de Tarija era la que to- 
caba con el Chaco j no la de Cinti, y esta circunstancia 
se recordaba en la real cédula de 1807, que desmembró 
este territorio de la antigua provincia de Potosí, para 
anexarlo a la de Salta. 

Al hacer estas referencias, mi objeto único es recor- 
dar que el derecho histórico daba a la República Ar- 
gentina mayor territorio que el demarcado por el límite 
arcifinio del Pilcomayo, pero no pudiendo hacer valer 
su título una vez que el arbitro pronunció su laudo, de- 
jando el Chaco boreal al Paraguay y el austral a la 
República xVrgentina, hasta el grado a que alcanzaba el 
terrtiorio disputado entre estas repúblicas, parece hasta 
cierto punto, que ese antecedente debe tomarse en seria 
í>onsideración cuando es trate de la cuestión de límites 
con Bolivia, y como escritores argentinos y bolivianos 
reconocen que el Pilcomayo es el límite divisorio, la 
cuestión queda reducida a buscar los orígenes de dicho 
río, si éstos están en territorio del Alto Perú, ese límite 
sólo deberá servir desde donde comience el territorio ar- 
gentino. 

La cuestión de límites con Bolivia está regida y debe 
resolverse con arreglo al principio del uti possidetis del 
mío diez; mas puede y debe convertirse en un arreglo 
de rectificación de fronteras, hona fide, con las permutas 
y cesiones que requiera la conveniencia internacional de 
regularizarlas en lo posible. 

Basta echar una rápida mirada sobre el mapa, para 
comprender que parte de Atacama está situada de este 
lado de los Andes (única que en este caso podría ser 
materia de cesión o permuta) ; forma una lengua de te- 
rritorio que se introduce en la República Argentina, 
mientras que Tarija, territorio argentino, se introduce 
en un ángulo dentro de Bolivia. Est^s trazos, que no 
ofrecían dificultad mayor cuando eran simples subdivi- 



lilSror.IA lUl'l.O.MA niA I1[S1'A.\U - A.MíJíIL.W \ :Vl L 

sioncs adniinistrativas de los dominios de nii mismo so- 
berano, pneden ofrecer y en realidad ofrecen, inconve- 
nientes cuando se trata de fronteras internacionales, 
aun no considerándolas bajo el aspecto de que sean só- 
lidamente estratégicas, sino simplemente irregulares, y 
motivo posible de conflictos de autoridades do países di- 
versos . 

Si se iniciase una negociación en la cual no podría ne- 
garse por parto de Bolivia el derecho argentino sobre 
Tarija, ocupada de hecho, retenida violentamente bajo 
la condición de que el tratado de límites resuelva sobre 
el dominio de ese territorio; eliminadas, por otra parte, 
las fantásticas pretensiones al Chaco austi-al v conformes 
en que el Pilcomayo sea límite divisorio, ¿por qué no 
podría precederse al estudio científico de estas comar- 
cas limítrofes por emisarios de los dos gobiernos, para 
que propusieran el trazo de líneas rectas, donde no fue- 
ra posible encontrar límites arcifinios convenientes, acon- 
sejando las permutas y compensaciones territoriales pa- 
ra hacer equitativa la demarcación? Una vez que tales 
estudios fueran terminados, ¿habría dificultad para ce- 
lebrar un tratado de límites? 

Supóngase que después de todas estas indagaciones, 
J)ona fide, no fuera posible arribar a una solución, en- 
tonces está todavía el pacífico arbitraje de una tercera 
nación para resolver la dificultad. 

Ni Boli\áa ni la República Argentina quieren ni les 
conviene resolver por la fuerza la demarcación de las 
fronteras; pero ni una ni otra república puede, ni quie- 
re continuar en una incertidumbre perturbadora, peli- 
grosa y sobre todo origen de multitud de conflictos de 
jurisdicción . 

Sin entrar, pues, en esas extraviadas discusiones que 
han enardecido y apasionado con frecuencia las cuestio- 
nes de límites, con buena voluntad y prudentes medios, 
paréceme no difícil encontrar la solución de todas las 
controversias, partiendo la rectificación de las fronteras, 
bajo la base que el dominio internacional tiene como tí- 
tulo el uti possidetis del año diez, pero que reconocida la 
inconveniencia de esa demarcación, se proceda al estudio 
de una frontera buena, sólida, estratégica y segura, con 
los cambios y cesiones territoriales que sean necesarios y 
equitativamente convenientes. 

El derecho histórico es la guía; pero deben abando- 



liarse los caminos que llevan a la lucha irritante de una 
discusión destemplada, o a la solución por la fuerza, 
que no es digna de gobiernos que estiman el progreso 
actual de los estados y su porvenir tranquilo. 

Resolver con prudencia estas cuestiones, fijar de un 
modo permanente las fronteras internacionales, es una 
necesidad ineludible ; y como tal solución puede y debe 
encontrarse en la equidad, no veo razón alguna que 
oblige a los aplazamientos interminables; esa fué la es- 
cuela internacional imprevisora, de ministros que no 
queriendo estudia"* o hacer estudiar estas cuestiones, pre- 
ferían aplazarlas, para dejar al que viniese después la 
tarea y la responsabilidad de la discusión. 

Así ha acontecido que, no sabiendo prever nada, no 
teniendo pruebas fijas, ni una política internacional per- 
sistente, pero equitativa, los sucesos precipitaban a ve- 
ees los conflictos, y arrastraban a los gahinetes a adop- 
tar soluciones impre\nstas, contradictorias o a vivir en 
una perpetua vacilación. 

En el Archivo Americano de 1847, consta que el go- 
bernador de Salta por oficio de 30 de noviembre de 1846, 
dio cuenta que el teniente gobernador de Oran, mani- 
festó qué tres bolivianos en dos pequeñas canoas cons- 
tiTiídas en los puertos del Itaú y Tari ja, habían bajado 
hasta la confluencia del Bermejo con el Zenta en direc- 
ción de Oha, ciudad de Oran, presentándose como viaje- 
]'os naturalistas, habiéndose averiguado que habían re- 
cibido dinero como exploradores encargados por el go- 
bierno de Bolivia. 

En 1.° de diciembre de 184G el gobernador de Salta 
acompañó el informe del teniente gobernador de Oráu, 
de 25 de noviembre. El viaje lo habían hecho en dos pe- 
queñas angadas, con cuatro peones y dos cajones de aves 
disecadas. Estos viajeron fugaron, y esto, como "los an- 
tecedentes que daba el gobierno boli%áano al dirigir sus 
pretensiones de límites a las orillas del río Bermejo, 
abrazando todos los llanos de Maure en los que se ha- 
bía avanzado a las posesiones Tiasta más allá de los pue- 
blos del Itiyurú, había creído que aquellos jóvenes, Mu- 
jía, Hudarza y Camargo, habían sido enviados por el 
gobierno boliviano a reconocer la parte del río que aun 
no estaba reconocida, que era desde las puntas del río 
Itaú y el de Tarija hasta las del Zenta con el Bermejo^ 
(jue estaban a la inmediación de dicha ciudad". 



HISTORIA DIPLOMÁTICA HISPANO - AMERICANA 373 

El gobierno de Buenos Aires en S de enero de IS-IT, 
manifestó al de Salta "que de ningún modo debía S. E. 
permitir navegasen en los ríos de aquella provincia nin- 
guna clase de embarcaciones extranjeras". En ignial sen- 
tido se dirigió al gobierno de Bolivia, diciéndole: "Que 
el gobierno argentino confiadamente esperaba que tan 
luego que el de Bolivia, en vista de las enunciadas co- 
pias, fuese instruido del atentado de los prcdiehos jó- 
venes, dictaría Jas medidas convenientes para que no se 
repitiesen en lo futuro iguales sucesos y las consiguien- 
tes desagradables complicaciones que pudieran produ- 
cirse en perjuicio de las buenas relaciones que existían 
entre ambos países que el gobierno argentino sincera- 
mente desea conservar sin alteración". 

Tomás Frías, ministro de relaciones exteriores de Bo- 
livia, por oficio datado en Lá Paz a 12 de marzo de 
1847, y dirigido a Felipe Arana, que desempeñaba igual 
.ministerio en la República Argentina, le decía: "Que 
los mencionados tres jóvenes bolivianos, empleados en 
la mesa topográfica de la república, tuvieron orden de 
pasar a Tarija para levantar el plano de este departa- 
mento, e ir preparando de esta suerte los datos y noti- 
cias que deben tenerse presentes cuando los dos gobier- 
nos de común acuerdo puedan contraer su atención a 
una demarcación de las respectivas fronteras de las dos 
repúblicas. Para su mejor desempeño, los tres oficiales 
comisionados emprendieron la navegación de los ríos 
Itaú y Tarija que van a desembocar al Bermejo, y no 
es extraño que, librados al curso de las aguas en canoas 
pequeñas e imperfectas, y con crecientes que sobrevi- 
nieron en los días de la navegación, se hayan propasa- 
do hasta internarse en el territorio argentino. Por con- 
siguiente, el hecho en sí mismo no manifiesta ni en- 
vuelve tendencias a menoscabar la inviolabilidad de la 
Confederación, ni a turbar sus amistosas relaciones con 
mi gobierno". 

Intenta justificar el móvil de tal exploración, protes- 
tando la amistad internacional más sincera. 

La contestación del ministro Arana es evasiva; se re- 
conoce la voluntad de evitar nuevas complicaciones, y 
parece darse por satisfecho con aquella explicación poco 
■satisfactoria. 



índice 

Pág. 

Vicente G. Quesada 4 

Advertencia, por Ernesto Quesada 7 

Introducción, por Carlos Muría Ramírez 9 

I. — Derecho Ixtekxacional Latino-Amkricano 

Del principio conservador de las nacionalidades en este 

continente 41 

Precedentes de derecho inteinacional americano ... 5& 

Eil "uti poissidetis" y el derecho constitucional 95 

El dominio territorial en la América latina 11-1- 

II. — ^La CrKsTió.v DK u'^rtTEs cox Chile 

Punto de visita de la historia, de! dereí'.io internacional 
y de la política. — Jurisdicción de la soberanía ar- 
gentina. — Soberanía sobre los territorios y costas 
patagónicas. — Soberanía sobre las Islas Malvinas. 
— 'Soberanía sobre el estrecho de Magallanes y él 
archipiélago meridional 169 

III. Los VEKDAüEHO.S límites UE la REPri'.LICA AUCiíCXTINA 

cox Bor.iviA. 

Antecedentes de la époiaa colonial. — Variaciones duran- 
te la guerra de la independencia. — Desmembración 
de las provincias altoperuanas . — L>a pertenencia 
de Tarija. — L,a anexión a Bolivia y la protesta ar- 
gientina. — Gestiones diplomáticas ulteriores. — L.a 
cuestión del Chaco 281 



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2236 

Q52 

v.l 



Quesada, Vicente Gregorio 

Historia diplomática 
latino-americana 



« 



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